La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide hasta 27 años de cárcel para los CDR acusados por terrorismo

MadridLa Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 27 años de cárcel a ocho de los miembros de los CDR acusados ​​por terrorismo. En un escrito de acusación presentado este viernes, el ministerio público les achaca delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de sustancias explosivas de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa. A otros cuatro acusados ​​les pide ocho años de prisión por el primer delito.

"Los acusados, como miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), habrían superado la actividad dentro del respectivo CDR y conformado una organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable, cuyo objetivo sería el de llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando los explosivos o sustancias incendiarias fabricados en los dos laboratorios clandestinos que la propia organización tenía instalados en dos domicilios particulares ", sostiene la Fiscalía.

Los acusados ​​a los que pide la pena de 27 años son Eduard Garzón, Esther Garcia, Sonia Pascual, Queralt Casoliva, Germinal Tomás, Alexis Codina, Jordi Ros y Joaquim Delgado. En Xavier Buigas, Ferran Jolis, David Budria y Clara Borrego es al que atribuye sólo uno de los tres delitos. Teóricamente, este caso también se incluye en la ley de amnistía en tramitación en el Congreso, que prevé que los delitos de terrorismo puedan incluirse si no hay sentencia firme, pero ahora el juicio sigue adelante mientras la amnistía no está en vigor y, además, genera dudas legales el hecho de que se puedan amnistiar los delitos de terrorismo.

La Audiencia Nacional cerró el sumario del caso a principios de este mes y envió el caso a juicio. El juez instructor es el mismo que en el caso del Tsunami Democrático, Manuel García-Castellón, quien había encontrado suficientemente acreditados los indicios para sentarlos en el banquillo de los acusados ​​por terrorismo. Ahora es la Fiscalía quien confirma esta hipótesis, a diferencia de lo que ha hecho en el caso del Tsunami, donde descarta que se pueda seguir instruyendo por este delito.

La ocupación del Parlament

Los acusados, sostiene la Fiscalía, desarrollaron los Centros de Coordinación (Cecor) para las acciones de los CDR, asumiendo el encargo del "CNI catalán", una organización secreta de la que en el escrito de acusaciones no se detalla estructura. La acción paradigmática que se atribuye a los acusados ​​es la de ocupar el Parlament de Catalunya, que nunca llegaron a materializarse. El ministerio público explica que tenían previsto entrar por la puerta principal porque "se les facilitaría el acceso desde el interior" y posteriormente "defenderían" sus posiciones dentro de la cámara. Para ello necesitaban "importantes conocimientos en redes ilícitas y clandestinas seguras de telecomunicaciones y una importante capacidad de movilización". La Fiscalía detalla que se habían presupuestado 6.000 euros para poder asumir ese operativo, que debía durar "al menos una semana" y que debería haber contado con "la instalación de antenas de largo alcance y también el alquiler de inmuebles y locales para proporcionar seguridad y el establecimiento de bases de intendencia".

El ministerio público se refiere a los acusados ​​como una "célula", y subraya que habrían participado de forma habitual en todas las acciones convocadas por los CDR: las protestas del 1 de octubre de 2018, coincidiendo con el aniversario del 1-O; la manifestación del 21 de diciembre del 2018, cuando se celebró un consejo de ministros en Barcelona, ​​y la del 1 de febrero del 2019, cuando se trasladaron a los presos políticos desde las cárceles catalanas hasta Madrid para participar en el juicio del Proceso. No aclaran si estuvieron presentes en la explanada de Lledoners, donde hubo algún enfrentamiento con la policía.