Llarena confirma que no amnistía Puigdemont

MadridSe había ido dilatando en el tiempo, pero entraba dentro de los cálculos de Carles Puigdemont que el juez instructor del 1-O, Pablo Llarena, acabara negándole definitivamente la amnistía. Se ha confirmado este martes, cuando Llarena ha respondido el recurso del expresidente –ya le había denegado la amnistía el 1 de julio– y no le amnistíará ni a él ni a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig por el delito de malversación. De esta forma, el próximo paso es que la sala que preside Manuel Marchena resuelva los recursos de apelación para, después, poder acudir en amparo al Tribunal Constitucional.

En un auto de 21 páginas, el magistrado insiste en su tesis sobre el enriquecimiento patrimonial de los tres procesados. La ley de amnistía, con el objetivo de dejar fuera a los acusados ​​por el 1-O de las excepciones que prevé para el delito de malversación, dice que no pueden ser perdonados aquellos que con el desvío de fondos obtuvieran un "beneficio personal de carácter patrimonial". Pero Llarena y Marchena hicieron las curvas argumentales necesarias para sostener que destinar dinero público al referéndum era una manera de enriquecerse personalmente, dado que los impulsores de la consulta dejaban de poner dinero de su bolsillo y se ahorraban.

El juez envía mensajes a varios actores que han confrontado su decisión. Uno de ellos es la magistrada de la segunda sala del Supremo Ana Ferrer, que emitió un voto particular a la resolución que Marchena dictó contra los ya condenados por el Proceso y en el que era partidaria de aplicarles la amnistía. Ferrer aseguraba que la interpretación de Llarena y Marchena "vaciaba de contenido la ley [de amnistía]" y, en cambio, el instructor cree que es su lectura la que "lleva al absurdo" porque hay previsiones legales que "resultarían innecesarias por su imposible aplicación". Es decir, que es absurdo incluir cláusulas que no permiten amnistiar el delito de malversación y después ignorarlas.

Tal y como ya insinuó en su primera resolución, Llarena sí avala algunos supuestos que prevé la ley para amnistiar la malversación. Por ejemplo, el caso del exconseller de Interior Miquel Buch, al que se le atribuía haber puesto un escolta en Puigdemont en el extranjero, tarea que habría ejercido el mosso de escuadra Lluís Escolà. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sí les concedió la medida de gracia. "El responsable público que decidió gastar los fondos públicos en otorgar protección a uno de los actuales recurrentes [Puigdemont] ni actuó con propósito de enriquecerse en el sentido gramatical del término, ni actuó con el propósito de obtener un beneficio personal", dice Llarena. "Y también era amnistiable la eventual responsabilidad de quien cobró su trabajo de escolta con estos fondos, dado que ese individuo no podía ser sujeto activo del delito de malversación porque no era el gestor de los caudales públicos", añade.

Por otra parte, Llarena también responde al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que el pasado jueves el acto de apertura del año judicial cuestionó implícitamente las resoluciones del Supremo sobre la amnistía cuando subrayaba que "el derecho debe ir ligado a una interpretación racional y uniforme de la norma" y que "un espacio de justicia predecible es una garantía para la ciudadanía". "La predictibilidad de la ley no supone que la norma deba ser aplicada conforme a la aspiración de un procesado que asegura haber redactado y propuesto la norma. Y que con su aprobación busca alcanzar su impunidad", advierte.

Primera deliberación en el TC

Precisamente, esta semana el pleno del Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa la primera carpeta sobre la amnistía. Se trata de la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el Supremo por el caso de un joven encausado por desórdenes públicos durante las protestas postsentencia en Girona. Está prevista la admisión a trámite durante el pleno que se celebra entre este martes y jueves, con la abstención del magistrado Juan Carlos Campo como primer paso. Además, en las últimas horas el PP y las comunidades autónomas donde gobierna -también Castilla-La Mancha, liderada por el socialista Emiliano García-Page- han presentado en cascada los recursos de inconstitucionalidad contra la ley en el TC, ya que este miércoles s agotaba el plazo de tres meses, coincidiendo con el Onze de Setembre.

Pese a la decisión de Page de sumarse a la ofensiva de presidentes del PP contra la amnistía, el Gobierno evita el choque con el dirigente castellano-manchego tanto en este tema como en la reforma de la financiación. "Son mecanismos, sea cual sea la comunidad autónoma, y ​​no vamos a entrar a valorar la cuestión", ha dicho la portavoz del Govern y consellera, Silvia Paneque, sobre el recurso del socialista ante el Constitucional contra la ley del olvido judicial. Sin embargo, sí ha pedido que se haga efectiva "sin subterfugios" para Puigdemont y ha instado al poder judicial a respetar las decisiones del poder legislativo, tal y como hizo el presidente Salvador Illa el día del debate de investidura. Por otra parte, y después de que Page haya dicho que el principio de ordinalidad "no es progresista" y haya cargado contra la financiación singular, Paneque ha reiterado que la reforma comprometida con Esquerra "no está en detrimento de otras comunidades autónomas" .