La guía para evitar el libre regreso de Puigdemont

MadridLa guía para no aplicar la amnistía que ha preparado la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial –una pequeña asociación de jueces en el Estado– se actualizó con el texto definitivo de la ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados –ahora está en trámite en el Senado– y después de que la Comisión de Venecia emitiera su informe.

Prejudiciales en el TJUE

La estrategia prioriza la vía europea y no acudir al TC

Los impulsores del texto coinciden con la tesis ya extendida de que es prioritario dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) antes de hacerlo en el Tribunal Constitucional (TC). Su argumento es que ya habrá partidos que recurran al TC, mientras que en Luxemburgo solo pueden hacerlo los jueces. Además, la cuestión de inconstitucionalidad y las cuestiones prejudiciales no pueden presentarse a la vez. La guía incorpora plantillas y preguntas redactadas de las cuestiones a plantear en Luxemburgo.

Las medidas cautelares

Las órdenes de detención no se levantarían automáticamente

Juntos procuró que en la ley de amnistía quedara claro que una vez entre en vigor, los jueces están obligados a levantar las medidas cautelares vigentes, es decir, las órdenes de detención e ingreso en prisión. Incluso, aunque se plantee una cuestión en el TC o en el TJUE. Lo hizo para que Carles Puigdemont pudiera volver tan pronto como se publicara la norma en Boletín Oficial del Estado. Aunque el juez Pablo Llarena prevé levantar la orden de detención estatal, los jueces plantean a su guía una vía para no hacerlo: sostienen que si Llarena presentara una prejudicial al TJUE preguntando específicamente por esta supuesta obligatoriedad, ya quedaría en vilo la aplicación de este apartado hasta que Luxemburgo resuelva la duda .

¿Y qué habría que plantear? En primer lugar, si una ley española puede regular lo que sucede cuando un juez se dirige al TJUE. Su tesis es que es Luxemburgo quien tiene la competencia. En segundo lugar, si una ley de carácter “especial” y “único” como la amnistía puede dar “instrucciones” a los magistrados sobre cómo actuar, o esto atenta contra la separación de poderes. En este sentido, la guía se basa en el reciente informe de la Comisión de Venecia cuando avala el levantamiento de las medidas cautelares siempre que sea "consecuencia de la decisión del juez de aplicar la amnistía al caso", y no por una imposición previa del poder legislativo. Recomiendan realizar este movimiento el mismo día que entre en vigor la amnistía para desactivar esta aplicación automática que pretende la norma.

Terrorismo y malversación

Contravendría la directiva de la UE

La guía también recomienda impugnar la amnistía en lo que se refiere a los delitos de terrorismo y malversación. Sobre el primero, que llevó de cabeza a los negociadores, se estableció que se amnistarían aquellos actos que no hubieran “causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. Sin embargo, estos jueces creen que contraviene la directiva europea, que también considera terrorismo actos menos lesivos –dicen–, pero que exige que igualmente se persigan. Básicamente, defienden que "no se permiten excepciones".

Con relación a la malversación, el derecho europeo establece que deben castigarse los perjuicios a los intereses financieros de la UE cuando se produzcan de forma directa e indirecta. Los jueces creen que en un contexto de recepción de fondos europeos no debería tolerarse que un estado miembro perdonara un delito de malversación a líderes políticos que “amenazan con volver a malversar en otro proceso unilateral de independencia”.

Impugnación general

La adecuación entre fines y medios

La guía también impugna el instrumento en sí de la amnistía porque cree que es un medio que está justificado sólo si es el adecuado para el fin que se quiere alcanzar, tal y como ha avalado la Comisión de Venecia. En este caso, es la reconciliación en Cataluña. Sin embargo, los jueces lo desmienten por las declaraciones de Junts y ERC que sitúan a la amnistía como punto de partida para un nuevo referéndum y por el hecho de que haya sido moneda de cambio de una investidura.