Los "piratas de la luz" acusados de defraudar 61 millones desde Madrid y Barcelona
La Audiencia Nacional juzgará este otoño un entramado de decenas de empresas y diecisiete procesados que se exponen hasta dieciséis años de prisión
BarcelonaConocían a fondo cómo funciona el mercado eléctrico en España y se aprovecharon de sus propios "mecanismos de seguridad" para estafarlo. El fraude supera los 61 millones de euros, según los cálculos de Red Eléctrica, y hay 93 empresas afectadas que ahora intentan conseguir una indemnización para recuperar el dinero que perdieron con este engaño. La Audiencia Nacional juzgará entre octubre y noviembre este entramado, que trabajaba desde Barcelona y Madrid y era supervisado desde el despacho de Sarrià donde trabajaba el empresario Esteban Roig, a quien la Fiscalía señala como director de toda la estructura y pide que se le condene a dieciséis años de prisión. También están acusadas dieciséis personas más, que podrían asumir penas de entre nueve y seis años en función de su grado de intervención.
Según expone la Fiscalía en su escrito de acusación, los acusados abrieron al menos trece compañías comercializadoras de energía y presuntamente se organizaban para no pagar a las productoras la energía que ellos sí cobraban a los consumidores finales. Los engaños comenzaron en el año 2012 y se destaparon a finales de 2017, cuando el principal acusado fue detenido y pasó un año en prisión provisional. Entre las productoras de energía más perjudicadas se encuentran Endesa con 19,83 millones, Naturgy (7,29 millones) y Repsol (4,84 millones).
Se aprovechaban del mismo funcionamiento del sistema: como la energía eléctrica no se puede almacenar, las comercializadoras acostumbran a comprar a las productoras la cantidad que prevén que necesitarán para cubrir la demanda de los clientes, pero si en algún momento necesitan más de la prevista se puede cubrir con unos "ajustes" o "desvíos" que fueron la clave de este fraude millonario. Normalmente, estos ajustes suponen menos de un 10% de la energía que se acaba sirviendo a los usuarios finales, y a veces obligan a las productoras a aumentar la producción. Por la manera en que funciona el sistema, hasta que no han pasado unos ocho meses no se puede saber qué comercializadora en concreto es la responsable de esta energía que se ha tenido que producir de más. Mientras tanto las comercializadoras sí que pueden facturar a los clientes todo lo que les han suministrado gracias a los contadores.
Este lapso de unos pocos meses fue la grieta para el fraude, según explica el fiscal. El impago a las productoras conllevaba un expediente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que acabaría con la empresa inhabilitada y expulsada del sistema eléctrico estatal, pero de todas formas el impago ya habría perjudicado no solo a las productoras: los "desvíos" impagados se acaban trasladando al precio final de la energía, de forma que los acaba asumiendo el consumidor final.
Ocultar el dinero
El primer paso fue crear las empresas comercializadoras y captar clientes rápidamente ofreciendo precios muy bajos. Al mismo tiempo, esto obligaba a hacer cada vez más "desvíos" y aumentar la producción de energía. Una vez pasado este primer periodo de captación de clientes, fueron rebajando la cantidad de energía que compraban cada día. Llegaron al punto de comprar solo un 5% de lo que sus clientes pedirían, de manera que crecía la cantidad de energía que el usuario final pagaba, pero el sistema nunca cobraba.
A pesar de que Red Eléctrica alertó de los impagos y la CNMC expedientó e inhabilitó a las compañías implicadas, el entramado estaba preparado para esquivar estas sanciones con una compleja estructura de sociedades, según continúa el escrito de acusación. En la causa hay investigadas trece sociedades comercializadoras, pero muchas más estuvieron implicadas en el entramado. Según la Fiscalía, una cuarentena entre empresas de gestión y sociedades pantalla. Ellos mismos derivaban los clientes a una nueva compañía, también relacionada con el entramado, cuando la primera iba a ser inhabilitada. Además, parte de los fondos que conseguían las trece comercializadoras se transferían a otras empresas vinculadas al entramado para ocultarlos, algunas administradas por los mismos acusados.
El centro de operaciones de las comercializadoras estaba en Madrid, pero el entramado también contaba con otras empresas que tenían su base en Barcelona. Desde la capital catalana operaban en diferentes sectores comerciales y se nutrían de los fondos que venían de la comercialización ilícita de energía. De hecho, la sede en un edificio del barrio de Sarrià era el "nexo de unión entre las comercializadoras fraudulentas y el resto de la organización, hecho que daba apariencia de legalidad a las actividades ejecutadas", explica el fiscal.
