Judicialización del Proceso

La Audiencia Nacional sigue los pasos del Supremo: quiere saber en 24 horas dónde están los investigados por el caso Tsunami

Un auto del juez García-Castellón reclama una lista de domicilios

ARA
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El juez Manuel García-Castellón hablando por teléfono mientras entra en la Audiencia Nacional, en Madrid.

BarcelonaAl día siguiente que el Tribunal Supremo citara a declarar Carles Puigdemont y Ruben Wagensberg por videoconferencia entre el 17 y el 21 de junio, ha llegado un movimiento en la misma línea de la Audiencia Nacional para quienes no están aforados. En concreto, una providencia del juez Manuel García-Castellón con fecha de este lunes sigue los mismos pasos del alto tribunal en la persecución del caso Tsunami Democrático y pide facilitar un domicilio en el que sean localizables en apenas 24 horas. Éste es un paso imprescindible para poder citar a declarar a los imputados, entre los que figuran personalidades como la dirigente de ERC Marta Rovira, el periodista Jesús Rodríguez o el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, que hace un par de meses sufrió una hemorragia cerebral.

El juez distingue entre los que están formalmente comparecidos –es decir, tienen un abogado designado en el caso– y los que no, ya que en este caso requiere que sea la Guardia Civil como fuerza pública actuando la que averigüe donde son. ¿De quién se trata? El periodista Jesús Rodríguez Sellés, Jaume Cabaní –al que se le atribuyen las finanzas de Tsunami– el banquero Nicola Flavio. A quienes están formalmente comparecidos por abogado o abogado y procurador sólo se les requiere informar de su ubicación por la vía de sus letrados, como es el caso de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; la mano derecha del expresidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, y empresarios como Oriol Soler y Xavier Vendrell, además de otras personalidades como Marta Molina, Oleguer Serra y Josep Campmajor.

Una vez los localice, el juez instructor decidirá si los cita a declarar y, en caso de que no se presenten, si dicta contra ellos órdenes de detención.

En todo caso, por ahora, la Audiencia Nacional sigue los pasos del Supremo, pese a que fue el juez Castellón cuál hasta ahora llevaba la batuta de esta causa. Fue él quien en 2019 abrió la investigación –a partir de una causa secreta que ya tenía abierta contra el independentismo– y quien la reactivó a raíz de la negociación entre el PSOE y Junts sobre la amnistía.

La Audiencia de Barcelona rechaza suspender un juicio por la amnistía

Por otro lado, este martes la Audiencia de Barcelona ha rechazado suspender un juicio a dos manifestantes independentistas por la amnistía. Según ha publicado Efe, el tribunal ha decidido mantener la fecha del 22 de mayo, aunque entonces la ley prácticamente ya estará aprobada. La defensa, representada por el colectivo Alerta Solidaria, había argumentado que no tenía sentido celebrar el juicio, con la consecuente dedicación de recursos materiales y humanos, dada "la más probable" aplicación de la amnistía.

Los dos manifestantes se enfrentan a penas de prisión de hasta nueve años y medio por petición de la Fiscalía, mientras que la Generalitat les pide tres y medio. También deben sentarse en el banquillo cuatro agentes de los Mossos d'Esquadra, a los que se acusa de un delito de lesiones –cuatro años y medio– para golpear a los activistas cuando los detuvieron a raíz de las protestas del Proceso.

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