La gobernabilidad del Estado

PSOE y Junts se dan otra oportunidad

Sánchez se abre a ampliar el margen de déficit de las comunidades y ayuntamientos

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La vicepesidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa.

MadridEmpiezan a verse algunos frutos de la reunión entre Junts y el PSOE en Suiza, tras la polémica decisión de la formación de Carles Puigdemont de abortar el debate sobre la regulación de los alquileres de temporada. En una jugada a tres bandas, el gobierno español trata de acercarse de nuevo a Junts, que se presta a reanudar negociaciones para que la legislatura no descarrile. Este martes Pedro Sánchez se ha visto obligado a retirar del pleno del Congreso la votación de la senda de estabilidad -el paso previo a la presentación de los presupuestos del Estado- porque iba a decaer con la negativa de PP, Vox y Junts , pero lo ha hecho porque ve posibilidades de salvar unas cuentas de 2025 que se daba por sentado que deberían prorrogarse. Además, el PSOE también reactiva la comisión de investigación de la Operación Catalunya en la cámara baja y pidió por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, que permita el uso del catalán en los plenos de Bruselas y Estrasburgo. Y aún un último guiño a los aliados parlamentarios: el PSOE ha permitido la tramitación de una iniciativa del PNV para reforzar el control del CNI.

"Parece que después de casi un año se empieza a entender. Si el PSOE quiere que pasen cosas diferentes, debe hacer cosas diferentes", ha subrayado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, una vez conocida la decisión del consejo de ministros de retrasar la votación de la senda de estabilidad (objetivos de déficit y deuda y regla de gasto) prevista para este jueves. Hace menos de una semana fuentes del ministerio de Hacienda aseguraban que "no podían ofrecer más" margen de déficit a las comunidades autónomas y negaban que pudieran modificar los números. De hecho, Montero presentó las mismas cifras que en julio, cuando ya perdió por primera vez esa votación en el Congreso. En cambio, ahora puede haber movimientos. "El objetivo de esta decisión es dar más tiempo a la negociación ofreciendo una nueva oportunidad al diálogo. El gobierno quiere agotar todas las posibilitadas para poder llegar a un pacto que sea beneficioso para las comunidades autónomas y los ayuntamientos", explican desde del ministerio de Hacienda. Fuentes socialistas vinculan ese margen para negociar a que el gobierno español ha mejorado las previsiones de crecimiento del PIB para 2025.

"Es evidente que una vez revisados ​​todos los datos macroeconómicos, entre ellos el PIB, se puede revisar la misma senda de estabilidad mejorando lo que aparecía", ha apuntado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en rueda de prensa en la cámara baja. En una atención a los medios, Nogueras ha exigido que las comunidades autónomas tengan al menos un tercio del total del margen de déficit de las administraciones públicas y que, por tanto, se recorte el de la administración central, que tiene mucho más. "Tienen que negociar y presentar una propuesta que realmente mejore la situación de Catalunya, de la Generalitat y también de los ayuntamientos", ha reclamado la portavoz juntera. Desde el ministerio de Hacienda ven inviable la modificación de máximos que pide Junts, que Nogueras sitúa como base para iniciar las conversaciones, pero el PSOE confía en encontrar una fórmula intermedia. La portavoz del gobierno español, Pilar Alegría, rechazó poner un plazo para llegar a un acuerdo con Junts y aprovechó la rueda de prensa posterior al consejo de ministros para pedir también "responsabilidad" al PP.

Críticas al PP

En cuanto a los populares –en los que centran las críticas los socialistas por la negativa a apoyar la votación cuando, a diferencia de Junts, gobiernan en comunidades autónomas–, Alberto Núñez Feijóo ha puesto como condición para negociar que se retire la financiación singular para Cataluña pactado con ERC. El líder de los populares, además, ha lamentado en Telecinco que el PSOE les culpe cuando no se ha sentado a negociar con ellos. Los objetivos de estabilidad y el techo de gasto son el primer paso para la elaboración de los presupuestos generales del Estado, pero también marcan la elaboración de las cuentas públicas del resto de administraciones, tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos.

En la senda de estabilidad a votar el jueves, el ministerio de Hacienda plantea un objetivo de déficit para las comunidades autónomas del 0,1% del PIB en 2025 (en abril se preveía exigir un superávit de un 0,1% del PIB en 2025 y 2026). "Es importante recordar que el gobierno [español] ha presentado una senda avalada por todas las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que flexibiliza los objetivos de déficit para las comunidades y los ayuntamientos para los años 2025 y 2026", defienden desde el ministerio de Hacienda. En cuanto a los ayuntamientos, deberían cerrar el ejercicio de 2025 y 2026 con equilibrio presupuestario, es decir, con un déficit del 0% del PIB, mientras que en abril también se les exigía tener superávit.

Por último, para la administración central se prevé un objetivo de déficit del 2,2% y para la Seguridad Social del 0,2% del PIB. La disciplina fiscal de todas las administraciones, desde las comunidades hasta la administración central, es clave para que el gobierno español alcance un déficit para el conjunto de las administraciones de un 2,5% del PIB en 2025, tal y como se es comprometido con Bruselas.

En caso de que la senda de estabilidad planteada por el gobierno español no salga adelante, la ley prevé que debería aplicarse la senda de los presupuestos del Estado vigentes, en este caso las cuentas prorrogadas de 2023. La particularidad Sin embargo, actual es que las cuentas públicas del Estado de 2023 se aprobaron cuando no existían reglas fiscales y, por tanto, los objetivos de déficit y deuda son simples referencias. Según ha explicado el ministerio de Hacienda, si los nuevos objetivos planteados no prosperan, habría que aplicar la senda de estabilidad enviada a Bruselas en el mes de abril, en la que los objetivos de déficit y deuda para las comunidades autónomas y los ayuntamientos eran mucho más restrictivos.

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