La hasta ahora directora de Gobierno Interior del Parlamento de Cataluña, Anna Torné, ha presentado una denuncia ante la mesa de la cámara catalana por "acoso" laboral que ha sufrido durante los últimos meses, según un escrito al cual ha tenido acceso la agencia de noticias Efe. Ha registrado la denuncia justo después de ser despedida, algo que se le comunicó este jueves a pesar de que la afectada estaba de baja médica.

En una semana marcada por la vivienda en todo el Estado, Salvador Illa comenzó el debate de política general el martes con una batería de medidas para resolver la crisis que se arrastra desde hace años. El presidente anunció un fondo de 25 millones de euros para evitar desahucios similares a los de Maricarmen Abascal y también un programa con el que el Gobierno ofrecerá la opción a los catalanes que tengan más de cuarenta años de compartir la propiedad de su vivienda –50% de la vivienda se lo quedaría la administración pública, que cedería la propiedad durante cuarenta o cincuenta años–. Es esta última medida la que no ha recibido el aval del Parlamento porque los Comunes se han abstenido. Un revés al ejecutivo teniendo en cuenta que quien ha hecho descarrilar esta resolución es uno de los dos socios de investidura. ERC, en cambio, ha votado a favor.

Junts llevará a votación este jueves la reprobación del presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Tiene pocos números de prosperar, porque uno de los socios del Gobierno, ERC, ya ha cerrado la puerta a votar a favor. Ahora bien, los juntaires, además de querer reprobar a Illa, también quieren que el Parlament pida el cese de las consejeras de Interior y Educación, Núria Parlon y Esther Niubó, por las crisis abiertas en sus dos departamentos. La CUP también plantea reprobar la gestión del Gobierno por "el incumplimiento sistemático" de los acuerdos del Parlament, igual que el PP, aunque en su caso, por la "subordinación" que consideran que tiene el ejecutivo catalán al español y a los partidos independentistas. Más allá de estas peticiones, en el debate de este jueves los grupos también llevan a votación una batería de medidas en materia de vivienda justamente la semana que en el Congreso se deben convalidar los dos decretos de vivienda que el consejo de ministros aprobó el martes después de una negociación in extremis.

Esta mañana, Junts per Catalunya ha decidido lanzar un cohete al cielo, un cohete que se vea de lejos e indique a todo el mundo, para cuando venga otro ciclo electoral, que es Junts y no Aliança la única alternativa al bloque de investidura y de presupuestos PSC-Esquerra-Comuns. Y por eso la presidenta del grupo de Junts, Mònica Sales, ha anunciado una acción que no se había visto nunca: quiere que el Parlament vote la reprobación del presidente Salvador Illa: “Usted, presidente, es el peor presidente que ha tenido la Cataluña moderna (...) Por eso le anuncio que hoy el grupo parlamentario de Junts presentaremos una moción para reprobarle como presidente de la Generalitat”

El acuerdo estrella que PSC y ERC firmaron para la investidura de Salvador Illa pasaba por sacar adelante una nueva financiación para Cataluña. En aquel pacto, sin embargo, socialistas y republicanos también rubricaron un compromiso que pasó más desapercibido y que, dos años después, no se ha materializado: crear una convención nacional para resolver el conflicto político de Cataluña. Un foro que, con otros nombres, se fue probando al inicio del proceso cuando se impulsaron primero el Pacto Nacional por el Derecho a Decidir y, después, el Pacto Nacional por el Referéndum. El último mecanismo que se puso en marcha era la mesa de diálogo entre la Generalitat y el gobierno español, pero con la investidura de Salvador Illa quedó formalmente desactivada. Los republicanos vuelven a la carga planteando una nueva votación parlamentaria en la línea de la que ya ganaron el año pasado durante el debate de política general, con el apoyo del PSC, Junts, Comunes y la CUP. Este año Esquerra vuelve a llevar esta cuestión en una de las propuestas de resolución que se debatirán en la cámara y va un paso más allá: intenta fijar un primer calendario.

Casi medio año después, la infiltración de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes sigue dando que hablar. Este martes ha comparecido en el Parlament de Catalunya el intendente Carles Hernández, jefe de la Comisaría General de Información de la policía, el organismo del cual dependía la actuación policial en cuestión. El intendente ha dicho que la información reservada que se abrió para investigar este polémico caso ya se ha archivado. Hernández ha informado que se cierra concluyendo que no "hubo una vulneración" del ordenamiento jurídico, si bien el informe encomienda al cuerpo supervisar más estas actuaciones.

Cataluña tiene ahora el doble de bosques que tenía en los años 50 –la superficie forestal ha pasado del 35% del territorio a casi el 65%– y los incendios de las últimas semanas —el último este viernes en Collserola— y un giro de guion legislativo han reabierto con fuerza un debate que ya existía en el sector: ¿sobre quién debe recaer la responsabilidad –y a nombre de quién debe ir la factura– de hacer el mantenimiento? Actualmente, solo el 30% de los bosques son gestionados, es decir, que se trabaja activamente en ellos haciendo talas, limpiezas del sotobosque o nuevas plantaciones. En este contexto, un pequeño cambio en un discreto artículo ha revolucionado el sector. Tal como explicó el ARA, hace unos meses, el decreto ley 21/2025, que obligaba a los propietarios a mantener los terrenos en condiciones y capacitaba a la administración para hacerlo de forma onerosa –es decir, pasando la factura al propietario–, mutó durante la tramitación parlamentaria y pasó de "obligar" a simplemente reclamar "colaboración". Una petición directa del sector forestal.

El PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han cerrado un acuerdo para reformar el reglamento del Parlament e incorporar el Código de Conducta de la cámara, que recoge las posibles sanciones a diputados que lo vulneren, según ha avanzado este miércoles El Periódico y ha podido confirmar el ARA. La reforma, que se hace para blindar los discursos de odio, clarificaría las amonestaciones en función de la gravedad de los hechos y el trabajo, que corresponde a la Comisión del Estatuto del Diputado y a la mesa: de los 600 a los 6.000 euros las infracciones graves y de 6.001 a los 12.000 euros, las muy graves.

Tras nueve meses, quince sesiones y hasta cincuenta comparecencias, este martes el Parlament ha aprobado parte del dictamen de la comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre los años 2011 y 2025. La comisión se creó, entre otras cosas, por el caso de la menor de edad protegida por la DGAIA que fue víctima de abusos sexuales entre 2020 y 2021 y que desencadenó la refundación y cambio de nombre del servicio por parte del Govern.

La empresaria Anna Navarro, que fue la gran apuesta de Carles Puigdemont en las elecciones del 2024, deja el Parlament. En un comunicado, Junts ha anunciado que la que fue número dos de la candidatura del partido ha renunciado a su escaño, aprovechando que finaliza el actual periodo de sesiones. Lo ha hecho durante una reunión del grupo parlamentario, alegando motivos "personales y profesionales", según el texto difundido por la formación. Navarro, sin embargo, continuará vinculada a la organización: seguirá formando parte de la dirección permanente y de la ejecutiva de Junts. Antes de hacerlo público, había comunicado su decisión al presidente del partido, al secretario general Jordi Turull, y a la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales. Durante esta legislatura, Navarro no había tenido protagonismo en el Parlament ni en las grandes decisiones del día a día del partido, a pesar de presentarse en su momento como el gran fichaje de los juntaires.  

El PSC volvería a ganar las elecciones al Parlament si se celebrasen hoy, a pesar de mantener una tendencia a la baja que lo llevaría de los 42 escaños que obtuvo en 2024 a una horquilla de entre 36 y 38. Ahora bien, la imagen más relevante que ofrece el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) que se hizo público ayer es la consolidación de Aliança Catalana en la derecha del arco parlamentario. El partido de Sílvia Orriols se eleva a 23-25 diputados (tiene 2, actualmente) y supera ya de forma clara a Junts per Catalunya, su principal rival, que perdería la mitad de los apoyos hasta una horquilla de entre 16 y 18 diputados. ERC es el otro partido que sube, y consolida la segunda posición que ya le pronostican otros sondeos, hasta los 24-26 diputados.

El Parlament exige "de forma inmediata" el traspaso a la Generalitat de los inmuebles y equipamientos sanitarios situados en Cataluña que continúan siendo de titularidad estatal. La moción, impulsada por ERC y aprobada con los votos de todos los grupos menos Vox y el PP, que han votado en contra, otorga al ejecutivo catalán un plazo máximo de seis meses para elaborar y presentar un inventario completamente actualizado de todos los inmuebles del sistema de salud de la Generalitat que no son de su propiedad. El informe deberá especificar la situación jurídica, la situación registral, el valor patrimonial estimado, el valor contable neto de los activos y las inversiones efectuadas por la administración catalana.

Salvador Illa llegará al ecuador de la legislatura con la estabilidad política que buscaba. Este jueves el Parlament ha aprobado de forma definitiva los presupuestos que hace unas semanas acordó con Esquerra y Comuns, los dos socios de investidura, que esta mañana han sumado sus votos para validar las primeras cuentas del gobierno socialista –también ha votado a favor por error la diputada de Junts Noemí Nieto–. Unas cuentas que llegarán casi a los 50.000 millones de euros, un 22% más que las de 2023, el último proyecto aprobado todavía bajo la presidencia de Pere Aragonès. El pleno de este jueves también ha validado la ley de acompañamiento de los presupuestos, que incluye, entre otras cosas, subir hasta los 30 euros al día la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona y crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. Illa se garantiza, así, llegar al final de la legislatura con unos presupuestos actualizados y con una mayoría parlamentaria que necesita que el Govern continúe para que cumpla sus acuerdos.

La adjudicación de contratos a dedo bajo sospecha en Altafulla con varios políticos imputados vuelve a poner bajo el foco al Parlament. ¿Por qué? Una de las personas que están imputadas en el caso es el actual diputado de ERC y exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, que este lunes ha declarado como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Elena se ha desvinculado de cualquier movimiento ilegal en un asunto que la defensa ve como meramente administrativo. De hecho, Elena defiende su trabajo y honestidad, y niega el relato acusatorio que ha desembocado en la imputación. Por eso, espera que se archive. Ahora bien, si la imputación deriva en la apertura de juicio oral, tal como pasó con la expresidenta del Parlament Laura Borràs en 2022, volverá a poner a la cámara en la encrucijada de suspender a un diputado por un caso de presunta corrupción. ¿Qué dice el reglamento? ¿Se ha cambiado, tal como se prometió?

La futura ley de mecenazgo catalana completa uno de sus grandes trámites. Este lunes, el PSC, Junts y ERC registraron en el Parlament la primera propuesta de ley para fomentar el mecenazgo en el país, una iniciativa que llevaba una década de parálisis institucional y que había sido ampliamente solicitada por los diferentes agentes que conforman el sector cultural. Este martes, el anuncio se ha hecho oficial.

En marzo, la Fiscalía Anticorrupción pidió información a la Oficina Antifraude sobre las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la antigua Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y las presuntas irregularidades en la concesión y control de las prestaciones económicas y de vivienda que recibían los jóvenes extutelados. El ARA ha podido confirmar que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga el caso, aunque en una fase de diligencias todavía muy "incipiente".

Les ofrecemos una encuesta para saber qué piensan los catalanes sobre temas candentes como la inmigración, Trump y el tope a los alquileres, y también cuál sería la intención de voto al Parlament.

El Parlament no puede exigir que los chóferes acrediten un nivel intermedio de catalán, sino como máximo el nivel elemental. Es la respuesta que da el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la petición de Convivencia Cívica Catalana, que pidió anular las bases de una convocatoria de plazas de estos conductores de vehículos oficiales donde viajan altos cargos de la Generalitat. En concreto, la entidad españolista quería eliminar de los requisitos que los candidatos tuvieran que demostrar un nivel B2 de catalán.

Los gastos que los grupos pasan al Parlament vuelven a estar en el punto de mira. Hace un año y medio, la cámara ya tuvo que cambiar los criterios para evitar un descontrol y que los grupos recurrieran a ellos para pagar sobresueldos a los diputados, como había hecho Vox. Ahora, un informe de la Sindicatura de Cuentas de la cámara catalana sobre los gastos de los grupos durante 2024 vuelve a levantar polvareda. Según ha avanzado Vilaweb y ha confirmado la ACN, el documento censura que el partido de extrema derecha pagara con dinero del Parlament un ápat con diputados y asesores del grupo organizado en 2024 que asciende hasta los 2.605 euros, con un gasto de hasta 184 euros en bebidas alcohólicas de alta graduación, y que el partido ya ha devuelto íntegramente. Junts también sale escaldado: la Sindicatura cuestiona los gastos de desplazamiento, ápat y organización de una jornada de trabajo en Bélgica con 60 personas que costó unos 47.500 euros.

El eje ideológico se ha hecho evidente este miércoles en el Parlament y ha pasado por encima de las diferencias en el eje nacional que mantienen partidos como el PP y Junts. Los juntaires se han puesto al lado de los populares a la hora de defender una proposición de ley del grupo de Alejandro Fernández que proponía eliminar el impuesto de sucesiones. La iniciativa también ha recibido el apoyo de Vox y Aliança Catalana, pero no se tramitará en el Parlament porque han prosperado las enmiendas a la totalidad que habían presentado el PSC, ERC y la CUP. Este tribut siempre ha representado la línea divisoria a la hora de identificar un partido de izquierdas o de derechas. Y, en este caso, no ha sido una excepción.