La Fiscalía ha pedido a la jueza de Martorell que investiga la muerte del fundador de Mango, Isak Andic, que ordene una reconstrucción de su caída. Esto quiere decir que el ministerio público quiere que el hijo del empresario y único investigado, Jonathan Andic, vuelva a las cuevas de Collbató para aclarar qué pasó, según informa la ACN. La Fiscalía ha pedido varias diligencias de investigación, ahora que la instrucción ya no es secreta, entre las que destaca volver a Collbató con presencia del investigado.

Si la anterior legislatura española (2019-2023) estuvo marcada por las causas judiciales contra el independentismo, la actual se ha convertido en un auténtico campo de minas judicial para el PSOE. El hilo conductor entre ambas fue, además, la amnistía, que Pedro Sánchez se comprometió a aprobar para tener los votos de ERC y Junts para la investidura. Si bien su aplicación, cuando hace dos años que se aprobó, aún no se ha culminado –con más de un centenar de políticos, activistas y cargos públicos con procedimientos pendientes de resolver–, uno de los efectos palpables que ha tenido la medida es el enfado de la derecha política y judicial por la concesión de los socialistas. De hecho, la legislatura comenzó con las protestas constantes ante la sede del PSOE alentadas por la extrema derecha y también por cargos del PP.

Ante la crisis que planea con fuerza sobre el PSOE por el caso Zapatero, el presidente español, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo al expresidente socialista, imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El día que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, Sánchez ha asegurado desde Roma que se ha leído la interlocutoria del juez y se ha informado del sumario a través de los medios y que "se reafirma" en su opinión: "Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. No hay motivos para cambiar esta posición".

Más de dos décadas después, el crimen de Helena Jubany está a las puertas de un juicio. La defensa de la familia de Jubany y la Fiscalía ya presentaron sus escritos en los que acusaban a Santi Laiglesia y pedían penas de 26 años de prisión. Ahora, uno de los pocos pasos que quedan para poner fecha al juicio es que el abogado de Laiglesia presente su escrito de defensa. De momento, sin embargo, el letrado ha pedido más tiempo para presentarlo. ¿El motivo? Está a la espera de un contrainforme de ADN para intentar rebatir las pruebas que incriminan al acusado.

Primeros movimientos de la defensa de Jonathan Andic después que este martes fuera detenido por su presunta relación con la muerte de su padre, Isak Andic, fundador de Mango. El primogénito de los Andic pasó a disposición judicial en los juzgados de Martorell y declaró por primera vez como investigado –ya había declarado otras veces como testigo– por la caída de su padre en diciembre de 2024 haciendo senderismo en Collbató. En esta declaración, Jonathan se limitó a responder con monosílabos las preguntas de su abogado, Cristóbal Martell. Según ha informado Efe y ha podido confirmar el ARA, su defensa pedirá volver a declarar ante la jueza una vez hayan analizado todo el sumario. De momento, no precisan cuándo llegará esta petición.

Había una "trama organizada de ejercicio ilícito de influencias" y una "estructura estable y jerarquizada" que estaba "liderada" por José Luis Rodríguez Zapatero y que tenía la finalidad de obtener "beneficios económicos" a través de la "intermediación y ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros". Esta es la conclusión a la que ha llegado un juez de la Audiencia Nacional para imputar al expresidente español por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, y para citarlo el día 2 de junio en el marco del caso Plus Ultra. En un auto de 85 páginas, José Luis Calama considera que Zapatero "habría puesto" sus "contactos personales" y su "capacidad de acceso" a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en "obtener decisiones favorables". Bajo la lupa, hay posibles cobros de comisiones ilegales a cambio del rescate de 53 millones de euros que el gobierno español dio a la compañía aérea Plus Ultra en marzo de 2021 y supuestas maniobras para blanquear dinero procedente de Venezuela. El juez calcula que Zapatero habría recibido 1,9 millones de euros en comisiones a través de tres empresas: un millón y medio directamente a él y 400.000 euros a What The Fav, la empresa de marketing de sus hijas.

Un hombre de 47 años se expone a 15 años de prisión por presuntamente agredir sexualmente a una niña de 13 años en Vilanova i la Geltrú. El hombre era consciente de que tenía el VIH y el virus de la hepatitis C y de que podía transmitírselos a la niña, y en el juicio ha pedido que le absuelvan asegurando que creía que la víctima tenía "como mínimo" 18 años. La menor se suicidó ocho meses después de la violación, y en el juicio se ha utilizado como prueba su declaración que se grabó mientras se investigaba el caso. La acusación de la Fiscalía ha apuntado como agravante que era una víctima vulnerable porque tenía un trastorno del espectro autista.

Un 15% de las plazas de juez y magistrado en Cataluña están vacías. De las 871 plazas, 132 no están asignadas al margen de otras circunstancias como bajas médicas o permisos. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido este miércoles al ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que convoquen urgentemente oposiciones extraordinarias, más allá de las 120 plazas anuales de media que suelen ofrecerse para todo el Estado. Ante los anuncios políticos para crear más plazas judiciales –91 para Cataluña este año– la presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha reclamado que lo que hace falta es que haya más jueces para ocupar estos puestos: "Si no, tendremos sillas, pero no suficientes jueces para llenarlas".

Durante el último año ha llegado a los juzgados una nueva especialización, centrada en investigar los delitos en los que las víctimas son niños o adolescentes. Esto ha planteado varias dudas sobre los límites de sus competencias, y todavía es motivo de discrepancia entre la judicatura y la Fiscalía. La ley que diseñó esta especialidad no concretaba, por ejemplo, si las agresiones sexuales a niñas deben recaer en estos nuevos tribunales o bien en los de violencia sobre la mujer, a los que la misma reforma judicial adjudicaba la competencia sobre todos los delitos sexuales. La reforma tampoco estipulaba quién debe hacerse cargo de las agresiones sexuales a niñas que se denuncian años después, cuando las víctimas son ya adultas, como plantea ahora una magistrada de Barcelona en un auto al que ha tenido acceso el ARA.

Hace unas semanas, el ministerio de Justicia anunció una ampliación "histórica" ​​de la plantilla de jueces para crear este año 500 plazas nuevas en todo el Estado, de las cuales 91 en Cataluña. Sin embargo, quedaba pendiente concretar cómo se distribuirían estos nuevos sitios. La propuesta inicial del gobierno español no acabó de hacer el peso ni en el departamento de Justicia ni en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ahora han presentado idénticas enmiendas. "Auguramos que estas propuestas serán atendidas por el ministerio", ha valorado el consejero de Justicia, Ramon Espadaler.

La Fiscalía espera que la mayoría de las víctimas de la macroestafa inmobilaria con más de un centenar de afectados puedan recuperar su casa. El lunes, los 17 implicados en el engaño aceptaron condenas que van hasta los cuatro años y siete meses de cárcel –las más altas, para un abogado y un notario– y durante la próxima semana se dirimirá cómo se resuelven las responsabilidades civiles del caso. En los casos en que las víctimas no puedan recuperar sus inmuebles, la Fiscalía ha pedido que se les indemnice con el valor actual de los pisos.

"El conocimiento, sin contactos, se queda en el aula". De esta forma presenta Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias el Pequeño Nicolás, su enésima peripecia: un curso online en el que ofrece a sus acólitos formación para convertirse en él. Bajo el título de Mr. Presidente, en este "programa de entrenamiento" Francisco Nicolás promete enseñarles a manipular "los hilos invisibles" del poder que se mueve en la tribuna del Bernabéu, en cenas privadas con las élites y en consejos de administración de grandes empresas. Y todo por el precio de 600 euros –560 para quienes le reservasen antes de que empezara, el 19 de enero–. Impuestos incluidos.

El juez del caso Montoro da un paso más en la investigación. El titular de la plaza número 2 del tribunal de instancia de Tarragona, que instruye a la presunta trama de favores fiscales a empresas desde el ministerio de Hacienda a cambio de beneficios económicos, ha reclamado toda una serie de documentación al exministro del PP ya las empresas bajo la lupa. En un auto con el que también prorroga la instrucción otros seis meses, el juez Rubén Rus accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la policía judicial toda una serie de información, entre la que se encuentran las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, como el propio Montoro.

La paciente del hospital de Bellvitge con un trastorno de anorexia que denunció a un celador por abusar de ella se ha ratificado con los diversos episodios de agresiones sexuales que asegura que sufrió. Lo ha hecho este lunes, durante la primera y última sesión del juicio que se celebró en la Audiencia de Barcelona. A su vez, el celador, sentado en el banquillo, negó los hechos y dijo que nunca llegó a tener contacto físico con la paciente, ingresada en la unidad de trastornos de conducta alimentaria (TCA) de Bellvitge, un centro del Instituto Catalán de la Salud (ICS) de la Generalitat de Cataluña. Al término del juicio, la Fiscalía ha pedido una condena de nueve años de cárcel para el trabajador, una petición que la acusación particular, que representa a la denunciante, ha elevado a diez. A su vez, la defensa del acusado ha pedido su absolución. El representante del ICS también ha negado su culpabilidad.

El ministerio de Justicia ha anunciado este lunes que creará este año 500 plazas nuevas de juez en el Estado, de las que 91 estarán en Catalunya. Así, el incremento de plazas en toda España será de un 8,5% de media, y en Catalunya del 10,5%: de 870 jueces y magistrados se pasará a 960. El ministerio ha explicado que se trata de "la mayor ampliación de la planta judicial de la historia". En cuanto al impacto en Catalunya, el consejero de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado que la medida "pone fin al déficit histórico de carencia de plazas" y nivela la cifra catalana en la media estatal de jueces por habitante. Para ilustrar lo que supone este anuncio, Espadaler ha recordado que en los últimos 10 años se habían creado 65 plazas judiciales en Cataluña.

El jefe de oncología de laHospital Vall d'Hebron de Barcelona, ​​Josep Tabernero, se ha desvinculado este jueves de la creación de las sociedades que el empresario químico y mecenas Pere Mir tejió en Panamá antes de su muerte, en el 2017. El especialista ha declarado como investigado en el juzgado que instruye la causa por administración desleal y apropiación indebida y que ha asegurado que se quedó con la casa "la última voluntad de Mir". También ha remarcado que el mecenas expresó verbalmente esta decisión y que el dinero que percibió corresponde a los impuestos que tuvo que pagar por hacer efectiva esta donación.

Miembros de la plana mayor de Junts per Catalunya han desfilado este miércoles por la Ciudad de la Justicia. La cita estaba relacionada directamente con un caso que sacudió el partido hace cinco años: la formación suspendió de militancia a su diputado Eduard Pujol por dos supuestos casos de acoso sexual que afloraron. Ninguna de las dos mujeres acabó interponiendo una denuncia formal y Pujol respondió denunciándolas a ellas. Con el paso de los meses, el partido le restituyó y ahora Pujol es senador de los junteros. En paralelo, una de sus acusadoras, concejala de la formación, le pidió perdón y la causa judicial no fue a más. El caso de la segunda denunciante sí ha llegado a juicio, y ha comenzado en la Ciudad de la Justicia. La mujer está acusada de injurias y acoso y este miércoles ha declarado, junto al propio Pujol y algunos miembros destacados de Junts como Albert Batet o Jordi Sànchez.

Daniel Escribano (Palma, 1978) es doctor en sociología y traductor. Ha publicado Juicios políticos bajo la democracia militante española (Documenta Balear), en la que analiza cuatro procesos judiciales: la condena al senador de Batasuna Miguel Castells por señalar al gobierno por la guerra sucia contra ETA, el caso del asedio al Parlament en el 2011, la causa contra Valtónic y la represión judicial al Proceso.

Era un martes de febrero de 2007 y unos clientes entraron en la zapatería Acín de Sabadell. Vieron que todo estaba revuelto. En el suelo estaba extendida la dependienta ensangrentada. Estaba muerta. Dieciocho años después, los Mossos están más cerca de resolver el crimen. La Unidad Central de Homicidios, encargada de los asesinatos más difíciles de resolver, nunca ha dejado de investigar el caso y ha acabado encontrando pruebas contra un fontanero de 78 años. Este miércoles el hombre compareció ante el juzgado de instrucción número 5 de Sabadell, quedando en libertad con cargos –la edad fue importante a la hora de tomar la decisión–, pero se le retiró el pasaporte y deberá presentarse cada semana en el juzgado. Se lo investiga por un delito de asesinato con alevosía.

Bibiana Palomar lleva años moviéndose entre papeles. Antes entre cajas y archivadores, ahora más a menudo frente a pantallas. Lidera un equipo que se encarga de un trabajo imprescindible, pero poco conocido, del ámbito judicial: adecentar la multitud de documentos que genera la administración de justicia, no sólo papeles, sino también los efectos judiciales que se utilizan como prueba en un juicio.