La causa que vuelve a poner en el punto de mira al independentismo
El Tribunal de Cuentas amenaza con una fianza millonaria contra 41 cargos de la Generalitat
BarcelonaMientras se abre una etapa de diálogo entre la Generalitat y el gobierno español de pronóstico incierto, la represión contra el independentismo no se para. La próxima causa que está a punto de estallar es una del Tribunal de Cuentas que investiga la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. La inclusión del ex conseller Andreu Mas-Colell entre los 41 investigados ha despertado una oleada de solidaridad en la última semana y ha ayudado a popularizar el caso. La primera fecha en rojo de esta causa será el 29 y el 30 de junio. Los abogados de todos los procesados desfilarán por el Tribunal de Cuentas para conocer exactamente de qué se acusa a sus clientes y sabrán lo más importante: la fianza que tendrán que pagar, que se prevé millonaria. Los investigados, desde los ex presidents Mas y Puigdemont hasta ex consellers como Junqueras y Romeva, delegados en el exterior y altos cargos diversos, se enfrentan a un posible embargo de bienes si no pueden cubrir el dinero.
Todo empieza en diciembre de 2017. A propuesta del PP, el Senado hace el encargo al Tribunal de Cuentas para que investigue la acción exterior de la Generalitat desde 2011 y analice con lupa todos los gastos. El tribunal se pone a trabajar y en abril de 2019 termina un informe de 722 páginas en el que explica que ha analizado 416 millones de euros de gasto de la Generalitat en este ámbito y que ve irregularidades. Los peores temores de los afectados llegan el último Sant Jordi: se les notifica que están siendo investigados y se los cita para el mes de junio.
El informe público no detalla explícitamente qué se considera que se ha malversado, pero da pistas. El tribunal censura por ejemplo que en los viajes al extranjero, aunque sea por finalidades económicas, se hagan declaraciones públicas en defensa del Procés. Uno de los extractos dice así: “El presidente [Mas] inauguró [en junio de 2014] la nueva planta de fraccionamiento de plasma de una empresa [Grifols] en Clayton y en declaraciones a los periodistas dijo que «Si se nos niega el derecho a votar habrá conflicto, conflicto civilizado, en el que todos tendremos que expresarnos con respeto y consideración»”. El Tribunal concluye que estas palabras ponen en cuestión los 75.000 euros que costó el desplazamiento del president y toda la delegación catalana. “Esto es una barbaridad, es un ataque directo a la libertad de expresión”, critica uno de los afectados.
Una fianza incierta
Pero el problema más urgente ahora es otro: la fianza que tendrán que pagar de entrada y que conocerán entre el día 29 y el 30. Rafael Entrena, que es un abogado experto en responsabilidad contable ante el tribunal, avisa: “Estoy harto de decirlo, es imposible anticipar una cifra”. De entre todas las fuentes consultadas por el ARA, los pronósticos van desde los 4 millones hasta los 20 o 25. No es un dato irrelevante, puesto que los investigados se enfrentan a un embargo si no pueden pagar y la Caixa de Solidaritat, como publicó el ARA hace unas semanas, ya ha pagado 14 millones de euros y no tiene una solvencia ilimitada. La queja de todos ellos es que se les imponga una fianza -liquidación en términos jurídicos- cuando todavía ni siquiera se los ha empezado a juzgar. “A esta gente les pueden embargar el patrimonio en cantidades millonarias y que no haya sentencia hasta dentro de cuatro o cinco años”, avisa Entrena. Además, si se los condena, el recurso al Supremo todavía se puede demorar unos años más.
El horizonte es muy incierto, pero hay algún motivo para la esperanza. Por ejemplo, en un caso bastante inédito, una de las consejeras del tribunal, María Dolores Genaro, presentó un voto particular en contra del informe de 700 páginas porque lo considera sesgado y exagerado. “No parece que exista una extralimitación de la acción exterior ejercida por la Generalitat”, concluía. Esto no tiene efectos prácticos inmediatos, pero puede ser una bala para guardar en la recámara de cara a futuros recursos. Además, uno de los ex consellers investigados, Francesc Homs, estudia presentar una querella por prevaricación contra la funcionaria instructora que ha elaborado el documento.
- Ángel Algarra Su departamento ha gestado el informe sobre la acción exterior. Doctor en ciencias económicas y empresariales, hizo carrera en el cuerpo militar de intervención de la Defensa antes de llegar al Tribunal de Cuentas. Propuesto por el PP, su nombramiento como consejero sorprendió y se lo sitúa próximo a José María Aznar.
- Margarita Mariscal de Gante Exministra de Justicia de Aznar, una persona que lo ha tratado la define "de casta y de derechas de toda la vida". "¿Tiene perfil político? Pues claro", afirma otra fuente. "Es el colmo de la politización", añade otra voz. Absolvió a Ana Botella y condenó por el 9-N. Ahora vuelve a ser quien juzgará el 1-O y la acción exterior.
- Dolores Genaro "Muy rigurosa", "Muy profesional", "Tiene criterio" y "Es independiente" son algunos de los calificativos que fuentes consultadas dedican a la autora del voto particular contra el informe sobre la acción exterior de la Generalitat. El texto ya expresa su percepción, pero las valoraciones en privado todavía son más duras, apuntan.
