El Supremo amnistía la primera consejera del gobierno del 1-O

MadridEl Supremo continúa aplicando la ley de amnistía con cuentagotas y después de muchos meses de espera. El alto tribunal la ha aplicado ahora a la primera consejera del gobierno del 1-O: Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre. En 2017, Serret era consejera de Agricultura. Después fue consejera de Acción Exterior con el gobierno de Pere Aragonès y, más tarde, fue delegada del Govern en Bruselas mientras estuvo exiliada. Volvió a Cataluña en marzo de 2021. “Esta sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que ha sido acusada”, concluye la interlocutoria del Supremo a la que ha tenido acceso el ARA. De esta manera, la exconsejera queda exenta de todas las responsabilidades penales que se le atribuían.

Pocas horas después, el mismo tribunal ha aplicado la amnistía también a los cuatro miembros soberanistas de la mesa del Parlament de la legislatura que culminó con el referéndum del 1 de octubre y que estaba presidida por Carme Forcadell: Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. Fueron condenados por desobediencia a un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por haber tramitado las leyes de desconexión.

Los que continúan a la espera son tres condenados en el juicio del Supremo: Josep Rull, Carme Forcadell y Joaquim Forn. Fueron indultados en junio de 2021 y pudieron salir de la cárcel. No fueron condenados por malversación y, por tanto, después de la derogación de la sedición dejaron de estar inhabilitados, cosa que ha permitido –por ejemplo– que Rull se presentara a las elecciones del 12-M de 2024 y fuera elegido presidente del Parlament. Hace dos años pidieron al Supremo que les suspendiera los antecedentes penales que tienen por el delito de desobediencia, pero el alto tribunal aún no se ha pronunciado. En cambio, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart declinaron acogerse a la amnistía.

ERC celebra la decisión del Supremo

Después de conocerse la primera decisión, Meritxell Serret se ha mostrado satisfecha con el desenlace de su caso, pero ha pedido que la ley “aplique a todo el mundo” que todavía está pendiente. “Hay que cumplirla íntegramente, ya no hay excusas para continuar retrasando su aplicación ni la restitución de todos los derechos políticos”, ha dicho en un hilo en X. Y ha hecho un llamamiento a “continuar avanzando hacia una solución democrática” del conflicto político entre Cataluña y el Estado. “El objetivo debe ser que se resuelva, no que se enquiste ni empeore”, había sentenciado a primera hora en SER Catalunya.

Por su parte, ERC ha celebrado la decisión del Supremo y ha sacado pecho de que, con esta decisión, “se avala la estrategia sólida” seguida con la ley de amnistía. Los republicanos reivindican que, tras la “contundente sentencia” del TJUE, era “inevitable que por fin” el Supremo “hiciera lo que debería haber hecho desde el primer día”, aplicar la ley de amnistía, que entró en vigor en junio de 2024. “Esto mismo es lo que debe pasar inmediatamente con el resto de causas”, remachan.

Por parte del Govern, y en el contexto de su gira por Vietnam, el presidente Salvador Illa ha admitido que le gustaría que de amnistías “llegaran más y más rápido” y ha recordado que el ejecutivo todavía está a la espera de una respuesta al escrito que envió al Tribunal de Cuentas reclamando la aplicación de la medida: “Es lo que teníamos que hacer”, ha defendido en declaraciones a los medios.

Más tarde, ha llegado la amnistía de los miembros de la mesa del Parlament del 1-O. La aplicación de la ley, en este caso, deja sin efecto su condena por haberse “negado abiertamente durante dos años” a cumplir las resoluciones del Constitucional. El TSJ de Cataluña sostuvo que debían impedir el debate y votación de las leyes que debían servir como marco legal para el 1-O porque tenían advertencias de los tribunales de que las normas tenían la intención de “vulnerar” el orden constitucional: “No hay ninguna duda de que su propósito fue romper, incumplir y transgredir las disposiciones y los requerimientos del Constitucional”, esgrimió. Horas más tarde, Anna Simó ha celebrado la noticia: “Hacen falta organizaciones fuertes que saben qué tienen entre manos y que acompañan a los que se comprometen”.

Nueve meses después del aval del Constitucional

La decisión del Supremo llega once días después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que avaló la amnistía. Hace meses, el alto tribunal congeló los casos que tenía sobre la mesa –recursos de casación contra sentencias que procedían de Cataluña– alegando que quería esperar a que el Constitucional resolviera la cuestión de inconstitucionalidad que había presentado en el caso de un manifestante de Girona. La sentencia del TC llegó en octubre del año pasado, pero el Supremo ha tenido las decisiones aparcadas en un cajón durante nueve meses a la espera del dictamen de Luxemburgo. Y ahora ha abierto el grifo para ir resolviendo todos los casos.

La semana pasada, el Supremo ya aplicó la amnistía a ocho independentistas que estaban pendientes de ella: tres manifestantes condenados por desórdenes públicos agravados en las protestas posteriores a la sentencia del juicio del Procés, el exalcalde de Sabadell Maties Serracant (CUP) y los cuatro miembros de la mesa del Parlament de Roger Torrent que fueron absueltos de haber desobedecido las sentencias del TC.