Llarena retrasa el archivo de la causa contra Puigdemont, pero ve inevitable la amnistía

MadridPablo Llarena asume que el Tribunal Supremo está abocado a aplicar la amnistía a Carles Puigdemont, pero se resiste a propiciarlo. Estaba previsto que esta semana el juez instructor concluyera el sumario y remitiera la causa contra el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig al tribunal del juicio del Procés para que Manuel Marchena aplique la amnistía total y definitiva a los exiliados –primero todavía debía dar un plazo de cinco días a las partes para volver a pronunciarse–. Son las dos resoluciones que faltan para que el Supremo ponga el punto final a la persecución judicial de Puigdemont. Ahora bien, el instructor ha ralentizado el camino y se ha limitado a tumbar el recurso que presentó Vox contra el levantamiento de las órdenes de detención que el Supremo dictó después de que el Tribunal Constitucional avalara la amnistía en los casos de malversación. Llarena dilata así el desenlace: da un paso más, pero evita dar el paso decisivo, que deberá llegar en los próximos días.

“Este pronunciamiento se limita al levantamiento de las órdenes. No comporta la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos, ni sustituye una resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento”, remarca el auto. En la resolución, el instructor discrepa abiertamente de la sentencia del TC, pero admite que tiene “la obligación” de seguir la doctrina que fija el tribunal de garantías. En cambio, según ha podido saber el ARA, el Supremo tiene previsto levantar este mismo martes las inhabilitaciones de los cuatro exconsejeros condenados por malversación. De esta manera, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva podrán volver a presentarse a las elecciones u ocupar cargos públicos.

¿Qué recurso tiene pendiente Pablo Llarena? Es un recurso de reforma que presentaron Carles Puigdemont y Toni Comín contra la negativa del juez a aplicarles la amnistía tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de julio. Fue el 15 de septiembre cuando el juez rechazó sus pretensiones, pero los dos exiliados lo recurrieron ante el mismo Llarena y ahora falta el último trámite de darles respuesta. Ahora mismo el magistrado está en Colombia en un viaje de trabajo. Fuentes jurídicas conocedoras explican al ARA que ha decidido resolver la cuestión relativa a la libre circulación porque era prioritaria y que no tardará en dar el último paso. Eso sí, podría llegar la semana que viene si no tiene disponibilidad antes de volver a España. Hace dos años, tardó un mes en resolver los recursos contra su negativa a aplicar la amnistía a la malversación.

El 6 de octubre, tras la sentencia del Constitucional sobre Dolors Bassa, Pablo Llarena dejó las órdenes de detención sin efecto “provisionalmente” y con un “carácter estrictamente transitorio”. Al día siguiente dio cinco días a las partes para pronunciarse, un plazo que terminaba el pasado jueves. Ahora ha dictado el auto que desestima las quejas de Vox y confirma que los tres exiliados pueden volver en libertad a Cataluña. Argumenta que el caso de la exconsejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias es “sustancialmente coincidente” con el de los exiliados y, por tanto, el primer veredicto del Constitucional “impide sostener” las órdenes de detención.

Sin embargo, la amnistía total de Puigdemont –cuando llegue– no conllevará su retorno inmediato. El entorno del expresidente se inclina porque no vuelva a Cataluña hasta después de las elecciones del 29-N. Su abogado, Gonzalo Boye, fue claro la semana pasada: “No volverá en medio de la campaña electoral, que es lo que querría el PSOE”, dijo. “Misión cumplida”, ha celebrado el letrado minutos después de conocerse la nueva resolución de Llarena.

Reproches al Constitucional

Pablo Llarena aprovecha el auto, de doce páginas, para criticar con dureza al Constitucional y recriminar a la mayoría progresista que considerara que la interpretación del Supremo no es razonable: “No considero que careciera de una base jurídica suficiente para superar el control constitucional”, esgrime. “Discrepo de que nuestro criterio se situara fuera de las respuestas que la Constitución permite”, añade. Y se aferra a los votos particulares de los cinco magistrados conservadores del Constitucional para defenderse de los reproches de la sentencia: “Que casi la mitad del Constitucional considerara constitucionalmente admisible esta interpretación aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura”.

Asimismo, expresa su “discrepancia” con el pronunciamiento del TC e insiste en que su lectura de la malversación está “jurídicamente fundada”. “La doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya. [...] Reconocer quién tiene la última palabra no exige compartir que el problema solo admitiera una respuesta”, afirma.

El independentismo celebra la decisión

Después de que trascendiera la decisión, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha sacado pecho de una “victoria rotunda sin paliativos” y la ha presentado como el “resultado de una batalla política, jurídica y democrática sostenida durante muchos años” y no como una “concesión generosa del Estado”. La número dos de ERC, Elisenda Alamany, ha lamentado que la decisión de dilatar el archivo de la causa es “la última rabieta” del juez, pero ha celebrado que haya confirmado el levantamiento de las órdenes de detención: “Es una muy buena noticia que aquello por lo que ERC ha batallado durante mucho tiempo, a veces solo, dé sus frutos”, ha afirmado.

Por su parte, la CUP ha hecho un llamamiento a “salir del laberinto de la amnistía” para “empezar a trabajar para preparar el próximo embate contra el estado español”. Y Òmnium Cultural ha resumido en X que “se acaban nueve años de persecución vergonzosa” y ha constreñido al Supremo a dar carpetazo a la causa: “No hay tiempo para más excusas, es hora de cerrar el ciclo represivo”.