El gobierno español ha dado nuevos datos este martes sobre la situación en Ceuta, a pesar de que el lunes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, evitó dar cifras actualizadas. Ha sido el ministro de Política Territorial y líder del mando único sobre la ciudad autónoma, Ángel Víctor Torres, quien ha puesto números a la situación: ha especificado que actualmente hay 2.048 menores filiados en Ceuta, es decir, registrados con nombre, apellido y procedencia por parte de la policía, pero que tan solo se han podido iniciar 10 expedientes. El problema de esta lentitud ha sido, ha admitido, que el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea obliga a la presencia de un tutor legal para tramitar estos expedientes y que hasta hace quince días no habían conseguido encontrar un mecanismo para proporcionárselos. Se trata de una competencia de la ciudad autónoma, pero Ceuta argumentaba que no tenía recursos para ejercerla. Por este motivo, según el gobierno español la ha acabado financiando la administración del Estado.

Desde la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos hacia Ceuta, esta ciudad española en el norte de África se ha convertido en el epicentro de un problema existencial: Occidente se mira al espejo e identifica que el motivo de su crisis es la llegada de extranjeros no blancos. Mirando las cifras, no tiene mucho sentido. La Unión Europea, con 452 millones de habitantes, tiembla por la posible entrada de 5.000 personas, y vive cohibida por Marruecos, que explota políticamente su rol de guardián africano de las fronteras europeas. La monarquía marroquí monetiza el rechazo europeo a los migrantes africanos: cuanto más miedo en Europa, más quiere cobrar.Es lógico que la gente de Ceuta esté harta: recibir a miles de personas y tenerlas sin acceso a la comida y a lo más básico durante más de un mes no es una fórmula que pueda acabar en armonía y bienestar. Ellos –y las 141 personas que murieron cruzando la frontera– son las víctimas más directas de una crisis manufacturada por la falta de consenso político: viendo cómo gira el péndulo electoral, nadie quiere ser identificado como la persona que abre la puerta a los africanos, y la situación en Ceuta se va pudriendo. Por el camino olvidamos, incluso, las normas que nos obligan a procesar las peticiones de asilo de la gente que viene de una guerra, como es el caso de los sudaneses –como mínimo 150.000 muertos desde el inicio de una guerra civil en abril de 2023 que ya ha causado el hambre de 22 millones de personas, la mitad de la población del país–. Para quien crea que es una pena, pero que esto no tiene nada que ver con los europeos. Uno de los bandos de esta guerra civil, las llamadas Rapid Support Forces (RSF), cobraron en su momento de la Unión Europea por hacer control migratorio y cerrar el paso a los somalíes, etíopes o eritreos que querían llegar a Europa. La subcontratación, a largo plazo, refuerza a los monstruos.El precio del neocolonialismo

No sé cómo acabará la crisis de Ceuta. Quizás los migrantes sean retornados a Marruecos, quizás no. Sea como sea, el efecto llamada no acabará. El efecto llamada no es una declaración, una sentencia judicial o un cambio legislativo de un país europeo. El efecto llamada es que el PIB per cápita del África subsahariana es un 9% del de la Unión Europea. Mientras esto sea así y no haya vías seguras para viajar, lo único que se conseguirá es reforzar los mercados paralelos que ofrezcan la posibilidad de moverse –a menudo, explotando a los migrantes.Ceuta debería ser un toque de atención diferente. El pacto comercial de Europa con África está caducado y no se ha renovado desde la conquista colonial: la oferta que hacemos a los africanos es que nos llevaremos sus recursos y, a cambio, pagaremos a sus líderes para que contengan a sus poblaciones. Nosotros tendremos industria para manufacturar sus recursos –y los puestos de trabajo que esto genera–, y ellos no. Nosotros generaremos la energía que necesitamos con su gas, su petróleo y su uranio, y ellos no. Les venderemos armas para sostener a sus dictadores y a cambio estos podrán depositar –y gastar– sus fortunas en Europa. En sociedades dependientes de la exportación de recursos naturales en manos de empresas extranjeras –europeas, norteamericanas y chinas–, muchos jóvenes africanos no encuentran trabajo en ninguna parte y unos cuantos se marchan siguiendo el camino que antes han seguido sus recursos.Quien más claro tiene que la respuesta de la seguridad no puede ser la única es, a menudo, la policía que realiza el control fronterizo. Hace unos meses una fuente del sector me sintetizó su tarea de la siguiente manera: "Los flujos migratorios son como un río lleno de agua. Cuando tapamos un punto, el agua simplemente se mueve hacia otra parte".

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Veinte días después de la crisis migratoria de Ceuta, el gobierno español parece que empieza a tomar conciencia de que también tiene una crisis humanitaria que debe gestionar. Después de que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, insistiera en un primer momento en que todas las personas que cruzaron la frontera aquel día volverían por su propio pie como por arte de magia, el paso de los días ha mostrado una realidad mucho más dramática. Casi tres semanas después de la entrada, no hay ni siquiera una cifra oficial de cuántos migrantes adultos y menores quedan en la ciudad. Se sabe, sin embargo, que son 2.168 criaturas las registradas en el sistema de protección, aunque los registros continúan. Las estimaciones de las oenegés y del gobierno de Ceuta son que quedan entre 5.000 y 8.000 migrantes en la ciudad autónoma. Los retornos, sin embargo, continúan a cuentagotas. Y, mientras tanto, todas estas personas, incluyendo a los menores, han pasado días y días sin ningún tipo de atención ni lugar donde alojarse, y se ha creado así una situación muy crítica en la ciudad.

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La jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha preguntado a la Guardia Civil si recibió "alguna información los días previos que hubiera podido alertar" de la "entrada irregular masiva" de miles de personas a Ceuta provenientes de Marruecos entre el 30 y 31 de julio pasado. En una providencia a la que ha tenido acceso el ARA, la magistrada solicita a la Jefatura de Información del instituto armado que informe del "dispositivo desarrollado por los diferentes efectivos de la Guardia Civil desplegados en el territorio, particularmente en lo que respecta a las operaciones de rescate de las personas que se hayan localizado en las aguas territoriales españolas", así como sus circunstancias personales.

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La entrada de miles de migrantes a Ceuta en las últimas horas, que ya ha dejado varias víctimas mortales, ha llevado a la derecha y la extrema derecha a colocar en la diana el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes del gobierno español. "Las imágenes que llegan desde Ceuta demuestran que otorgar la ciudadanía española, por tanto, europea, a más de 500.000 inmigrantes irregulares es una decisión errónea que incentiva el tráfico de seres humanos", reaccionó rápidamente a la crisis el vicepresidente italiano y ministro de Exteriores, Antonio Tajani. Un relato al que se han sumado el PP, Vox e incluso la Casa Blanca. El gobierno español, a través del ministerio de Exteriores, se ha apresurado a censurarlo. "No tiene nada que ver [...] a diferencia de lo que falsamente se está diciendo desde alguna instancia", afirmaban fuentes de Exteriores este jueves por la noche. En la Moncloa lo vinculan a "mafias criminales" que se han aprovechado de la lectura de la sentencia del Tribunal Supremo.

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Hay que remontarse a mayo de 2021 para ver imágenes de una entrada tan grande de personas migrantes procedentes de Marruecos a Ceuta en pocas horas. Entonces el choque diplomático entre Rabat y el Estado dio lugar a la llegada en solo dos días de 8.000 migrantes –entre ellos muchas familias con niños pequeños– nadando hasta la costa de la ciudad autónoma.

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Una sentencia del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado este miércoles que la ley de extranjería no permite las devoluciones en caliente de los migrantes que intentan llegar a España nadando. El tribunal distingue estos retornos de la normativa específica para la valla de Melilla, donde no se considera que los migrantes hayan entrado legalmente en España hasta que no superan la línea de seguridad y a los agentes, lo que permite devolverlos inmediatamente a las autoridades marroquíes. Con esta sentencia el tribunal fija doctrina a partir del caso de un argelino que intentaba llegar nadando a Ceuta y fue entregado a las autoridades de Marruecos.

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“Podría pedir dinero a mi familia, pero una viene aquí a ganar dinero, no a pedirlo”, explica Andrea Tristancho. Tiene 32 años y hace un par de años que decidió marcharse de Boyacá (Colombia) para probar suerte en el extranjero. Inquieta, curiosa y con ganas de abrirse camino. En la maleta con la que llegó a Madrid en octubre de 2024 llevaba un visado de estudiante con permiso de trabajo además de la carrera de diseñadora de espacios y también la de administradora comercial y financiera. En la capital española aún cursó un MBA de dirección de empresas para ampliar un poco más su formación.

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Los jóvenes y los migrantes sufren especialmente la crisis de la vivienda que hay en Cataluña, igual que en muchas otras regiones europeas. Estos dos colectivos son una parte importante de la población con menos rentas, que son quienes salen peor parados de esta problemática.

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Oculto en la Zona Franca, entre fábricas y almacenes, lejos de la Barcelona turística, se encuentra el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona. En las instalaciones viven encerrados cientos de personas durante un máximo de 60 días. “Pasan semanas privadas de libertad en condiciones muy duras solo por el hecho de no tener papeles”, explica Cel Far, educadora social que ha visitado a los internos con la entidad Migra Studium. La realidad es que la mayoría de quienes van a parar al CIE no han cometido ningún delito: el año pasado, solo el 7% de los internos habían sido condenados.

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En las políticas de diversidad, casi siempre se trabaja desde la urgencia social, a menudo impuesta por causas externas. Pero hoy hay que hablar de una urgencia diferente, una que nace de nuestros propios déficits: lo que llamo el Factor M (factor migraciones) de la memoria colectiva de Cataluña.Cataluña acaba de alcanzar el hito histórico de los 8 millones de habitantes. Es una transformación de gran alcance, pero también una interpelación directa: ¿realmente todos pueden sentirse parte de este nosotros? ¿Pueden decir "somos 8 millones" aquellos que no ven su historia reflejada en ningún sitio?Esta urgencia se manifiesta en tres vacíos profundos que segmentan nuestra sociedad:1. El vacío vecinal. Los fundadores de nuestros barrios —aquellos migrantes de los años 50 y 60— están construyendo su memoria de lucha heroica. Esta historia, sin embargo, parece que acaba en ellos. Hoy, estos barrios están llenos de nuevos migrantes internacionales que son quienes realmente les dan vida desde hace más de dos décadas, pero que viven vidas paralelas. Comparten el espacio, pero no la historia; no llegan a ser reconocidos plenamente como vecinos, ni se incorporan a las asociaciones para "hacer barrio". Este cambio demográfico se vive a menudo con resistencia y desconfianza, un escenario del cual se nutren quienes quieren crear fragmentación.2. El vacío académico. Si tomamos los libros de historia de Cataluña, las migraciones prácticamente no están; es como si no hubieran existido. ¿Cómo podemos educar en el sentimiento de pertenencia si el relato oficial ignora las raíces de más de la mitad de la clase? Los hijos de marroquíes, filipinos o ecuatorianos, que son catalanes, ¿no forman parte de nuestra historia? Si la escuela les explica una historia donde aparecen como anomalías, les estamos diciendo que son subalternos, y no protagonistas del país donde viven.3. El vacío político. Asistimos al advenimiento de partidos altamente mixófobos que manipulan los datos para inventarse un pasado de homogeneidad inexistente. Buscan una sociedad que no negocia con la diversidad, sino que la criminaliza, evocando tiempos pasados de persecución contra las minorías. Este discurso gana adeptos precisamente porque no hay un relato público sólido sobre la memoria de las migraciones —el Factor M— que lo contradiga.Debemos ser valientes en la autocrítica: la identidad nacional que construimos no puede dejar a nadie de lado. El catalanismo no puede ser un proyecto excluyente, reservado a una élite que mira la diversidad desde la distancia. Porque sin memoria, la identidad es frágil: una identidad sin memoria no es identidad. Si un ciudadano no encuentra su trayectoria reflejada en el relato oficial, en los museos de historia o en el nomenclátor, difícilmente sentirá que el proyecto de futuro de Cataluña también es el suyo. La memoria no es solo recordar; es reconocernos como iguales en la artesanía de la historia.

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Luz verde a la regularización de migrantes. Después del proceso de audiencia pública y los informes preceptivos, el gobierno español ha aprobado este martes el real decreto que servirá para regularizar la situación de más de medio millón de personas que ya están en el Estado pero no tienen reconocidos sus derechos. "Es un acto de coherencia y justicia social", ha proclamado la portavoz y titular de esta cartera, Elma Saiz, este martes. "Es una medida histórica y tiene todas las garantías legales", ha añadido. ¿Cómo funcionará, sin embargo, el trámite?

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El PSOE y Podemos pactaron a principios de año una regularización masiva de migrantes para dar papeles a medio millón de personas que ya viven en el Estado. Lo hicieron a través de la elaboración del reglamento de extranjería para que no tuviera que pasar por el Congreso, donde difícilmente habrían reunido la mayoría para sacarlo adelante. Pero el PP ha encontrado una rendija para intentar influir en el Senado, a través de la ley sobre la multirreincidencia impulsada por Junts que se votó la semana pasada en la cámara alta. Los populares impulsaron una enmienda para endurecer las condiciones de la regularización de migrantes y, según ha podido saber el ARA, Junts votará a favor este jueves en la votación definitiva en el Congreso. La regularización saldrá adelante igualmente, pero aumentarán los controles para obtener el permiso de residencia.

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Cincuenta y tres personas, entre ellas dos bebés, han muerto o están desaparecidas a raíz del naufragio, el viernes, de una patera frente a la costa de Libia. De los 55 migrantes que iban a bordo de la embarcación, sólo dos han sobrevivido, según ha informado este lunes la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

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El proceso que el gobierno español ha puesto en marcha por regularizar a los migrantes que viven en España de forma irregular ha dado pie a un alud de afirmaciones, a menudo falsas, que circulan en las redes sociales. Impulsadas a menudo por influencers de la órbita de la extrema derecha, estas afirmaciones quieren crear un estado de opinión contrario a la regularización, ya que afirman que los migrantes que se beneficien pondrán más presión en los servicios sociales, o que todo ello se hace para beneficiar electoralmente al PSOE. La confusión ha llenado las redes de verdades, de mentiras y, a menudo, de afirmaciones que no son ni del todo ciertas ni del todo falsas. Éste es un repaso a muchas de las dudas que deja atrás el proceso, en un tema social y políticamente muy complejo.

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La ONG Caminando Fronteras ha hecho su balance anual de personas fallecidas intentando llegar a las costas españolas y ha constatado un aumento significativo de los naufragios de embarcaciones que intentan llegar a Baleares desde Argelia. De los 3.090 fallecidos contabilizados, un tercio (1.037) corresponden a esta ruta, que sale del norte de África en dirección a Formentera o Eivissa, islas conocidas por su atractivo turístico. El contraste de los migrantes llegando a playas llenas de turistas, en lo que para ellos representa el destino soñado, es una de las imágenes que mejor condensa las contradicciones del mundo actual.

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La Guardia Civil, en colaboración con los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Local, desplegó este lunes por la mañana una macrooperación conjunta contra el top manta en Roses. En total, han participado unos 250 efectivos policiales, en una de las actuaciones más numerosas realizadas hasta ahora en el municipio.

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"Muchos de los migrantes que atraviesan el canal de la Mancha huyen de países en guerra. Si no abordamos las causas de fondo, las rutas peligrosas continuarán". Con estas palabras, Christa Rottensteiner, jefe de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Reino Unido resumía la semana pasada lo que también sostienen la mayoría de especialistas: las políticas migratorias disuasivas, como las que impulsan ahora Londres y París, no servirán de mucho si no se combaten las causas profundas de la migración no regulada. Es la misma conclusión a la que llega Matilde Rosina, investigadora sobre migraciones de la Universidad Brunel de Londres, que dice en el ARA: "Las políticas disuasivas suelen ser poco efectivas. Además, no abordan las causas profundas de la migración, como la pobreza, los conflictos y la corrupción".

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La tradición, entendida según la acepción de la costumbre que prevalece de generación en generación, es fácil o difícil de mantener en función de la voluntad de la generación. Hay tradiciones, mucho trabajo artesanal, por ejemplo, que desgraciadamente se van perdiendo a pesar de los esfuerzos individuales de resistencia y del poco valor que se le otorga, y en cambio tradiciones más festivas y populares se mantienen con fuerza gracias a un amplio apoyo colectivo. El caso de la negativa por parte del público a perder Mi abuelo del repertorio de la cantada de habaneras demostró cómo cuesta cambiar lo que ya se considera un orden natural de las cosas, más que una tradición. Esto y que es verano, época tradicional en la que faltan temas por debatir y, entre tú y yo, qué pereza tener que hablar ahora de prostitución y de colonialismo. Que sólo queme el ron, pues.

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El gobierno español ya ha decidido dónde y con qué recursos se trasladarán los 3.975 menores extranjeros no acompañados que ahora están en Canarias, en Ceuta y en Melilla esperando una directriz. Tal y como se preveía, ni Catalunya ni País Vasco formarán parte de este reparto autonómico por "el esfuerzo de acogida realizado hasta ahora" y, en cambio, la mayoría de estos jóvenes se reubicarán en Andalucía (677), Madrid (647) y la Comunidad Valenciana (571), según explicaron fuentes del ministerio de Juventud e Infancia.

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