El Estado se compromete a derribar el déficit a la mitad en los próximos cuatro años

MadridMenos deuda, menos déficit y un gasto público controlado. Son las tres líneas maestras del Plan Fiscal Estructural correspondiente al período 2025-2028 que el gobierno español tiene previsto enviar este martes a Bruselas. Con la entrada en vigor de las nuevas reglas fiscales a partir del próximo año, los Estados miembros están obligados a presentar un plan de ajuste para los próximos siete años desde la puesta en marcha de estas reglas, está en decir, hasta el año 2031. Durante este período, los países deben llevar a cabo un "esfuerzo" con el objetivo principal de reducir la deuda de las administraciones públicas.

A pesar de tener estos siete años, el gobierno español ha concentrado este proceso de consolidación en cuatro años. En 2028, pues, habrá que elaborar un nuevo plan, tal y como ha detallado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros de este martes. De entrada, ya falta de conocer la letra pequeña del documento, el gobierno español se compromete con Bruselas a que el déficit público pase de un 2,5% del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide el volumen de una economía) en 2025, a un 1,6% en 2028 (en 2031 se situaría en un 0,8% del PIB), en ambos casos por debajo del 3%, considerado el máximo según las reglas fiscales comunitarias. En cuanto a la deuda pública, ésta irá descendiendo del 102,5% del PIB en 2025 hasta el 98,2% en 2028 y caerá en torno al 90% en 2031.

Finalmente, la regla de gasto –se tiene en cuenta el crecimiento del gasto primario neto, lo que no incluye el gasto vinculado a los intereses oa los fondos europeos, entre otras cuestiones– se sitúa en un 3% de media durante el período 2025-2031 (un 3,4% hasta el 2027). "Mantenemos el compromiso con la responsabilidad fiscal", ha reiterado Cuerpo.

Con la pandemia de la cóvid-19, Bruselas y los estados miembros suspendieron sus reglas fiscales y abrieron el grifo para afrontar el choque económico y proteger a familias y empresas. Sin embargo, con el retorno de las reglas se recuperan los aires de austeridad, aunque los países deben tener, a priori, mayor flexibilidad.

Pero en el caso de España, el ejecutivo de Pedro Sánchez no quiere que se asocie el apretarse el cinturón con futuros recortes: "Es importante no hablar de recortes, porque el ajuste o esfuerzo en cuanto al gasto público también depende del crecimiento [económico] de un país", ha defendido el ministro de Economía. El Estado prevé que la economía española mantenga el pulso y crezca un 2,4% en 2025 y un 2,2% en 2026, cifras muy superiores a las que registran actualmente la mayoría de países de la zona euro.

Ingresos y reformas

Este crecimiento económico se traduce en mayores ingresos, lo que explica cómo quiere evitar el gobierno hacer recortes: la recaudación crecerá más que el gasto público, según las previsiones enviadas a Bruselas. Asimismo, cabe recordar que la deuda y el déficit públicos se calculan como un ratio sobre el PIB, es decir, dividiéndolos por el tamaño de la economía. Por tanto, el crecimiento de la economía hace que el ratio de deuda sobre el PIB se reduzca automáticamente, sin necesidad de ajustes fiscales.

Sin embargo, la pregunta que hay en el aire es si esto es suficiente teniendo en cuenta los retos a los que se enfrenta España: no sólo debe gastar más en defensa (por los acuerdos adoptados por los miembros de la OTAN ante la invasión rusa de Ucrania), sino que en los próximos años también tendrá que gastar más en prestaciones como las pensiones o la dependencia por el envejecimiento de la población.

La previsión detallada con respecto a los ingresos, sin embargo, no se sabrá hasta que presente un plan presupuestario (es el documento que debe acompañar anualmente el Plan Fiscal Estructural, pero que no estará preparado hasta que haya unos presupuestos generales del Estado). El gobierno español sigue negociando la senda de estabilidad (objetivos de déficit y deuda) con Junts después de que el partido de Carles Puigdemont votara en contra en el Congreso, un trámite que es imprescindible para la elaboración de las cuentas públicas.

La otra cuestión importante son las reformas que toma cada país para acabar con algunos de los problemas endémicos de su economía. España ya ha llevado a cabo algunas de ellas, como la reforma de las pensiones o la laboral, pero se ha comprometido con Bruselas a una reforma fiscal. De hecho, al mismo tiempo es uno de los logros si se quiere cobrar el último pago de los fondos europeos antipandemia. Por el momento, el ejecutivo sólo ha afirmado que quiere hacer permanentes los impuestos extraordinarios a la banca ya las energéticas. "Estamos en conversaciones con Bruselas [sobre esta reforma]", ha reconocido el ministro.