La sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía ha provocado un efecto cascada. En los últimos días, el Tribunal Supremo se ha apresurado a dar carpetazo a seis casos que tenía sobre la mesa y que estaban a la espera desde hacía meses. Ahora bien, a pesar de este despertar súbito, las catorce personas que se han beneficiado de la norma del olvido penal no tienen –estrictamente– nada que ver con el aval de Luxemburgo. Era un filtro que se fijó el alto tribunal de manera implícita y que ha acabado siendo el pretexto para mantener congeladas todas estas causas durante nueve meses, dado que el pasado mes de octubre el Tribunal Constitucional había dado explícitamente luz verde a aplicar la ley.

La incertidumbre sobre la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del Procés ha dejado abierto un laberinto judicial. A la espera de si el Tribunal Supremo aplicará la sentencia del TJUE, en este laberinto hay un camino que aún no está resuelto y que deja una incógnita abierta: en caso de una hipotética inaplicación de la amnistía, ¿es posible abrir la carpeta de un segundo indulto para borrar aquello que quedó pendiente? En su momento, el gobierno español indultó parcialmente a los líderes del Procés –era la única vía posible después de que el tribunal sentenciador se opusiera a la medida de gracia–, es decir, les perdonó la pena de prisión, pero mantuvo intacta la pena de inhabilitación que afectaba a Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, que fueron condenados también por un delito de malversación. Esta inhabilitación, por ejemplo, impide al actual líder de ERC presentarse a unas elecciones –tal como se ha mostrado dispuesto– o ejercer la docencia.

El Tribunal Constitucional (TC) hará el primer debate sobre la amnistía a los líderes del 'Procés' el próximo 22 de septiembre, según ha podido saber el ARA. Será en el marco del recurso de amparo presentado por el exconseller y ahora secretario general de Junts, Jordi Turull, cuyo ponente es el magistrado José María Macías. Con esta primera discusión, el Constitucional iniciará las deliberaciones que tanto el gobierno español como el independentismo esperan que acaben con resoluciones favorables a la amnistía para el expresidente Carles Puigdemont; el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de exconsellers condenados o procesados. De hecho, es el paso que ya se preveía en otoño, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya concluido que los gastos relacionados con el 1-O no afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Esta semana también había pleno del Constitucional, pero han considerado que no tenían suficiente tiempo para abordar el tema antes de vacaciones.

Al día siguiente de la validación de la justicia europea a la amnistía todo el mundo construye su propio relato. Mientras el independentismo celebra la decisión del TJUE, pero avisa que esto no acaba con la represión, tanto el gobierno catalán como el español ven validada su agenda de la "reconciliación" y reivindican el fin de la "crisis política" entre Cataluña y el Estado. Es más, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que si él "fuera Carles Puigdemont" volvería a España, "sin ninguna duda". "Hay que plantar cara de una vez", ha dicho en una entrevista a RNE recogida por Efe. Esta actitud no ha gustado nada a Junts, ya que la orden de prisión se mantiene vigente y el expresidente sería detenido. "Cuánta miseria y frivolidad", ha replicado el secretario general del partido, Jordi Turull. Después de esto, fuentes del partido consultadas por el ARA se reafirman en la ruptura con el gobierno español, también después de la sentencia favorable a la amnistía del TJUE.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la amnistía era un paso muy relevante para alcanzar un aval jurídico desde Europa a la norma aprobada en el Congreso de los Diputados, ya que es la primera vez que se pronuncia sobre la medida para poner fin a las causas penales del Procés. Lo ha hecho avalando el espíritu del legislador: la normalización de la situación política en Cataluña en pro de la "reconciliación". Ahora bien, ¿cuáles son los efectos prácticos de esta resolución? ¿Cuándo podrá volver el expresidente Carles Puigdemont? ¿Cuándo dejarán de estar inhabilitados Oriol Junqueras y los expresos políticos?

El independentismo celebra la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de avalar el encaje europeo de la ley de amnistía. Una noticia que, en teoría, debería acelerar su aplicación por parte de todos los tribunales que hasta ahora se han negado. Pero hay uno que, de momento, no se siente aludido. El Tribunal Supremo seguirá sin amnistiar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de dirigentes condenados por malversación, según explican fuentes consultadas por el ARA. ¿Qué margen tiene para hacerlo? Hoy por hoy, todo el que quiera, a pesar de que los servicios jurídicos de Junts y ERC denuncien que hace meses que está incumpliendo la ley.

Magnífica noticia: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha avalado ampliamente la ley de amnistía.Lo ha encontrado conforme al derecho comunitario, porque ha considerado que la amnistía no es contraria ni a los intereses financieros de la Unión Europea ni es contraria a la directiva en materia de terrorismo (delito por el cual habían sido procesados algunos CDR). Dice más, de manera contundente: el TJUE establece que la amnistía no perjudica la igualdad de trato, en el sentido de que era una ley solo pensada para favorecer a unos, sino que se aprobó “en un contexto real de reconciliación política y social” y que, por tanto, no constituye una “autoamnistía”. Con esta sentencia, el Tribunal de Cuentas debería archivar sus expedientes, y la Audiencia Nacional, también. Y el Supremo, está claro. Pero en el momento en que les hablo, se mantiene la orden de detención sobre Carles Puigdemont o la inhabilitación de Oriol Junqueras. Y es bastante probable que se espere a otoño para levantarlas, que es cuando el Tribunal Constitucional dictará sentencia sobre la negativa del Supremo a aplicar la amnistía. Por decirlo así, Carles Puigdemont está un paso más cerca de volver a Catalunya, y ahora ya parece que solo es cuestión de pocos meses.La sentencia del TJUE es una gran noticia, pero que la amnistía no se aplique completamente es una desgracia que solo se explica por el “a por ellos”. Es importante recordar de dónde venimos: el TS procesó a los presos políticos por rebelión, delito que debería haber pedido violencia armada, condenó por sedición, que igualmente debería haber pedido violencia, y ahora se niega a aplicar la amnistía por malversación, que tampoco la ha habido. Es un despliegue de justicia creativa, patriótica.El presidente Illa ha hecho una declaración en catalán, castellano e inglés:“Comparezco ante todos ustedes para expresar mi satisfacción y la del Gobierno de Cataluña por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una sentencia explícita, que avala la Ley Orgánica 1/2024 de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña. La más alta instancia de la justicia europea se ha pronunciado de manera clara: la ley cumple con el derecho europeo. Europa dice «sí» a la amnistía, Cataluña dice «sí» al futuro. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una muy buena noticia para Cataluña, para España y para la democracia. No hay vuelta de hoja. La ley de amnistía forma parte, con todas las consecuencias, de nuestro marco legal, y, por tanto, su aplicación es de obligado cumplimiento.”

Mañana a las 9 se jugará el España-Francia, y el nacionalismo banal español se infiltra por todas partes, incluida la pantalla del móvil de los clientes de Movistar, que, en vez de decir “Movistar” dice “con la selección”, con independencia de que el cliente pase olímpicamente del Mundial o la selección le caiga mal. El rendimiento que obtienen los estados y las empresas de sus selecciones deportivas explica hasta qué punto el deporte también es política y la identidad también es negocio. Cruel paradoja para tantos catalanes que han gritado alguna vez “ni España, ni Francia, Países Catalanes”, y resulta que mañana, o la una o la otra. Sobre M. Rajoy y su comentario de que Francia juega sin franceses, decir que: primero, siguiendo su razonamiento, España juega sin españoles, y segundo, que la Francia republicana se ha sentido muy ofendida, pero que estaría bien que mirara si la indignación que siente por el comentario racista es coherente con la ausencia de racismo en la vida de cada día. En contra de lo que dice este artículo, no es que personas como Rajoy lleven el Mundial al terreno de la identidad, es que todo el Mundial es una competición de identidades (solo hay que ver los himnos, las banderas y los jefes de estado en los palcos). Otra cosa es qué se entiende por identidad nacional en cada país. Pero esta semana tiene otra cita importante, que es la del jueves, día en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debe dictar sentencia sobre la amnistía, en concreto sobre si el delito de malversación es amnistiable o no. Es un episodio más de esta canción del enfado judicial en que se ha convertido la negativa del poder judicial español a aplicar la ley de amnistía tal como la aprobó el poder legislativo ya hace más de dos años, en mayo del 2024. Recuerden que, para impedir su aplicación, el Supremo llegó a establecer que, como el referéndum se pagó con dinero público, los líderes del Procés se enriquecieron personalmente porque se ahorraron de poner dinero de su bolsillo, como aquel que paga con dinero público la boda de la hija (el ejemplo es del Supremo). Bien, el jueves el TJUE se pronunciará, pero aunque la sentencia diga que la amnistía es conforme a la ley europea, no se aplicará automáticamente, sino que entonces, el Tribunal Constitucional debe decidir si la interpretación que hizo el Supremo es correcta o no, se supone que dirá que no, pero esta sentencia no llegará hasta el otoño, prácticamente cuando harán 9 años que Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig están en el exilio.  

El próximo jueves 16 de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronunciará sobre la amnistía. Será a raíz de una cuestión del Tribunal de Cuentas sobre la responsabilidad contable del 1-O, en la que este organismo estatal pregunta a las autoridades judiciales europeas si poner fin al caso va en contra de los intereses financieros de la UE. Pero la resolución tendrá efectos más allá: saber qué piensa Europa es la condición que había puesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que afectan a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. ¿Se acaba ya, pues, su periplo judicial? No todavía: véase el análisis.

Desde la prisión, Oriol Junqueras fue el cabeza de lista de ERC en las elecciones catalanas de 2017, en las generales de 2019 y también en las europeas de ese mismo año. Desde Esquerra, de hecho, sentenciaron que, mientras durara la represión, Junqueras sería su número 1 en todos los comicios. Pero ya hace seis años que esto no es posible: a pesar de estar indultado y fuera de la prisión, el presidente de los republicanos está inhabilitado hasta 2031 a la espera de saber si se le aplica la amnistía. De esto depende, de hecho, la estrategia del partido pensando en 2028.

El 16 de julio hace semanas que estaba rodeado en rojo en el calendario como una fecha clave para la amnistía de los líderes del 1-O. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley, aceptando que tiene encaje en la legislación europea y descartando que afecte los intereses financieros de la UE. Ahora bien, los efectos de esta sentencia irán más allá. El pronunciamiento es un requisito previo que se ha autoimpuesto el Tribunal Constitucional para resolver los recursos de amparo que presentaron Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsejeros, a la espera de que Europa dé un cojín argumental para justificar que se les deje libres de responsabilidades penales y se les aplique también la ley. Pero el camino hasta llegar aquí no será fácil: aunque se espera un pronunciamiento favorable del Constitucional en otoño –en junio del año pasado avaló el encaje de la norma en la carta magna–, la pelota volverá a caer en el tejado del Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra. De momento, fuentes del tribunal consultadas por el ARA explican que, hoy por hoy, no se moverán porque ellos no han hecho ninguna petición al TJUE.En el Supremo son crípticos sobre la estrategia que seguirán, aunque las fuentes remarcan que si hay unas resoluciones muy claras de Europa y del Constitucional, las seguirán y habrá extinción de la responsabilidad penal. De momento, consideran que no la hay. Hay un precedente inmediato en el que el Supremo no ha actuado con celeridad. Hace dos años, el alto tribunal elevó una cuestión de inconstitucionalidad al TC sobre el caso de un manifestante de Girona investigado por desórdenes públicos a raíz de las protestas de octubre de 2019. El 8 de octubre de 2025, es decir, hace nueve meses, el Constitucional desestimó el recurso y dio vía libre al Supremo para que pusiera fin a la causa penal. A pesar de ello, a estas alturas, todavía no ha habido ningún movimiento. Tampoco el TC ha movido ficha para hacer cumplir su resolución, ya que, según las fuentes consultadas, la defensa del chico no ha presentado ningún incidente de ejecución. Fuentes oficiales del Supremo aseguran no tener información del caso.El precedente de las Canarias 

Más allá del caso de Cataluña, hay un ejemplo que pone de manifiesto la odisea en que puede convertirse hacer cumplir una sentencia del Constitucional. Tenemos que viajar hasta La Laguna, un municipio en la isla de Tenerife. En abril de 2020, un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anuló el artículo de los estatutos de la asociación Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, que impedía que las mujeres pudieran hacerse socias alegando que vulnera el derecho a la igualdad. La mujer que lo propició fue Teresa Laborda.En enero de 2022, sin embargo, el Supremo tumbó la sentencia y avaló la exclusión de las mujeres de la asociación, que se define como una “asociación religiosa de caballeros”. Laborda llevó el caso al Constitucional, que en noviembre de 2024 le dio la razón. Ahora bien, ha pasado un año y medio y no ha habido ningún cambio, a pesar de que el juzgado haya barrado el paso a los múltiples intentos de la asociación y del obispado de Tenerife de impedir que se aplique. Vista la inoperancia, Laborda ha presentado dos incidentes de ejecución al TC, pero ambos se han desestimado por prematuros.La reforma de Rajoy

La cuestión radica en qué poderes tiene el Constitucional para hacer cumplir sus sentencias. ¿Qué dice la ley? El gobierno de Mariano Rajoy, en vista del Procés, hizo una reforma en 2015 para dar capacidad de ejecución al TC. Durante 2016 y 2017, la Moncloa presentaba incidentes de ejecución ante el TC porque la mesa del Parlament admitía iniciativas que desplegaban el proceso de independencia –que se interpretaba como un incumplimiento de una sentencia previa–, y el Constitucional pasaba los hechos a la Fiscalía, que interpuso numerosas querellas por desobediencia hasta la macrocausa del Procés por sedición.La ley va más allá y también da poderes al TC para que actúe de oficio: puede imponer multas coercitivas de 3.000 a 30.000 euros –se aplicó contra la sindicatura electoral del 1-O– o suspender a las autoridades que incumplan las resoluciones. Por lo tanto, el Constitucional tiene herramientas legales, pero fuentes jurídicas conocedoras aseguran que los magistrados del TC acostumbran a ser poco beligerantes con otros jueces. ¿Se enfrentará abiertamente Cándido Conde-Pumpido al Supremo para hacer cumplir la amnistía?Evitar el choque

Hasta ahora, el TC ha querido evitar un choque directo con el Supremo. La prueba es que ha rechazado aplicar medidas cautelares como retirar la orden de prisión a Puigdemont, lo que habría permitido al expresidente volver a Cataluña mientras continúa abierto el procedimiento sobre el recurso de amparo y la causa en el Supremo. Hacerlo habría implicado una batalla inédita entre el Supremo y el TC que Conde-Pumpido ha esquivado. Eso sí, el presidente del Constitucional ha avisado públicamente que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento" de lo que resuelva el TC.Políticamente, este escenario, según diversas fuentes consultadas, se abordó en la mesa de negociación entre el PSOE y Junts antes de la ruptura, pero no llegó a ninguna parte. Y aquí radica también el distanciamiento entre Puigdemont y José Luis Rodríguez Zapatero, ya que fuentes conocedoras apuntan que el expresidente español siempre transmitía un optimismo elevado sobre el cumplimiento de los acuerdos PSOE-Junts que después no se correspondía con la realidad.La otra posibilidad: acudir a Europa

La otra carta que puede jugar el Supremo es acudir al TJUE después de la sentencia del Constitucional. Un movimiento inédito que hasta ahora solo ha hecho un tribunal: la Audiencia de Sevilla en el caso de los ERE. Después de ser revisado por el TC, elevó una prejudicial a Luxemburgo porque consideró que la anulación de las penas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán implicaba “riesgo sistémico de impunidad”.El Supremo podría repetir un movimiento similar en el caso de los líderes independentistas. ¿Con qué argumento? Lo que hará el tribunal de Luxemburgo la semana que viene es sentenciar si el 1-O afectó los intereses financieros de la UE, pero el Supremo tiene otro argumento sobre el cual Europa aún no se habrá pronunciado: sostiene que hay malversación porque los líderes del Procés se ahorraron pagar el referéndum de su bolsillo. "Una interpretación que estimara que el delito de malversación es amnistiable nos obligaría en el futuro a suscitar la cuestión prejudicial", avisó el Supremo hace casi dos años en una de sus resoluciones.

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La semana que viene será una de las más importantes de esta legislatura. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene anunciada para el jueves, día 16, la publicación de su sentencia sobre la ley de amnistía aprobada por el Parlamento español en mayo de 2024. Se trata de la resolución de la justicia europea sobre las impugnaciones que presentaron la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas contra el perdón a los líderes del procés independentista, encabezados por el expresidente de la Generalitat y líder de Junts Carles Puigdemont. Tanto en el Constitucional como en el Supremo hay mucho interés en conocer la decisión del TJUE, porque ambos tribunales tienen sentencias pendientes sobre la aplicación de esta ley, que ha provocado en el ámbito judicial tanta o más controversia que en el terreno político.

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Permítanme decir para empezar que este artículo es una especulación. Pero una especulación basada en una base real, y es que ahora mismo ERC tiene un problema con su cabeza de filas en Madrid, Gabriel Rufián, y Junts lo tiene con su líder absoluto, Carles Puigdemont, sobre el cual no hay consenso a estas alturas sobre cuál debe ser su futuro una vez se aplique la amnistía, en principio en otoño, y vuelva definitivamente a Cataluña. Además, hay muchos números de que las elecciones españolas sean las siguientes en celebrarse, ya que Pedro Sánchez podría usar el rechazo a los presupuestos como palanca para confrontar dos modelos de país. Y esto las situaría alrededor del mes de febrero o marzo, antes de las municipales de mayo.

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Gabriel Rufián decía el jueves que el PSOE ya se había puesto en contacto con ellos para hablar de los presupuestos del año que viene. No reveló, sin embargo, si los republicanos estaban dispuestos a negociarlos y si ya habían decidido qué condiciones fijarían. Simplemente, dijo que esperaba que el gobierno español presentase las cuentas para "negociarlas y aprobarlas", es decir, que no fuesen "una excusa o una palanca para otras cosas", en referencia a un posible adelanto electoral. ¿ERC está dispuesta realmente a negociar los presupuestos?

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En pleno conflicto con Gabriel Rufián, Oriol Junqueras ha reunido este miércoles al grupo parlamentario en Madrid. El encuentro ha durado unas dos horas y, según fuentes consultadas, no se ha puesto sobre la mesa la batalla abierta dentro del grupo parlamentario en Madrid por la falta de sintonía entre el portavoz republicano y la mayoría de sus compañeros de filas. La dirección ha compartido con el grupo parlamentario la estrategia del partido para el final de la legislatura española. Ahora bien, según ha explicado el partido en un comunicado, Junqueras también ha pedido a los diputados "coordinación" para afrontar "los retos" de esta legislatura. Así, les ha trasladado la "necesidad de afrontar esta etapa con la máxima exigencia, determinación y coordinación". "Las decisiones que se deberán tomar durante los próximos meses serán determinantes para garantizar más recursos, más capacidad de decisión y más bienestar para el conjunto del país", añade la formación. Hasta ahora, la dirección había recetado paciencia al grupo parlamentario de Madrid.

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Gabriel Rufián insiste en los últimos meses en crear un frente de izquierdas soberanista en el Estado y, al mismo tiempo, tiene una batalla abierta dentro de su grupo parlamentario. No hay entendimiento ni sintonía con la mayoría de sus compañeros de filas y el conflicto no para de escalar desde hace meses. Por eso es relevante que, en este contexto, la próxima semana haya prevista una reunión en Madrid con Oriol Junqueras. Según ha podido saber el ARA, el presidente de Esquerra estará en la capital española y se reunirá con los diputados del partido en el Congreso. Una reunión que podría ser rutinaria si no sobrevolara el conflicto con Rufián.

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No es un conflicto nuevo. En el grupo parlamentario de ERC en Madrid hace tiempo que las aguas no están calmadas. La convivencia entre Gabriel Rufián y una parte del grupo ha llegado a un punto casi insostenible. Y la dirección del partido hace tiempo que lo sabe. El enfrentamiento ha ido a más durante los últimos meses y ha sobrepasado los límites del Congreso desde que el portavoz de los republicanos ha lanzado su propuesta de frente de izquierdas –que la dirección republicana rechaza– y ha amenazado de no repetir como candidato de ERC si la dirección no acepta sus condiciones: rodearse de un equipo de confianza y tener más poder de decisión en Madrid. ¿Cómo tiene previsto abordar este conflicto la dirección de Oriol Junqueras?

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Recepción de honor al papa León XIV con eco internacional y con una defensa de Cataluña y "la lengua y la identidad nacional" catalanas. El Barça, diversas entidades sociales como Òmnium y la ANC, otras católicas, expresidentes de la Generalitat y del Parlament y numerosas personalidades políticas y religiosas han firmado un manifiesto que han publicado en formato de anuncio este viernes en algunos medios internacionales, como el Avvenire o el Corriere della Sera, además de catalanes como el ARA.

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"Yo no me volveré a presentar a ERC si no se cumplen unas condiciones", afirmó Gabriel Rufián en una conferencia en Madrid hace pocos días. El portavoz republicano en el Congreso lo dijo tras volver a defender un frente común de izquierdas y ofrecerse para liderarlo. Una propuesta que la dirección de ERC rechaza, porque no ve viable. Con todo, mantiene que Rufián sigue siendo su apuesta para liderar la lista en unas elecciones generales. El portavoz republicano, sin embargo, asegura que para repetir como candidato, quiere que se cumplan básicamente dos condiciones. ¿Cuáles? No las concretó públicamente en aquella conferencia, sino que se limitó a hablar del "grupo parlamentario" y a dejar claro a qué se enfrentan. ¿En qué se traduce eso? El portavoz de ERC en Madrid quiere rodearse de un equipo y una lista de confianza, pero también quiere tener más capacidad de incidencia en las decisiones que dependan de Madrid. Dos condiciones que incomodan al partido.

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Si hay algo que define el acuerdo de presupuestos entre ERC y el PSC es que su cumplimiento dependerá básicamente del gobierno español. En concreto, del hecho de que el PSOE continúe en la Moncloa. La línea de tren orbital, que debería financiar el ministerio correspondiente; el consorcio de inversiones para que Cataluña tenga capacidad de decisión; el cambio de estatutos en el Consorcio de la Zona Franca; la cogestión de los aeropuertos y, evidentemente, el traspaso del IRPF o la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómico.

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