Ola de exiliados por el caso Tsunami: 7 de los 12 investigados marchan al extranjero

BarcelonaNuevos exiliados por el caso Tsunami Democrático: el empresario Josep Campmajó y Jesús Rodríguez Sellés, periodista de La Directa, se trasladaron a vivir a Suiza, según anunciaron este jueves. Lo han hecho al día siguiente de que lo hiciera público el miembro de la Junta de Òmnium Oleguer Serra. Como al resto de investigados en el marco de la causa en la Audiencia Nacional, el juez Manuel García-Castellón le dio este martes 24 horas para que informara de un domicilio donde ser localizable, paso previo e imprescindible para poder citarlo a declarar. Llegado ese momento, y de no presentarse, podría dictar contra él una orden de detención. Todo ello, a falta de un mes y medio para la aprobación definitiva de la amnistía. Y ese movimiento es uno más de una ola de independentistas exiliados por este caso.

Al menos siete de los doce investigados por la causa de Tsunami están en el extranjero, y cuatro de ellos se han trasladado allí en los últimos meses. De hecho, Rodríguez, que ha revelado numerosos abusos policiales e infiltraciones en movimientos soberanistas y sociales, se encuentra en el país helvético desde finales del año pasado, según ha confirmado el abogado Dani Amelang en rueda de prensa este jueves. En total, están fuera de Cataluña el diputado republicano Ruben Wagensberg, el activista de Òmnium Oleguer Serra, el periodista Jesús Rodríguez y el empresario Josep Campmajó. Se suman a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, desde el 2018; a Jaume Cabaní, que se marchó a Bélgica, y al expresidente Carles Puigdemont, que está en la Catalunya Nord. Asimismo, esta semana el Tribunal Supremo también citó a declarar por videoconferencia a los dos imputados aforados a la causa: el expresidente y Wagensberg, ambos en el exilio. También hay otro investigado que vive fuera, el banquero suizo Nicola Flavio.

En cambio, hay otros encausados ​​por el caso Tsunami que han optado por ahora por otra estrategia: quedarse. El jefe de la oficina del expresidente Puigdemont, Josep Lluís Alay, vive en Catalunya y se recupera del aneurisma que sufrió el pasado febrero. Al igual que el empresario Oriol Soler, que también se habría quedado, y el expolítico y empresario Xavier Vendrell, que trabaja por el presidente de Colombia y va y viene al país –su entorno asegura que siempre que lo han citado a declarar se ha presentado–. Marta Molina también tiene previsto seguir aquí por el momento. Esta causa hace semanas que hace prever que puede convertirse en una fábrica de presos políticos o exiliados antes de que entre en vigor la ley de amnistía.

"Preservar la libertad"

La noticia sobre Rodríguez se ha hecho pública en una rueda de prensa llena de representantes de entidades sociales y soberanistas esta mañana, al día siguiente de que el miembro de la junta directiva de Òmnium Oleguer Serra, en la misma situación de investigado por el caso Tsunami, revelara su exilio desde Perpiñán. A través de un vídeo grabado, el periodista señaló que se le persigue por "hacer el trabajo", dado que García-Castellón le acusa de tener información de las movilizaciones antes de que se produzcan. Ha justificado su decisión de exiliarse porque se encuentra ante un tribunal "conchorchado con la extrema derecha" y ha optado por la alternativa: "Preservar mi libertad y el ejercicio de la labor de periodista desde el exterior del país [...] para seguir luchando". También ha afirmado que pretende "alzar la voz" aunque haya tenido que renunciar por ahora a vivir en su barrio con sus gentes. Se compromete a seguir haciendo periodismo.

La Guardia Civil le situó entre los responsables de Tsunami Democrático cuando interceptaron unas conversaciones del teléfono de Josep Lluís Alay, en las que el periodista informaba al jefe de la oficina de Puigdemont de las manifestaciones que tendrían lugar en octubre del 2019, una información que Rodríguez explica que tenía por su trabajo. En cualquier caso, en el vídeo difundido no se ha sido de calificar la persecución del juez de "esperpéntica", y ha dicho que es un "mensaje general para navegantes" dentro de una "causa general" contra el independentismo . Además, en declaraciones a Catalunya Ràdio, Rodríguez ha argumentado que intenta "poner distancia" para defenderse. "Mucha gente que me está contactando me dice que es una venganza", ha añadido en referencia a sus publicaciones sobre infiltraciones policiales.

El escritor y empresario gerundense Josep Campmajó, investigado por la misma causa de la Audiencia Nacional, también ha hecho público hoy su exilio: “Llevo 22 semanas de exiliar en Suiza. No es un exilio voluntario, nos ha empujado la represión de España y su sistema judicial al considerar que todos aquellos activistas que hemos formado parte de Tsunami Democrático somos considerados terroristas”, ha explicado en un mensaje grabado. El vídeo lo ha difundido un grupo de apoyo, formado por entidades, activistas y amigos de Campmajó, que se ha presentado hoy mismo con el compromiso de activar todo tipo de acciones y movilizaciones para acompañar al exiliado y recaudar fondos: "La Caja de Resistencia cubre a los abogados de los represaliados, pero el apoyo logístico y económico del exilio debemos asumirlo entre todos", ha dicho Tavi Casellas, coordinador del Consejo Local de la República de Girona, informa Aniol Costa-Pau.

Solidaridad

El abogado de Jesús Rodríguez, Dani Amelang, ha explicado que en un primer momento en mayo de 2023 se le decía que Rodríguez no estaba investigado, mientras que a raíz del acuerdo de Junts-PSOE, el 6 de noviembre, había un cambio con la inclusión en la causa como imputado. "Se le incluye en el caso por su labor de periodista", ha lamentado, justificando el exilio "ante el riesgo de una detención arbitraria". Por otra parte, el Grupo de Apoyo a Jesús Rodríguez ha difundido un manifiesto de solidaridad en la que denuncian que esta causa supone "amordazar el libre ejercicio" del periodismo, "criminalizar a la sociedad en movimiento" en general y el derecho de autodeterminación de Catalunya en particular con la excusa del terrorismo. Por ello, exigieron su archivo y el fin de la persecución judicial y la represión.