El exconseller de Interior Miquel Buch ha sido amnistiado de nuevo. El titular del juzgado de instrucción número 16 de Barcelona le ha aplicado el olvido judicial del Proceso, en una resolución adelantada por El Mundo en el que también amnistía el diputado de Junts y responsable de política municipal del partido, David Saldoni, así como otros nueve exdirectivos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). Todos ellos fueron investigados por un supuesto desvío de 613.573 euros de la entidad para impulsar el proceso. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya había aplicado la amnistía a Buch a finales de junio por malversación y prevaricación por haber contratado de asesor al departamento de Interior al escolta del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

La Fiscalía General del Estado (FGE) desautoriza a la fiscalía catalana y no recurrirá la amnistía al exconsejero de Interior Miquel Buch y al agente de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà, que escoltó al expresidente Carles Puigdemont en el exilio. La FGE frena así las intenciones del ministerio público del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que este miércoles había presentado un escrito ante el tribunal en el que anunciaba la voluntad de presentar un recurso. Para la fiscalía catalana, el hecho de que el Tribunal Supremo no haya amnistiado a los líderes del 1-O implicaba que también debía darse marcha atrás en la amnistía de Buch. Una opinión que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no comparte y, como órgano jerárquico, les ha impuesto su criterio.

Han pasado 26 días desde que el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la ley de amnistía y 14 desde su publicación en el BOE, que abrió la veda a su aplicación. Dos semanas después empiezan a llegar las decisiones judiciales, y ya están los primeros amnistiados: el exconseller de Interior Miquel Buch y Lluís Escolà, el sargento de los Mossos d'Esquadra condenado por hacer de escolta en el exilio de Carles Puigdemont , además de una decena de personas investigadas por enfrentamientos con la policía durante varias manifestaciones del Proceso. Así lo ha decidido este martes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ha aplicado la amnistía directamente, sin acudir ni al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni al Tribunal Constitucional para retrasarla, como debían apuntado algunas guías distribuidas desde el correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial.

La Audiencia de Barcelona ha condenado este jueves al exconseller de Interior Miquel Buch a cuatro años y medio de prisión y veinte años de inhabilitación por la causa del escolta del expresidente Carles Puigdemont. Así, la sala asume la tesis de la Fiscalía, que acusaba al extitular de la conselleria de haber contratado a un asesor para que se encargara de forma encubierta de la protección de Puigdemont en el exilio. En este sentido, los magistrados también sentencian a cuatro años de privación de libertad y diecinueve de inhabilitación Lluís Escolà, el mozo que según el fiscal ejerció a escondidas las funciones de seguridad del expresidente en Bélgica. La sentencia condenatoria –por los delitos de prevaricación y malversación– puede recurrirse al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y, posteriormente, al Tribunal Supremo. De modo que la entrada en prisión, en principio, no sería inminente.

No tendría que ser extraordinario que el Govern indemnice de oficio a alguien que ha perdido un ojo por un proyectil policial por el solo hecho de participar en una protesta, sin haber cometido ningún delito. Pero Ester Quintana tuvo que pelearlo a fondo en los juzgados. Su caso marcó un punto de inflexión, con la prohibición en 2013 del uso de balas de goma por parte de los Mossos d'Esquadra y la creación, el año siguiente, de un protocolo para indemnizar a las víctimas de actuaciones de la policía catalana. Tenía que ser un cambio de dirección que no lo fue tanto: el protocolo no se había aplicado nunca hasta ahora –los consellers Ramon Espadaler, Jordi Jané, Joaquim Forn y Miquel Buch no crearon nunca la comisión que lo tenía que ejecutar– y los proyectiles policiales, ahora de foam, continúan reventando ojos. 

El ex conseller de Interior Miquel Buch tendrá que ir a juicio por prevaricación y malversación de dinero público. La Fiscalía lo acusa de fichar como asesor para el departamento de Interior a un mosso d'esquadra para que siguiera haciendo de escolta del ex president Carles Puigdemont en el exilio y pide que le impongan seis años de prisión y hasta 27 de inhabilitación. La pena solicitada por el ex conseller es más alta incluso de la que la Fiscalía pide para el agente, al que quiere que se impongan cuatro años y medio de prisión y 23 de inhabilitación.