Los policías que pegan a manifestantes en movilizaciones no violentas y legítimas –como la masiva protesta del domingo pasado en Palma, contra la masificación y la turistificación– lo hacen amparados en el anonimato de los cascos y del número: no son personas con una cara y un nombre, como los ciudadanos, sino que hay un esfuerzo a conciencia para dar al policía que reprime a ciudadanos un aspecto tan deshumanizado como sea posible. Esto es bien conocido, estudiado y denunciado. El otro gran instrumento de ocultación del policía represor es el corporativismo. Este es el fundamento del desarrollo de relatos policiales que, por decirlo finamente, chocan o se contradicen con la realidad. Que mienten, por decirlo sin rodeos. Saben que pueden hacerlo porque el corporativismo, una especie de camaradería mal entendida y pervertida, hace imposible que un policía se atreva jamás a denunciar las malas prácticas —y quien dice malas prácticas, dice delitos y faltas— de sus compañeros menos ejemplares.La Policía Nacional de Palma ha producido un atestado sobre los hechos del domingo por la noche en los que hacen lo de siempre: victimizarse y afirmar que tuvieron que recurrir a las cargas para “defenderse” de unos “manifestantes violentos” que daban “miedo”. Empieza a cansar un poco la canción de unos individuos a quienes les gusta hacer la cola de unos armarios musculosos, armados hasta los dientes y entrenados para lo que convenga, que dicen sentirse intimidados y muertos de miedo ante manifestantes indefensos que –en el caso de Palma– hacen cosas tan temibles como cantar La Balanguera. Cansa, sobre todo, porque es mentira. Desde los policías del 1-O hasta los de Alsasua, pasando por los que se han encargado de reprimir a golpes de porra manifestaciones pro Palestina, todos resulta que sienten unos miedos profundos cuando se tienen que enfrentar con las hordas desatadas de manifestantes violentos. La realidad, repetida una y otra vez, es que los elementos provocadores, agresivos y –llegado el caso– violentos que hay en las manifestaciones y otros actos de protesta ciudadana son los mismos agentes de policía. Así sucedió en Palma, donde hubo más de veinte heridos, entre ellos un fotoperiodista que tuvo que recibir seis puntos de sutura en la cabeza. Los ataques policiales fueron injustificados. Y, sobre todo, intolerables.Las atestaciones e informes policiales falsos –y, cuando conviene, las declaraciones falsas ante tribunales por parte de agentes y altos cargos de la policía– se repiten porque los responsables políticos no hacen nada (tienen miedo, estos sí). Al delegado del gobierno de Palma, Alfonso Rodríguez, le piden la dimisión. La debería presentar, también por la ineptitud de haberles hecho el trabajo sucio a los empresarios turísticos y al Gobierno de PP y Vox presidido por Marga Prohens. Estos han conseguido el objetivo de ensuciar una manifestación que fue tan potente como cívica, y encima pueden endosarle el muerto a un delegado del gobierno socialista. Deben pensar que han hecho una jugada maestra, pero más o menos todos ven el truco (esto no quita que el delegado deba dimitir, y tanto).

Operaba desde la celda de la prisión de Quatre Camins. A través de varios móviles clandestinos, se comunicaba con la familia. Desde casa, su hija mayor hacía vídeos cargando y manipulando escopetas y revólveres. El hombre, desde la prisión, distribuía estos vídeos a potenciales compradores de arsenal, relacionados con el crimen organizado y el tráfico de drogas, y gestionaba las ventas.

Nuevo paso adelante en el caso de la presunta agresión sexual del exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González. El juez de Madrid que investiga el caso, que nace de la denuncia de una agente del cuerpo policial, ve indicios claros del delito en las diligencias practicadas hasta ahora y, como es un delito grave, ha decidido transformar las diligencias previas en sumario, la fase previa a enviar el caso a juicio. Según afirma en un auto al que ha tenido acceso el ARA, los hechos investigados "revesten los caracteres de un presunto delito de agresión sexual", el cual –añade– debería ser juzgado por la Audiencia Provincial de Madrid.

El juicio a los exresponsables del departamento de Salud por "discriminar" a los policías y guardias civiles en la campaña de vacunación contra la covid no acabará con penas de prisión. Al inicio del juicio este martes, la Audiencia de Barcelona ha dejado fuera de la causa el delito contra los derechos de los trabajadores que planteaban los sindicatos y que podía comportar condenas de hasta tres años de prisión. La Fiscalía pide inhabilitar durante 12 años a quienes entonces lideraban la conselleria y les acusa, como los sindicatos policiales, de haber "paralizado" la vacunación a estos agentes y no priorizarlos por delante de la población general, como sí hicieron con otros cuerpos de emergencias. Entre las cifras que aportan las acusaciones está el ritmo de vacunación a los agentes: en el momento en que la tasa de vacunación era del 2,8% entre guardias civiles y del 3,6% entre policías nacionales, entre los mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana de Barcelona llegaba al 77%.

Más de un centenar de entidades y más de 50 personalidades de la cultura y la comunicación han presentado este miércoles un manifiesto de apoyo a Roger Español, el activista al que la Policía Nacional sacó un ojo durante el referéndum del 1-O. El manifiesto llega a las puertas del juicio que sentará en el banquillo de los acusados a los cuatro agentes implicados en el operativo, que son los únicos que no han sido amnistiados de los 162 policías encausados.

Los episodios de brutalidad policial, como el que sucedió el pasado fin de semana en Valencia, cuando un policía agredió sin motivo y por la espalda a una manifestante en las asambleas de docentes, constituyen siempre un ataque directo contra los fundamentos de la democracia. Puesto que los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen delegada la gestión de la violencia (son los únicos que pueden portar armas, y utilizarlas, en la vía pública), cuando uno o muchos policías se vuelven contra los ciudadanos y utilizan la fuerza contra ellos, el hecho causa consternación y repulsión. El uso de la fuerza solo está justificado en casos muy concretos, que se encuentran legislados, y ninguno incluye la represión contra personas que ejercen su derecho a la manifestación y la protesta.Escenas como la de la maestra jubilada a la que un policía nacional hace caer de bruces son intolerables. Las imágenes son inequívocas, de modo que la reacción también debería serlo: expulsión fulminante del cuerpo para este agente, además de las responsabilidades penales que le correspondan por la agresión a su víctima. En lugar de eso, sin embargo, como siempre que ocurre un hecho de esta índole (quiero decir: cada vez que un policía agrede a una persona sospechosa de no ser una buena patriota española, según los más que conocidos parámetros del ultranacionalismo españolista), aparece de repente un enjambre de políticos y de periodistas a dar cobertura al policía en cuestión y a darle la vuelta a la realidad. Tanto monta que esté grabado por un montón de cámaras y que lo haya visto todo el mundo: la maquinaria negacionista se pone en marcha y le da la vuelta rápidamente a la realidad, a fin de presentar a la víctima como agresora y al policía agresor como servidor ejemplar del orden público (y como víctima, si conviene). Una manifestante que recibe un empujón brutal cuando se encuentra de espaldas a su agresor, cuando no hacía nada ni remotamente punible y que obviamente no puede defenderse de un policía armado y uniformado, se convierte en cierta versión oficial en un “elemento de crispación” o en una “alteradora de la paz social”. Así lo han hecho desde el presidente de la Generalitat Valenciana, el muy indigno Juanfran Pérez Llorca, hasta una larga lista de mariachis habituales de la prensa afín al PP y a Vox. El policía abusador (al que lo primero que se le debería practicar, por otra parte, es el test de drogas y alcoholemia), por el contrario, deviene poco menos que un héroe.O un héroe sin paliativos: los policías del 1-O fueron condecorados, y unas cuantas decenas desfilaron por el juicio del Procés para dar un falso testimonio muy fácilmente comprobable sobre los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Los policías de Alsasua implicados en una pelea de bar fueron enaltecidos como víctimas de terrorismo, mientras ocho jóvenes eran condenados a altas penas de prisión por delitos de terrorismo. Esto, por mencionar solo dos casos recientes que muchos tenemos en la memoria. El abuso de autoridad es, para ciertos defensores de la patria, una forma de ganar diez a cero.

El piragüista Saúl Craviotto (Alpicat, 1984) dio el viernes el pregón de las Fiestas de Mayo de Lleida a puerta cerrada por el rechazo de una parte de la sociedad civil a su elección. Básicamente porque Craviotto, el deportista del Estado con más medallas olímpicas –con seis–, ya era agente de la Policía Nacional antes de convertirse en un icono deportivo y se posicionó en contra del referéndum y a favor de la aplicación del artículo 155 avalando la represión policial del 1-O. Con este currículum, una veintena de partidos y entidades reclamaron sin éxito que se buscara un sustituto, pero el alcalde Fèlix Larrosa replicó que era "un ejemplo de valores".

Hace meses que en Madrid hay una semana de junio marcada en rojo: del 6 al 12. Se trata de un acontecimiento que está en la agenda social, pero también política, hasta el punto de que se especula que Juanma Moreno Bonilla decidió adelantar las elecciones andaluzas para que no coincidiera la campaña electoral. Se trata de la visita del papa León XIV al Estado, donde hará parada en Madrid, Barcelona y las Canarias. Este lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha presidido la reunión general del dispositivo de seguridad en Madrid, en la que también ha participado el director de la policía, Josep Lluís Trapero.

La Policía Nacional se ha instalado por primera vez por Sant Jordi en el cruce de la Rambla de Catalunya con la calle de Mallorca. A pesar de que ya habían estado presentes anteriormente en la Feria del Libro de Madrid, se trata de su estreno oficial en la capital catalana, tal como han explicado a el ARA los organizadores.

La escuela Jardí de Granollers donde trabajaba el maestro detenido por tener más de 100.000 archivos de pornografía infantil ha asegurado que no volverá a reincorporarse. "Tiene totalmente prohibido cualquier tipo de contacto, presencial o digital", añade el centro en un mensaje que ha enviado a las familias y en el que explica que nunca había tenido ningún indicio ni sospecha sobre el docente, así como tampoco ninguna denuncia contra él.

La primera escena de la película se ubica en una piscina enorme en forma de guitarra rodeada de sombrillas, palmeras, camareros sirviendo cócteles tropicales a bañistas que flotan de tranquilidad. Suena una canción –de las animadas– de Julio Iglesias y algunos bailan. La cámara avanza lentamente hasta fijarse en una mesa concreta. Se sientan dos hombres con semblante serio. Uno de ellos es un abogado reconocido en la zona. El otro es el cliente, un narcotraficante poderoso. Hablan de droga. El cine ha repetido esta escena en decenas de películas de mafiosos, desde Scarface hasta El padrino. Pero esta escena es real y la vivió un abogado en el hotel Hard Rock de Puerto Banús hace unos meses. Ahora es un día cualquiera de enero y el hotel está prácticamente vacío. Afuera llueve y tres extranjeras caminan con albornoz por el hall. Hay una recepción para vips y una para gente normal. Se exponen chaquetas de Michael Jackson y guitarras de Jimi Hendrix.

"Díganle a quien se lo haya enviado que la próxima vez le cortaré el cuello". La "próxima vez" los tres sicarios encajaron medio centenar de balas sobre Catherine Isabelle Castagna y su marido, Jacques René Grangeon. Al clan de Lyon no le gustó la amenaza de Castagna y abatieron al matrimonio en su lujoso chalet de la urbanización de Las Lomas de Marbella. 50 balas por los 500 millones de pesetas que Castagna y Grangeon les debían por haber perdido una partida de hachís. Una bala por cada 10 millones (60.000 euros). El clan lionés acababa de instalarse hacía pocos meses en la Costa del Sol para controlar la ruta entre Marruecos y Francia y no estaban para bromas. Era la otoño de 1996.

La Guardia Civil investiga la muerte de una niña de tres años en Torrevieja, en el Bajo Segura, como un posible crimen de violencia vicaria. La pequeña ha sido encontrada colgada y también se ha encontrado el cuerpo de su padre, fallecido de la misma manera. Tal como informa la agencia Efe, anoche la madre de la niña y expareja del presunto autor del crimen avisó a la Guardia Civil porque no conseguía contactar con el hombre desde hacía horas y tenía miedo de que él pudiera hacer daño a la hija. Una vez recibido el aviso, la policía se dirigió hasta la casa del presunto asesino y encontró, de madrugada, los cuerpos de la niña y del hombre sin vida en el sótano de la casa.

El exjefe de la Policía Nacional denunciado por una agente por agresión sexual niega los hechos de pura cepa. "Pude demostrar mi inocencia", sostuvo José Ángel González a la salida de los juzgados ante los periodistas. Quien era director adjunto operativo (DAO) de la policía española desde agosto del 2018 –dimitió cuando fue citado a declarar y trascendió la denuncia– acusó al agente de "maldad, ruindad y odio" y le reprochó que le haya "destrozado la vida personal, familiar y profesional". El abogado de la denunciante, Jorge Piedrafita, ha relatado que durante la declaración ante el juez, el ex-DAO ha acusado a la víctima de haberle "parado una trampa" y le ha tildado de "envidiosa, histérica y loca".

El hasta ahora jefe de la Policía Nacional en Baleares, José Santafé Arnedo, será a partir de ahora el nuevo director adjunto operativo (DAO) del cuerpo. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, le ha nombrado para ocupar el máximo puesto de mando policial del cuerpo en sustitución de José Ángel González, que renunció al cargo cuando trascendió que era investigado presuntamente por agredir sexualmente a una subordinada.

La historia comienza en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, cuando una persona acude para realizar un trámite y entrega el documento que certifica que está empadronado en la localidad. Pero el funcionario rápidamente se da cuenta de que ese documento es falso. Éste fue el inicio de una investigación de la Policía Nacional que ha acabado con la detención de tres mujeres acusadas de haber creado una red de falsos empadronamientos.

El jefe de la Policía Nacional denunciado por agresión sexual pasa a la ofensiva. Dos semanas después de que una agente se querellara contra él por una presunta violación en su domicilio oficial, José Ángel González –que dimitió cuando el juez le citó a declarar– intenta desacreditar el audio que le acompaña para defenderse. Considera que la grabación "no sustenta" el relato de la querella, sino que introduce elementos que "evidencian una relación muy distinta" entre ambos: "Se denota una relación personal previa de confianza y en la que se aprecia complicidad, trato íntimo e interacción mutua verbal", sostiene el escrito, al que ha tenido. Argumenta que la conversación muestra una "dinámica emocional" que es "incompatible" con el "supuesto escenario de violencia" que relataba la víctima y considera que el audio pone de manifiesto que no hubo un "escenario de presión", sino un "ataque de celos", una "clara exigencia de atención" y una "demanda de exclusividad". Además, asegura que José Ángel González le ofreció marchar de su domicilio en dos ocasiones: "Puedes marcharte. Yo nunca te he utilizado. Vete, vete cuando quieras. Venga, vete".

El escándalo provocado por la querella por agresión sexual presentada por una agente contra el ya ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel Rodríguez demuestra hasta qué punto está presente en nuestra sociedad, si la acusación se demuestra cierta, la cultura de la violación. Que el principal cargo uniformado civil del Estado esté acusado de tan grave delito en una querella profusamente documentada lanza un mensaje terrible, y es que ni siquiera los cuerpos policiales, que deben defender el cumplimiento de la ley, son espacios seguros para las mujeres ante este tipo de agresiones. En este caso, además, la presunta agresión se habría producido contra una subordinada, sumando un abuso de poder de manual.

La entrevista de ayer en Salvador Illa en TV3 fue decepcionante por poco relevante. El presidente de la Generalitat dijo lo que ya les adelanté ayer que diría: que hará lo que ha venido haciendo hasta ahora, que las soluciones no son rápidas y que es necesario que los socios de investidura, Esquerra y Comuns, no pongan impedimentos insalvables para aprobar los presupuestos. Y que ni cambios en el Gobierno ni cuestión de confianza. Levantó un poco el tono para decir que "basta con anticatalanismo", y dijo que a él, personalmente, no le gustaba el burka. Y dicho todo esto, la entrevista se acabó y buenas noches.

Un juez de Madrid citó a declarar como investigado al director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, a raíz de la querella de una agente por agresión sexual. La citación se acordó el jueves 12 de febrero y ha trascendido este martes. Minutos después de que se hiciera pública, fuentes del ministerio del Interior han informado que González ha renunciado a su cargo y que el movimiento se hará efectivo "en las próximas horas". Le sustituirá temporalmente la subdirectora de recursos humanos, Gemma Barroso.