Después de 20 meses de espera, Noelia Castillo ha recibido este jueves por la tarde la eutanasia. Su padre y el grupo ultracatolico Abogados Cristianos han intentado hasta el último momento impedirla con un recurso que ha llevado a los juzgados la batalla ideológica contra el derecho a una muerte digna. Hoy mismo un auto les repetía que la justicia no detendría la eutanasia de la chica. Pero incluso cuando ya no tenían ninguna opción en la vía judicial, su presión ha continuado con una convocatoria a las puertas del centro sanitario donde estaba ingresada, donde una veintena de personas gritaban su nombre en el mismo momento que estaba previsto que se prestara la muerte digna. La protesta ha obligado a desplegar un dispositivo policial en el Hospital Residència Sant Camil de Sant Pere de Ribes, un centro ahora público que inauguró en 1975 la orden religiosa de los Camilos y que hoy ha sido el escenario de esta disputa contra la eutanasia en nombre de la religión.

Un hombre de 42 años y una mujer de 43 están en prisión provisional desde el pasado viernes acusados ​​de los delitos de malos tratos habituales, lesiones muy graves y agresión sexual a su hijo, un niño de poco más de un mes de vida, que ha quedado bajo la tutela de la Generalitat. La pareja fue detenida el pasado miércoles, 18 de marzo, y el pasado viernes pasó a disposición del juzgado de violencia contra la infancia y la adolescencia de Barcelona. El magistrado les envió a prisión provisional sin fianza, según explicó este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Durante el último año ha llegado a los juzgados una nueva especialización, centrada en investigar los delitos en los que las víctimas son niños o adolescentes. Esto ha planteado varias dudas sobre los límites de sus competencias, y todavía es motivo de discrepancia entre la judicatura y la Fiscalía. La ley que diseñó esta especialidad no concretaba, por ejemplo, si las agresiones sexuales a niñas deben recaer en estos nuevos tribunales o bien en los de violencia sobre la mujer, a los que la misma reforma judicial adjudicaba la competencia sobre todos los delitos sexuales. La reforma tampoco estipulaba quién debe hacerse cargo de las agresiones sexuales a niñas que se denuncian años después, cuando las víctimas son ya adultas, como plantea ahora una magistrada de Barcelona en un auto al que ha tenido acceso el ARA.

Hace unas semanas, el ministerio de Justicia anunció una ampliación "histórica" ​​de la plantilla de jueces para crear este año 500 plazas nuevas en todo el Estado, de las cuales 91 en Cataluña. Sin embargo, quedaba pendiente concretar cómo se distribuirían estos nuevos sitios. La propuesta inicial del gobierno español no acabó de hacer el peso ni en el departamento de Justicia ni en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ahora han presentado idénticas enmiendas. "Auguramos que estas propuestas serán atendidas por el ministerio", ha valorado el consejero de Justicia, Ramon Espadaler.

El conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha defendido este jueves que la propuesta del Govern para las cuentas de 2026 serán "los presupuestos de la descongestión" de los juzgados. El conseller presentó en comisión parlamentaria las cuentas para su departamento y aseguró que ayudarán a reducir el tiempo de espera a la justicia "para que la ciudadanía note que el sistema funciona mejor". La propuesta del Govern, que se enfrentará a la enmienda a la totalidad de ERC, presupuesta 1.392 millones de euros para Justicia de los 49.162 millones de euros para toda la Generalitat, 254,2 millones de euros más (22,3%) de lo que disponía en las últimas cuentas aprobadas en el año 2023. justicia", ha defendido el conseller.

La periodista Mar Bermúdez (Barcelona, 1998) va denunciar a su jefe en El Principal, el exdirector de Catalunya Ràdio Saül Gordillo, en diciembre de 2022 por una agresión sexual. Un caso que acabaría en condena dos años más tarde. Y en 2025 Gordillo acordó una pena de un año y medio de prisión por la agresión sexual a una segunda trabajadora del medio que dirigía en 2022, El Principal. Mar Bermúdez relata la experiencia vivida en Los pecados de una feminista: el despertar de un me too periodístico (Ara Llibres), un libro que narra, desde una óptica feminista y con una estructura basada en los pecados capitales, lo que supone denunciar a una persona poderosa con amigos influyentes.

El ministerio de Justicia ha anunciado este lunes que creará este año 500 plazas nuevas de juez en el Estado, de las que 91 estarán en Catalunya. Así, el incremento de plazas en toda España será de un 8,5% de media, y en Catalunya del 10,5%: de 870 jueces y magistrados se pasará a 960. El ministerio ha explicado que se trata de "la mayor ampliación de la planta judicial de la historia". En cuanto al impacto en Catalunya, el consejero de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado que la medida "pone fin al déficit histórico de carencia de plazas" y nivela la cifra catalana en la media estatal de jueces por habitante. Para ilustrar lo que supone este anuncio, Espadaler ha recordado que en los últimos 10 años se habían creado 65 plazas judiciales en Cataluña.

El jefe de oncología de laHospital Vall d'Hebron de Barcelona, ​​Josep Tabernero, se ha desvinculado este jueves de la creación de las sociedades que el empresario químico y mecenas Pere Mir tejió en Panamá antes de su muerte, en el 2017. El especialista ha declarado como investigado en el juzgado que instruye la causa por administración desleal y apropiación indebida y que ha asegurado que se quedó con la casa "la última voluntad de Mir". También ha remarcado que el mecenas expresó verbalmente esta decisión y que el dinero que percibió corresponde a los impuestos que tuvo que pagar por hacer efectiva esta donación.

Los pagos en metálico son un quebradero de cabeza para el PSOE. La justicia no les ve suficientemente justificados y dispone de indicios de que le han empujado a investigar presuntas comisiones ilegales en el marco del caso Koldo-Ábalos-Cerdán, pero también las finanzas del partido. La apertura el pasado miércoles de una nueva pieza secreta por parte del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno para investigar la caja financiera de los socialistas ha sido sólo un paso más. Las explicaciones del PSOE no convencen de momento a la justicia, que examinará toda la documentación de la formación sobre pagos en efectivo a cargos, militantes y simpatizantes entre el 2017 y el 2024. Pero el PSOE mantiene que no hay ninguna irregularidad. El presidente español, Pedro Sánchez, incluso reconoció haber recibido algún pago en efectivo.

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los dos mossos d'esquadra acusados ​​de colaborar con una trama de narcotraficantes para colocar droga y armas en el coche de un estibador del puerto de Barcelona, ​​Carlos L. La Fiscalía pedía para los dos agentes 18 años y 9 meses de cárcel, pero el tribunal les exculpa porque no considera suficientemente acreditado que participaran en la colocación de la droga y, además, anula las escuchas que los mismos jueces consideran que no existían "indicios suficientes" para tomar estas medidas y que las sospechas sobre su implicación en la trama tenían un "pobre bagaje indiciario".

Es habitual que, en los comentarios de las noticias sobre sucesos del ARA, varios lectores pidan conocer la nacionalidad o el origen de la persona que ha quedado detenida por la policía. Es sólo un ejemplo que evidencia cómo una cuestión ha irrumpido en el debate público, a menudo haciéndose fuerte en la esfera política de la mano de algunas formaciones: la vinculación de las personas recién llegadas con una mayor propensión de comisión de delitos. Los Mossos d'Esquadra no hacen pública la nacionalidad de los arrestados, ya que el origen no se considera un factor a la hora de delinquir, pero la policía catalana ha abierto la puerta a proporcionar más detalles en determinadas tipologías delictivas a partir del próximo año. En estos momentos, los extranjeros son el 18% de los residentes en Catalunya y representan el 52% de la población penitenciaria y más de la mitad de las detenciones policiales. Sin embargo, tanto los portavoces de la policía catalana como los expertos consultados por este diario piden ir más allá de los datos fríos y contextualizarlos teniendo en cuenta los factores que sí son decisivos, como son los socioeconómicos.

Una pareja —ella australiana, él inglés— decide realizar un cambio de vida radical y se instala en Italia, en una casa en el bosque donde viven con lo básico y donde crían sus hijos de forma alternativa a la mayoría. Ahora, la justicia italiana ha decidido retirarles la custodia de los hijos alegando que las criaturas, dos gemelos de 6 años y una niña de 8, no están escolarizadas, carecen de servicios básicos y viven aisladas. Los niños están en un centro de acogida mientras esperan la decisión definitiva de una jueza que decidirá qué es lo mejor para ellas. La familia ha demostrado, con datos del ministerio de Educación italiano, que una maestra sigue su educación en casa y que sus hijos juegan con otros niños y niñas de la zona. Para generar energía tienen placas solares y sacan agua potable de un pozo. Los hijos no presentan ningún signo de maltrato. No tienen móviles ni televisión. No están vacunados. Cada uno puede opinar, pero ¿qué se está juzgando exactamente?

Este jueves el departamento de Justicia ha hecho públicos por primera vez los datos que permiten realizar una radiografía de las contenciones mecánicas por motivos disciplinarios en las prisiones. Han sido 313 en los diez primeros meses del año. Estas inmovilizaciones se realizan ocho veces más a los internos en régimen cerrado o de aislamiento que a los que pueden salir puntualmente de la cárcel con permisos o están en semilibertad, con un ratio de 9,16 por cada 100 internos en el primer caso y de 1,21 en el segundo. En proporción, también afectan más a los presos menores de 25 años: entre los jóvenes, el ratio de inmovilizaciones por cada 100 internos es de 3,74, mientras que entre los adultos es de 1,28.

Bibiana Palomar lleva años moviéndose entre papeles. Antes entre cajas y archivadores, ahora más a menudo frente a pantallas. Lidera un equipo que se encarga de un trabajo imprescindible, pero poco conocido, del ámbito judicial: adecentar la multitud de documentos que genera la administración de justicia, no sólo papeles, sino también los efectos judiciales que se utilizan como prueba en un juicio.

Las transcripciones de las conversaciones de víctimas mortales de la dana en el País Valenciano están poniendo cada vez más luz en las dimensiones de la catástrofe que sucedió hace un año en pleno desbarajuste del operativo de emergencias, condicionado por una convocatoria del Cecopio muy tardía, según reconoce la propia juez instructora, Nuria Ruiz Tobarra; y por la larga sobremesa del presidente Carlos Mazón. La magistrada ha incorporado al sumario las conversaciones escalofriantes de dos personas que acabaron muriendo en Utiel y Picanya. Los testigos confirman que 37 usuarios del servicio que prestan la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia mediante una empresa concesionaria murieron pese a pedir auxilio.

El Tribunal Supremo resolverá el debate de fondo tras los distintos procedimientos judiciales en los que un familiar intenta detener la eutanasia de un adulto que ya cuenta con aval médico. En todos los casos que han llegado a los tribunales se ha puesto sobre la mesa una pregunta que no se previó con la ley de eutanasia del 2021: ¿la familia de una persona adulta que ha pedido la eutanasia está legitimada para impedirla a los tribunales?

Culpable. El jurado popular ha declarado al acusado de matar a su pareja en Campdevànol culpable de asesinato, agresión sexual y maltrato habitual. El veredicto se proclamó por unanimidad y descarta que Albert Pinto Pérez tuviera las capacidades "anuladas o gravemente afectadas" por el consumo de drogas a la hora de perpetrar el crimen. Tampoco aprecia ninguna de las circunstancias atenuantes que pedía la defensa del procesado y concluye que fue un asesinato con alevosía y ensañamiento y agravantes de género y parentesco, al tiempo que se niega a que se le aplique cualquier medida de gracia. El fiscal y la acusación particular piden que le condenen a prisión permanente revisable por el asesinato ya otros dieciocho años por los otros dos delitos. La mujer asesinada se llamaba Anna y tenía 21 años.

El Club de Mar de Sitges se ha vaciado este martes a contrarreloj después de que el Estado pidiera el desahucio de la entidad y éste finalmente haya sido avalado por los tribunales. Se trata del desenlace de un litigio que el club de Sitges mantiene con el ministerio de Transición Ecológica (MITECO) desde hace meses para intentar evitar que se derribe el espacio. Finalmente, la entidad debe cumplir con la notificación que recibieron el pasado jueves, 16 de octubre, y dejarlo.

El incremento continuado de personas que están encarceladas en Catalunya ha llevado al Govern a decidir ampliar las plazas en las cárceles para evitar que acaben masificadas. En concreto, construirá dos módulos nuevos dentro del perímetro actual de la cárcel de Mas de Enric, en El Catllar (Tarragonès), que en total podrán acoger a otros 256 presos. Los nuevos edificios serán para hombres y se construirán donde ahora existe un campo de fútbol en desuso, porque los internos ya utilizan las instalaciones polideportivas de cada módulo.

Los nazarenos, vestidos con túnicas y capirotes, son los acompañantes de los pasos de una procesión durante la Semana Santa. Pero también es el nombre que recibe una de las estafas más antiguas y existen varias teorías que lo explican. La estafa del nazareno consiste en un falso empresario que acude a una compañía y realiza pedidos de un producto que tiene salida al mercado. Aunque nunca llega a pagar el pedido, sí acaba vendiendo la mercancía. Algunas teorías dicen que, como después la empresa estafadora recibe una procesión de acreedores, se acabó optando por el nombre de nazareno. Otros aportan que, como la estafa se da por pasos (como los de Semana Santa), el nombre acaba viniendo de aquí. Sea como fuere, sigue siendo una estafa frecuente y lo demuestra un caso reciente: una cooperativa de Alicante, dedicada a la producción de fruta, ha perdido medio millón de euros en nísperos.