Si la Diada se mide en miles de manifestantes, elindependentismo de hoy no puede competir con el de hace diez años, pero eso ya lo sabíamos. Esas Diadas millonarias pertenecen al pasado y no volverán durante una buena temporada. Basta con recordar de qué partido es hoy el presidente de la Generalitat. Por tanto, la cifra de personas que salieron a la calle es directamente proporcional a la confianza que les inspiran las estrategias y los liderazgos de Esquerra, Junts y la CUP (con influencia disuasoria de la lluvia, que por la mañana en Barcelona tuvo forma de aguacero). En el fondo de esta actitud hay un razonamiento indiscutible: si cuando salieron dos millones de personas a llenar toda la Gran Via y toda la Diagonal, toda esa acumulación de fuerza no sirvió para hacer el pulso en España con más garantías de éxito, salir hoy o no salir no hará la diferencia. Pero esto, insisto, ya lo sabíamos.

El expresidente del Parlament Roger Torrent ha defendido la libertad de expresión y el derecho de poder debatir sobre cualquier materia en el Parlament durante su interrogatorio ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que lo juzga por desobediencia. "El Tribunal Constitucional no puede prohibir un debate parlamentario de interés público", ha asegurado Torrent, que se ha acogido a su derecho a contestar únicamente a las preguntas de su abogado, Andreu Van den Eynde, igual que el resto de los acusados. "La mesa no puede tener un papel de censura", ha añadido la ex secretaria cuarta de la mesa, Ariadna Delgado, que ha defendido que actuó pensando que estaba "protegida por la inviolabilidad parlamentaria".

Segunda sesión del juicio contra Roger Torrent y la mesa del Parlament por desobediencia. Este jueves declararán como testigos diputados y trabajadores de la cámara y el viernes será el turno de los acusados que se enfrentan a entre un año y ocho meses de inhabilitación, excepto en el caso de la ex secretaria cuarta de la mesa Adriana Delgado, para quien la Fiscalía pide un año y cuatro meses de inhabilitación. Solo empezar el juicio, el ex vicepresidente del Parlament Josep Costa ha anunciado que renuncia a declarar como acusado y a ejercer su propia defensa y se ha marchado de la sala. El presidente del tribunal, Carlos Mir, considera que se le tendrá que designar un abogado de oficio.

"Estamos obligados a ir a juicio. En esta vida se tiene que ser valiente" decía Carlos Mir, el presidente del tribunal que tiene que juzgar a Roger Torrent y la mesa del Parlament por desobediencia. A pesar de las dudas sobre la legitimidad de la sala planteadas por la Fiscalía, la acusación popular y las defensas de los acusados, la sala ha decidido seguir adelante con el juicio, que se había suspendido dos veces. Durante este miércoles se resolverán el resto de cuestiones técnicas preliminares; mañana tienen que declarar los testigos y, el viernes, los acusados.

Había ido esquivando las querellas durante todo su mandato, pero en tiempo de descuento la Fiscalía movió ficha para imputar a Roger Torrent un presunto delito de desobediencia cuando todavía era president del Parlament. Una vez acabada la instrucción, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anunciado este lunes que el juicio se celebrará el 12, el 13 y el 15 de julio, a partir de las 10 de la mañana. Además de Torrent están citados el resto de miembros independentistas de aquella mesa: Josep Costa, que era vicepresidente, y Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado, que hacían de secretarios. La magistrada instructora concluyó que había indicios suficientes de que todos ellos habían cometido una desobediencia grave a las órdenes del Tribunal Constitucional al permitir que en la cámara se debatiera sobre la autodeterminación y la monarquía. La Fiscalía pide 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa para Torrent, Costa y Campdepadrós y 18 meses y 24.000 euros para Delgado, que solo participó en la tramitación de una de las iniciativas.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) envía a juicio al expresidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y los miembros independentistas de la anterior mesa de la cámara por haber permitido en otoño del 2019 la tramitación de resoluciones sobre la monarquía y la autodeterminación. En una resolución emitida este miércoles, la magistrada instructora Maria Eugènia Alegret considera que Torrent, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Ariadna Delgado podrían haber cometido un delito de desobediencia grave y les da un plazo de diez días para que presenten sus escritos de defensa.

El juicio tenía todos los ingredientes para ser un déjà-vu. El diputado y secretario tercero de la mesa, el cupaire Pau Juvillà, se sentaba en el banquillo de los acusados cuando casi hace dos años exactos –cuatro días de diferencia– que el expresidente Quim Torra estaba en el mismo lugar. Los elementos a juzgar eran casi calcados: desobediencia por negarse a retirar lazos amarillos de una institución; en el caso de Torra, de la Generalitat, y Pau Juvillà, del ayuntamiento de Lleida. Decenas de personas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con el independentismo unido –pese a la desunión por los presupuestos– para condenar la represión. Pero dentro de la sala el déjà-vu ha pasado de ser simbólico a táctico. Si el antecedente de Torra y la causa contra Juvillà se podían enmarcar como dos ramas de un mismo árbol, la condena contra el expresident ha servido a la defensa del diputado cupaire para argumentar por qué Juvillà, para quien la Fiscalía pide 8 meses de inhabilitación y 1.440 euros de multa por desobediencia, tendría que ser absuelto.

Joan Josep Nuet (Reus, 1964) afronta a partir de mañana el juicio en el Supremo por su papel en la mesa que tramitó las leyes de desconexión. El resto de miembros soberanistas ya han sido todos condenados, y en su caso la fiscalía pide 16 meses de inhabilitación por desobediencia y 24.000 euros de multa.