El gobierno español limita la tarifa regulada del gas ante la escalada de precios

MadridCon la inflación otra vez por las nubes y sin perspectivas de que baje de manera inminente –el Banco Central Europeo (BCE) ha retomado la subida de los tipos de interés–, el gobierno español se ha visto abocado a prorrogar una parte de las medidas puestas en marcha por la guerra en Irán, que debían decaer este 30 de septiembre. Es, pues, el tercer paquete de medidas que aprueba el ejecutivo de Pedro Sánchez para paliar los efectos del conflicto sobre el coste de la vida, y supondrá 12.000 millones de euros para las arcas públicas.

El objetivo es contener el impacto del alza de los precios energéticos, tanto de la electricidad como de los combustibles fósiles. "El escenario [de previsión] de estabilización de los precios no se ha cumplido, sino que ha ido a peor", ha lamentado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa este martes. Cuerpo ha reconocido que el contexto actual es de enorme "volatilidad" e "incertidumbre", lo que justifica alargar y ampliar las ayudas, a juicio del gobierno.

Límite al gas y a la bombona de butano

Entre las medidas que se han aprobado este martes en el consejo de ministros hay un límite a la tarifa regulada del gas —o tarifa de último recurso (TUR)— que protege a unos tres millones de consumidores. En general la TUR es más económica que el mercado libre, especialmente cuando se encarece este combustible fósil: el mercado mayorista europeo del gas supera actualmente los 80 euros por megavatio hora (MWh), cuando el 1 de enero de este año estaba por debajo de los 29 euros.

"Si no pusiéramos un límite, la tarifa regulada se incrementaría un 45% el mes que viene. Ahora, el incremento será de un [máximo de un] 15% [en noviembre]", ha dicho la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. La medida llega justo a las puertas del otoño y el invierno, cuando las familias hacen más uso de este combustible para calentar las casas. También se estipula un precio máximo de 19,95 euros para la bombona de butano en el Estado.

Carburantes

Se aprueba una rebaja de 20 céntimos por litro del impuesto especial sobre hidrocarburos (IEH), que afectará tanto al diésel como a la gasolina, aunque se irá reduciendo progresivamente hasta diciembre de este año (13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre). En todo caso, continuará existiendo una cláusula automática de reactivación si los carburantes se encarecen, de manera que la ayuda se situaría de nuevo en los 20 céntimos por litro.

Factura de la luz

Se recupera la rebaja del IVA del recibo de la luz (del 21% al 10%) y del impuesto especial sobre la electricidad (el tipo habitual es del 5,11%) si el dato del IPC del mes de septiembre es un 15% superior al de septiembre de 2025. También la rebaja del gas.

En cuanto al impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, el gobierno español mantiene la desaparición progresiva de cara a 2028. Este año se situará en el 5%; en 2027 en un 3,5%, y en 2028 se eliminará por completo.

Sectores afectados

Otras medidas van dirigidas a los sectores más afectados, desde la agricultura hasta el sector del transporte o la gran industria, que han visto cómo los precios energéticos se han encarecido –por el estrecho de Ormuz, hoy todavía bloqueado, pasaba el 20% del comercio mundial de crudo y buena parte del comercio del gas natural licuado–. En consecuencia, también se han encarecido otros productos producidos con gas, como los fertilizantes, lo que tiene un impacto sobre toda la cadena alimentaria.

Se mantiene la ayuda directa de 20 céntimos el litro a la compra de combustibles para el sector agroalimentario (agricultores, ganaderos y pescadores) hasta el 31 de diciembre. Y se aprueba una partida de 15 millones de euros para la compra de carburantes para el transporte por ferrocarril. También se aprueba una ayuda compensatoria para los armadores de pesca.

Familias vulnerables

Se mantienen hasta diciembre las ayudas a los consumidores vulnerables con descuentos extraordinarios del bono social eléctrico –del 42,5% para vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos– y la prohibición de cortar el agua y la energía por impago a las familias con más dificultades.

Seguridad energética

Finalmente, en materia de seguridad energética, se amplían las exigencias de almacenamiento de gas natural licuado (GNL).