Llarena no ha reactivado la euroorden contra Puigdemont pese a la fuga
El juez no se mueve a pesar de que la detención que esperaba no prosperó
MadridHan pasado diez días desde que Carles Puigdemont dejaba con un palmo de narices a Pablo Llarena, que ya se frotaba las manos ante la alta probabilidad de que el expresidente de la Generalitat fuera detenido. Y el magistrado instructor del Tribunal Supremo no ha movido ficha para capturarle: no ha activado la euroorden pese a constatar que, a diferencia de lo que Puigdemont había anunciado, el exilio no ha terminado y ha vuelto a instalarse en Waterloo indefinidamente. El escenario del regreso con el que confiaba el juez se ha desvanecido y ahora la pelota está en su tejado.
La euroorden quedó paralizada cuando Puigdemont abrió una batalla jurídica en Europa sobre su inmunidad. En julio del 2023 el Tribunal General de la Unión Europea dictaminó, en primera instancia, la retirada de esta protección para el entonces eurodiputado de Junts, pero ante la posibilidad de recurrir la decisión –así lo hizo Puigdemont–, Llarena mantuvo en suspenso la euroorden. Antes, en enero del mismo año, el juez instructor también había decidido no cursar una nueva cuando tuvo que aplicar la reforma del Código Penal: eliminó la sedición y procesó al expresidente sólo por malversación, con una única orden de detención activa en territorio español.
Sin aplicar la amnistía
Tras desestimar la aplicación de la amnistía el pasado 1 de julio, la acusación popular ejercida por Vox solicitó que se reactivara la euroorden. Llarena tampoco dio el paso, consciente de que Puigdemont había prometido volver a Catalunya motu proprio y que, por tanto, éste sería el escenario más viable para hacerlo comparecer ante el Supremo. ¿Y ahora? Por el momento, el magistrado tampoco se ha movido ni hay indicios de que se mueva a corto plazo. Su entorno no quiere desvelar sus intenciones y desde la Fiscalía del alto tribunal –ahora apartada del caso por orden del fiscal general, Álvaro García Ortiz, por su negativa a acatar instrucciones jerárquicas– creen que Llarena esperará.
¿Por qué? "Por prudencia", afirman fuentes consultadas por el ARA. Es de esperar que el litigio llegue, en las próximas semanas, al Tribunal Constitucional (TC) y, eventualmente, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En estos momentos la situación procesal es que las partes han recurrido ante el Supremo la negativa de Llarena a aplicar la amnistía por malversación y está pendiente la respuesta del instructor y de la sala de apelaciones. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, preguntado esta semana pasada por las críticas de su compañero de gabinete Óscar Puente al Supremo –le acusó de "extralimitarse"–, decía que ahora toca esperar la respuesta a los recursos de apelo ción. Tanto la Fiscalía, como la Abogacía del Estado, como los propios afectados han reclamado que sí se aplique la amnistía y se archive la causa. Justamente, el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, ha presentado este lunes una queja ante el Consejo General del Poder Judicial por el retraso de Llarena en responder a los recursos.
La sala que preside Manuel Marchena no enmendará a Llarena y el camino conducirá hacia el TC. El ministro Puente ha estado rodeado de polémica en los últimos días para anticipar que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido corregirá al magistrado instructor gracias a la mayoría progresista que lo integra. Esto no ocurrirá hasta que Puigdemont presente un recurso de amparo una vez se confirme que el Supremo no le aplica la amnistía. Teniendo en cuenta que agosto es inhábil en los tribunales, la actividad pendiente no se reanudará hasta septiembre.
En el TC todavía no se ha abordado a fondo este frente. Fuentes del bloque progresista aseguran al ARA que en la vuelta de vacaciones será momento de tener los primeros contactos entre magistrados sobre una cuestión trascendental que tendrá el organismo bajo todos los focos. De hecho, ya existe un expediente sobre la mesa: el Supremo presentó en julio una cuestión de inconstitucionalidad contra la amnistía para un activista de Girona que teóricamente debería beneficiarse de la ley. El magistrado conservador Ricardo Enríquez es a quien le cayó el caso por reparto. Tal y como explican fuentes del organismo, la decisión del TC sobre si la norma tiene o no encaje en la Constitución será relevante –Llarena también se plantea cuestionarlo para el caso de Puigdemont–, pero no será una resolución que afecte directamente a la negativa del juez a amnistiar al expresidente. "Tendrá relación una cosa con la otra, pero Puigdemont, si quiere, debería recorrer en amparo", insisten.
El regreso fugaz
Paralelamente, se abrió la carpeta del retorno fugaz de Puigdemont el pasado 8 de agosto. Su abogado, Gonzalo Boye, ha empezado ya a construir un relato jurídico de aquella acción y lo enmarca en la desobediencia civil. Vox y la entidad ultracatólica Hazte Oír han presentado querellas por aquellos hechos y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) debe recibir esta semana el informe de los Mossos d'Esquadra sobre el operativo que había preparado para detener a Puigdemont. También Llarena pidió información a la policía catalana y al ministerio del Interior, que el pasado martes admitió que no localizó al expresidente en la frontera y que responsabilizó a los Mossos del fracaso.
La entidad de extrema derecha Manos Limpias también quiere entrar en el juego y pretende encausar a Boye por obstrucción a la justicia por la huida de Puigdemont. Además, los diputados y senadores de Junts que acompañaron y asistieron al acto en el Arco de Triunfo registraron escritos en el TSJC y en el Supremo autoinculpándose por, de alguna manera, haber participado en los movimientos del expresidente.
