Políticos agresores, políticos (y periodistas) encubridores
Los episodios de brutalidad policial, como el que sucedió el pasado fin de semana en Valencia, cuando un policía agredió sin motivo y por la espalda a una manifestante en las asambleas de docentes, constituyen siempre un ataque directo contra los fundamentos de la democracia. Puesto que los llamados cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen delegada la gestión de la violencia (son los únicos que pueden portar armas, y utilizarlas, en la vía pública), cuando uno o muchos policías se vuelven contra los ciudadanos y utilizan la fuerza contra ellos, el hecho causa consternación y repulsión. El uso de la fuerza solo está justificado en casos muy concretos, que se encuentran legislados, y ninguno incluye la represión contra personas que ejercen su derecho a la manifestación y la protesta.Escenas como la de la maestra jubilada a la que un policía nacional hace caer de bruces son intolerables. Las imágenes son inequívocas, de modo que la reacción también debería serlo: expulsión fulminante del cuerpo para este agente, además de las responsabilidades penales que le correspondan por la agresión a su víctima. En lugar de eso, sin embargo, como siempre que ocurre un hecho de esta índole (quiero decir: cada vez que un policía agrede a una persona sospechosa de no ser una buena patriota española, según los más que conocidos parámetros del ultranacionalismo españolista), comparece de repente un enjambre de políticos y de periodistas a dar cobertura al policía en cuestión y a dar la vuelta a la realidad. Tanto monta que esté grabado por un montón de cámaras y que lo haya visto todo el mundo: la maquinaria negacionista se pone en marcha y da la vuelta rápidamente a la realidad, a fin de presentar a la víctima como agresora y al policía agresor como servidor ejemplar del orden público (y como víctima, si conviene). Una manifestante que recibe un empujón brutal cuando se encuentra de espaldas a su agresor, cuando no hacía nada ni remotamente punible y que obviamente no puede defenderse de un policía armado y uniformado, se convierte en cierta versión oficial en un “elemento de crispación” o en una “alteradora de la paz social”. Así lo han hecho desde el presidente de la Generalitat Valenciana, el muy indigno Juanfran Pérez Llorca, hasta una larga lista de mariachis habituales de la prensa afín al PP y a Vox. El policía abusador (al que lo primero que se le debería practicar, por otra parte, es el test de drogas y alcoholemia), por el contrario, deviene poco menos que un héroe.O un héroe sin paliativos: los policías del 1-O fueron condecorados, y unas cuantas decenas desfilaron por el juicio del Procés para dar un falso testimonio muy fácilmente comprobable sobre los hechos del 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2017. Los policías de Alsasua implicados en una pelea de bar fueron enaltecidos como víctimas de terrorismo, mientras ocho jóvenes eran condenados a altas penas de prisión por delitos de terrorismo. Esto, por mencionar solo dos casos recientes que muchos tenemos en la memoria. El abuso de autoridad es, para ciertos defensores de la patria, una forma de ganar diez a cero.
