El Tribunal Constitucional (TC) celebra esta próxima semana un pleno en el que decidirá sobre la admisión a trámite del recurso de amparo de Carles Puigdemont contra la no aplicación de la amnistía por parte del magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En la petición, el líder de Junts incluye que, como medida cautelar, el TC ordene al juez levantar la orden de detención en suelo español todavía vigente.

Los Mossos d'Esquadra no previeron la posibilidad de que el expresidente Carles Puigdemont huyera después de su discurso en el Arco de Triunfo el 8 de agosto del año pasado Ya lo dijeron en el Tribunal Supremo, y este lunes el entonces jefe del cuerpo, Eduard Sallent, ha reiterado ante la jueza de que el movimiento de Puig fuentes judiciales, Sallent ha admitido que no puede descartar que los tres agentes investigados para ayudar a Puigdemont a huir estuvieran al corriente de los detalles del dispositivo que intentaba detenerle. en una acusación de encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos. sobre el dispositivo de esa jornada, en la que la cúpula del cuerpo ya reconoció que había habido "errores". Según las mismas fuentes, Sallent también ha dicho a la juez que los Mossos no hablaron con la Policía Nacional para el control de fronteras en una jornada en la que la policía activó una operación jaula que no fue suficiente para pillar a Puigdemont antes de que saliera de Catalunya.

Ya desde el principio se vio que el Tribunal Supremo pondría todos los obstáculos posibles a la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont y al resto de principales dirigentes independentistas durante el 1-O, pero especialmente al expresidente. Això ha donat peu a una batalla judicial llarga i farragosa que aquest dilluns ha viscut un nou capítol a la sala d'apel·lacions del Suprem, on tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat, juntament amb l'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, han defensat que se li apliqui l'amnistia sense dilacions al considerar que no hi ha, tal com defensa el jutge Pablo Llarena, delicte de malversació pel mig. Boye, además, ha defendido que la causa ocurra en el TSJC y que sean los jueces catalanes los que decidan.

El juez Pablo Llarena vuelve a este análisis como en los viejos tiempos, y lo hace con honores de portada:

Seguramente era esperable, pero no por eso menos grave. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no se cree los argumentos que le dieron los Mossos para justificar su fracaso a la hora de detener a Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto, cuando el expresidente protagonizó un breve acto público en el 'Arc de Triomf, y remite el informe policial a los juzgados de Barcelona para que investiguen si hubo delito. De alguna manera, Llarena da por hecho que hubo un conjura entre el gobierno de Pere Aragonès y Junts para evitar la detención de Puigdemont, y burlar así la pretensión del juez de encarcelarle. Pero para hacer una acusación tan grave haría falta pruebas de que ahora mismo no existen.

El magistrado Pablo Llarena cuestiona el informe que le entregaron los Mossos d'Esquadra sobre la huida del expresidente Carles Puigdemont el pasado 8 de agosto durante el debate de investidura de Salvador Illa y considera que se le podría haber detenido. En la providencia, el instructor del Proceso asegura que los informes que ha estudiado "no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial" hubiera detenido al líder de Junts en su recorrido hasta el lugar donde se unió a "esta aglomeración de personas que 'esperaban'. Tampoco era imposible, añade en un breve escrito de dos páginas, "el seguimiento y la detención" del expresidente, que tiene en vigor una orden de búsqueda y captura en territorio español por la negativa del Tribunal Supremo a aplicarle la amnistía. Pero su opinión choca de lleno con el parecer de la Fiscalía, que se opone a que la justicia investigue al expresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, al presidente del Parlament, Josep Rull, ya la cúpula de Mossos por la huida de Puigdemont, porque no ve indicios de que actuaran o impartieran órdenes para impedir su detención. Se ha pronunciado en respuesta a las querellas de Vox y Hazte Oír por este caso.

Se había ido dilatando en el tiempo, pero entraba dentro de los cálculos de Carles Puigdemont que el juez instructor del 1-O, Pablo Llarena, acabara negándole definitivamente la amnistía. Se ha confirmado este martes, cuando Llarena ha respondido el recurso del expresidente –ya le había denegado la amnistía el 1 de julio– y no le amnistíará ni a él ni a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig por el delito de malversación. De esta forma, el próximo paso es que la sala que preside Manuel Marchena resuelva los recursos de apelación para, después, poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

A pesar de todo el tiempo transcurrido, puede sorprender saber que el proceso contra Carles Puigdemont todavía está empezando, lo que abre la posibilidad de que se amplíe la investigación a otros posibles actos no averiguados todavía y no cubiertos por la ley de amnistía. Esta realidad hacía que si volvía ahora a España –lo que era incomprensible precisamente por eso– la condena hubiera podido ser, en total, de más de 10 años, que no es irrelevante para alguien de 61 años. Por eso, la tocata y fuga del 8 de agosto planteaba un riesgo jurídico inmenso, dejando a un lado su relevancia política, si es que la tenía.

Los Mossos d'Esquadra reconocen "errores" en el dispositivo del 8 de agosto que movilizó a 600 agentes para detener a Carles Puigdemont en Barcelona y así lo han hecho saber al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena en el informe que les requirió el juez instructor de la causa del 1-O. Los agentes no previeron la posibilidad de que el expresidente huyera del Arc de Triomf, donde había organizado un acto político a las 9 de la mañana, y por ello, explican en el documento avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso el ARA, el dron que vigilaba la zona no puso el foco sobre Puigdemont sino que siguió a la comitiva de personas que se dirigía hacia el Parlament.

"Hasta hace diez días eran extraordinarias, el mejor momento de nuestra historia. Se había recuperado lo perdido y estábamos mejor que antes del 2017". Un cargo destacado de los Mossos d'Esquadra resume así las relaciones entre la policía catalana y el Tribunal Supremo antes de que el 8 de agosto saltase todo por los aires con la visita fugaz de Carles Puigdemont a Catalunya. Fuentes del cuerpo consultadas por el ARA admiten que están expectantes a la respuesta de que el juez Pablo Llarena dé al informe que los Mossos le deben entregar próximamente sobre el dispositivo que habían diseñado para detener al expresidente de la Generalitat en el su regreso a Cataluña. "Veremos cómo respira", apuntan.

Carles Puigdemont no se arriesga. Tras el regreso fugaz a Catalunya el día del pleno de investidura de Salvador Illa con destino final en Waterloo –con los Mossos yendo de cabeza–, el expresidente de la Generalitat no ha reaparecido en un acto anunciado en la localidad norcatalana de Pradera de Conflent para la Universidad Catalana de Verano (UCE) "por seguridad". Se ha limitado a enviar un vídeo grabado en el que ha denunciado el "colpismo" del Tribunal Supremo. En esta ocasión no ha querido tomar riesgos, puesto que ahora no es eurodiputado, no tiene la inmunidad para viajar por toda la Unión Europea y el Supremo no le ha aplicado la amnistía. Así, el magistrado Pablo Llarena podría reactivar una euroorden en cualquier momento, aunque todavía no lo ha hecho. Precisamente, el acto en el que debía tomar parte ha denunciado el "colpismo judicial" contra la amnistía, en el marco de la presentación del libro de Damià del Clot Colpismo. De la violencia militar al lawfare judicial (Voliana Edicions, 2024), prologado por Puigdemont y por el exdiputado juntero Jaume Alonso-Cuevillas, que sí ha asistido.

Han pasado diez días desde que Carles Puigdemont dejaba con un palmo de narices a Pablo Llarena, que ya se frotaba las manos ante la alta probabilidad de que el expresidente de la Generalitat fuera detenido. Y el magistrado instructor del Tribunal Supremo no ha movido ficha para capturarle: no ha activado la euroorden pese a constatar que, a diferencia de lo que Puigdemont había anunciado, el exilio no ha terminado y ha vuelto a instalarse en Waterloo indefinidamente. El escenario del regreso con el que confiaba el juez se ha desvanecido y ahora la pelota está en su tejado.

Con la polémica por el dispositivo fallido de los Mossos para detener al expresidente Carles Puigdemont todavía abierta, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, escenificará este miércoles su apoyo a la policía catalana en su primer acto como jefe del ejecutivo. Isla estrena mañana la agenda presidencial con una visita al complejo central de los Mossos d'Esquadra en Sabadell, donde también se reunirá con los sindicatos. Irá acompañado de la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que tiene el encargo de reconducir la crisis a la policía catalana de la mano del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como director de la policía. El nombramiento no es todavía oficial, pero se espera para los próximos días.

Catalunya tiene nuevo president: Salvador Illa. Es el tercer presidente socialista que dirigirá el gobierno catalán, después de Pasqual Maragall y José Montilla, pero el primero que lo será habiendo ganado unas elecciones. Aquí tenemos el primer motivo por el que Illa es president, haber quedado primero. Sin embargo, este no constituye el principal motivo de su elección, como demuestra el hecho de que otros dos socialistas, Pedro Sánchez y Jaume Collboni, son respectivamente presidente y alcalde habiendo perdido las elecciones. La razón auténtica por la que Illa ha sido elegido 133 president de la Generalitat se basa en que el tripartito sumaba. Algunos lo advertimos reiteradamente: si el tripartito suma, se hará. Y así fue. Es una ecuación que nunca falla, excepto cuando Esquerra Republicana puede ostentar la presidencia, como ha sucedido en estos últimos años, con Pere Aragonès.

Un día después del fugaz regreso de Carles Puigdemont a Catalunya, desaparecido tras su intervención en el atril del paseo Lluís Companys de Barcelona, ​​las miradas se dirigen a los Mossos d'Esquadra por la incapacidad de detener al líder de Junts. Entre ellas, la del juez instructor de la causa del Proceso en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien mantiene activa la orden de detención en el Estado contra el expresidente de la Generalitat tras rechazar aplicarle la ley de amnistía. Llarena estaba preparado para activarse en cuanto Puigdemont fuera detenido, una hipótesis que en el alto tribunal se daba por hecha después de casi siete años de persecución por Europa con el anunciado regreso para la investidura de Salvador Illa. Que se haya visto frustrada esta expectativa ha llevado al magistrado a pedir explicaciones al cuerpo policial catalán y también al ministerio del Interior encabezado por Fernando Grande-Marlaska. También el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) reclamó al comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent, información sobre el operativo de ayer.

El 30 de octubre de 2017 Carles Puigdemont, ya expresidente de la Generalitat por haber sido aplicado el artículo 155 de la Constitución, sale de España y se dirige a Bruselas, donde están ubicados el Parlamento y la mayoría de las instituciones que conforman la Unión Europea. Se instala en la localidad de Waterloo, y allí permanece dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia que constituye uno de los pilares que sostienen el entramado democrático que configura la UE. Nunca ha sido un fugitivo.

La oposición a la ley de amnistía cuando está en manos de los tribunales tiene nombres y apellidos. ¿Quiénes son los magistrados que firman las resoluciones que ponen trabas a la aplicación de la norma?

Hace pocos días, y en estas páginas, Joaquín Urías daba por muerta la ley de aministía, tras las dos decisiones del Tribunal Supremo la semana pasada relativas a la situación de Junqueras, Romeva, Turull y Bassa, por un lado, y Puigdemont, Comín y Puig, por otro. Yo discrepo. Existen varios escenarios abiertos que conviene que analicemos detenidamente. Y ahora aún más después de la decisión del lunes del juez García-Castellón de archivar el caso Tsunami y la del martes del juez Aguirre de pedir al Supremo que abra una causa contra Puigdemont y su entorno por traición, malversación y pertenencia a organización criminal.

Un error grosero de García-Castellón con algo tan nimio como una prórroga extemporánea de la instrucción del caso Tsunami ha puesto fin a una investigación delirante por terrorismo. Buena noticia. Pero todavía quedan algunos frentes abiertos. El lector quizás recordará que, en estas mismas páginas, hice referencia a que la guerra de guerrillas del Tribunal Supremo (TS) por no aplicar la ley de amnistía podía chocar con otro obstáculo inesperado: la decisión de los magistrados de no plantear ninguna cuestión prejudicial a escala europea –lo que sí que hará la Audiencia Nacional en el caso de los CDR– y verter toda la litigiosidad en el propio TS y después en el Tribunal Constitucional (TC), para dilatar y hacer ilusorios los beneficios de la norma o para evitar un nuevo correctivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a la vista de cómo han tenido que retorcer el delito de malversación: la independencia de Catalunya habría afectado a los intereses de la UE porque la aportación económica de España a los presupuestos comunitarios habría disminuido. Y eso que la sentencia del Proceso decía que la independencia era un “ensueño”, “un artificio engañoso creado para movilizar a unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana”.

Los cuarenta y seis policías nacionales que estaban investigados por las agresiones contra los ciudadanos del 1 de octubre de 2017 sí que han sido amnistiados sin demora ni empero alguno. La ley prevé la amnistía para los agentes de policía que se encontraran en procesos judiciales por los hechos de ese día, salvo aquellos que hubieran cometido “actos de tortura o tratos inhumanos o degradantes graves”. Hinchar a porrazos a ciudadanos indefensos en medio de la vía pública, incluyendo mujeres y hombres mayores, no se considera tortura, pero sí ciertamente podría definirse como un “trato degradante grave”. Inhumano sin duda, porque la performance del agente de policía que vapulea a un ciudadano se basa, precisamente, en la deshumanización: la de la persona que recibe la agresión policial, que deja de ser un ciudadano con derechos para convertirse en un objetivo a abatir, y la del propio agente de policía, que ya se presenta convenientemente deshumanizado en el teatro de operaciones, con el casco que le tapa la cara y el número que le sustituye el nombre. La deshumanización es el requisito previo para administrar a otro un “trato inhumano”, que puede llegar, o no, a la tortura.