El PP (y también el PSOE) inundan al TC con recursos contra la amnistía

MadridCuatro días después de que el PP registrara el anunciado recurso contra la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional, este lunes se ha producido un alud de recursos de las autonomías populares. Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar que la Comunidad de Madrid ya había formalizado el registro en un desayuno informativo, poco antes de que Aragón también confirmara el mismo movimiento. A estas dos autonomías cabe sumar Galicia, Murcia, Cantabria y Andalucía. De momento, son seis las comunidades del PP que han dado el paso y, dentro del miércoles –cuando vence el plazo para recorrer, de tres meses desde la publicación oficial del texto–, las seguirán en cascada Extremadura, Castilla y León , las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana y La Rioja.

Además, Castilla-La Mancha, gobernada por el socialista Emiliano García-Page, un verso libre en su partido, también ha registrado un recurso contra la amnistía este lunes. Según ha informado el TC, el balance provisional a la espera del resto de recursos anunciados, es de diez diferentes –hay más que comunidades autónomas que hayan dado el paso porque alguna ha registrado dos, uno del gobierno autonómico y uno del Parlamento–. El recuento incluye el recurso del PP como partido presentado a través de sus diputados y senadores. Quien ha descartado presentarlo, a pesar de haberlo estudiado en un inicio, es el gobierno de las Islas Canarias -presidido por Coalición Canaria en coalición con el PP.

Aparte de los ejecutivos autonómicos populares, los parlamentos que han dado el paso de momento son el de Cantabria, Aragón y Murcia. En estos casos, también ha participado en la decisión Vox, que ha votado a favor de presentar el recurso de inconstitucionalidad. A diferencia del PP, que como partido ha podido ir al TC porque tiene más de cincuenta diputados y senadores, la formación de Santiago Abascal perdió esta posibilidad con el bajón electoral del 23-J, que les dejó con treinta y tres escaños . Además de Canarias, tampoco acudirán al TC las autonomías no gobernadas por el PP, como son Cataluña, Navarra, País Vasco y Asturias.

La excepción de Gracía-Page

Por tanto, prácticamente todos los recursos que llegan al TC están teñidos del azul del PP, con la excepción de Castilla-La Mancha. García-Page ha sido crítico con la amnistía desde un principio y ya advirtió a su partido de que plantaría cara a la decisión de Pedro Sánchez, lo que le hizo quedar prácticamente solo dentro del PSOE. Esto no le ha frenado y ya anunció que se sumaría a las comunidades populares a finales de mayo, desmarcándose del resto de presidentes autonómicos socialistas. Este lunes su ejecutivo ha confirmado la decisión después de que en julio el consejo consultivo de la región concluyera que la amnistía no tiene encaje constitucional. Fuentes del gobierno de Castilla La Mancha desvinculan su iniciativa de las del PP y niegan haberse coordinado. "No nos marca el argumentario de Ferraz, mucho menos el de Génova", aseguran.

Los argumentos

Ninguno de los recurrentes ha facilitado por el momento el texto de su recurso. No serán calcados porque los han elaborado los servicios jurídicos de cada una de las autonomías, si bien entre los argumentos esgrimidos a la hora de difundir la noticia existen semejanzas evidentes con la denuncia de una vulneración del principio de igualdad de los españoles ante la ley y de la separación de poderes, así como un atentado contra la legalidad, la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad. Según los populares, como ya han repetido en informes precedentes sobre la amnistía, habría que reformar previamente la Constitución para dar encaje a una amnistía. Un argumento que también recoge Castilla-La Mancha.

La situación del TC

A medida que han ido llegando los recursos, el TC ha ido designando a ponentes para cada uno. De momento no hay ninguno repetido, pero pronto habrá más recursos registrados que miembros del pleno, al que se le da trabajo con los asuntos relacionados con esta norma. En paralelo, el TC estudiará este martes la admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Supremo planteó por una causa sobre desórdenes públicos a un activista de Girona durante las protestas postsentencia. Para resolver el fondotardará entre seis meses y un año, según calculan en el Constitucional. Otro debate que se abrirá con el análisis de los recursos de los populares serán las peticiones de recusación de tres magistrados progresistas, para intentar darle la vuelta a las mayorías. Madrid, Galicia y Andalucía han hecho igual que el PP como partido y piden recusar al presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, así como a los magistrados Laura Díez y Juan Carlos Campo. Ahora bien, el pleno del Constitucional, con mayoría progresista, no tiene intención de aceptarlas. Campo, en cualquier caso, ha pedido abstenerse voluntariamente.