La misma mañana que su fiel escudera desde principio de legislatura –María Jesús Montero– pasaba el relevo a su sucesor –Carlos Cuerpo–, Pedro Sánchez se reunía con Imanol Pradales para complacer las demandas que hace tiempo le hace el PNB e insuflar un poco de oxígeno a la legislatura a través de avances en el Estatuto de Gernika. "Como saben, el Estatuto sigue sin cumplirse íntegramente. Hay un acuerdo político, y hemos insistido en la necesidad de hacerlo con celeridad", ha verbalizado el lehendakari a la salida. El encuentro, acompañado de una nueva reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Euskadi, llega exactamente dos meses después de la última cita y cumpliendo con la exigencia de celebrarse antes de Semana Santa. En aquella ocasión, a pesar de haber conseguido el traspaso de cinco competencias, Pradales se marchó frustrado con los "incumplimientos" del gobierno español. Pero ahora vuelve a Bilbao "razonablemente satisfecho" después de haber suscrito un "acuerdo político" para la transferencia de siete nuevas materias. Queda pendiente, entre otras cosas, el traspaso de las pensiones. Lo más sustantivo es que se ha abierto la puerta para que el País Vasco pueda participar en la gestión de los aeropuertos "por primera vez en la historia".

Uno de los grandes misterios que se guarda con cerradura y cerrojo en el ministerio de Hacienda es el de la población ajustada. Es la gran herramienta para determinar lo que le corresponde a cada autonomía con el modelo de financiación, pero calcularla se convierte en todo un galimatías. Las personas tienen un valor u otro en función de su edad, de si viven en un pueblo o en una ciudad, de si están en paro o de si viven en una isla –entre otras–. Hay autonomías que salen más beneficiadas gracias a la población ajustada, como Extremadura, La Rioja y Cantabria, y otras a las que les saldría mucho mejor si se utilizara la población real, como Cataluña. Por eso cada vez que se presenta una propuesta de modelo de financiación se abre un baile de cifras, en función de lo que se esté intentando comparar. A continuación hacemos un repaso a las principales cifras antes de la reunión este miércoles de los consejeros de Economía autonómicos con la ministra de Hacienda.

Uno de los triunfos que ERC ha exhibido desde que gobierna la Generalitat es haber abierto una mesa de negociación con el Estado de la que reivindica haber recogido principalmente dos frutos: los indultos y la supresión del delito de sedición. El siguiente paso, según había explicado varias veces el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pasaba por poner sobre la mesa del gobierno español un referéndum de autodeterminación, ahora que se había superado la pantalla de la amnistía. Sin embargo, el 12-M deja estos planes truncados a corto plazo porque de los resultados que salgan de las urnas dependerá la continuidad de la mesa de diálogo. De hecho, la reunión que habían pactado Aragonés y el presidente español, Pedro Sánchez, para celebrar antes del mes de abril se ha "suspendido" hasta que pase el ciclo electoral, según han explicado Esquerra y el PSOE en un comunicado conjunto. "Ambos actores implicados apuestan por el diálogo y la negociación continuos como forma para encontrar una solución política", añaden en un comunicado que firman los partidos, pese a referirse a la mesa entre gobiernos.

Los periodistas ya sabemos que cuando hay unas negociaciones delicadas en marcha, los partidos suelen decretar un blackout informativo que nos deja a oscuras. Lo que ocurre es que a veces este apagón es tan evidente que puede afectar al derecho a la información. Es lo que ha pasado este martes con el acto de Sánchez y Díaz, donde no se ha dejado hacer preguntas, y en la rueda de prensa de la Moncloa, donde la portavoz, Isabel Rodríguez, ha tenido que asumir las críticas de los periodistas para dar sólo cuatro turnos de intervención cuando había muchas más peticiones.

Martes, miércoles y jueves. JxCat ha cargado a diario contra la estrategia de diálogo de ERC con el Estado y ha denunciado la poca información que considera que le está trasladando su socio de Govern. El último en sumarse a las críticas ha sido el vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, quien ha lamentado no haber sido informado previamente de la reunión entre Pere Aragonès y Pedro Sánchez, que fue anunciada este martes tras el encuentro en la Moncloa entre la consellera y el ministro de Presidencia. "Pediré las pertinentes explicaciones al president de la Generalitat sobre esta reunión", avanzó este jueves Puigneró, que todavía no sabe ni "cuándo" se hará la reunión ni tampoco "cuál será el orden del día".

Entre el acuerdo de coalición del PSOE y Podemos, los pactos para investir a Pedro Sánchez y las promesas verbalizadas por el propio presidente español en el discurso de investidura y en otras muchas conferencias, el estado español se ha comprometido a implementar 1.463 medidas. Concretamente, 428 provienen del entendimiento entre los socialistas y el partido violeta, 161 de los pactos para facilitar la presidencia de Sánchez, 239 las añadió el líder del ejecutivo español en el discurso de investidura y 1.000 más se han ido precisando a lo largo de la legislatura. A medio mandato, la Moncloa asegura que ha cumplido el 32,8% de estos compromisos, que en el 93,8% del total de medidas ya se está trabajando y que solo 10 compromisos –que no han detallado– han decaído de la agenda del ejecutivo.

La Moncloa evita mojarse de momento sobre el fondo del Govern para pagar las fianzas del Tribunal de Cuentas en la causa por responsabilidad contable contra la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, pero advierte de que si no es legal, lo recurrirá. El presidente del ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha asegurado que su gobierno está estudiando la medida. "Si está sujeta a derecho, nada que objetar. Y si no lo está, pues evidentemente lo tendremos que recurrir", ha afirmado este martes por la tarde en una rueda de prensa celebrada en Tallin.

El callejón sin salida de la investidura, sumado al efecto dominó de la fallida moción de censura en Murcia, que desembocó en la convocatoria por sorpresa de las elecciones anticipadas en Madrid, lo paralizó todo. Hacía más de dos meses que la carpeta catalana estaba encallada en Madrid, más todavía si se tenía en cuenta el compás de espera de la pandemia, pero la proclamación de Pere Aragonès como 132 president de la Generalitat abre la puerta a un verano en que el presidente español, Pedro Sánchez, tendrá que afrontar decisiones clave que ha intentado dilatar al máximo. Sobre la mesa tendrá de manera inminente el informe de los indultos del Tribunal Supremo y el consejo de ministros se tendrá que mojar. También habrá que abrir otra vez el melón de la mesa de diálogo. Al otro lado habrá un ejecutivo dirigido esta vez por ERC, que ha dejado claro -para la tranquilidad de La Moncloa- que no apuesta por la vía unilateral pero que puede bloquear la legislatura en Madrid ahora que la vía de Ciudadanos se ha apagado.

Las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en una entrevista al ARA en la que aseguraba que "en España no hay una situación de plena normalidad democrática" por la existencia de presos políticos y exiliados han llegado a Rusia, en plena polémica por el encarcelamiento del opositor Alexei Navalni. Moscú ha propuesto hurgar en las diferencias en el seno de la coalición de gobierno en España, ya que la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, afirmó que en España "no hay presos políticos; hay políticos presos", y confió en que Navalni pueda hacer campaña en las próximas elecciones catalanas "como están haciendo los líderes independentistas catalanes".

Hace meses que el entorno de Miquel Iceta (Barcelona, 1960) lo notaba desanimado. Después de cuarenta años bregando en los altibajos de la política, el Procés y la carencia de rumbo de un Govern dividido, así como la degradación de las instituciones que a menudo ha atribuido al independentismo, lo habían acercado al agotamiento, pero también a la frustración de no haber conseguido construir una alternativa suficientemente atractiva a los ojos de los catalanes. “El día que detecte que una persona lo puede hacer mejor, lo dejará”, repetía los últimos años un dirigente muy cercano a él. Y así lo ha hecho. Cediendo a Salvador Illa la posibilidad de presidir la Generalitat, el líder del PSC renuncia a uno de sus objetivos personales y, a medio plazo, engrasa todavía más su relevo después de seis años al frente del partido. A cambio, un billete de AVE hacia Madrid para ser ministro, uno de los pocos papeles que, a pesar de aparecer siempre en las quinielas, todavía tenía pendiente. Denominaciones del cargo aparte (Política Territorial y Función Pública), su cartera será la catalana, y su objetivo, el diálogo. Ahora ya oficialmente al otro lado de la mesa.