Al día siguiente del incendio que causó dos heridos leves, la Guardia Urbana desplegó este miércoles por la mañana un dispositivo especial para desalojar los asentamientos de barracas situados debajo del puente de Calatrava de Barcelona, ​​junto a las obras de la Sagrera. El asentamiento está ubicado en la esquina entre las calles Bac de Roda y Huelva. Hasta allí, se han desplazado varios agentes –que coordinan la actuación–, así como furgones de los Mossos d'Esquadra, camiones de los Bomberos de Barcelona, ​​personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) y de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona.

Un juzgado de Barcelona ha absuelto a Paco Peral, el padre de Rosa Peral, en la causa en la que estaba acusado de mentir para encubrirla cuando se le estaba investigando por el crimen de la Guardia Urbana. La sentencia constata que el hombre mintió a los Mossos d'Esquadra que se encargaban del caso, pero descarta una condena porque el engaño no tuvo influencia alguna a la hora de determinar la culpabilidad de su hija. El exagente de la Urbana Rosa Peral cumple condena por el asesinato en el 2017 de quien era su pareja, el también agente Pedro Rodríguez, cometido junto a su amante y compañero de patrulla, Albert López.

Elagente de la Guardia Urbana de Barcelona que en el 2020 disparó un disparo en el abdomen a un hombre sin hogar que caminaba por el paseo de Sant Joan con un cuchillo en la mano ha quedado absuelto sin llegar a ser juzgado. Los magistrados de la sección segunda de la Audiencia de Barcelona han expulsado de la causa, en el último minuto, a la Fundación Arrels. Esto ha derribado la única acusación que quedaba en pie contra el agente, ya que la Fiscalía no le atribuía ningún delito y la abogada del afectado también fue expulsada de la causa porque el hombre que vivía en la calle, Marjan, está ilocalizable desde hace años.

El padre de Rosa Peral, una de las condenadas por el crimen de la Guardia Urbana, se expone a un año y cuatro meses de cárcel por supuestamente haber mentido en el juicio al intentar exculpar a su hija. Un acusado puede mentir por defenderse ante un tribunal, pero los testigos lo tienen prohibido. Paco Peral ha sido juzgado esta semana por un presunto delito de falso testigo por el que la Fiscalía también reclama que se le imponga una multa de 1.800 euros, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso el ARA y que el fiscal ha ratificado en el juicio de esta semana. Además, padre e hija están pendientes de otro juicio en el que se les acusa de ocultar bienes para evitar indemnizar a la familia de la víctima, y ​​en los que la fiscalía pide cuatro años de cárcel para ella y tres y medio para él.

Barcelona ha sido el escenario de una carrera ilegal. Según un vídeo difundido en las redes sociales por uno de los participantes, una treintena de ciclistas kamikazes recorrieron la avenida Diagonal, de punta a punta, el pasado 21 de junio. El recorrido empezaba en el Palau de Congressos y terminaba en el Fòrum. Los ciclistas recorrieron los más de 10 km que separan estos dos tramos en poco más de 17 minutos. En circunstancias normales y respetando la normativa de tráfico, se tarda unos 40 minutos como mínimo en realizar esta distancia.

La escena es una buena metáfora del Raval de Barcelona. Una escena fotografiada por dos agentes de la Guardia Urbana vestidos de calle. Se hacen una selfie después de detener a un ladrón y requisarle un arma blanca. Por detrás, se asoma un hombre sin hogar haciendo muecas. Los policías lo ven y sonríen. Se conocen de tantas horas patrullando, al igual que se conocen a otro agente y otro sintecho que conversan un metro más allá. El hombre lleva bolsas y una rueda de bicicleta. El policía le pregunta por la mujer. Está bien. Un giro de guión cambia la escena afable por una de acción frenética. Un hombre comienza a correr. Los agentes esprintan tras ellos. Las luces azules y las sirenas de los coches patrulla comienzan a inundar las calles de Ciutat Vella. En el hotel de cuatro estrellas Barceló Raval, el fondo de la selfie inicial, las luces son de discoteca y la banda sonora es música electrónica. Se celebra una fiesta.

José Luis Vázquez (Barcelona, ​​1966) trabaja desde hace más de 20 años en el depósito Joan Miró, uno de los tres espacios donde debes ir a buscar el coche si se lo lleva la grúa.

El martes por la tarde en Y ahora Sonsoles, de Antena 3, el periodista de sucesos Carles Quílez presentaba su entrevista a Rosa Peral desde la cárcel. La presentadora metía cucharada mientras un psicólogo intentaba sacar conclusiones del perfil de personalidad de esta mujer. Al día siguiente por la mañana, el miércoles, Ricard Ustrell también le entrevistaba en Catalunya Ràdio. “¿Qué quiere denunciar?”, le preguntaba nada más empezar, como si el programa fuera ajeno a los intereses de Peral y esta fuera un oyente más. Tras preguntarle por su situación y el impacto mediático del crimen, Ustrell se justificaba: "Hemos visto series, hemos visto documentales, pero a usted no la habíamos oído". Una afirmación muy sintomática de cómo los medios están afrontando este caso. A Rosa Peral sí que la escuchamos: en el juicio.

Una de las series más golosas de estos días es El cuerpo en llamas (Netflix), la ficción basada en el crimen de la Guardia Urbana. El impulso por verla conecta más con los instintos más primarios que con la calidad de la producción: hurgar en una historia sórdida y tóxica con componentes sexuales y emocionales que la televisión ha alimentado desde el sensacionalismo. El espectador está altamente familiarizado con los hechos y le resulta fácil adentrarse en ellos. El cuerpo en llamas construye un relato que se ajusta a la tesis de la Fiscalía en el juicio: la colaboración entre Rosa Peral y Albert López para planificar el asesinato de Pedro Rodríguez. En la recreación de los hechos, el guion trata de ofrecer una mirada con perspectiva de género a través de la mujer policía que lidera la investigación del caso. Pero, aun así, la serie se suma a reforzar la conducta sexual de la protagonista como un reclamo comercial. El propio título tiene esa doble interpretación entre la combustión de un cadáver y el deseo ardiente.

El 17 de noviembre del año pasado el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, escenificaron un acuerdo para que la Guardia Urbana de la capital catalana también pueda tramitar denuncias por violencia machista, una competencia que hasta ahora estaba reservada a los Mossos d'Esquadra. El convenio se firmó en noviembre, pero hacía más de dos meses que, según fuentes del departamento, estaba terminado. Voces cercanas al consistorio también aseguran que las conversaciones estaban muy avanzadas. Hasta septiembre, cuando el acuerdo ya estaba a punto para firmar, era un tema que no tuvo mucha repercusión: las conversaciones eran discretas y avanzaban. Antes de la Diada ya se estaba buscando una fecha para formalizar la firma, pero el 13 de septiembre operaron al conseller Elena de urgencia y todo se tuvo que posponer. Fue a partir de entonces que la recogida de denuncias de la Guardia Urbana se convirtió en una disputa política.

Los vecinos del conocido como Triángulo Golfo del Poblenou, en el entorno de la calle Pere IV, ya tienen la constatación numérica que son unos de los más damnificados por los problemas de ruido e incivismo nocturno de Barcelona. Así lo han demostrado los sonómetros que ha instalado el Ayuntamiento durante el mes de junio para decidir qué medidas aplicar y que han situado este ámbito entre los que registran más noches en rojo (diez decibelios por encima del límite). Aquí el problema no va vinculado a la acumulación de terrazas de bares, sino a botellones y concentraciones de gente a la entrada de locales de ocio hasta muy entrada la madrugada. Y se repiten sustos para el vecindario como el fuego que el jueves de madrugada calcinó un contenedor y pasó a las persianas de un edificio con vecinos.

Para el teniente de alcalde de Seguridad de Barcelona, Albert Batlle, el hecho de que el 80% de los agentes de la Guardia Urbana puedan hacer vacaciones entre los meses de julio y agosto, que son los de más trabajo a la ciudad, "es casi una leyenda urbana". A pesar de que, como destapó el ARA, el convenio del cuerpo policial permite que hasta un 40% de los agentes libren en estos dos meses de verano, en la práctica no es así y este año, por ejemplo, harán vacaciones el 21,2% en julio y el 34% en agosto. Y habrá, asegura, una media de mil agentes cada día, un dispositivo que ve "suficiente y dimensionado".

Un hombre se sienta junto a su carro de la compra y se prueba unos zapatos. Otros cotillean dando vueltas entre las sábanas –y el mantel– tendidos en el suelo. Hay una quincena, unos junto a los otros, y se exponen zapatos usados, juguetes (algunos con caja y otros viejos), teclados, alguna pieza de bisutería, ropa de segunda o tercera mano... Es lo que se conoce con el mote del mercado de la miseria, que ofrece muchas cosas recuperadas de la basura y que, desde que en febrero fue expulsado de la ronda Sant Antoni, se instala cada tarde en las calles del Raval. Sobre todo, en la pequeña plaza del Dubte, en la calle Riera Alta, junto a la misma ronda, pero también en callejones vecinos como Cendra o Requesens. En algunos momentos son diez vendedores y en otros una treintena o incluso más, y ahora en verano suelen estarse desde primera hora de la tarde hasta más tarde de las once de la noche. Si ven a la Guàrdia Urbana, se marchan un rato y vuelven más tarde.

Ahora tienen entre 64 y 68 años, y cuando opositaron para ser las primeras mujeres policías tenían entre 21 y 25 años. En 1979 la Guardia Urbana de Barcelona convocó la primera promoción que admitía a las mujeres, el mismo año que también lo hacía la Policía Nacional. Solo en Madrid y Córdoba habían aceptado las mujeres antes, pero en Catalunya ellas abrieron el camino. Fueron 20 mujeres que con más de un centenar de hombres formaron “la promoción de la Transición”. A pesar de que ellas superaron las pruebas igual que ellos –un dictado cantado por megafonía que se suspendía con dos faltas, una raíz cuadrada y una redacción–, salieron de la academia con un uniforme diferente y tampoco les otorgaron las funciones que les daban a los hombres.

El 80% de los agentes de la Guardia Urbana podrán seguir haciendo vacaciones entre los meses de julio y agosto, aunque sea una de las épocas del año con más problemas de convivencia y seguridad. Este derecho laboral de los agentes se remonta a la Barcelona preolímpica, cuando casi no venían turistas a la capital catalana y no había tantos problemas de seguridad. Desde entonces, la ciudad ha cambiado mucho –el verano del año pasado durmieron 1,9 millones de turistas–, pero nunca ningún gobierno municipal ha osado tocar este derecho de los trabajadores. En el año 2019, el verano con más homicidios en la ciudad desde 2011, el ARA destapó esta información y el Ayuntamiento de Barcelona, en boca de la tercera teniente de alcaldía, la socialista Laia Bonet, se comprometió a intentar "cambiar" este porcentaje de vacaciones para que no fuera "tan acusado". Tres años más tarde, sin embargo, nada ha cambiado y el 40% de los agentes de la Guardia Urbana pueden seguir librando en julio y otro 40% lo pueden hacer en agosto. De hecho, según ha podido saber el diario ARA, durante la reunión que el Ayuntamiento tuvo con los sindicatos en diciembre para negociar el nuevo convenio de condiciones laborales, este tema ni siquiera se puso sobre la mesa.

Barcelona se prepara para una verbena de Sant Joan que recuerde a la del 2019 y lo hace con la vista puesta en dos focos: el primero es la concentración de personas en las playas, de donde se espera volver a tener que desalojar a las cerca de 60.000 personas que eran habituales antes de la pandemia, y el otro son las zonas forestales, por el elevado riesgo de incendio que vive todo el país. "Estamos en un momento crítico y cualquier descuido puede provocar un incendio", ha alertado el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, que ha recordado la prohibición de usar fuego a menos de 500 metros de zonas forestales, y ha remarcado que la Guardia Urbana mantendrá una atención especial en los distritos de montaña para garantizar que esto se cumpla. Y la ciudad suma una recomendación más: evitar dentro de lo posible el lanzamiento de cohetes y de farolillos voladores, que se lanzan desde la playa pero luego no se sabe dónde caen. El jefe del Servicio de Protección Civil, Prevención de Incendios y Salvamento, Sebastià Massagué, ha hecho un llamamiento a "extremar la prudencia" y a no usar este tipo de pirotecnia.

"No afrontamos este verano como una fatalidad que nos someterá sin remedio", dice el teniente de alcaldía de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, que descarta que sea como la undécima plaga de Egipto, aunque reconoce que las elecciones municipales de aquí a un año "pesan". Pero Batlle admite que es el primer verano de recuperación de la normalidad después de los dos años de pandemia, hecho que "comporta riesgos", y hace un llamamiento: "Es una ciudad con normas que se tienen que respetar y hacer respetar". En la presentación del dispositivo especial que hará la Guardia Urbana desde el 1 de junio hasta el 5 de septiembre, Batlle ha defendido que con una Barcelona "ordenada y limpia la actividad delictiva es más difícil".

Si ningún virus lo altera, después de dos años en pandemia, este verano volverá a asemejarse al de 2019, el último con la normalidad precovid. Desde Semana Santa, la ciudad se ha llenado de turistas y se espera que todavía lleguen más. El aumento de su presencia va ligado a un crecimiento de la delincuencia, a menudo con los visitantes extranjeros como víctimas recurrentes. Los hurtos y los robos, de hecho, ya se sitúan por encima de 2020 –cuando los delitos tocaron fondo– y del año pasado, pero todavía por debajo de 2019, cuando llegaron a un máximo histórico y se hablaba de una "crisis de seguridad" en la ciudad. Con estos datos, la Guardia Urbana y también los Mossos se preparan para un verano que recuperará algunos debates previos de la pandemia si bien no todos, puesto que la presencia del top manta en Barcelona se encuentra en mínimos, según los datos del Ayuntamiento.

En la etapa final de su primer mandato, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hizo dos pasos relacionados con la Guardia Urbana: el primero, firmar el decreto que tenía que suponer la reconversión de la unidad de apoyo policial (USP), la de los antidisturbios, en la nueva unidad de refuerzo de emergencias y proximidad (UREP), y el segundo, poner en marcha un comité de ética propio del cuerpo. Un órgano de carácter consultivo que se constituyó en febrero del 2019 y que hizo una única reunión de presentación el abril de aquel año, cuando el área de Seguridad todavía dependía del comisionado Amadeu Recasens. Desde entonces no se ha convocado nunca más. Tampoco ante actuaciones que han generado polémica, como el caso del agente que, en noviembre del 2020, va disparar contra Marjan, un hombre sin hogar, en el paseo de Sant Joan. Fuentes del Ayuntamiento detallan que actuaciones como esta sí que se han llevado a la Unidad de Deontología y Asuntos Internos (UDAI), que es quien tiene las competencias para analizar casos concretos, pero que en estos tres años nadie ha requerido un encuentro de los que tenían que ser los asesores en materia de ética policial, tampoco el mismo comité.

La segunda Nochevieja con el toque de queda y las discotecas cerradas en Catalunya ha vuelto a dejar una noche bastante tranquila en la que esta vez no se ha detectado ninguna rave como la que hubo en Llinars del Vallès el año pasado. A pesar de que los Mossos d'Esquadra han intervenido en 25 fiestas ilegales en todo el país, explican que se han disuelto “sin incidencias” después de denunciar a los organizadores de las concentraciones -con las medidas anticovid actuales como máximo se pueden reunir 10 personas-. Antes de Nochevieja, la policía ya había actuado en dos raves que se preparaban: en el estanque de Ivars y en una finca de Querol. Entre la última noche del 2021 y la primera madrugada del 2022 los agentes también han hecho 53 detenciones: 23 por hurtos o robos y 14 por violencias machistas.