El Supremo prevé retirar la orden de detención contra Puigdemont cuando se apruebe la amnistía

El expresidente podría, pues, venir después de las elecciones sin riesgo de prisión

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01. El expresidente Carles Puigdemont en una imagen reciente. 02. Imagen del Constitucional.

MadridLa ley de amnistía aprieta el margen de Pablo Llarena para perseguir a Carles Puigdemont. Según fuentes del alto tribunal consultadas por el ARA, el Tribunal Supremo ya asume que cuando entre en vigor la amnistía, a finales de mayo, deberá retirar la orden de detención en territorio español e ingreso en prisión que pesa aún sobre el expresidente y eurodiputado de Junts por el 1-O. Esto quisiera decir que Puigdemont podría intentar volver después de las elecciones catalanas -donde todo apunta a que será candidato- sin el riesgo, incluso, de ser detenido. Y es que mientras sea eurodiputado, el Supremo no puede actuar contra él en la causa de Tsunami Democrático por terrorismo, porque antes debería pedir un suplicatorio en la Eurocámara.

Las fuentes jurídicas consultadas por el ARA subrayan que la ley de amnistía borraría la posibilidad de condena por el 1-O contra Puigdemont, por lo que no se podría dictar una orden de prisión contra él en el marco de esta causa. Que la ley de amnistía es aplicable a este procedimiento judicial, por el que nueve exdirigentes independentistas ya fueron condenados por sedición, es indudable. Más bien, las reservas se sitúan en torno al terrorismo y éste ha sido el delito que ha marcado buena parte de las negociaciones de las últimas semanas para que la ley viera la luz en el Congreso.

Lo que sí es remarcable es que el Supremo interprete, tal y como quería Junts, que el levantamiento de las medidas cautelares —las órdenes de detención e ingreso en prisión— son de aplicación inmediata una vez que la norma entre en vigor . Es decir, que una hipotética cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no la paralizaría. Hasta que alguno de estos dos tribunales dictaminara que la ley de amnistía es ilegal, si así lo consideraran, el riesgo de prisión no existiría en cuanto a la causa del Proceso, anotan estas fuentes.

¿Qué pasos se seguirían?

Así pues, cuando se aprobara la amnistía, Llarena trasladaría a las partes cómo aplicar la ley. Sin embargo, de entrada el Supremo ya cree que la orden de detención deberá retirarse, con independencia de lo que puedan alegar la Fiscalía o la acusación popular de Vox. Tal y como ya explicó el ARA, el magistrado instructor debería concluir el sumario para todos los investigados —Puigdemont, Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Marta Rovira— y enviarlo a la sala en caso de considerar que existen dudas de legalidad en la ley de amnistía. El propio Llarena ya dejó entrever que quien tiene competencia para ello sería la sala una vez concluida la instrucción.

¿Cuál es el calendario? Las fechas son muy ajustadas. La previsión es que la amnistía se apruebe a finales de mayo porque el PP dilatará su trámite en el Senado durante dos meses, por lo que si Puigdemont quiere volver sin riesgo de ser detenido debería hacerlo después de las elecciones. Si quisiera hacer campaña —del 26 de abril al 10 de mayo—, podría pasar unos días en prisión, pero sería liberado una vez que la norma entrara en vigor.

Por otra parte, la amenaza que sí se mantiene es la de Tsunami Democrático. El Supremo ya ha dejado dicho que existen indicios de terrorismo contra Puigdemont y la interpretación sobre si ese delito es amnistiable está abierta. Ahora bien, la juez instructora del caso, Susana Polo, debería pedir primero el suplicatorio en la Eurocámara mientras sea eurodiputado —hasta el 7 de junio, si se presenta a las elecciones al Parlamento, porque debería dejar el acta europea— , citarlo a declarar y plantearse si se dan los factores para ordenar un ingreso en prisión preventivamente: riesgo de fuga, de reiteración delictiva o de destrucción de pruebas. Sin embargo, Polo también tendrá que plantearse si la amnistía ampara el caso Tsunami y decae la causa.

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