La crisis de recepción de refugiados de 2015 representó un antes y un después para Europa. De entonces viene el miedo a una nueva crisis migratoria en sus fronteras. La percepción de amenaza es tal que la sobrerreacción es inmediata, independientemente de cuántos sean (con el Aquarius eran 630, 106 cuando el barco llegó a Valencia) y si realmente han llegado (recordemos que en Ceuta seguían en el continente africano).

Es la última oportunidad para negociar. Bruselas ya tiene a punto medidas de defensa comercial en caso de que China no se avenga a limitar sus exportaciones hacia Europa y reducir el déficit comercial, que la Comisión Europea cifra en 1.000 millones de euros diarios. El comisario europeo de Comercio, Maroš Šefčovič, se reúne este jueves en Pekín con su homólogo chino, Wang Wentao, que le tiene que presentar su contrapropuesta.

Bruselas quiere acelerar la entrada de nuevos socios en la Unión Europea. Ante la inestabilidad geopolítica creciente y la competencia comercial que plantean actores como China, el ejecutivo comunitario ve la ampliación del bloque como "una inversión en paz, seguridad y estabilidad". Pero este proceso hace años que está casi paralizado por culpa de los diversos bloqueos impuestos por los estados miembros y sus reticencias.

Disponer de un parque residencial potente a precio asequible no requiere solo recursos financieros, que también, sino constancia y continuidad en las políticas, según los diferentes modelos y estrategias con la vivienda en la Unión Europea (UE). París, la ciudad de la luz, tiene 17 veces más vivienda social por cada 1.000 habitantes que Barcelona, según los datos sobre este tipo de inmuebles de ambas ciudades. Manteniendo esta proporción, ya que el municipio de la capital francesa tiene alrededor del 22% más de habitantes que la capital catalana, en la primera hay 127 pisos sociales por cada 1.000 habitantes frente a 7,6 en Barcelona, aunque en los últimos años ha aumentado el impulso de este tipo de viviendas.

Los partidos populistas nacionalistas de extrema derecha llevan la iniciativa por todas partes, de Washington a Varsovia. ¿Por qué, pues, alarmarse tanto por las pequeñas victorias electorales de uno de estos partidos, Alternativa para Alemania (AfD)? “¡Porque es Alemania!” es la respuesta casi instintiva dentro de muchas cabezas de todo el mundo.

La Unión Europea ha anunciado un nuevo acuerdo comercial con las Filipinas. Los negociadores de la Comisión Europea y el gobierno filipino han cerrado un "acuerdo sustancial" para facilitar el comercio entre los dos territorios, según ha explicado este martes el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic.

El ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, tiene la respuesta clara. Uno de los "obstáculos más grandes" para hacer que el catalán, el euskera y el gallego sean oficiales en la Unión Europea es su homólogo italiano, Antonio Tajani. O, dicho de otra manera, la presión que el PP español ejerce sobre sus socios. Así lo aseguraba en una intervención este miércoles en el pleno del Congreso, en la que acusó a la formación de Alberto Núñez Feijóo de influenciar al Partido Popular Europeo para "frenar" esta iniciativa. "El señor de Italia al que invitáis a vuestros congresos y con quien siempre se abraza Feijóo es uno de los máximos obstáculos para que estas lenguas no sean todavía oficiales –aseguró–. ¿Le habéis reprochado que haga esto? Yo sí".

El 13 de octubre de 2021 fue un día importante para la protección del Ártico: la Unión Europea firmó el compromiso político para frenar la apertura de nuevos yacimientos de combustibles fósiles en la región. Cinco años después, la UE se encuentra inmersa en el proceso de revisar las líneas estratégicas de su política ártica, que se presentará a finales de septiembre. Esta semana, los líderes europeos se han reunido en Finlandia para hablar sobre el transporte marítimo, los recursos y la seguridad en la región en medio de la presión creciente de los EE. UU., China y Rusia.En este escenario, Noruega calcula que dos tercios de sus recursos fósiles que todavía están por explotar están situados en el Ártico. Teniendo en cuenta esto, no es extraño que en los últimos meses políticos y miembros de la industria petrolera noruegos estén visitando muy a menudo Bruselas. El objetivo de los lobistas es presionar para que la UE levante la moratoria que permita hacer nuevas perforaciones de gas y petróleo por encima del círculo polar. Todo esto a pesar de que Noruega, que no forma parte de la UE, no necesita ningún permiso para explotar el Ártico, pero su dependencia del mercado europeo hace que la moratoria afecte directamente a los intereses económicos del país escandinavo.“Noruega es muy activa y sabe cómo hacerse escuchar”, reconocía la enviada especial de la UE en el Ártico, Claude Veron-Reville, en una entrevista a Bloomberg. Según este diario, desde el 2011, 19 ministros del gobierno noruego se han entrevistado con altos funcionarios de la UE con una carpeta sobre la mesa: que la UE vea ahora con buenos ojos la expansión de las actividades petroleras noruegas situadas en el mar de Barentsz. En paralelo, el Financial Times también se ha hecho eco de un documento interno de la UE que revelaba que los socios comunitarios estaban considerando abandonar la moratoria sobre la actividad petrolera y gasística en el Ártico.El principal argumento que ha defendido Noruega es que “no hay razones climáticas para tratar de manera diferente el petróleo y el gas producidos al norte o al sur de una determinada línea”, en palabras del ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide. Ante estas explicaciones del político laborista, las voces contrarias a explorar nuevos yacimientos en el Ártico alertan de que este territorio se calienta cuatro veces más rápido que el resto del planeta, y por lo tanto los daños ambientales serían enormes en un ecosistema muy vulnerable.La otra razón que esgrime Noruega tiene que ver con las crisis energéticas que han dejado al descubierto las vulnerabilidades de la UE en el suministro de energías fósiles. Desde el inicio de la guerra en Ucrania, la UE ha hecho grandes esfuerzos por deshacerse de Rusia como proveedor de gas y petróleo. A esta situación se ha sumado recientemente la interrupción de las exportaciones de combustibles fósiles a través del estrecho de Ormuz.Beneficios por la inestabilidad global

Por ahora Noruega ya aporta el 30% del consumo de gas de la UE, y el 12% de la demanda de petróleo, pero la compañía estatal Equinor y la industria petrolera noruega quieren aumentar el suministro con el argumento de que el país nórdico es la fuente de recursos fósiles más fiable y segura para los europeos. El mismo ministerio de Exteriores ha argumentado en un memorándum que Noruega puede ayudar a la UE a conseguir más seguridad energética. “Noruega tiene importantes recursos de petróleo y gas sin explotar”, dice el documento, que a la vez advierte: “La continua exploración y producción responsable permitirá a Noruega continuar siendo un proveedor fiable para Europa, pero las restricciones a la producción o importación de petróleo y gas árticos de Noruega socavarían este papel”.

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Bromea, o no, una fuente europea: el 30 de julio, el día del asalto a Ceuta, lo primero que tuvieron que hacer muchos asesores comunitarios fue explicar a sus políticos dónde estaba Ceuta. Después, llegaron los escalofríos.

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Son tiempos extraordinarios en Europa, y por eso la alemana Von der Leyen comenzaba su discurso citando al inglés Charles Dickens: "Era el mejor de los tiempos y era el peor de los tiempos". El escritor de Portsmouth, que ahora tendría que enseñar el pasaporte para viajar a su querida París, definía así Europa en tiempos de guillotinas afiladas en Francia. Von der Leyen actualizaba el pensamiento de Dickens ante el Parlamento Europeo de Estrasburgo: "La Unión Europea es más fuerte que nunca, y la Unión Europea puede parecer más precaria que nunca". La paradoja es la figura literaria que mejor funciona en tiempos de desesperación, de urgencia.En el hemiciclo, escuchando el discurso sobre el estado de la Unión de la alemana, había una presencia extraordinaria, la de otro extracomunitario: Mark Carney, gobernador del Banco de Canadá, tratado ahora como gurú en muchas cancillerías europeas gracias a un discurso brillante en el último foro de Davos. Aquel día, Carney dijo algunas cosas que los líderes comunitarios no se habían atrevido a pronunciar: dio por muerto el antiguo orden internacional; reclamó a las potencias medias unirse y dar un paso adelante para dejar de depender de las grandes; insinuó que había que plantar cara a Trump; y dejó una frase monumental: "Si no estás en la mesa, estás en el menú".

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Las plataformas como Instagram, Tiktok o Facebook deberán garantizar a partir de ahora que son seguras si quieren operar en la Unión Europea. La Comisión Europea ha presentado este jueves la ley europea de protección de la infancia en internet, que veta el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y limita su uso a los menores, para protegerlos de los riesgos asociados. Para conseguirlo, ha anunciado que obligará a las compañías a presentar "planes de cumplimiento" antes de que entre en vigor la norma, si no quieren quedar fuera del mercado comunitario.

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Si este análisis político sobre la salud de la Unión Europea fuera música, tendría que sonar increscendo (intensidad) con unos cuantos toques de ostinato (tensión) y bastantes momentos de trémolo (suspense).

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La Comisión Europea ha asumido que la crisis de la vivienda es una prioridad europea y, como primer paso para hacerle frente, dio a conocer la semana pasada la propuesta del affordable housing act, la ley europea de la vivienda asequible, cuyos detalles pueden leer en la crónica de Núria Sala Ventura para este diario. No es que en Bruselas haya habido un paso de bolivarianismo. Pero sí que han tomado conciencia de que el hecho de que un millón de europeos no tengan casa donde vivir, mientras un 20% del parque habitacional disponible dentro de la Unión Europea está vacío, es una situación de urgencia. El precio de compra de una vivienda en los países comunitarios ha subido, en los últimos diez años, más de un 60%, y los precios del alquiler, un 20%. Además de ser una situación de urgencia, es una situación insostenible, injusta... e ilegal: el derecho a la vivienda digna es un derecho social básico (en el estado español es un derecho constitucional) que a menudo se ve vulnerado, o negado, por las imposiciones del mercado. Esta ley europea de vivienda –impulsada por la exministra Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión, y por el comisario de Vivienda, Dan Jorgensen– pretende precisamente aquello que se ha dicho tantas veces que no era recomendable (y según algunos, ni siquiera posible), y que ahora la realidad demuestra que es necesario: intervenir el mercado, ponerle límites y topes para evitar que caiga en inercias especuladoras.Por eso la ley propone medidas tales como limitaciones legales a la compra de segundas residencias o viviendas de carácter no habitual en aquellas regiones catalogadas como zonas tensionadas. También, imponer penalizaciones a los propietarios que mantengan pisos o casas vacíos, para forzar su salida al mercado. La nueva propuesta de ley insiste, eso sí, en impulsar la construcción de nuevas viviendas para aligerar el mercado (si bien es cierto que habla de promover operadores diferentes de los tradicionales, tales como cooperativas o entidades sin ánimo de lucro, en vez de las grandes constructoras de siempre). Son más interesantes en este sentido avances como la ley ZAN (zero artificialisation nette), de Francia, que se propone no construir ni un metro cuadrado más de suelo rústico y trabajar, en cambio, en la rehabilitación, la reutilización y la transformación de todo lo que ya se ha construido.La propuesta europea sintoniza bien con la prohibición de los pisos turísticos por parte del Ayuntamiento de Barcelona, o con las penalizaciones por tener pisos vacíos vigentes en Cataluña desde hace cuatro años. En Baleares, por el contrario, el portavoz del grupo parlamentario del PP en el Parlamento, Sebastià Sagreras, ha declarado que “no le cabe en la cabeza” que un mallorquín “no pueda comprar una segunda residencia en otro municipio”. Dentro de la cabeza del portavoz no caben demasiadas cosas (el informe PISA deja a Baleares a la cola del estado español, que a su vez está a la cola de Europa en materia educativa, y eso se nota también en los gobernantes). Qué no dirá cuando se entere de que la mayoría de mallorquines no pueden ni pensar en comprarse una primera vivienda en ningún municipio.

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Todas las actividades de la vida están sometidas a unas normas o reglas. Es una de las características de las sociedades civilizadas. Es evidente que los avances, como pasó en su día con internet, comienzan rompiendo algunas maneras de hacer o de trabajar, pero con el tiempo se van normalizando, aunque siempre hay quien encuentra la manera de ir por el camino de la ilegalidad o sabe aprovechar la falta de normas. Hay que ser cuidadosos para reducir esta vertiente al máximo.

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En el año 2012, cuando Europa estaba plenamente inmersa en la crisis de la deuda, un grupo de economistas, académicos y abogados contrarios a los rescates bancarios impulsaron la plataforma Wahlalternative 2013, que al año siguiente desembocó en la fundación de Alternativa para Alemania (AfD). Lo que había comenzado como un movimiento crítico con la unión monetaria enseguida cambió de rumbo. La crisis de los refugiados de 2015 aceleró su deriva hacia la derecha radical ydesplazó su discurso hacia la inmigración, el nacionalismo y el rechazo del orden liberal europeo.

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La victoria histórica de Alternativa para Alemania (AfD) en el estado federado de Sajonia-Anhalt es un sismo político para un país atrapado en la angustia existencial. La excepcionalidad alemana es más terrenal que nunca. La economía del país lleva seis años consecutivos con un crecimiento exiguo. La industria, tradicionalmente potente, está asustada y reclama más protección frente a China y los aranceles de los Estados Unidos. Las sacudidas de los precios de la energía y la anunciada crisis del sector de la automoción –agravada ahora por el anuncio de despidos masivos en Volkswagen– alimentan una sensación de final de etapa que hace temblar a la Unión Europea.

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"Los europeos se enfrentan a una dura verdad: que esta es la nueva normalidad". Esta frase de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, hace pensar en aquella "nueva normalidad" de restricciones de la libertad individual a favor de la salud pública a la que tuvimos que adaptarnos durante la pandemia de la covid-19. La declaración, sin embargo, no es de hace seis años, sino de esta semana. Ahora, la nueva normalidad a la que debemos acostumbrarnos es la de los ataques sistemáticos de Rusia. "Estamos en una nueva era de la seguridad europea", insistió la líder del ejecutivo comunitario. El mensaje llegó después de que las autoridades alemanas culparan directamente a Moscú de un ataque con un dron cargado de explosivos en el aeropuerto de Leipzig a principios de agosto, uno de los intentos de sabotaje más graves registrados hasta ahora en territorio europeo, en un centro logístico clave de la OTAN.

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El juez Manuel Marchena utilizó el concepto de violencia ambiental por primera vez contra cuatro de los manifestantes que cercaron el Parlament en 2011 para intentar obstruir el paso de los diputados cuando se debían aprobar los presupuestos que consolidaban los recortes. Ninguno de ellos cometió un acto violento, pero fueron condenados a tres años de prisión por el solo hecho de asistir a una manifestación en la que se pudieron cometer delitos. Una vez puestas las bases, el mismo Marchena utilizó la "violencia ambiental" para justificar la sentencia contra los líderes del Procés.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se han reunido con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en Kiev. Illa le ha trasladado su "compromiso" y "solidaridad" en nombre de Cataluña, y le ha "mostrado el apoyo" en la guerra contra la invasión de Rusia, la futurible adhesión de Ucrania a la Unión Europea y el potencial uso de los fondos congelados rusos que se encuentran en territorio comunitario para la reconstrucción de su país. "Ha sido una reunión muy provechosa en la que hemos podido expresar no solo las ganas de cooperar, sino también las ganas de aprender de un país que ha mostrado una resiliencia que creo que se debe poner mucho en valor", ha remarcado el líder catalán.

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La Unión Europea repite como un mantra que Marruecos es un socio fiable y, a pesar de las sospechas crecientes sobre la involucración de Rabat en la crisis migratoria de Ceuta, ha ido con pies de plomo a la hora de hacer cualquier tipo de declaración que pueda enfadar al régimen marroquí. Fuentes comunitarias evitan reaccionar a la posible vinculación del régimen de Mohamed VI con la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma y se limitan a responder que es "un asunto interno" que deben aclarar las autoridades españolas.

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