Parece difícil creerlo pero estas semanas, en Bruselas, casi se habla más de oposiciones que del caos provocado por la guerra en Irán. Es la primera convocatoria generalista para graduados que quieran trabajar en las instituciones europeas desde 2019. Como ya cabía esperar, se han presentado más de 170.000 personas. Literalmente, es imposible vivir en Bruselas, tener menos de 40 años y no tener ningún conocido que se haya presentado.

Lejos de bajar el suflé, Pedro Sánchez planta cara. Después de la amenaza de Donald Trump de cortar todo el comercio internacional con España por la decisión de vetar el uso de las bases de Rota y Morón para la guerra contra Irán, el gobierno español ha reaccionado desafiando a la administración norteamericana. Fuentes de la Moncloa aseguran que España "cuenta con los recursos necesarios para contener posibles impactos, ayudar a los sectores que puedan verse afectados [por la guerra comercial] y diversificar las cadenas de suministro". Además, aprovechan para recordar a Estados Unidos que España es una "potencia exportadora de la Unión Europea y un socio comercial fiable para 195 países del mundo": "Con EE.UU. tenemos una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa". En este sentido, desde el gobierno español lanzan un aviso a la administración Trump: "Si quiere revisar la relación deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas y la legalidad internacional", e instan a Estados Unidos a respetar también los "acuerdos bilaterales" con la Unión Europea.

La opa hostil del BBVA en el Sabadell ha eclipsado el debate en torno al procedimiento de infracción abierto por Bruselas sobre la legislación que el gobierno español ha utilizado para interceder en esta operación. En concreto, el gobierno de Pedro Sánchez hizo uso de la ley de defensa de la competencia de 2007 para imponer condiciones adicionales a las de Competencia, con la incorporación de requisitos a la opa por razones de interés general. La consecuencia de estas condiciones es que durante al menos tres años, BBVA y Sabadell tendrán que operar de forma "autónoma". Es decir que, en caso de que la opa prospere –necesita al menos que los accionistas se vendan el 50,01% de los títulos del Sabadell–, tendrán que operar como si el segundo banco fuera una filial del primero. Pero la verdad es que Bruselas va más allá y también señala una norma que, de momento, el gobierno español no ha tenido que utilizar en la operación del BBVA sobre el Sabadell. Se trata de la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito aprobada en 2014 y desplegada en 2015, bajo el gobierno de Mariano Rajoy (PP).

La Unión Europea (UE) no ha dejado de comprar gas ruso pese a la agresión iniciada por el régimen de Vladimir Putin contra Ucrania. Según la propia Comisión Europea, el bloque comunitario se ha gastado más en la compra de combustibles fósiles provenientes de Rusia que en las ayudas enviadas a Ucrania. Sin embargo, Bruselas se ha propuesto dejar de adquirir gas proveniente de Rusia de forma definitiva: prohibirá a las compañías europeas comprar e incluso obligará a rescindir los contratos de combustibles fósiles que tienen firmados a años vista con socios comerciales rusos, lo que ha hecho saltar las alarmas en algunas empresas afectadas, como Repsol y Naturgy.

Las urnas siguen poniendo a prueba a la Unión Europea, y le dicen que basta de dudas, que hay que ir a por todas y resistir el asalto conjunto de Trump y Putin. Hace justo una semana lo que hubiera podido representar un descalabro para la democracia en Rumanía –y de paso para el este de Europa– ha quedado en una parodia montada por el candidato ultra George Simion proclamándose ganador cuando las estimaciones a pie de urna decían que el presidente sería el europeísta Nicusor Dana. Alivio y esperanza en la UE, cohabitando con temores, y todo ello rodeado de una gran incertidumbre que costará que se vaya, aunque el domingo 1 de junio el liberal Rafal Trzaskowski llegue a la presidencia de Polonia.

Ahora que Bruselas se plantea modificar las reglas fiscales para dejar el gasto en defensa fuera de los cálculos del déficit, resuena otra reivindicación. ¿Podría hacer lo mismo en un ámbito con necesidades urgentes de financiación en toda la Unión Europea (UE) como lo es la vivienda? La Comisión Europea no flexibilizó sus topes sagrados del 3% de déficit para los estados miembros ni durante la crisis económica de 2008, que puso en riesgo la eurozona. La única excepción hasta ahora fue la pandemia, cuando éstos se congelaron y se dio vía libre a los gobiernos para gastar lo necesario para la recuperación económica. El armamento será la próxima anomalía en las estrictas normas de Bruselas, pero no existen planes ni perspectivas para que la vivienda se añada. Entonces, ¿de qué otra forma quiere solucionar la Comisión Europea una emergencia de la vivienda que atraviesa el Viejo Continente y sobre la que no tiene las competencias necesarias?

Las secuelas de décadas de abuso de la temporalidad en la administración pública no se han desvanecido del todo. Aunque la Generalitat ha dado casi por cerrado el proceso de estabilización del personal interino, este colectivo sigue expresando preocupaciones y dudas sobre su futuro laboral. El Gobierno asegura que ha logrado reducir esta anomalía y ahora sólo el 7,9% de sus 182.815 empleados -Bruselas exigía que fuera menos de un 8%- son temporales, frente al 35,5% del 2021. En este tiempo, 46.800 interinos han logrado una plaza.

Juntos incrementa la presión en el gobierno español y complica aún más la vida en Pedro Sánchez. El expresidente Carles Puigdemont ha anunciado este viernes que los junteros suspenden las negociaciones con el PSOE para los presupuestos del Estado de 2025, y ha convocado una reunión de carácter "urgente" y "extraordinario" en Suiza con el mediador internacional. Tras la decisión de los socialistas de aplazar el debate en la mesa del Congreso sobre la cuestión de confianza en Sánchez, los junteros quieren dar un toque de atención a la Moncloa y demostrar que no van de "cacha". El mensaje está claro: el acuerdo entre Junts y el PSOE que permitió la investidura del presidente español "no se está cumpliendo" y, si las cosas no cambian, peligra la gobernabilidad de España.

El gobierno español pulsa el acelerador para recibir más fondos europeos. El ejecutivo de Pedro Sánchez no sólo tiene intención de pedir el quinto pago (7.671 millones de euros en subvenciones) antes de que acabe el año, sino que quiere anticipar el desembolso de una parte del sexto, el séptimo y hasta y todo el octavo.

El plan de ajuste del gobierno español para cumplir con las reglas fiscales en los próximos siete años ha convencido a Bruselas. La Comisión Europea ha validado este martes la proyección del ejecutivo de Pedro Sánchez enviada a mediados de octubre para cumplir con los objetivos de reducción del déficit y deuda pública fijados por las instituciones comunitarias. En el Plan Fiscal y Estructural, el Estado se compromete a derribar el déficit a la mitad en los próximos cuatro años. Del 2,5% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el volumen de una economía) en 2025 a un 1,6% en 2028 (en 2031 se situaría en un 0,8% del PIB) . Bruselas exige que se mantenga por debajo del 3% del PIB, considerado el máximo según las reglas fiscales si los estados miembros de la Unión Europea no quieren exponerse a un expediente sancionador.

Hoy la actualidad nos lleva a Madrid y Bruselas, pero el protagonismo es catalán. En Madrid, porque el gobierno de Pedro Sánchez está negociando al límite con Junts i Esquerra el impuesto a las empresas energéticas. Izquierda el vuelo, Junts no, porque invoca el perjuicio que el impuesto significaría para las inversiones de Repsol en Tarragona, y la solución intermedia que se ha propuesto es poner el impuesto con deducciones a las energéticas que reinviertan sus beneficios en programas de descarbonización. Éste es el problema técnico. El problema político es que el caso ha revelado en toda su crudeza la rivalidad Esquerra-Junts en la lucha por ser decisivos en Madrid. Esquerra ve que Junts ha impuesto sus condiciones porque el PSOE da por hecho los votos de Esquerra, al tratarse de un partido de izquierdas con el que también aspira a entenderse en Catalunya. El problema es que Esquerra debe definir su estrategia. Está pendiente de elegir presidente, se siente menospreciada por el PSOE en Madrid e investir a Salvador Illa ha tenido costes, de momento, de imagen y de relato; y aún tardará unas semanas, que es el tiempo que necesita la nueva dirección del partido que debe salir del congreso de la próxima semana para decidir por dónde quiere tirar.

Hoy nos toca a nosotros estar en cuidado y mirar el cielo, sobre todo del Ebro en Tarragona. Y ésta, la alerta y las restricciones de la movilidad, será nuestra nueva normalidad porque los fenómenos atmosféricos violentos pueden ser más frecuentes.

El pasado mes, Mario Draghi, el antiguo presidente del Banco Central Europeo (BCE), hizo público el informe sobre la competitividad y la productividad europeas que había preparado por encargo de la presidenta de la Comisión Europea. Más allá de los interrogantes que plantean sus análisis y recomendaciones (porque no sabemos si van a conseguir generar respuestas efectivas), el informe Draghi debe ser saludado por un doble motivo. En primer lugar porque identifica y describe muy bien nuestros problemas esenciales. Pone en concreto el dedo en la llaga sobre el retraso tecnológico europeo en una serie de áreas clave, y de las pésimas consecuencias potenciales de estos déficits, en un panorama geopolítico muy violento y degradado.

Uno de los principales capos italianos de la salsa de tomate ha comenzado una cruzada en Bruselas contra la producción más barata de la región de Xinjiang, en China. El director ejecutivo de la marca Mutti, Francesco Mutti, ha instado a las autoridades europeas a proteger a los agricultores de la competencia "desleal" de la pasta fabricada por los chinos ya restaurar la "dignidad" de la fruta roja más representativa de Italia. El empresario reclama que es necesario que la UE prohíba estas importaciones o les aplique unos aranceles mucho más elevados para salvaguardar a los campesinos del país transalpino.

Barcelona era su próximo objetivo comercial pero no podrá ser. Las trabas burocráticas y la falta de inversores han hecho que la empresa holandesa European Sleeper, que el verano del pasado año hizo revivir el debate de los trenes nocturnos en España, se haya visto obligada a aplazar su aventura empresarial en la capital catalana otros dos años. El consejero delegado de la compañía, Elmer van Buuren, ha explicado al ARA que la ruta, prevista inicialmente para la primavera de 2025, no se podrá poner en marcha "antes de 2026" y, de hecho, tampoco descarta que los trámites se retrasen hasta 2027 por la falta de trenes. Así, el único proyecto sobre la mesa para recuperar los trenes nocturnos en Catalunya y en el conjunto del Estado se aplaza en el calendario.

Menos deuda, menos déficit y un gasto público controlado. Son las tres líneas maestras del Plan Fiscal Estructural correspondiente al período 2025-2028 que el gobierno español tiene previsto enviar este martes a Bruselas. Con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales a partir del próximo año, los Estados miembros están obligados a presentar un plan de ajuste para los próximos siete años desde la puesta en marcha de estas reglas, está en decir, hasta el año 2031. Durante este período, los países deben llevar a cabo un "esfuerzo" con el objetivo principal de reducir la deuda de las administraciones públicas.

La Comisión Europea ha propuesto la creación de una aplicación móvil para digitalizar el carné de identidad o pasaporte a la hora de viajar por el espacio Schengen, o para entrar en él. La medida pretende agilizar los controles a la hora de, por ejemplo, tomar un avión o un tren. Para ello, Bruselas plantea la necesidad de crear un marco común para el uso de credenciales de viaje electrónicas y el desarrollo de una 'aplicación' bautizada como 'EU Digital Travel'.

La semana que cerramos hoy reafirma la idea de que la política catalana está resoplando en un rellano. Apenas hace un mes que Salvador Illa tomó posesión, que Puigdemont vino y se marchó, el nuevo Govern todavía está haciendo nombramientos y cambios, los partidos están preparando congresos,en Diada ha sacado menos gente a la calle que años atrás y, al mismo tiempo, no hay ningún movimiento político que saque a la calle a tanta gente como el independentismo.

Patatas fritas con mejillones. Éste es el plato más típico de Bruselas, que, además, se anuncia como método pescaturistas en todos los rincones del centro de la ciudad, pero no se asusten. La cocina belga va mucho más allá de la famosa combinación del tubérculo y el molusco, aunque también vale (y mucho) la pena degustarlos. La capital de la mayoría de instituciones de la Unión Europea ha adoptado los mejores sabores de toda Europa y del mundo sin abandonar los suyos, y los paladares pueden deleitarse con comidas muy diversas, de gran calidad y para todos los bolsillos.

El Parlamento Europeo que ahora termina el mandato pliega con los deberes hechos en el ámbito digital, habiendo aprobado las importantes directivas DMA y DSA que garantizan la privacidad y confidencialidad de los datos de los consumidores y las empresas europeas y evitan la discriminación en las tiendas de aplicaciones de las grandes tecnológicas. Sin embargo, el vigoroso crecimiento de los programas de inteligencia artificial (IA), que no parece tener freno, así como la explosión de centros de datos en la nube en todo el mundo, harán aún más difícil el cumplimiento de la legislación europea, aunque se acaba de aprobar una ley específica para la IA (AI Act) para luchar contra la desinformación y su uso indiscriminado.