El presidente de Junts, Carles Puigdemont, hizo el lunes balance del cumplimiento de los acuerdos con el PSOE y, entre otras cosas, criticó que el gobierno español no había hecho lo suficiente para defender la oficialidad del catalán en Europa. Precisamente, el diario ARA pudo saber que el mismo día que Puigdemont hacía su comparecencia en Bruselas, este lunes, la Abogacía del Estado remitía a la secretaría de estado para la Unión Europea un informe jurídico donde se defiende que el Reino de España puede llegar a un acuerdo administrativo con el Parlamento Europeo para que se puedan utilizar con normalidad las lenguas oficiales españolas distintas del castellano, es decir, el catalán, el gallego y el vasco. Este informe se suma a otro, emitido en noviembre del año pasado, en el que la Abogacía del Estado defiende que es posible modificar el reglamento que fija el régimen lingüístico de las instituciones de la Unión Europea para incluir el catalán, gallego y vasco sin necesidad de modificar los Tratados, lo que lo complicaría mucho más.

Si entráis en YouTube es posible que os salte un anuncio en que un señor llamado José María Bea, famoso por haber ganado varios concursos memorísticos en la televisión, promete tener la fórmula para haceros ganar una oposición. “Has vivido engañado, todo el mundo puede tener una memoria como la mía”, afirma mirando a la cámara. Miles de personas se enfrentan a una oposición cada año en todo el Estado, pero en Madrid se concentra la élite de estos estudiantes, los que aspiran a una plaza de alto funcionario y que dedican una media de cuatro años de estudio y sacrificios para conseguir un trabajo seguro para toda la vida que, además, como veremos, te abre muchas puertas más. Y la memoria, como bien ha detectado José María Bea, juega un papel capital.

La Abogacía del Estado no ve procedente que se tenga que posicionar sobre si los avales del Institut Català de Finances (ICF) porque vulneraría los principios de "imparcialidad" y "objectividad" que tienen que regir, remarca, un proceso administrativo. La Abogacía remarca que la causa abierta en el Tribunal de Cuentas, que pide fianzas millonarias a los excargos de la Generalitat por la acción exterior del Govern, se encuentra en una fase previa que tiene "naturaleza administrativa y no jurisdiccional" y que, por lo tanto, la Abogacía tiene que mantener un papel neutral, sin posicionarse sobre si los avales son legales o no. De hecho, en su informe recuerda que el propio tribunal no puede determinar si el decreto aprobado por la Generalitat en el mes de julio es ilegal, sino que solo puede analizar si da cobertura a los avales requeridos.

Avalar a los encausados por el Tribunal de Cuentas por la actividad exterior de la Generalitat fue la primera decisión crítica del nuevo Govern. La determinación de hacerlo a través del Institut Català de Finances (ICF) estuvo rodeada de dimisiones y miedo a las posibles consecuencias judiciales. El temor a la judicialización constante no era infundado. A pesar del aval del Consell de Garanties Estatutàries a la decisión de la Generalitat, la Fiscalía ha puesto en marcha la investigación contra el ICF y, según ha podido saber el ARA, ha citado a declarar a los miembros independientes de la junta de gobierno que participaron en la reunión para conceder los avales.

El Tribunal de Cuentas podría poner en peligro la causa sobre la acción exterior de la Generalitat. Esto es lo que cree el abogado del Estado que ejerció de acusación durante la fase de instrucción del procedimiento, Rafael García Monteys, que prefiere no atender de entrada la petición que planteó la delegada instructora: que informe sobre la legalidad de los avales del Institut Català de Finances (ICF) por valor de 5,4 millones de euros. Tal como avanzó este miércoles el diario Abc, el funcionario ha elevado una consulta a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, para que se pronuncie sobre la conveniencia de resolver las dudas de Esperanza García, que tiene que dar por afianzadas o no las cantidades. El criterio de García Monteys es que si lo hace hay "riesgo de nulidad" de la causa, porque podría verse afectada "la necesaria objetividad e imparcialidad que tiene que regir la función consultiva". ¿El motivo? Que el abogado del Estado estuvo personado durante la instrucción.

El Tribunal de Cuentas ha pedido un informe a la Abogacía del Estado ante las dudas sobre los avales presentados a través del Institut Català de Finances (ICF) para pagar las fianzas por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Según detallan fuentes del ente fiscalizador, la delegada instructora tiene dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales sobre "si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por culpa grave", puesto que el objetivo de la causa es recuperar dinero presuntamente malgastado de la Generalitat y a través de los avales se pretende que sea "la misma administración autonómica perjudicada" la que pague la fianza. En concreto, la delegada instructora ha pedido a la presidencia de la sección de enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

La causa del Tribunal de Cuentas contra el independentismo por la acción exterior de la Generalitat de 2011 a 2017 se ha convertido en una patata caliente en el gobierno español que la Moncloa ahora mismo no tiene muy claro cómo abordar. Parecía que el ministro de Transportes y hombre de confianza de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, abría una vía la semana pasada para, de alguna manera, buscar maneras para suprimir la causa y evitar las fianzas millonarias que pueden recaer de forma inminente sobre ex miembros del Govern como el ex conseller Andreu Mas-Colell o el propio ex vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, cuando se refirió a que se trataba de una "piedra en el camino" y que hacía falta "desempedrarlo", pero el presidente español, Pedro Sánchez, ha enfriado este lunes en una entrevista a la SER desde Barcelona las opciones de encontrar una salida a corto plazo y ha evitado cuestionar este órgano politizado.

La Abogacía del Estado mantiene la incertidumbre sobre el indulto a los presos políticos y no se posiciona sobre si corresponde o no concederlo. En el informe solicitado por el Tribunal Supremo, que ha avanzado El Español y al que ha tenido acceso el ARA, el organismo que depende del ministerio de Justicia argumenta que emitir su criterio sería "anticipar o determinar el sentido de una decisión que corresponde al gobierno español" y opta por no mojarse. "La parte ofendida que emite el informe es la administración general del Estado, de la que forman parte tanto el órgano que tiene que formular la propuesta de indulto –el ministro de Justicia– como el órgano que lo tiene que acordar –el consejo de ministros–", destaca la abogada del Estado Rosa María Seoane, que ejerció la acusación durante el juicio.

Aunque los indultos de los dirigentes independentistas se presentan como uno de los puzles más difíciles de armar, todas las piezas se pueden colocar ya mismo. Los fiscales han dicho que no. Ahora es el turno de la Abogacía del Estado. ¿Qué va a decir? Despejará el camino hacia los indultos. Que la Abogacía del Estado haya conseguido la condena por el delito de sedición en el juicio del procés, ¿es obstáculo para que ahora abra la puerta técnicamente hablando a los indultos? No, dicen fuentes judiciales consultadas. Se trata de un informe de alcance técnico-jurídico sobre la institución, por así decir, del indulto y su jurisprudencia.

Quedan sólo dos días para que empiece la campaña electoral catalana y el Tribunal Supremo ha decidido finalmente mover ficha en un tema que tanto el gobierno español como el PSC no quieren que marque el debate: el posible indulto a los presos políticos. Justo en el momento en que Salvador Illa comparecía por última vez desde la sala de prensa de la Moncloa como ministro de Sanidad, el alto tribunal ha trasladado la petición a la Abogacía del Estado para que se moje sobre la posibilidad de conceder la medida de gracia a los líderes independentistas. A las puertas de Navidad ya se pronunció la Fiscalía, que rechazó del todo el indulto, pero todavía quedaba pendiente que el Supremo pidiera el informe a la Abogacía del Estado y que, a diferencia del ministerio público, recibe órdenes directas del gobierno español. De hecho, se ha especulado que podría pronunciarse a favor de un indulto parcial para que, si lo acaba concediendo el consejo de ministros, Pedro Sánchez no lo haga con todos los informes en contra. Hay que tener en cuenta que el presidente español se despidió del 2020 abriendo la puerta al indulto a los presos. "Hay que superar tiempo nefastos", aseguró.