Coronavirus

Pago masivo en enero para devolver las multas del primer estado de alarma

El Govern abrirá un formulario para que los sancionados recuperen el dinero, un total de 4,6 millones

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Cronología de las multas del primer estado de alarma

BarcelonaCuando hace más de 20 meses el covid se extendía como un virus desconocido que obligaba a encerrarse en casa, el gobierno español recurrió al primer estado de alarma para imponer las medidas más duras de la pandemia. Pero en verano el Tribunal Constitucional tumbó ese confinamiento domiciliario, y por eso ahora se tienen que devolver los miles de multas que se pusieron por saltarse las restricciones. Hace un mes el departamento de Interior se comprometió a hacer la devolución del dinero, y el secretario general, Oriol Amorós, explica al ARA que se prevé que el proceso empiece dentro de pocos días.

La idea del Govern es publicar una resolución la primera quincena de diciembre para cerrar todos los expedientes de las sanciones del primer estado de alarma. A continuación, antes de Navidad, se quiere abrir un formulario electrónico para que las personas que habían pagado las multas puedan recuperar el dinero: la suma de todas las denuncias que se habían cobrado supera los 4,6 millones de euros. Según Amorós, la intención es que a finales de enero se haga un pago masivo a todos los que hayan dado sus datos bancarios, que recibirán el mismo importe que abonaron.

Los sancionados tendrán que aportar los datos bancarios porque Amorós asegura que Interior no los tiene –el sistema de pago de las multas no los retiene–. La web del formulario verificará que las personas que reclamen el dinero abonaron los importes. El secretario general defiende que no se tramiten “uno a uno” los expedientes, porque implicaría “mucho más tiempo y recursos”. Esto también supone, a la espera del visto bueno del gabinete jurídico, que las sanciones se devolverán sin añadir ningún interés: Amorós argumenta que hacerlo obligaría a individualizar el proceso y piensa que la cantidad del interés “no tiene relevancia”.

En cambio, el profesor de derecho administrativo de la Universitat de Girona Josep Maria Aguirre cuestiona que el Govern no devuelva las multas con un interés. Aguirre recuerda que un cobro indebido de la administración tiene un interés de demora y legal del 3,75%, motivo por el que considera que “correspondería” aplicarlo. Al margen del interés, el profesor también apunta que no individualizar el sistema de devolución provoca que tampoco se notificará directamente a los sancionados –como se hace cuando se ponen las multas– el proceso para recuperar el dinero.

Garantizar la publicidad

Aun así, Aguirre admite que si la administración hace un cobro indebido es “trabajo” de los afectados reclamarlo, de forma que piensa que el mecanismo que prepara Interior, con una web para dar los datos, lo “facilita”. Aguirre ve “correcto” que se cierren todos los expedientes de las sanciones con una única resolución, pero pide que se “garantice” la publicidad –aparte del Diari Oficial de la Generalitat (DOGC)– para que las personas sepan que tienen derecho a la devolución.

Si la información no llega a las personas que han pagado las multas del primer estado de alarma, Aguirre advierte de que el porcentaje de los que finalmente reclamen el dinero podría no ser muy alto. Amorós reconoce que, si durante el mes que quieren dar de margen a los afectados para llenar los datos –entre mediados de diciembre y mediados de enero– lo hacen pocas personas, se podría retrasar el pago masivo, programado para finales de enero. Igualmente, el secretario general de Interior explica que el trámite para aportar los datos estará operativo durante cuatro años porque es el tiempo que tarda en prescribir el cobro indebido.

Entre el 14 de marzo y el 21 de junio, en el primer estado de alarma por el covid, los agentes de policía pusieron 170.278 denuncias en Catalunya. Un 84% –143.273 sanciones– se tramitaron dentro de plazo, pero los primeros meses hubo un colapso que hizo que la mayoría de multas llegaran justo antes de prescribir. Se habían pagado casi el 17% de las denuncias tramitadas –24.295–, que suman los 4,6 millones que ahora se podrán reclamar.

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