Al menos 7.000 demandas por las pérdidas que causaron las restricciones decretadas por la pandemia del covid-19. Es lo que tiene sobre la mesa el Tribunal Supremo (TS). Un auténtico alud de reclamaciones de empresas y autónomos que vieron cómo sus ingresos caían por cierres, limitaciones de aforos y otras medidas que se adoptaron para evitar los contagios.

El tiempo se acaba para aquellas empresas que quieran reclamar judicialmente a las aseguradoras que se niegan a cubrir los daños provocados por el primer estado de alarma. La legislación española establece que hay un límite de dos años para hacerlo y, teniendo en cuenta que el estado de alarma se declaró el 14 de marzo de 2020, quedan poco más de dos meses para que se pueda litigar si la aseguradora no quiere cubrir estos costes, como ha pasado en numerosos casos.

Las personas que recibieron una sanción por infracciones cometidas durante el primer estado de alarma ya pueden reclamar que se les devuelva el dinero. Se trata de los miles de multas que suman más de 4,6 millones de euros y que se pusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio del 2020, durante la primera oleada de la pandemia por covid-19 que comportó el confinamiento domiciliario más estricto y las restricciones de movilidad más duras amparándose en la declaración del estado de alarma que el Tribunal Constitucional tumbó este mes de julio pasado.

Cuando hace más de 20 meses el covid se extendía como un virus desconocido que obligaba a encerrarse en casa, el gobierno español recurrió al primer estado de alarma para imponer las medidas más duras de la pandemia. Pero en verano el Tribunal Constitucional tumbó ese confinamiento domiciliario, y por eso ahora se tienen que devolver los miles de multas que se pusieron por saltarse las restricciones. Hace un mes el departamento de Interior se comprometió a hacer la devolución del dinero, y el secretario general, Oriol Amorós, explica al ARA que se prevé que el proceso empiece dentro de pocos días.

El departamento de Interior devolverá las 23.000 multas que ya había cobrado del primer estado de alarma. El conseller Joan Ignasi Elena ha anunciado que la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el confinamiento domiciliario pone “muy difícil” mantenerlas. A pesar de que también lo ve injusto, “porque ha habido incumplimientos de las personas” de las restricciones del covid, ha asegurado que la sentencia es “muy tajante”. El gobierno español ordenó el viernes devolver las multas del primer estado de alarma. Pero Elena, en una entrevista a TV3, ha admitido que era un proceso que “tiene complejidad”, motivo por el cual “ahora mismo se trabaja para ver como se gestiona”.

Primera multa covid anulada en Catalunya. Un juzgado de Madrid ya había desestimado la semana pasada el cobro de otra sanción impuesta en la capital española contra una joven que se había saltado las restricciones durante el primer confinamiento, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que tumbaba el estado de alarma. Ahora el juzgado contencioso número 17 de Barcelona ha aplicado la misma doctrina para echar atrás una multa que impuso el Ayuntamiento de Barcelona a una ciudadana por saltarse las limitaciones impuestas entre marzo y junio de 2020.

En el alud de irregularidades que han rodeado la polémica sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el primer estado de alarma de Pedro Sánchez, faltaba sumar una última: la falta de difusión de un voto particular, el del magistrado de tendencia progresista Juan Antonio Xiol. Lunes, pasadas las diez de la noche, el alto tribunal publicó la sentencia definitiva –sorprendentemente filtrada con antelación–, así como cuatro votos particulares, entre los cuales el del también magistrado progresista Cándido Conde-Pumpido, que eliminó las referencias más críticas difundidas también con anterioridad y pidió disculpas a sus compañeros en un comunicado posterior –un gesto también del todo inusual.

Más allá de su conducta bonapartista de rasgos gaullistas tras llegar al Elíseo, François Miterrand denunció en 1964 la práctica de poder personalista del general Charles de Gaulle, quien, según escribía Mitterrand en su obra El golpe de estado permanente, había traicionado la promesa de 1958: el Presidente de la República es árbitro. Para Mitterrand, el Jefe de Estado se había vuelto todopoderoso: exhibía la debilidad del Gobierno y del Parlamento, que vivían marginados por el Presidente de la República.

Este lunes 19 de julio tenía cita en el hospital para someterme a una prueba de angiografía de arterias pulmonares prescrita por mi neumólogo para determinar el nivel de la inflamación provocada por un coronavirus superado pero con secuelas que funcionan como indicadores de que ya nada volverá a ser igual que antes para mi salud. Obtuve el texto íntegro de la sentencia sobre el estado de alarma y comencé a adentrarme en las definiciones invocadas a lo largo de las ochenta páginas con el apoyo del diccionario de la RAE y del Panhispánico de dudas. El protagonismo se lo lleva “limitación”, “restricción” y “suspensión”. Dejé la lectura en la página cuarenta. Y marché al hospital. Allí me crucé, mientras esperaba turno, con el doctor intensivista que había decidido mi coma inducido e intubación el 3 de octubre de 2020. Sorprendido, preguntó si había vuelto a ingresar tras varias recaídas. Le expliqué que esperaba para la prueba. Y me dijo con insistencia que no me quedase ni un minuto más allá de la prueba en el hospital, que la gente vacunada se estaba contagiando y que la situación volvía a ser muy seria. Nos despedimos en medio de sus exhortaciones. 

El Tribunal Constitucional (TC) muy probablemente nunca habría tenido encima de la mesa la polémica decisión sobre la legalidad del primer estado de alarma si Pedro Sánchez no hubiera decidido repetir las elecciones españolas en 2019. La nueva cita en las urnas brindó a Vox una oportunidad que no ha desaprovechado el último año y medio de legislatura: en poco más de medio año pasó de 24 a 52 diputados en el Congreso, superando así el umbral del medio centenar de escaños necesario para poder presentar recursos de inconstitucionalidad. Desde entonces Santiago Abascal, del mismo modo que el PP de Mariano Rajoy empezó a hacer durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero -con el Estatut como máximo exponente-, se ha aferrado a esta herramienta para intentar torpedinar el ejecutivo de coalición.

“Cuando he visto el anteproyecto de ley de Seguridad Nacional le he dicho a mis letrados que ya estábamos en el momento del incendio del Reichstag”, explicó Encarna Roca, vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), al intervenir el pasado miércoles 14 de julio en las deliberaciones sobre el estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 por el gobierno de Pedro Sánchez y aprobado por 321 votos a favor el 25 de marzo de 2020 por el Congreso de los Diputados. El voto de la vicepresidenta dio la mayoría -6 contra 5- a la ponencia del magistrado conservador Pedro González Trevijano y permitió declarar la inconstitucionalidad del punto fundamental del citado decreto, el del confinamiento domiciliario. 

La división del Tribunal Constitucional a la hora de valorar si el estado de alarma aplicado por el gobierno español fue constitucional o no, fue profunda, hasta el punto que magistrados conservadores como Andrés Ollero, que es también ex diputado del PP, se desmarcaron de la mayoría emitiendo un voto particular y rechazaron el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox. Ollero defiende la mayoría de las medidas del estado de alarma porque cree que se tienen que valorar por criterios de "proporcionalidad" y tilde de "majaderías" los argumentos que se han desgranado a favor del estado de excepción.

La sentencia que declara inconstitucional el primer estado de alarma aprobado por el gobierno español en marzo de 2020 ha hecho evidente lo que ya hacía tiempo que se intuía: la extrema politización, y también división, de un tribunal que, en lugar de ser generador de consenso y de seguridad jurídica, se ha convertido en un escenario más de la lucha entre la España conservadora y la progresista. La fractura es cada vez mayor en un tribunal que tiene cuatro miembros con mandatos caducados y donde los conservadores son mayoría porque el PP se niega a renovarlo, igual que pasa con otros organismos como el Tribunal de Cuentas o el Consejo General del Poder Judicial.

La sentencia contra el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez ha hecho saltar por los aires todas las desavenencias en el Tribunal Constitucional (TC). Tal como establece la ley, no estaba previsto que el texto de la decisión se comunicara hasta finales de la semana que viene, una vez se hubieran recogido todos los votos particulares, pero fuentes jurídicas próximas al tribunal se han encargado de filtrar sus respectivas posiciones para encender un debate que ya supera lo que es estrictamente jurídico y entra de pleno en el ámbito político. Por un lado, la mayoritaria, para criticar la decisión del gobierno de Pedro Sánchez y apoyar parcialmente el recurso de Vox –que ahora el PP de Pablo Casado quiere hacer suyo para sacar réditos–. Y, por el otro, para cargar de razones los argumentos del ejecutivo de Pedro Sánchez, después de que la ministra de Defensa, la juez en excedencia Margarita Robles, calificara de "elucubracions doctrinales" la ponencia aprobada del magistrado conservador Pedro González Trevijano.

El Tribunal Constitucional considera que durante la aplicación del confinamiento domiciliario en los primeros meses de la pandemia se produjo una "restricció de derechos de una intensidad altísima" que desbordó la legalidad del estado de alarma. A pesar de que el alto tribunal no ha comunicado todavía oficialmente la polémica sentencia a la espera de tener los cinco votos particulares que dividieron el miércoles al pleno, durante este viernes se han filtrado detalles de los argumentos jurídicos del texto, al que ha tenido acceso Europa Press.

El Parlament de Catalunya propuso en 2008 dos nombres como candidatos a entrar en el Tribunal Constitucional: Encarna Roca i Trias (Barcelona, 1944) y Antoni Rovira (Barcelona, 1952). La propuesta contó conel apoyo de CiU, PSC y PP y el objetivo era muy claro: asegurar que en el nuevo TC que estaban negociando PP y PSOE hubiera al menos una voz catalana, puesto que Eugeni Gay abandonaba la institución. Aquella vez, sin embargo, PP y PSOE obviaron al Parlament y optaron por otros nombres. Cuatro años más tarde, no obstante, Alfredo Pérez Rubalcaba quiso recuperar el nombre de Roca, propuesto por el PSC y con el apoyo tácito de Duran i Lleida. Su elección fue saludada como una gran victoria del catalanismo por el entonces secretario de organización del PSC, Daniel Fernández. La sociovergencia pensaba que había colocado a uno de los suyos en el TC, alguien sensible a la realidad plurinacional del Estado, sobre todo después del fracaso del Estatut, y a los postulados progresistas en materias sociales.

El gobierno español de Pedro Sánchez se enfrentó a una situación inédita en marzo de 2020 con la pandemia del coronavirus y, como la mayoría de los países de nuestro entorno, tuvo que tomar una decisión drástica: ordenar el confinamiento de la población para evitar la propagación del virus. En ese momento, el equipo jurídico de la Moncloa optó por el estado de alarma como paraguas jurídico para restringir derechos fundamentales porque tenía varias ventajas. En primer lugar, la rapidez, puesto que se podía aprobar directamente con un decreto y buscar la convalidación en el Congreso a posteriori, cosa que se hizo consiguiendo la práctica unanimidad de los grupos. Incluso Vox, que después llevaría al TC el estado de alarma, votó a favor la primera vez.

Los últimos en expresar su posición antes de proceder a la votación son siempre, por este orden, la vicepresidenta del Tribunal Constitucional (TC), Encarna Roca y el presidente, Juan José González Rivas. Cuando la vicepresidenta -después de las intervenciones de Cándido-Conde Pumpido y Juan Antonio Xiol, y las respuestas del ponente Pedro García Trevijano- se pronunció a favor de la inconstitucionalidad, el desenlace del partido era de 6 votos a favor de la inconstitucionalidad y cuatro en contra.  

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) del 12 y 13 de julio -especialmente el día 13- tiene previsto resolver el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra el primer decreto del estado de alarma, aprobado por el gobierno y por el Congreso de los Diputados, con el apoyo, por cierto, del partido ultraderechista de Santiago Abascal. 

He aquí el relato de una escena imprescindible. Es el martes, día 8 de junio. El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ordena entregar a cada magistrado una copia de la ponencia del magistrado Pedro González-Trevijano sobre el recurso de Vox contra el decreto de estado de alarma aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez en marzo de 2020 y, a continuación, por una mayoría absolutísima del Congreso, incluyendo a Vox y al Partido Popular. Las instrucciones del martes 8 de junio son estrictas. Hay que evitar filtraciones. La copia no pasa por secretaría ni se envía a los correos electrónicos. El jueves 10 de junio, a primera hora, el diario digital El Español publica el contenido. La ponencia propone declarar inconstitucional el confinamiento domiciliario consagrado por el estado de alarma (artículo 7 del decreto). Se dice pronto.