El juez Manuel García-Castellón está ya jubilado. El magistrado de la Audiencia Nacional que ha ido investigando, entre otras causas, el caso Tsunami Democrático, cuelga la toga después de que este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE) ya haya publicado su jubilación forzosa. García-Castellón cumple 72 años el próximo 16 de octubre, la edad máxima en la que podía presidir el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, pero pidió adelantar la fecha de la jubilación a este lunes. Lo que hoy publica el BOE es el acuerdo que la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptó a finales de junio para dar cumplimiento a la petición.

Marta Rovira ha vuelto esta mañana en Cataluña. Se acabó el exilio de seis años y cuatro meses para la secretaria general de Esquerra. Para ella, y para otros exiliados en Suiza, acusados ​​de terrorismo por las protestas del Tsunami Democrático. Rovira y todo el grupo se han detenido primero en Salses, en la puerta de los Països Catalans, y después han subido la autopista y poco antes de las ocho y media de la mañana han pasado por la Jonquera y han bajado del coche en Cantallops, el pueblo de la familia de Ruben Wagensberg. Allí se encontró con las amigas de Vic, con Oriol Junqueras y con compañeros del partido. Son imágenes históricas.

Si nos ceñimos a la estricta actualidad política, tenemos que el Tribunal Supremo ha archivado la causa de Tsunami contra Puigdemont. Lo ha tenido que hacer después de la pifia de García-Castellón. De los tres frentes abiertos que tenía el presidente, se ha librado de uno. Pero todavía tiene la orden de detención por malversación y el juez Aguirre, el de la trama rusa, el que presumía de haberse cargado la amnistía, de forma inesperada le ha pasado la trama rusa al Supremo, por el delito de alta traición. Así que Puigdemont aún puede ser detenido.

El juez Manuel García-Castellón ha puesto punto y final a la causa de Tsunami Democrático. Después de que la Audiencia Nacional tumbara buena parte de la instrucción del polémico juez desde julio del 2021, esta tarde él mismo ha dictado un auto para archivar el caso, en el que figuran diez investigados, entre ellos la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Este paso allana el camino del regreso a Cataluña de la dirigente republicana, exiliada en Suiza desde marzo de 2018: sin la causa de Tsunami ya no tiene riesgo de ser encarcelada, ya que sólo se le imputa un delito de desobediencia por el 1 -O que no comporta cárcel. Sin embargo, la decisión también tiene efectos para el expresidente Carles Puigdemont: aboca al Tribunal Supremo a archivar su causa y también la de Ruben Wagensberg, que están investigados por terrorismo en el alto tribunal porque son aforados.

Ya sé que no hace falta que les convenza de que las manifestaciones del Tsunami no fueron terrorismo, pero a la justicia española sí hay que repetirlo, por lo que hoy es noticia de apertura de portada a El País una información que el diario publica en exclusiva:

Cuando Carles Puigdemont decidió presentarse a las elecciones del Parlament del 12 de mayo, asumía no sólo que no sería el cabeza de lista de las europeas tal y como había planeado, sino también que, a partir de la constitución de la nueva cámara catalana, perdería la condición de eurodiputado y, por tanto, la inmunidad. Ser miembro de las dos cámaras es incompatible y, en su caso, el afectado debe comunicar cuál de los dos escaños prefiere. Si nada dice, prevalece la última acta que ha recogido, es decir, en el caso de Puigdemont, la del Parlament.

Con la amnistía aprobada, es la hora de los tribunales y los movimientos de oposición no han tardado en llegar. Los fiscales del juicio del Proceso en el Tribunal Supremo ya han abierto la batalla: pretenden evitar el regreso de Carles Puigdemont y también se oponen a amnistiar el delito de malversación, por el que están inhabilitados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, y procesados ​​el propio Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. En una reunión este mismo jueves con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, los fiscales más duros contra el 1-O le han trasladado que, a su juicio, la ley de amnistía no puede obligar a retirar las órdenes de detención e ingreso en prisión contra los exiliados. ¿Cómo deben aplicar a partir de ahora la ley los tribunales?

El juez Manuel García-Castellón ha dejado en libertad a la dirigente de ERC, Marta Molina, tras declarar en la causa del Tsunami, sin decretar ninguna medida cautelar. La secretaria de movimientos sociales de ERC sólo respondió a las preguntas de su abogada, Marina Roig, en una declaración breve, de unos cinco minutos. Molina ha dicho que no hizo ningún llamamiento a acciones violentas y que sólo conoció a los comunicados de Tsunami a través de la prensa tras reiterar que el independentismo es un movimiento pacífico.

"Como nos consideramos víctimas de terrorismo, que [esta investigación] tenga las repercusiones que tenga que [...]. Un adoquín tirado desde un tejado me cayó en el antebrazo. Me han tenido que operar dos veces y sufro estrés postraumático", ha declarado ante el juez Manuel García-Castellón un agente de la Policía Nacional que intervino en la plaza Urquinaona y en la Vía Layetana de Barcelona el 18 de octubre de 2019, durante las protestas postsentencia. Aquellos disturbios y las lesiones que sufrieron algunos policías son una de las patas para García-Castellón por imputar terrorismo a una docena de investigados por el caso Tsunami Democrático. Este martes dos agentes comparecieron en la Audiencia Nacional.

Ni 24 horas después de las elecciones en Cataluña, Manuel García-Castellón reactiva la causa de Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional y cita a declarar a 10 de los investigados por terrorismo el 22 de mayo. Es decir, el miércoles de la próxima semana, aún sin la ley de amnistía aprobada. En un auto de este lunes por la tarde, ordena la comparecencia de Marta Rovira (ERC), Oleguer Serra, Oriol Soler, Marta Molina, Jesús Rodríguez, Xavier Vendrell, Jaume Cabaní y Josep Lluís Alay a través de videoconferencia y desde Barcelona . Sin embargo, algunos de ellos están en el exilio. En el escrito no se hace referencia a Josep Campmajó, otro de los imputados que se encuentra en Suiza, aunque el juez le corregirá en breve y también se le cita. En cuanto a Nicola Flavio Giulio Foglia, el magistrado reclama que las autoridades italianas le localicen y pueda declarar desde allí.

El periodista Jesús Rodríguez es uno de los investigados en el caso Tsunami Democrático por el juez Manuel García-Castellón, aunque él oficialmente no ha recibido todavía ninguna comunicación que así lo certifique. La falta de confianza en esta operación policial le ha llevado a exiliarse en Ginebra, Suiza. Desde allí, explica su visión sobre una causa que, a su juicio, intenta aplicar la plantilla vasca a la realidad catalana.

La Guardia Civil, fuente de toda imputación presuntamente terrorista a las movilizaciones independentistas, para ahora los pies en el juez de Tsunami Democrático, Manuel García-Castellón. El magistrado de la Audiencia Nacional quiso buscar indicios contra la plataforma por unas protestas durante una visita de Felipe VI a Catalunya que ni siquiera sabía cuándo ni dónde se produjo, pero el instituto armado ha investigado y no ha encontrado nada. "Los reyes de España acabaron visitando el monasterio de Santa María de Poblet, en Tarragona, y no consta ningún incidente", asegura la Guardia Civil en un informe del 19 de abril que le había reclamado García-Castellón.

Una silla vacía en la redacción de La Directa. Una silla vacía en la mesa del Parlament. Una silla vacía en la sede de Òmnium Cultural. Una silla vacía en un hogar de Gerona. La segunda ola de exilios conocida la semana pasada, que opera como la vuelve perversa de la amnistía, son demasiadas cosas a la vez. La enésima prueba de hasta dónde llega, ya quien puede pillar, la represión en el ecosistema democrático, que va de un periodista de investigación a un emprendedor, de un diputado a un editor, de un presidente de la Generalitat a la secretaria general de una formación política. Pero también sobre qué parámetros excepcionales resistimos y cuál es el momento preciso que afrontamos. El exilio –escribía Joseba Sarrionandia– es encerrarse en un armario y tener miedo de que nadie lo abra y, a la vez, que alguien lo abra. Se sabe con exactitud qué día arranca, quedando grabado en cada cuerpo en qué momento se tomó la decisión. Pero nunca se sabe a ciencia cierta cómo y cuándo acabará –pero siempre acaba, la cuestión es a qué precio y después de cuántos años–. Sin embargo, en estos momentos en los meandros turbios de la futura aplicación de la ley de amnistía, nadie sabe cuándo volverán Jesús, Oleguer, Rubén o José –y Jaume o Nico–. Como hace siete años –dos mil trescientos días ya– que sí sabemos que todavía no han vuelto ni Carlos, ni Marta, ni Toni ni Lluís.

Con suerte, la próxima campaña electoral catalana debería ser la última con la interferencia judicial de los jueces. Porque si la amnistía es necesaria para resolver situaciones personales injustas, también lo es para celebrar una campaña electoral sin límites para ninguno de los candidatos y sin la amenaza de la justicia. El hecho de que más personas hayan tenido que irse al exilio en el marco de la causa de Tsunami Democrático, un auténtico despropósito jurídico, ya ha enturbiado el ambiente a las pocas semanas de las elecciones. Pero además, el juez Manuel García-Castellón aún puede decidir si, en plena campaña electoral, cita a declarar a los acusados ​​que no se han exiliado, como por ejemplo Oriol Soler o Xavier Vendrell, con el riesgo de que decida enviarlo en la cárcel. Este escenario nefasto haría revivir los peores momentos de la represión contra el independentismo posterior al 1-O.

Ésta es la cosecha de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo: siete políticos, activistas y periodistas se han exiliado huyendo de una acusación de terrorismo, del peligro de una detención arbitraria, por parte de unos tribunales que han perdido cualquier proporción y sentido del equilibrio y neutralidad profesional.

Por muy multitudinarias y disruptivas que fueran, aunque consiguieran bloquear una infraestructura crítica como el aeropuerto de Barcelona y que llegaran a desbordar a los cuerpos policiales, cualquier observador externo lo tendrá claro: las protestas convocadas por Tsunami Democrático nunca fueron terrorismo. El DIEC es diáfano. Dice que terrorismo es un "movimiento político que utiliza el terror basado en la violencia como herramienta de presión". Que el Código Penal español y las interpretaciones que realizan algunos jueces se hayan retorcido hasta el extremo de desdibujar los límites jurídicos del término terrorismo no cambia su realidad, ni su semántica. Si alguien duda, el nivel de alerta antiterrorista en España puede servir de prueba del algodón: antes de las protestas del 2019 estaba en el nivel 4 sobre 5, durante las protestas continuó en el mismo sitio y luego tampoco cambió. Las amenazas terroristas reales provienen del yihadismo y de la ultraderecha, y poner a Tsunami Democrático a su nivel es grotesco a ojos de cualquier ciudadano de un país occidental.

No tenemos lluvia que nos dé alegrías, pero hemos tenido un eclipse que, gracias a la magnífica y espontánea retransmisión de Lídia Heredia en TV3, nos ha traído algo de aliento entre tanta dureza informativa. La periodista vivió con emoción un fenómeno difícil de ver a lo largo de su vida y que la IA no puede suplir. De momento y que yo sepa. Desde aquí no podíamos ver el eclipse, pero pudimos sentir la misma sensación. La naturaleza, los astros y determinadas personas todavía tienen la facultad de hacernos vivir en un mundo posible, lleno de belleza y empatía. Quizás si diéramos más tiempo y relevancia a los momentos de alegría colectiva incluso la sequía sería más llevadera. Quizás.

Cuando todavía estábamos publicando la noticia de otro exiliado de Òmnium, Oleguer Serra, miembro de la junta directiva de la entidad, esta mañana hemos sabido que había otra, el periodista de La Directa Jesús Rodríguez.

Nuevos exiliados por el caso Tsunami Democrático: el empresario Josep Campmajó y Jesús Rodríguez Sellés, periodista de La Directa, se trasladaron a vivir a Suiza, según anunciaron este jueves. Lo han hecho al día siguiente de que lo hiciera público el miembro de la Junta de Òmnium Oleguer Serra. Como al resto de investigados en el marco de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón le dio este martes 24 horas para que informara de un domicilio donde ser localizable, paso previo e imprescindible para poder citarlo a declarar. Llegado ese momento, y de no presentarse, podría dictar contra él una orden de detención. Todo ello, a falta de un mes y medio para la aprobación definitiva de la amnistía. Y ese movimiento es uno más de una ola de independentistas exiliados por este caso.

A mes y medio de la aprobación definitiva de la amnistía, la causa contra Tsunami Democrático suma un nuevo exiliado: es el miembro de la junta directiva de Òmnium Oleguer Serra, que se ha instalado en Suiza ante el riesgo que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón le envíe a prisión. "Llevo casi seis meses en el exilio perseguido por mis ideas y porque soy un independentista catalán", ha explicado Serra en una declaración con el resto de la junta de la entidad en Perpiñán y exdirigentes como Jordi Cuixart. Lo ha hecho junto a su presidente, Xavier Antich, quien ha denunciado la "persecución política" tras el caso Tsunami y ha anunciado que la entidad pone en marcha una campaña para convertir el exilio en una "estrategia de trabajo internacional".