"Tengo que solicitarle, señor ministro, que comunique al resto de miembros del gobierno ya los responsables de su ministerio mi expresa voluntad de pedir que se deniegue la concesión de mi indulto a la pena de inhabilitación de 12 años, dado que lo que procede es que se me aplique la amnistía". Éste es el mensaje que el secretario general de Junts y exconsejero del 1-O, Jordi Turull, ha enviado por carta al ministro de Justicia, Félix Bolaños, después de que un ciudadano anónimo haya pedido su indulto y el del resto de expresos políticos -Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa- para que se les levante la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Es decir, para que los indulten del todo de forma definitiva.

Jordi Miralda Iñigo (Puig-Reig, 1961), profesor de secundaria jubilado, podría ser quien consiguiera que Oriol Junqueras se presentara a las elecciones. Y también Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva, porque es el impulsor de la nueva petición de indulto que la Fiscalía ve con buenos ojos. Estudió geografía e historia en 1978 porque "estaba a la moda cuando murió Franco", y en 1995 se graduó en sociología porque juntaba sus grandes aficiones: la política y analizar cómo vive la gente, especialmente la del extranjero; ha estado más de siete veces en París, aunque considera que la sociedad es más cohesionada en Copenhague; "lástima del clima", añade en tono de broma.

Cuando Pedro Sánchez le escogió para que ocupara el ministerio de Justicia de su primer gobierno de coalición, Juan Carlos Campo (Osuna, Sevilla, 1961) era reconocido incluso por sus rivales políticos por la experiencia y la solvencia de su carrera anterior como magistrado. Miembros del PP veían en su figura a un ministro moderado. Sin embargo, le acabarían señalando para sacar adelante una de las medidas que la dependencia de las fuerzas independentistas obligó a tomar: la aprobación de los indultos a los presos políticos. Quien les había condenado, el juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena, es su amigo –se refería a él en una entrevista en el 2019 en la que alababa el trabajo de Manolo en el Supremo–. Los indultos fueron prácticamente el único que pudo cumplir como ministro, porque su paso por el gobierno español fue más bien corto: en cuanto se aprobó la medida de gracia, el presidente español le destituyó. Otros 18 días duró en el cargo.

La ley de amnistía pretendía ser un instrumento ágil para acabar con la persecución judicial de muchos cargos y activistas independentistas. Por eso se fijó un plazo de aplicación máximo de dos meses, que evidentemente ya no se ha cumplido en la mayoría de los casos. Los tribunales, empezando por el Supremo y la Audiencia Nacional, retuercen los plazos planteando recursos en Europa y también en el Tribunal Constitucional (TC). Y este último, según fondos jurídicas consultadas por el ARA, no resolverá hasta dentro de seis meses o un año. El próximo martes el tribunal de garantías decidirá la admisión a trámite sobre el primer caso que ha llegado: la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado el Supremo por el caso de un manifestante encausado por desórdenes públicos. Llegarán más, y el PP también se ha sumado con un recurso de inconstitucionalidad registrado este mismo jueves.

Hay que reconocer que en los últimos días Alberto Núñez Feijóo ha animado mucho a la campaña gallega. Lo ha hecho mediante el encuentro de una "alta fuente" del PP con dieciséis periodistas que podían publicar lo que oyeron, pero no desvelar quién lo dijo. En todo caso, la fuente en cuestión reconoció que el PP había estudiado el pasado agosto la propuesta de amnistía, y que había terminado descartándola por inconstitucional en 24 horas. Pero sobre la alternativa de nuevos indultos, dijo que "el indulto es una posibilidad". "Si es legal y hay un compromiso explícito de volver al estado de derecho, podría haberse considerado. Si tienen interés en reconciliarse de verdad, si quieren, hablemos", añadió. Ahora bien, tres días más tarde el propio Feijóo manifestó: "Yo no soy Pedro Sánchez, yo no acepto la amnistía ni la aceptaré”. Y subrayó: "Yo no acepto a los indultos ni los aceptaré". La pregunta es : ¿por qué el líder del PP dejó caer primero que su partido estudió la propuesta de amnistía?¿Por qué valoró la hipótesis de los indultos?Y, finamente, ¿qué hizo que poco después negara radicalmente todo deseo de hacer experimentos políticos ¿en esta materia?

Mientras PSOE y Junts negocian a toda prisa para evitar el fracaso de la ley de amnistía, comienzan a verbalizarse nuevas opciones para esquivar los efectos jurídicos de los numerosos procesos que todavía están abiertos contra el independentismo. Este viernes fue el ministro de Transporte, Óscar Puente, quien abrió la puerta a nuevos indultos. En declaraciones recogidas por Efe, el ministro enfatizó la voluntad del gobierno español de evitar "que haya consecuencias de carácter penal" para las personas que tienen causas vinculadas con el Proceso y aseguró que su ejecutivo está "abierto a soluciones que conduzcan a un final, ya, de ese episodio". "No creo que sea ningún disparate lo que dice [Carles] Campuzano", aseguró Puente haciendo referencia a las declaraciones del conseller de Derechos Sociales, que este jueves apuntó que el gobierno español indultaría a todos aquellos que no acabaran entrando en la amnistía.

La secretaria general de Esquerra Republicana, Marta Rovira, ha explicado que en agosto el diputado del PP Carlos Floriano les propuso "negociar y hablar para construir una mayoría en el Congreso". En una entrevista en SER Catalunya desde Ginebra, Rovira ha explicado que ellos se negaron. "Nosotros les dijimos que gracias, pero que no", ha dicho. La secretaria general del partido ha asegurado que la negativa llegó porque ellos consideran que sólo existía una posible mayoría en el Congreso: "la del bloque democrático". Según Rovira, la oferta de los populares fue a través de la diputada de ERC en el Congreso Teresa Jordà.

A veces los políticos se relajan y dicen lo que de verdad piensan y no lo que la estrategia partidista les obliga a repetir. Eso es lo que parece ocurrirle a Alberto Núñez Feijóo el viernes durante una comida con periodistas. Allí dejó caer tres bombas atómicas que han conmocionado al partido: que estaría dispuesto a conceder un indulto a Carles Puigdemont si se dieran ciertas condiciones (arrepentimiento, renuncia a la vía unilateral, etc.); que estudió durante 24 horas la posibilidad de ofrecer una amnistía a los encausados ​​por el Proceso durante los contactos que el PP mantuvo con Junts para la investidura, y que considera que el juez Manuel García-Castellón lo tendrá muy difícil para demostrar el acusación de terrorismo en el Proceso (cuando él mismo ha afirmado públicamente que en Cataluña hubo terrorismo). Todo ello, tres torpedos que contradicen la línea que han mantenido el PP y el propio Feijóo desde el 23-J, y que ha sumido al partido en una mezcla de estupefacción y malestar.

Con alguna salvedad, conseguir o mantener el gobierno es una máxima básica e irrenunciable para un partido político. Así se explica que, a falta de una semana para la cita en las urnas en Galicia, crucial para el PP, Alberto Núñez Feijóo haya dado marcha atrás sobre un posible indulto a Carles Puigdemont. "Yo no acepto la amnistía ni la aceptaré. Yo no acepto a los indultos ni los aceptaré", ha asegurado en un mitin este lunes en Marín (Pontevedra). Esta vez ya no ha puntualizado que "no se da ninguna condición" para conceder la medida de gracia, tal y como había dicho el domingo, por lo que dejaba la puerta abierta a planteárselo si el expresidente era condenado, mostraba arrepentimiento y renunciaba a la vía unilateral.

Alberto Núñez Feijóo empieza a poner cara de Pablo Casado. Al igual que le ocurrió al anterior presidente del PP, acaba de iniciar una guerra, probablemente sin saberlo, que no podrá ganar. El núcleo del debate es el siguiente: ¿el PP debe estar en contra de los indultos a los políticos catalanes por principio o simplemente porque ahora no se dan las condiciones? Feijóo ha querido situarse en esta segunda opción cuando él mismo, empujado por Isabel Díaz-Ayuso, José María Aznar y la derecha mediática y judicial madrileña, había conducido el grueso del partido hacia la primera. Ninguna persona de las que estos meses se ha manifestado contra la amnistía tenía en mente que, en determinadas circunstancias (perdón, compromiso con el estado de derecho, etc.), el PP podría estar a favor de conceder un indulto a Carlos Puigdemont o cualquier otro líder independentista. Es más, la gente corriente no distingue entre indulto o amnistía. Y tampoco el PP lo había hecho hasta este fin de semana.

Mientras el aparente giro del PP respecto a los indultos ha sacado en tromba al PSOE y Sumar para acusar de mentiroso a Alberto Núñez Feijóo, en el independentismo la reacción ha sido más tímida y ha basculado entre el silencio y la incredulidad. Junts no ha querido pronunciarse ni sobre la supuesta predisposición de Feijóo a otorgar un indulto al expresidente Carles Puigdemont si muestra arrepentimiento y pide perdón, ni sobre las conversaciones que el PP mantuvo con Junts durante las negociaciones para constituir la mesa del Congreso. Unas conversaciones que los populares han vuelto a airear este fin de semana para decir que tardaron "24 horas" en descartar la propuesta de aprobar una ley de amnistía a cambio de hacer presidente a Feijóo.

El 28 de junio de 1996, quince miembros de la ya entonces extinta organización Terra Lliure eran indultados por el gobierno español en uno de los primeros consejos de ministros del nuevo ejecutivo, encabezado por... José María Aznar. La firma de los indultos corrió a cargo de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. Una decisión que el PP prefiere olvidar, aunque desde las filas socialistas insisten en recordárselas cada vez que tienen ocasión. Este mismo miércoles ha sido el presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien lo ha utilizado durante su discurso. "Nada de lo que estamos viviendo es inédito en nuestra democracia, porque todo ya fue hecho antes por gobiernos del PP", empezó a decir mientras defendía la amnistía. "El gobierno del PP indultó a miembros de Terra Lliure, sentenciados por terrorismo. Qué escándalo, señor Feijóo", ironizó el candidato.

El Tribunal Supremo avala los indultos de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La sección quinta del alto tribunal ha inadmitido esta mañana los recursos de Vox y Ciudadanos, los primeros que acabaron su tramitación, por "falta de legitimación". Tras derogar la sedición e incluir el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, existía cierto riesgo de prisión si el Supremo aceptaba los recursos de ambos partidos. El debate de esta mañana, que ha durado menos de dos horas, era una patata caliente que podía impactar de lleno en los contactos entre el gobierno español y el independentismo. Finalmente, nada se mueve y Sánchez y Cuixart continuarán en libertad.

Inevitablemente, amnistía ha sido una de las palabras más nombradas este jueves en el Tribunal Supremo, con motivo del acto solemne de apertura del año judicial. Y no porque estuviera en los discursos, sino en las conversaciones en los pasillos entre jueces, fiscales, vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), políticos y periodistas. En cambio, apenas se ha hablado de indultos, y eso que, según ha podido saber el ARA, el próximo jueves la sala tercera del alto tribunal resolverá si mantiene o revoca la medida de gracia que Pedro Sánchez concedió a los presos políticos. Los primeros recursos en llegar al final de la tramitación son los de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Ambos tienen perdonada hoy en día la pena de cárcel y, en caso de que el Supremo tumbara a los indultos, Manuel Marchena debería estudiar en qué situación quedan los expresidentes de Òmnium y el ANC.

"El acatamiento de la sentencia significa su íntegro cumplimiento", expresaba el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en octubre del 2019 después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés. Con aquella frase, Sánchez cerraba la puerta a la posibilidad de indultar a los líderes independentistas condenados, si bien solo un año después empezaría a tramitar la medida de gracia que sería aprobada, finalmente, en junio del 2021. Aquella decisión llevó de cabeza al ejecutivo español, sobre todo al socio mayoritario de la coalición, el PSOE, que a diferencia de Unidas Podemos siempre se había mostrado reticente –Miquel Iceta aparte–. Además, tenía a la derecha encima exigiendo un compromiso explícito de no indultar los presos.

Miquel Iceta ha dejó caer que, llegado el momento, el indulto podía ser una salida a los líderes del Procés que tenían que ser juzgados en el Tribunal Supremo. Era el 13 de diciembre del 2017, durante la campaña electoral en Catalunya, y faltaba todavía más de un año para el juicio y casi dos para la condena por sedición. Ahora es una incógnita si el expresidente Carles Puigdemont volverá o no a España, pero el ministro de Cultura y Deportes y dirigente del PSC ya se ha manifestado favorablemente a concederle la medida de gracia si opta por seguir el mismo camino que sus ex compañeros en el Govern. Lo ha hecho esta mañana en una entrevista en RAC1, como la otra vez: “Yo creo que tendría que decidir volver y someterse a la justicia. Después, entre todos ser capaces de encontrar soluciones felices, como hemos encontrado con el indulto a los ya condenados por el Supremo”.

Los indultos, a pesar de la alegría que supusieron para los presos y sus familiares, no fueron un plato fácil de digerir. La medida de gracia les permitió salir de la prisión, sí, pero no extinguió ni la sentencia del Supremo, ni las penas de inhabilitación, ni tuvo ningún impacto en las otras causas judiciales del Procés. La sensación que quedó en el independentismo –y también en los mismos indultados– es que la injusticia persistía. Un año después, Esquerra ha decidido hacer un acto para conmemorar la salida de la prisión de los presos políticos y lo ha hecho tanto para reivindicar a los indultados como para reclamar la amnistía y la mesa de diálogo como vías para resolver el conflicto político.

El derecho, como modo de organización social, se basa en dos premisas: certitud e igualdad. Frente a las sociedades que se basan en la arbitrariedad de los poderosos o la fuerza bruta, el derecho ofrece esas dos ventajas esenciales. Permite regirnos a través de normas que son las mismas para todos y que podemos conocer de antemano. Esa objetividad es la que nos da tranquilidad y permite que nos reconozcamos como ciudadanos y ciudadanas.

Sin ninguna cobertura legal e infringiendo las formas que se deben observar en el procedimiento contencioso administrativo, la Sección quinta de la Sala del Contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de reforma planteado por los partidos políticos VOX, Partido Popular y Ciudadanos, cuya única finalidad es la de crear, sin fundamento legal alguno, un conflicto político de imprevisibles e indeseables consecuencias, para desgastar al Gobierno con la ayuda, en este caso, ni más ni menos que del Tribunal Supremo. De momento, de forma insólita y contraria a la normalidad procesal, revoca una decisión de esa misma Sala en la que, con arreglo a derecho, se había rechazado la legitimación de los partidos políticos para impugnar el ejercicio del derecho de gracia.