Mañana a las 9 se jugará el España-Francia, y el nacionalismo banal español se infiltra por todas partes, incluida la pantalla del móvil de los clientes de Movistar, que, en vez de decir “Movistar” dice “con la selección”, con independencia de que el cliente pase olímpicamente del Mundial o la selección le caiga mal. El rendimiento que obtienen los estados y las empresas de sus selecciones deportivas explica hasta qué punto el deporte también es política y la identidad también es negocio. Cruel paradoja para tantos catalanes que han gritado alguna vez “ni España, ni Francia, Países Catalanes”, y resulta que mañana, o la una o la otra. Sobre M. Rajoy y su comentario de que Francia juega sin franceses, decir que: primero, siguiendo su razonamiento, España juega sin españoles, y segundo, que la Francia republicana se ha sentido muy ofendida, pero que estaría bien que mirara si la indignación que siente por el comentario racista es coherente con la ausencia de racismo en la vida de cada día. En contra de lo que dice este artículo, no es que personas como Rajoy lleven el Mundial al terreno de la identidad, es que todo el Mundial es una competición de identidades (solo hay que ver los himnos, las banderas y los jefes de estado en los palcos). Otra cosa es qué se entiende por identidad nacional en cada país. Pero esta semana tiene otra cita importante, que es la del jueves, día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictar sentencia sobre la amnistía, en concreto sobre si el delito de malversación es amnistiable o no. Es un episodio más de esta canción del enfado judicial en que se ha convertido la negativa del poder judicial español a aplicar la ley de amnistía tal como la aprobó el poder legislativo ya hace más de dos años, en mayo del 2024. Recuerden que, para impedir su aplicación, el Supremo llegó a establecer que, como el referéndum se pagó con dinero público, los líderes del Procés se enriquecieron personalmente porque se ahorraron de poner dinero de su bolsillo, como aquel que paga con dinero público la boda de la hija (el ejemplo es del Supremo). Bien, el jueves el TJUE se pronunciará, pero aunque la sentencia diga que la amnistía es conforme a la ley europea, no se aplicará automáticamente, sino que entonces, el Tribunal Constitucional debe decidir si la interpretación que hizo el Supremo es correcta o no, se supone que dirá que no, pero esta sentencia no llegará hasta el otoño, prácticamente cuando harán 9 años que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig están en el exilio.  

El próximo jueves 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará sobre la amnistía. Será a raíz de una cuestión del Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del 1-O, en la que este organismo estatal pregunta a las autoridades judiciales europeas si poner fin al caso va en contra de los intereses financieros de la UE. Pero la resolución tendrá efectos más allá: saber qué piensa Europa es la condición que había puesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que afectan a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. ¿Se acaba ya, pues, su periplo judicial? No todavía: véase el análisis.

Desde la cárcel, Oriol Junqueras fue el cabeza de lista de ERC a las elecciones catalanas de 2017, a las generales de 2019 y también a las europeas de ese mismo año. Desde Esquerra, de hecho, sentenciaron que, mientras durara la represión, Junqueras sería su número 1 en todos los comicios. Pero ya hace seis años que esto no es posible: a pesar de que está indultado y fuera de la cárcel, el presidente de los republicanos está inhabilitado hasta 2031 a la espera de saber si se le aplica la amnistía. De esto depende, de hecho, la estrategia del partido pensando en 2028.

El 16 de julio hace semanas que está tachado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronunciará sobre si la ley afecta o no a los intereses financieros de la UE, a petición de una cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. Ahora bien, hay ejemplos muy recientes que evidencian una lentitud que podría repetirse con la aplicación de la amnistía.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque fuentes consultadas por el ARA remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. Ahora bien, hay un precedente inmediato en el cual el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, existe un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes del punto de quiebre, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía a la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa todavía no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimase que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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La semana que viene será una de las más importantes de esta legislatura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene anunciada para el jueves, día 16, la publicación de su sentencia sobre la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024. Se trata de la resolución de la justicia europea sobre las impugnaciones que presentaron la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas contra el perdón a los líderes del procés independentista, encabezados por el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont. Tanto en el Constitucional como en el Supremo hay mucho interés en conocer la decisión del TJUE, porque ambos tribunales tienen sentencias pendientes sobre la aplicación de esta ley, que ha provocado en el ámbito judicial tanta o más controversia que en el terreno político.

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Permítanme decir para empezar que este artículo es una especulación. Pero una especulación basada en una base real, y es que ahora mismo ERC tiene un problema con su cabeza de filas en Madrid, Gabriel Rufián, y Junts lo tiene con su líder absoluto, Carles Puigdemont, sobre el cual no hay consenso a estas alturas sobre cuál debe ser su futuro una vez se aplique la amnistía, en principio en otoño, y vuelva definitivamente a Cataluña. Además, hay muchos números de que las elecciones españolas sean las siguientes en celebrarse, ya que Pedro Sánchez podría usar el rechazo a los presupuestos como palanca para confrontar dos modelos de país. Y esto las situaría alrededor del mes de febrero o marzo, antes de las municipales de mayo.

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Gabriel Rufián decía el jueves que el PSOE ya se había puesto en contacto con ellos para hablar de los presupuestos del año que viene. No reveló, sin embargo, si los republicanos estaban dispuestos a negociarlos y si ya habían decidido qué condiciones fijarían. Simplemente, dijo que esperaba que el gobierno español presentase las cuentas para "negociarlas y aprobarlas", es decir, que no fuesen "una excusa o una palanca para otras cosas", en referencia a un posible adelanto electoral. ¿ERC está dispuesta realmente a negociar los presupuestos?

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En pleno conflicto con Gabriel Rufián, Oriol Junqueras ha reunido este miércoles al grupo parlamentario en Madrid. El encuentro ha durado unas dos horas y, según fuentes consultadas, no se ha puesto sobre la mesa la batalla abierta dentro del grupo parlamentario en Madrid por la falta de sintonía entre el portavoz republicano y la mayoría de sus compañeros de filas. La dirección ha compartido con el grupo parlamentario la estrategia del partido para el final de la legislatura española. Ahora bien, según ha explicado el partido en un comunicado, Junqueras también ha pedido a los diputados "coordinación" para afrontar "los retos" de esta legislatura. Así, les ha trasladado la "necesidad de afrontar esta etapa con la máxima exigencia, determinación y coordinación". "Las decisiones que se deberán tomar durante los próximos meses serán determinantes para garantizar más recursos, más capacidad de decisión y más bienestar para el conjunto del país", añade la formación. Hasta ahora, la dirección había recetado paciencia al grupo parlamentario de Madrid.

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Gabriel Rufián insiste en los últimos meses en crear un frente de izquierdas soberanista en el Estado y, al mismo tiempo, tiene una batalla abierta dentro de su grupo parlamentario. No hay entendimiento ni sintonía con la mayoría de sus compañeros de filas y el conflicto no para de escalar desde hace meses. Por eso es relevante que, en este contexto, la próxima semana haya prevista una reunión en Madrid con Oriol Junqueras. Según ha podido saber el ARA, el presidente de Esquerra estará en la capital española y se reunirá con los diputados del partido en el Congreso. Una reunión que podría ser rutinaria si no sobrevolara el conflicto con Rufián.

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No es un conflicto nuevo. En el grupo parlamentario de ERC en Madrid hace tiempo que las aguas no están calmadas. La convivencia entre Gabriel Rufián y una parte del grupo ha llegado a un punto casi insostenible. Y la dirección del partido hace tiempo que lo sabe. El enfrentamiento ha ido a más durante los últimos meses y ha sobrepasado los límites del Congreso desde que el portavoz de los republicanos ha lanzado su propuesta de frente de izquierdas –que la dirección republicana rechaza– y ha amenazado de no repetir como candidato de ERC si la dirección no acepta sus condiciones: rodearse de un equipo de confianza y tener más poder de decisión en Madrid. ¿Cómo tiene previsto abordar este conflicto la dirección de Oriol Junqueras?

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Recepción de honor al papa León XIV con eco internacional y con una defensa de Cataluña y "la lengua y la identidad nacional" catalanas. El Barça, diversas entidades sociales como Òmnium y la ANC, otras católicas, expresidentes de la Generalitat y del Parlament y numerosas personalidades políticas y religiosas han firmado un manifiesto que han publicado en formato de anuncio este viernes en algunos medios internacionales, como el Avvenire o el Corriere della Sera, además de catalanes como el ARA.

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"Yo no me volveré a presentar a ERC si no se cumplen unas condiciones", afirmó Gabriel Rufián en una conferencia en Madrid hace pocos días. El portavoz republicano en el Congreso lo dijo tras volver a defender un frente común de izquierdas y ofrecerse para liderarlo. Una propuesta que la dirección de ERC rechaza, porque no ve viable. Con todo, mantiene que Rufián sigue siendo su apuesta para liderar la lista en unas elecciones generales. El portavoz republicano, sin embargo, asegura que para repetir como candidato, quiere que se cumplan básicamente dos condiciones. ¿Cuáles? No las concretó públicamente en aquella conferencia, sino que se limitó a hablar del "grupo parlamentario" y a dejar claro a qué se enfrentan. ¿En qué se traduce eso? El portavoz de ERC en Madrid quiere rodearse de un equipo y una lista de confianza, pero también quiere tener más capacidad de incidencia en las decisiones que dependan de Madrid. Dos condiciones que incomodan al partido.

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Si hay algo que define el acuerdo de presupuestos entre ERC y el PSC es que su cumplimiento dependerá básicamente del gobierno español. En concreto, del hecho de que el PSOE continúe en la Moncloa. La línea de tren orbital, que debería financiar el ministerio correspondiente; el consorcio de inversiones para que Cataluña tenga capacidad de decisión; el cambio de estatutos en el Consorcio de la Zona Franca; la cogestión de los aeropuertos y, evidentemente, el traspaso del IRPF o la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómico.

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La aprobación de unos presupuestos siempre tiene dos dimensiones. La primera es que permite a las administraciones funcionar con normalidad y poder disponer de más recursos para hacer políticas concretas. Desde este punto de vista, la aprobación de las cuentas siempre es una buena noticia, porque es una medida que repercute positivamente tanto en los servicios públicos como en la economía en general a causa del flujo de recursos, por ejemplo para infraestructuras, que supone. La segunda dimensión es la política. En el caso de las cuentas aprobadas ayer en el consejo ejecutivo y presentadas al Parlament, representan la piedra angular que permitirá a Salvador Illa agotar la legislatura.

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Antes de hablar del acto de firma del acuerdo de presupuestos de Illa y Junqueras, esta mañana hemos tenido dos noticias bomba. Los Mossos d'Esquadra han detenido a Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango Isak Andic, por la muerte de su padre, que murió a los 71 años haciendo senderismo por las cuevas del Salnitre. Aunque de entrada se trató como un accidente, hace unos meses los Mossos empezaron a investigar por homicidio al hijo de Andic, que era la única persona con quien se encontraba el empresario aquel día. Y cuando todavía estábamos asimilando la noticia, llega la bomba política: Zapatero ha sido imputado por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental por el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra. La compañía fue rescatada por el gobierno de Sánchez durante la pandemia con un préstamo de 53 millones de euros. Ahora la Audiencia Nacional imputa a Zapatero por haber influido (habiendo cobrado una comisión de 10 millones, ingresada en una cuenta en Panamá) en este rescate. Él siempre lo ha negado y Sánchez siempre ha dicho que el rescate se hizo correctamente. Quien denunció a Zapatero fue el grupo de ultraderecha Manos Limpias. Hoy le han registrado el despacho y tendrá que ir a declarar de aquí a 15 días. Las primeras pruebas que se han conocido esta mañana, cuando se ha levantado el secreto de sumario, no parecen muy sólidas. Es el primer expresidente español imputado en España (Rajoy ha sido imputado en Andorra). El impacto para Sánchez es muy grande: son amigos, Zapatero le da apoyo -no como Felipe González-, y si sumamos el resultado de Andalucía, hoy continúa el funeral en la Moncloa. Y me jugaría cualquier cosa a que antes de 24 horas alguien recordará que Zapatero negociaba con Puigdemont (como Santos Cerdán). Mientras tanto, esta mañana, eran las 8, el president Salvador Illa i Oriol Junqueras se encontraban en el Palau de la Generalitat y volvían a estrecharse las manos, como previa de la foto del día, la de la firma del acuerdo entre el Govern y Esquerra Republicana por el cual el partido de Junqueras aprobará los presupuestos del 2026 del gobierno de Illa. Son días de apretones de manos. Ayer ya hicieron el primero en Sant Sadurní d’Anoia en el acto de presentación del tren orbital.Como siempre que un partido da un voto tan importante como el de los presupuestos a un gobierno, el debate es si se ha conformado con poco o con mucho. Sobre todo porque Esquerra es un partido independentista y el PSC no, y dio apoyo entusiasta al 155. Primero creo que a nadie le debería sorprender que Esquerra o Comuns aprueben unas cuentas al PSC, porque el acuerdo más importante ya lo hicieron, que es el de investidura. Si había alguna incoherencia en el apoyo de ERC al PSC fue entonces, no ahora. Creo que si votas la investidura de alguien tienes una obligación de cooperar con él durante la legislatura que otros partidos no tienen. Quien inviste está diciendo que ve recorrido. Lo que pasa es que ya hace tiempo que aceptamos con naturalidad que, por ejemplo, el año que viene no habrá presupuestos porque hay elecciones municipales y españolas y, claro, los partidos no pueden darse apoyo. Quizás es lo que se hace hoy en día, pero lo encuentro muy egoísta por parte de los partidos. Desde este punto de vista, es normal que Esquerra dé su voto al Gobierno.

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El pacto entre el Govern y ERC para los presupuestos del 2026, los primeros de la presidencia de Salvador Illa, ya está firmado. El presidente y Oriol Junqueras han rubricado el documento en un breve acto a primera hora en el Palau de la Generalitat, después de que los republicanos dieran formalmente este lunes su sí a las cuentas. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha dado todos los detalles en una rueda de prensa a primera hora de la mañana y Junqueras comparecerá más tarde, sobre las once y media.

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Quien tomara la decisión de camuflar a dos agentes de paisano entre los maestros que se reunían en el Institut Pau Claris no calculó los efectos que su descubrimiento tuviera, en plena crisis del Govern con los sindicatos mayoritarios de los docentes. Los socios de Salvador Illa apuntan indefectiblemente hacia el director de la Policía, Josep Lluís Trapero, como responsable y exigen su cabeza. Este sábado tanto ERC como Comuns, imprescindibles para la gobernabilidad, han elevado la presión hacia el ejecutivo socialista, que a partir del martes debe afrontar una nueva serie de huelgas en las escuelas e institutos públicos. "Si el director general no quiere dimitir, le tocará al president de la Generalitat cesarlo", ha subrayado el líder de ERC, Oriol Junqueras, desde Tàrrega. La líder de Comuns, Jéssica Albiach, también ha pedido su destitución porque "la infiltración traspasa todas las líneas rojas".

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Si hay una tendencia que confirma la encuesta del ARA es que Gabriel Rufián es un político muy bien valorado por los votantes. En concreto, según el sondeo encargado por este diario, el portavoz de ERC en Madrid es el que obtiene la mejor nota y, de hecho, el único que aprueba (5). Le sigue la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, que se queda con un 4,2. La valoración de la dirigente de extrema derecha confirma el ascenso que han ido marcando todos los sondeos de los últimos meses. Ambos dirigentes se sitúan por delante del presidente de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, que se queda con un 4,1. Con estos datos en la mano, se puede extraer una primera conclusión: que una de las personas, Gabriel Rufián, que se ha erigido en el ariete contra la extrema derecha es el líder mejor valorado, pero que la dirigente que es el rostro, precisamente, de la extrema derecha catalana se sitúa justo detrás.

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Día de Sant Jordi. Como es tradición, las calles de Cataluña se convierten en un hormiguero de libros, rosas y senyeras. Y, en medio de la gran fiesta de la lectura, un género que intenta hacerse un espacio es el de la política: los líderes cambian a menudo el atril por la pluma para fijar su relato o explicar su "verdad". A continuación, analizamos la lista de los títulos que más se han comprado en los últimos años (desde 2018), basada en los datos aportados por el sector editorial consultados por el ARA, con predominio de los títulos vinculados al Procés.

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"La posición es muy clara", no paran de repetir los ministros de Hacienda, aunque lo más caliente en cuanto a la recaudación del IRPF esté en el aire. Primero era María Jesús Montero quien cerraba la puerta a los traspasos pactados entre ERC y el PSC y ahora este papel lo ha asumido su sucesor. Arcadi España asegura que el gobierno español no se moverá del acuerdo que se firmó entre la Moncloa y la Generalitat en la reunión de la Comisión Bilateral de julio pasado: "Para el conjunto de comunidades autónomas y también para Cataluña, tenemos la voluntad de incrementar la capacidad de gestión, siempre dentro del marco de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)". ¿Qué significa? Básicamente que el traspaso a Cataluña de la recaudación del 100% del IRPF no es un compromiso que haga suyo el ejecutivo estatal y que, en todo caso, será la AEAT la que tendrá las competencias en gestión y recaudación. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) debería conformarse a colaborar en "un modelo de gestión tributaria en red", como se especificaba en el documento de la Bilateral.

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