El PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han cerrado un acuerdo para reformar el reglamento del Parlament e incorporar el Código de Conducta de la cámara, que recoge las posibles sanciones a diputados que lo vulneren, según ha avanzado este miércoles El Periódico y ha podido confirmar el ARA. La reforma, que se hace para blindar los discursos de odio, clarificaría las amonestaciones en función de la gravedad de los hechos y el trabajo, que corresponde a la Comisión del Estatuto del Diputado y a la mesa: de los 600 a los 6.000 euros las infracciones graves y de 6.001 a los 12.000 euros, las muy graves.

Tras nueve meses, quince sesiones y hasta cincuenta comparecencias, este martes el Parlament ha aprobado parte del dictamen de la comisión de investigación sobre la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) entre los años 2011 y 2025. La comisión se creó, entre otras cosas, por el caso de la menor de edad protegida por la DGAIA que fue víctima de abusos sexuales entre 2020 y 2021 y que desencadenó la refundación y cambio de nombre del servicio por parte del Govern.

La empresaria Anna Navarro, que fue la gran apuesta de Carles Puigdemont en las elecciones del 2024, deja el Parlament. En un comunicado, Junts ha anunciado que la que fue número dos de la candidatura del partido ha renunciado a su escaño, aprovechando que finaliza el actual periodo de sesiones. Lo ha hecho durante una reunión del grupo parlamentario, alegando motivos "personales y profesionales", según el texto difundido por la formación. Navarro, sin embargo, continuará vinculada a la organización: seguirá formando parte de la dirección permanente y de la ejecutiva de Junts. Antes de hacerlo público, había comunicado su decisión al presidente del partido, al secretario general Jordi Turull, y a la presidenta del grupo parlamentario, Mònica Sales. Durante esta legislatura, Navarro no había tenido protagonismo en el Parlament ni en las grandes decisiones del día a día del partido, a pesar de presentarse en su momento como el gran fichaje de los juntaires.  

El PSC volvería a ganar las elecciones al Parlament si se celebrasen hoy, a pesar de mantener una tendencia a la baja que lo llevaría de los 42 escaños que obtuvo en 2024 a una horquilla de entre 36 y 38. Ahora bien, la imagen más relevante que ofrece el barómetro del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) que se hizo público ayer es la consolidación de Aliança Catalana en la derecha del arco parlamentario. El partido de Sílvia Orriols se eleva a 23-25 diputados (tiene 2, actualmente) y supera ya de forma clara a Junts per Catalunya, su principal rival, que perdería la mitad de los apoyos hasta una horquilla de entre 16 y 18 diputados. ERC es el otro partido que sube, y consolida la segunda posición que ya le pronostican otros sondeos, hasta los 24-26 diputados.

El Parlament exige "de forma inmediata" el traspaso a la Generalitat de los inmuebles y equipamientos sanitarios situados en Cataluña que continúan siendo de titularidad estatal. La moción, impulsada por ERC y aprobada con los votos de todos los grupos menos Vox y el PP, que han votado en contra, otorga al ejecutivo catalán un plazo máximo de seis meses para elaborar y presentar un inventario completamente actualizado de todos los inmuebles del sistema de salud de la Generalitat que no son de su propiedad. El informe deberá especificar la situación jurídica, la situación registral, el valor patrimonial estimado, el valor contable neto de los activos y las inversiones efectuadas por la administración catalana.

Salvador Illa llegará al ecuador de la legislatura con la estabilidad política que buscaba. Este jueves el Parlament ha aprobado de forma definitiva los presupuestos que hace unas semanas acordó con Esquerra y Comuns, los dos socios de investidura, que esta mañana han sumado sus votos para validar las primeras cuentas del gobierno socialista –también ha votado a favor por error la diputada de Junts Noemí Nieto–. Unas cuentas que llegarán casi a los 50.000 millones de euros, un 22% más que las de 2023, el último proyecto aprobado todavía bajo la presidencia de Pere Aragonès. El pleno de este jueves también ha validado la ley de acompañamiento de los presupuestos, que incluye, entre otras cosas, subir hasta los 30 euros al día la tasa turística a los cruceros que hacen escala en Barcelona y crear la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya. Illa se garantiza, así, llegar al final de la legislatura con unos presupuestos actualizados y con una mayoría parlamentaria que necesita que el Govern continúe para que cumpla sus acuerdos.

La adjudicación de contratos a dedo bajo sospecha en Altafulla con varios políticos imputados vuelve a poner bajo el foco al Parlament. ¿Por qué? Una de las personas que están imputadas en el caso es el actual diputado de ERC y exconsejero de Interior Joan Ignasi Elena, que este lunes ha declarado como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Elena se ha desvinculado de cualquier movimiento ilegal en un asunto que la defensa ve como meramente administrativo. De hecho, Elena defiende su trabajo y honestidad, y niega el relato acusatorio que ha desembocado en la imputación. Por eso, espera que se archive. Ahora bien, si la imputación deriva en la apertura de juicio oral, tal como pasó con la expresidenta del Parlament Laura Borràs en 2022, volverá a poner a la cámara en la encrucijada de suspender a un diputado por un caso de presunta corrupción. ¿Qué dice el reglamento? ¿Se ha cambiado, tal como se prometió?

La futura ley de mecenazgo catalana completa uno de sus grandes trámites. Este lunes, el PSC, Junts y ERC registraron en el Parlament la primera propuesta de ley para fomentar el mecenazgo en el país, una iniciativa que llevaba una década de parálisis institucional y que había sido ampliamente solicitada por los diferentes agentes que conforman el sector cultural. Este martes, el anuncio se ha hecho oficial.

En marzo, la Fiscalía Anticorrupción pidió información a la Oficina Antifraude sobre las investigaciones que se están llevando a cabo sobre la antigua Dirección General de la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) y las presuntas irregularidades en la concesión y control de las prestaciones económicas y de vivienda que recibían los jóvenes extutelados. El ARA ha podido confirmar que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada investiga el caso, aunque en una fase de diligencias todavía muy "incipiente".

Les ofrecemos una encuesta para saber qué piensan los catalanes sobre temas candentes como la inmigración, Trump y el tope a los alquileres, y también cuál sería la intención de voto al Parlament.

El Parlament no puede exigir que los chóferes acrediten un nivel intermedio de catalán, sino como máximo el nivel elemental. Es la respuesta que da el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a la petición de Convivencia Cívica Catalana, que pidió anular las bases de una convocatoria de plazas de estos conductores de vehículos oficiales donde viajan altos cargos de la Generalitat. En concreto, la entidad españolista quería eliminar de los requisitos que los candidatos tuvieran que demostrar un nivel B2 de catalán.

Los gastos que los grupos pasan al Parlament vuelven a estar en el punto de mira. Hace un año y medio, la cámara ya tuvo que cambiar los criterios para evitar un descontrol y que los grupos recurrieran a ellos para pagar sobresueldos a los diputados, como había hecho Vox. Ahora, un informe de la Sindicatura de Cuentas de la cámara catalana sobre los gastos de los grupos durante 2024 vuelve a levantar polvareda. Según ha avanzado Vilaweb y ha confirmado la ACN, el documento censura que el partido de extrema derecha pagara con dinero del Parlament un ápat con diputados y asesores del grupo organizado en 2024 que asciende hasta los 2.605 euros, con un gasto de hasta 184 euros en bebidas alcohólicas de alta graduación, y que el partido ya ha devuelto íntegramente. Junts también sale escaldado: la Sindicatura cuestiona los gastos de desplazamiento, ápat y organización de una jornada de trabajo en Bélgica con 60 personas que costó unos 47.500 euros.

El eje ideológico se ha hecho evidente este miércoles en el Parlament y ha pasado por encima de las diferencias en el eje nacional que mantienen partidos como el PP y Junts. Los juntaires se han puesto al lado de los populares a la hora de defender una proposición de ley del grupo de Alejandro Fernández que proponía eliminar el impuesto de sucesiones. La iniciativa también ha recibido el apoyo de Vox y Aliança Catalana, pero no se tramitará en el Parlament porque han prosperado las enmiendas a la totalidad que habían presentado el PSC, ERC y la CUP. Este tribut siempre ha representado la línea divisoria a la hora de identificar un partido de izquierdas o de derechas. Y, en este caso, no ha sido una excepción.

Hace una semana que Salvador Illa ha vuelto al trabajo y este miércoles se ha sometido a la primera sesión de control al Parlament desde que fue diagnosticado de una osteomielitis púbica. El president de la Generalitat ha recibido la bienvenida y el apoyo de todos los diputados por un regreso que ha estado marcado por el choque con ERC por los presupuestos. Este fin de semana, los republicanos dieron un portazo a negociar las cuentas y este miércoles han vuelto a exigir al Govern que cumpla con la condición que ponen para sentarse a hablar de las cuentas: desbrozar el camino para que Cataluña recaude el IRPF. "Hay margen de acuerdo. Le tiendo la mano y les pido que la cojan", ha defendido Illa dirigiéndose al presidente del grupo republicano en el Parlament, Josep Maria Jové. El dirigente de ERC, en cambio, ha exigido al jefe del ejecutivo que "presione" al PSOE y no a Esquerra para que cumpla con la recaudación del IRPF. "A quien tiene que mover más es al PSOE, no a nosotros", ha aseverado Jové, que ha asegurado que los republicanos mantienen la mano tendida.A esta debía ser la semana en que el Govern iniciaba el camino para que las cuentas vieran la luz. A pesar del no de los republicanos, el ejecutivo ha decidido mantener el plan inicial y aprobará este viernes el proyecto de ley de presupuestos en el consejo ejecutivo para empezar a tramitarlos en el Parlament. "Esto no es el final de nada, es el inicio de una tramitación parlamentaria", ha defendido Illa, que también ha asegurado que hará los "esfuerzos" que hagan falta para intentar desbloquear las cuentas. De hecho, el president ha insistido en que "cumple" todos sus compromisos y ha cifrado en un 75% los acuerdos con ERC que ya ha cumplido o está en vías de cumplimiento: "Cumpliré con el IRPF igual que he hecho con la financiación, que es un hecho tangible, o con Rodalies.cat". "No nos levantaremos nunca de la mesa y si hace falta, garantizaremos que los recursos de la Generalitat lleguen a la ciudadanía", ha reiterado Jové. Esquerra ya se ha ofrecido a negociar los suplementos de crédito en caso de que se acabe consumando el fracaso de los presupuestos. Los republicanos mantienen que mientras no vean "garantías" de cumplimiento en la cuestión del IRPF, no se sentarán a negociar los presupuestos. Por ahora, el gobierno de Salvador Illa solo tiene atado el apoyo de los comunes, con quienes la semana pasada firmaron un acuerdo.

El Parlament ha aprobado una reivindicación histórica de los funcionarios de prisiones: que sean considerados como agentes de la autoridad. La demanda, que ganó fuerza tras el asesinato de Núria, cocinera en prisión de Mas de Enric en marzo del 2024 a manos de un interno, ha sido una propuesta del PSC que ha salido adelante con los votos del PP, Vox, Aliança Catalana y Junts. Además de los funcionarios de vigilancia, el estatus de agente de la autoridad —que ya tienen entre otros a policías, médicos y docentes— se extiende también a los directivos de las prisiones y trabajadores penitenciarios de rehabilitación: psicólogos, educadores, juristas y trabajadores sociales.

Tras una semana de caos en Cercanías, la oposición se ha abalanzado sobre el Govern para exigirle responsabilidades por el estado de la red y las disfunciones en el servicio. En sustitución de Salvador Illa –todavía hospitalizado–, el consejero de Presidencia, Albert Dalmau, ha comparecido en el Parlament para defender la actuación del ejecutivo ante los paros en el servicio tras el accidente en Gelida, en una crisis que el lunes dejó dos destituciones, la del director operativo de Cercanías y la del director de operaciones de Adif. Ahora bien, la oposición no le basta y pide que roden jefes en la Generalitat, empezando por el de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque. Así lo han exigido todos los grupos excepto Comuns, que, sin embargo, han sugerido que una misma persona no debería cargar la responsabilidad de dos de las patatas calientes de Gobierno, los trenes y la vivienda. Sin embargo, el ejecutivo cierra filas con la consellera y con su equipo.

El hiperliderazgo en los partidos políticos de nueva creación es una característica generalizada. Lo comprobó de primera mano Podemos con Pablo Iglesias, Ciudadanos con Albert Rivera, Vox con Santiago Abascal –aunque los fundadores fueron otros–, Juntos con Carles Puigdemont y ahora también Aliança Catalana con Sílvia Orriols. Es cierto que los partidos de mayor tradición tampoco se escapan y hay ejemplos a raudales, que quedan sin embargo amortiguados por los cambios internos con el paso del tiempo. La exposición pública de Orriols ayuda a su partido a crecer y así lo remarcan todas las encuestas. De puertas adentro los hiperliderazgos se hacen más difíciles de gestionar, incluso en el caso de Aliança, según admiten algunas personas dentro de la formación.

El estallido de la peste porcina africana en Cataluña enganchó al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de viaje institucional a México. Por mucho que ERC, Junts, la CUP y el PP le exigieron que volviera, el presidente continuó con su agenda en el país, marcada por la participación de Barcelona como ciudad invitada en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara. Una vez llegado de México, Isla se ha encontrado con los reproches de parte de la oposición a la sesión de control en el Parlamento, desde donde ha defendido haber mantenido los encuentros que tenía ya cerrados, tanto en la FIL como en Ciudad de México, con actos de tipo económico. "Tengo mi forma de liderar y gestionar, admito que puede haber otros. Admito que puedo cometer errores. Creo, sinceramente, que, en este caso, no he cometido ninguno", se ha defendido Illa. Según ha reivindicado, el Govern ha afrontado la crisis con "ciencia, transparencia, colaboración" y ayudas al sector.

La corrupción sigue amenazando al gobierno de Pedro Sánchez. La Guardia Civil ha elaborado un informe en el que Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE, aparece como el enlace entre el gobierno español (concretamente del ministro Ábalos, que era el de Transportes) y la empresa constructora Acciona.

Indignación en el Parlament de Catalunya por un nuevo ataque de Vox en la memoria de el expresidente de la Generalitat Lluís Companys. El partido de extrema derecha tiene colgado un cartel que tacha al republicano de "asesino" en una ventana de su despacho en la cámara, pero este miércoles ha aprovechado la ofrenda floral ante la escultura que recuerda su fusilamiento para hacerla más grande. Con motivo del acto, en el patio de la Biblioteca del Parlament, Vox ha colocado aún más carteles, visibles desde la zona de la ofrenda, dejando uno en el mismo lugar donde se ha depositado una corona en memoria del expresidente.