A la espera de que el TC se pronuncie sobre el marco legal lingüístico educativo (mayo-junio de 2022), hemos conocido la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de no admitir la demanda de un grupo de padres de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC; octubre de 2023) que obligaba a un grupo-clase a recibir una asignatura troncal adicional en castellano por la petición de la familia de una alumna.No se trataba de un hecho aislado: había veintidós centros en las mismas circunstancias. La fecha de la sentencia, sin embargo, es relevante. Es posterior a la decisión del mismo TSJC (julio de 2022), que suspendió la ejecución de una sentencia de diciembre de 2020 que ya no afectaba a un solo centro, sino que imponía el 25% de castellano a todo el sistema educativo a raíz de la impugnación de las normas de matrícula del curso 2015-2016. El TSJC tuvo que reconocer a regañadientes que el parámetro utilizado para compeler el 25% era incompatible con el nuevo marco legal, que fijaba el carácter vehicular del catalán y la curricularidad del castellano. Aun así, al no estar de acuerdo, lo llevó al TC, igual que el PP.El caso de la escuela de Canet y de otros se explica, así pues, por la terquedad —y la argucia— de algunos órganos judiciales de continuar cuestionando el modelo lingüístico en este compás de espera. Lo han hecho por la vía de perpetuar la guerra de guerrillas en algunos centros, con el pretexto de que las nuevas leyes no afectaban decisiones judiciales tomadas anteriormente de manera cautelar. En este contexto, aunque se puede controvertir sobre la oportunidad de la decisión, los padres del Turó del Drac presentaron recurso al Supremo y al Constitucional. Una vez inadmitidos, sin entrar en el fondo, acudieron al TEDH, que, a través de una decisión, también lo inadmitió. La decisión fue tomada por un comité de la sección 5ª, órgano que acostumbra a resolver este tipo de incidentes si se considera que las demandas son manifiestamente infundadas o que plantean cuestiones ya resueltas por la jurisprudencia. Cabe suponer que, en esta determinación, ha tenido mucho que ver uno de los tres integrantes del comité: la española María Elósegui, nombrada en 2018 a partir de una terna propuesta por el PP, de perfil muy conservador y con derecho a actuar como jueza "nacional" por ser un caso seguido contra España.

Òmnium hace tiempo que decidió no quedarse de brazos cruzados ante la pretensión de los tribunales españoles de acabar con el modelo de escuela catalana.

El 18 de junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos inadmitió el recurso presentado por una serie de familias contra la sentencia del TSJC que obligaba a una escuela de Canet a impartir el 25% de la docencia en castellano en una clase de P5. Según el Tribunal, el recurso no está bien fundamentado; alguien debería haber explicado a las familias que alegar la violación del Convenio Europeo de Derechos Humanos a propósito de este asunto no tenía recorrido alguno.Que la inadmisión fuera tan previsible no quita que la argumentación del Tribunal sea del todo inadmisible. (Ningún juez serio puede afirmar, por ejemplo, que en Cataluña el castellano esté "prohibido" como lengua de instrucción.) Pero más allá de estas constataciones triviales, se impone una reflexión más de fondo.La primera cosa que hay que decir es que en términos comparativos el modelo catalán es difícil de entender. En Europa no hay ningún otro caso en que la enseñanza inmersiva en una lengua regional o minoritaria sea obligatoria para todos los alumnos del territorio relevante. En Gales y en Escocia, hay enseñanza inmersiva en galés y en gaélico respectivamente, pero no es obligatoria. En el País Vasco y en Navarra, también hay enseñanza inmersiva en euskera, pero tampoco es obligatoria. Etcétera.Aparte de los reproches judiciales conocidos, la enseñanza inmersiva obligatoria en catalán también ha sido criticada porque "castellaniza" a los alumnos catalanohablantes, en la medida en que (por razones demográficas y sociales) el castellano ha devenido de facto la lengua de uso corriente en la mayoría de centros educativos. Hay un partido político (Alhora) que profesa esta creencia y aboga por dos redes educativas a escoger: una red inmersiva con el 100% en catalán y una red no inmersiva con el catalán y el castellano como lenguas vehiculares.

1. La decisión del TEDH con relación a la presencia de la lengua catalana en el sistema educativo ha sido, probablemente, el golpe más duro que ha recibido esta cuestión desde la sentencia del TC contra el Estatuto de 2006.

El mismo día que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalaba el 25% de castellano en las aulas, Barcelona reunía a los principales expertos en diversidad lingüística en un foro internacional organizado por Linguapax y financiado, justamente, con fondos de la Unión Europea. Una de las ponentes era la sociolingüista galesa Elin Haf Gruffydd Jones, presidenta de la Red Europea para la Igualdad Lingüística (ELEN) y directora del Centro de Estudios Galeses y Célticos, que conoce a fondo el caso catalán –y, además, también lo habla.

Supongo que están al tanto de la noticia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha desestimado la demanda de los padres de la escuela de Canet de Mar contra la sentencia que obligaba a impartir el 25% de las clases en castellano.

El catalán no progresa adecuadamente en Europa. Aparcada su pretendida oficialidad en las instituciones, una de las condiciones que ERC, y sobre todo Junts, pusieron a Pedro Sánchez para investirle presidente, ahora llega el contundente argumentario del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avalando la obligación del 25% de castellano en la escuela defendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Jarrón de agua fría de Estrasburgo contra el catalán. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado la demanda presentada por Òmnium Cultural contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en Cataluña. "Prohibir el uso del castellano como lengua de instrucción privaría a los ciudadanos españoles de su derecho a ser educados en la lengua nacional", concluye la decisión publicada este jueves por la corte europea.

Desde el 11 de marzo hay abierto un proceso de selección para elegir al próximo juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una convocatoria que ha abierto una nueva pugna entre la judicatura y el gobierno español, hay una veintena de aspirantes y ya se han empezado a hacer las entrevistas. Entre los que se han presentado en esta convocatoria, según diversas fuentes consultadas por el ARA, está el jurista catalán Jordi Nieva-Fenoll (Barcelona, 1970). Este conocido catedrático de derecho procesal en Cataluña junto con el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Hugo Preciado (que ha impugnado el procedimiento en la Audiencia Nacional), son los dos catalanes de los que este diario tiene constancia que están entre los 28 aspirantes que han presentado credenciales para llegar a Estrasburgo. Una lista que ahora mismo no es pública.

La elección de magistrados para ocupar puestos relevantes de la judicatura siempre está asociada a la batalla política o, como mínimo, al tira y afloja entre conservadores y progresistas. La composición del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo acostumbra a ocupar primeras planas de la prensa, mientras que la elección para estar en instancias internacionales suele pasar a un segundo plano. Ahora no es el caso: hay abierta una batalla por el proceso de selección del juez español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A la actual, la conservadora María Elósegui, se le acaba el mandato en marzo de 2027 y el proceso que ha puesto en marcha el gobierno español ha generado controversia entre los candidatos: lo ha impugnado un vocal del CGPJ propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado, y, según fuentes jurídicas consultadas por este diario, no ha sido el único, ya que otros aspirantes también lo han hecho o han verbalizado su intención de hacerlo.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha dictado una sentencia que da la razón a la justicia española por restringir los derechos políticos de Jordi Sánchez, Jordi Turull y Oriol Junqueras por su encarcelamiento por el referendo del 1-O y durante las elecciones de diciembre del 2017. La decisión del tribunal de Estrasburgo, 9 juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena violara varios artículos de la Convención Europea de los Derechos Humanos y sus protocolos, y coincide con el Tribunal Constitucional español en que le avaló para apreciar la concurrencia de indicios razonables de delitos graves. Y eso que, como dijo el Comité de Derechos Humanos de la ONU, los dirigentes habían llamado a los ciudadanos para manifestarse pacíficamente y los actos violentos aislados no se les podían atribuir.

Hasta ahora el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha ido tumbando todos los recursos del independentismo que han llegado. Este jueves no ha sido una excepción: Estrasburgo ha concluido que España no violó los derechos políticos de Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Turull cuando les impidió ejercer sus derechos como parlamentarios durante su prisión preventiva, cuando fueron elegidos diputados en las elecciones del Parlamento del 2017. a las elecciones libres ni del derecho a su libertad y, por tanto, avala la limitación de derechos que se produjo a raíz de su privación de libertad dictada por el Tribunal Supremo.

Ocho años después de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, las víctimas mantienen el objetivo de que una investigación judicial aclare todo lo que rodea al 17-A. La sentencia de la Audiencia Nacional, que se centró sólo en la explosión en Alcanar el día anterior, obvió la posible relación entre el CNI y el imán de Ripoll, Abdelbaki se-Satty. Sin embargo, en el último año la comisión de investigación en el Congreso sobre el 17-A ha desvelado documentos que revelan que el CNI había intentado captar a Es-Satty. En esta misma comisión, uno de los tres condenados por los atentados, Mohamed Houli, acusó abiertamente al CNI de conocer "las intenciones del imán".

Josep Casadevall (1946, Girona) es abogado andorrano y fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) desde 1995 hasta 2015. En los últimos cuatro años de su carrera en Estrasburgo (2011-2015) llegó a ser vicepresidente del tribunal. Atiende al ARA por hablar de las últimas resoluciones sobre el caso catalán.

Tras el 1-O, y con la marcha de una parte de los dirigentes independentistas en el exilio y el encarcelamiento de la otra, la disputa política se trasladó a los tribunales. Desde entonces, y con un punto quizá de ingenuidad, el movimiento independentista depositó muchas esperanzas en la justicia europea. Y es cierto que se consiguieron victorias importantes, como la negativa de la justicia alemana a entregar Carles Puigdemont a España para que fuera juzgado por rebelión (sí por malversación, que es la causa que tiene pendiente ahora), o la obligación en el Parlamento Europeo de aceptar la condición de eurodiputados del mismo Puigdemont y Toni Com ( se presentó a las elecciones a pesar de estar en prisión). Pero lo cierto es que también ha habido derrotas y, además, las victorias no han servido para cambiar la realidad ni lastatu quo.

La asociación Irídia-Centro por la Defensa de los Derechos Humanos ha presentado este jueves un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el que advierte que ningún tribunal español ha aceptado investigar como torturas la agresión de un vigilante del metro a un adolescente en el año 2022. Hoy por hoy, el vigilante está absuelto del vigilante. Pese a que la escena quedó grabada en vídeo, la magistrada valoró que no había pruebas suficientes y las lesiones que sufría el menor se atribuyeron a una consecuencia de haberle reducido tras ponerse violento, de acuerdo con la versión de la defensa del vigilante.

La sentencia del jueves del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala que el Tribunal Constitucional pueda vetar, en algunos casos, la tramitación de mociones a favor del derecho a la autodeterminación o contra la monarquía ha sido un cubo de agua fría, y habrá tiempo de analizarlo. En este artículo me centro en otra cuestión relativa al TEDH. En el marco de las negociaciones entre Junts per Catalunya y el ejecutivo de Pedro Sánchez en Suiza, el lunes se conoció que el consejo de ministros español aprobaría la adhesión de España al Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH; Tratado No. 214) de forma inmediata. Este protocolo, que entró en vigor en agosto de 2018, introdujo una innovación significativa en el sistema judicial de protección de los derechos humanos en Europa. En concreto, permitir a las altas instancias de los tribunales estatales designadas por los Estados miembros solicitar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una opinión consultiva sobre cuestiones de principio relacionadas con la interpretación o aplicación de los derechos y libertades definidos en el Convenio. Las solicitudes pueden realizarse en el contexto de casos pendientes ante los tribunales domésticos competentes, y el TEDH tiene la facultad de aceptar la solicitud y emitir un dictamen que, formalmente, no es vinculante. Aunque la innovación es significativa, no es comparable con la repercusión del procedimiento de remisión prejudicial del derecho de la Unión Europea (UE) debido a la diferente estructura jurídica del procedimiento del Protocolo núm. 16 en comparación con el procedimiento de referencia prejudicial en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) –la llamada cuestión prejudicial, que sí es vinculante porque el objetivo es garantizar la supremacía del derecho de la UE.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que avala el derecho del Tribunal Constitucional a vetar la tramitación de mociones a favor del derecho a la autodeterminación o contra la monarquía resulta sin duda un cubo de agua fría y un baño de realidad para el independentismo. Es verdad que la decisión del TEDH hace equilibrios entre los derechos de los diputados y el TC, pero también parece que la idea de que la justicia europea acabaría dando la razón al independentismo en todos sus casos contra España ha resultado no ser cierta. No es tan fácil, por tanto, que los jueces europeos desautoricen una decisión del máximo intérprete de la Constitución de un Estado miembro.

Que sea un tribunal que se llama "de Derechos Humanos" lo que establezca que es proporcionado vetar un debate y una votación en sede parlamentaria sobre el derecho a la autodeterminación y la monarquía es lo más parecido a una contradicción. Seguro que, para avalar su sentencia, los jueces europeos han encontrado fundamentos de derecho más sólidos en la Constitución de un estado preexistente y en la jurisprudencia de su máximo órgano interpretador que en las pretensiones de desconexión de un Parlamento regional con disimuladas genes intenciones constituyentes. Pero la paradoja se mantiene: existe el derecho a que la autodeterminación o la monarquía puedan ser votadas por los ciudadanos en un programa electoral pero no que puedan ser votadas por sus representantes, aunque esté a favor una mayoría parlamentaria surgida de las urnas.

Revés para el independentismo, que siempre ha defendido que en el Parlament debe poder hablarse de todo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) avaló este jueves que en la cámara catalana no se pueda discutir sobre autodeterminación: considera que el Tribunal Constitucional (TC) tiene derecho "en circunstancias extremas" a vetar resoluciones que vayan en sentido contrario a la carta magna para proteger la Constitución. Estrasburgo debía decidir este jueves si se había vulnerado la libertad de expresión y los derechos políticos de los diputados a raíz del veto del TC a la tramitación de las propuestas de resolución sobre la autodeterminación y la monarquía en el Parlament en otoño del 2019, y avaló las decisiones del alto tribunal. El TEDH reconoce que se limitaron derechos de los parlamentarios, pero no vulnerados. Según los magistrados europeos, la decisión del TC fue "proporcionada".