García-Castellón pinchó el teléfono de independentistas al menos hasta febrero de 2022

MadridEl espionaje a móviles de personas vinculadas al independentismo se ha alargado, como mínimo, hasta febrero de 2022. Así lo revela un auto del polémico juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que ha tenido acceso el ARA, que puso fin a las diligencias previas 104/2017, la causa secreta que ha servido para investigar a gran escala el independentismo en los últimos años. De este caso original habrían surgido el resto que pilota la Audiencia Nacional. "Las intervenciones [telefónicas] interesadas no superan las exigencias establecidas en la ley", argumentaba el magistrado, que consideraba que era necesario "ponderar" esta intromisión con la posibilidad de esclarecer los hechos que se indagaban. En esta resolución, de 9 de mayo de 2022, se explica que la investigación se abrió a raíz de la huelga del 8 de noviembre de 2017, en la que los Comités de Defensa de la República (CDR) bloquearon las estaciones del AVE de Sants y Girona, así como las principales carreteras del país. Fue una protesta por el encarcelamiento de los líderes del Proceso.

La Directa publicó en octubre de 2022 que 38 personas vinculadas a la izquierda independentista y los CDR habían tenido el teléfono pinchado hasta, como mínimo, el primer trimestre de 2019. El auto al que ha tenido acceso el ARA demuestra que allí ha investigado policialmente que tuvieron el teléfono intervenido hasta principios de 2022, si bien no se especifica quién. Entre la infección con Pegasus en los terminales de una sesenta personas revelada por Citizenlab –una parte reconocida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)– y los pinchazos que también ordenó García-Castellón en la causa del Tsunami Democrático, el espionaje al independentismo ha sido general en los últimos años.

En el ámbito judicial, ha sido posible gracias a estas diligencias 104/2017, una especie de cajón de sastre sin imputaciones formales que ha permitido acumular información y, posteriormente, propiciar el nacimiento de otras investigaciones pilotadas por el propio juez – García Castellón– como la del Tsunami Democrático y la de la operación Judas por terrorismo. Según las defensas, fue causa prospectiva. "Las investigaciones han permitido conocer la estructura base organizativa de los CDR en su conjunto: sistema piramidal de decisión, en concordancia con su vertebración y niveles de estratificación territorial [...], así como la imputación de acciones concretas a determinados investigados", resolvía el auto de mayo de 2022. Es decir, que los "actos de sabotaje" de noviembre de 2017 fueron el pretexto para una investigación mucho más amplia.

De hecho, cuando García-Castellón ordenó que el 21 de febrero de 2022 cesaran las intervenciones telefónicas, veía un "riesgo" que esta medida "mutara en una actuación de carácter prospectivo". Por eso, y como en relación con los hechos originales no existían "indicios racionales de criminalidad en el ámbito de competencia de la Audiencia Nacional", es decir, sobre delitos de terrorismo, rebelión o sedición, el juez dictó el archivo provisional. Casualmente -o no-, la decisión se produjo poco después de que la sala autorizara a uno de los espiados, el ahora diputado de la CUP Xavier Pellicer, acceder parcialmente a las actuaciones, petición a la que García-Castellón se había negado sistemáticamente .

Movimiento de la defensa de los CDR

En vista a la Audiencia Nacional, este lunes los abogados de Alerta Solidaria, que representan a 9 de los 12 procesados ​​por la Operación Judas, han utilizado estos argumentos para cuestionar la legitimidad del tribunal. "Estos supuestos actos de sabotaje son los hechos que están en el origen de la causa que acabó siendo la operación Judas. Por tanto, les hemos recordado que fueron descartados como terrorismo y que es un contrasentido que los investiguen", defiende el letrado Martí Majoral en conversación con el ARA. Aunque no se les atribuyen estas actividades en concreto, deja claro el abogado, sí que les implican en otras acciones como la protesta por los 9 de Lledoners, que terminó con absolución, o manifestaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que se han archivado, alega. Principalmente, se les acusa de preparar actos que no se ejecutaron como ocupar el Parlamento y atentar contra torres de telecomunicaciones, así como la elaboración de substancias explosivas. La Fiscalía, a diferencia de la causa de Tsunami, sí ve terrorismo en esta investigación y pide hasta 27 años de cárcel por algunos de los procesados.

Si los hechos que se imputan no son los de la huelga del 8 de noviembre de 2017, ¿cuál es el hilo que une esta causa original contra el independentismo con los detenidos los miembros de los CDR detenidos el 23 de septiembre de 2019? Las defensas remarcan que las diligencias 104/2017 son el origen de causas judiciales posteriores, algunas conocidas y otras que seguirían siendo secretas. Concretamente, la de la operación Judas es la pieza separada número 2 de las diligencias previas 99/2018, abiertas en septiembre de 2018. Y la propia sala de la Audiencia Nacional ha reconocido que las 99/2018 derivan de las 104/2017 . "La instrucción fue prospectiva. A partir de los primeros actos de 2017, empezaron a pinchar teléfonos. [...] Cuestionamos la competencia porque el procedimiento es irregular", insiste Majoral.

Las defensas se presentaban a la vista de este lunes con pocas esperanzas, pero la sala acabó aplazando el acto por otro motivo. Para uno de los investigados, Alexis Codina, se suspendió el procedimiento a raíz de la baja médica de su letrado y los jueces acordaron hacerlo para todos. Esta decisión propicia que la apertura de juicio oral se dilate, presumiblemente hasta después de la entrada en vigor de la amnistía, que esperan que haga decaer la causa. Hasta la Audiencia Nacional se han querido desplazar a dos de los procesados, Xavier Buigas y Eduard Garzón, que en declaraciones a los medios han subrayado que la Fiscalía no tiene pruebas para acusarles de terrorismo.