Las infraestructuras son un tema de país. Y así deberían tratarse. La Cámara de Comercio, junto con el consejo que agrupa a las 13 organizaciones camerales existentes en Cataluña, ha puesto en marcha un observatorio para realizar un seguimiento de las inversiones públicas. No se limitará a decir lo que no se ha hecho sino también a proponer lo que debería hacerse, tanto de forma más inmediata como a más largo plazo. Las actuaciones más urgentes, hasta 2030, suman 14.500 millones de euros y abarcan tanto las prioridades ferroviarias como las relacionadas con la red de aeropuertos o el agua y las carreteras. Pero no se detiene aquí, y realiza una proyección hasta el 2043, con lo que las inversiones necesarias alcanzan los 53.800 millones.
Todo ello lo ha hecho a través de un estudio que recoge los proyectos estratégicos necesarios para superar una serie de cuestiones que son habituales y que reclaman también cambios en la gobernanza, con una gestión más cercana al territorio, en especial en lo que se refiere a los aeropuertos de interés general ya los principales ejes viarios. En un mensaje dirigido al gobierno español, el observatorio concluye que es completamente comprobable que, de la forma en que se ha hecho todo hasta ahora, no ha funcionado.
El catálogo de iniciativas que propone el mundo empresarial debería poner fin a algunos de los problemas que se arrastran desde hace años. Uno es la necesidad de reducir a la mínima expresión la diferencia entre lo que se presupuesta y lo que finalmente se ejecuta. Uno de los participantes lo ha expresado de forma muy clara: "Se presupuesta al alza, pero se ejecuta a la baja". Ciertamente, ¿podemos quedar deslumbrados por grandes cifras que se prometen, pero realmente se comprometen? Lo cierto es que sólo en el período de 2021 a 2023 la ejecución media estatal fue del 41%. El estudio advierte que se ha acumulado un déficit de inversión en infraestructuras muy grande, y que los planes y programas que se encuentran actualmente en ejecución son básicamente herencia de planes previos no ejecutados o muy atrasados, pensados para un mañana que ya es ayer.
Y eso comporta otro problema, relacionado con cumplir lo que dice el Estatut. En concreto, su disposición adicional tercera, que establece que la inversión estatal en Catalunya debe suponer el 19% del total, cuando apenas alcanza el 16% y genera un déficit acumulado de actuaciones que deberían realizarse y no se han realizado.
Y la otra cuestión consiste en avisar al gobierno español –ya que es el que tendrá que verter una mayor parte de los recursos, más del 75%– que debe adaptar y planificar las necesidades del país. Un elemento a tener en cuenta es que en los últimos 25 años ha pasado de unos seis millones de habitantes a más de ocho millones, y con la previsión de llegar a los 10 millones en 2050. Esto conlleva mayor movilidad. Todo ello requiere previsión y, como dicen desde las cámaras, un pacto de país, porque es un tema estratégico y esencial y para presionar a las administraciones, especialmente la central, para que asuma que es necesario "desarrollar un proceso intenso de planificación, licitación y ejecución sostenido en el tiempo, año tras año, desde hoy hasta 2043". Y que se ejecute.
