Movimientos de fondo en el TC para taponar la estrategia del PP contra la amnistía

MadridAlberto Núñez Feijóo y el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, José María Macías, charlaban amistosamente el jueves durante el cóctel posterior al acto de apertura del año judicial, en el Tribunal Supremo. Sería un detalle sin importancia si no fuera porque en ese mismo momento se conocía que el miembro del órgano de garantías al que ha caído por reparto la ponencia del recurso de inconstitucionalidad planteado por el PP contra la ley de amnistía es... Macías. Podría ser una curiosa coincidencia, pero resulta que unos días antes, el lunes, el líder del PP había afirmado en una entrevista en Onda Cero que, junto a la presentación del recurso, su partido recusaría a algunos de los miembros del tribunal. "Veremos si son tres o cuatro", decía. ¿Cuáles debían ser estos tres o cuatro? Se deducía que el presidente, Cándido Conde-Pumpido; el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo; el ex alto cargo de la Moncloa Laura Díez –los tres del bloque progresista–, y el propio Macías, porque hasta hace pocas semanas era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y lideró elinforme que la institución dictó en contra de la ley cuando ni siquiera se había aprobado en el Congreso. ¿Cuántos han sido finalmente los magistrados recusados? Tres (el PP ha dejado a Macías al margen).

Feijóo dijo que aceptaría la resolución que el TC adoptara sobre la amnistía, si bien dejó claro que daría "muchas garantías" de que estas tres personas se abstuvieran. Si dieran un paso al lado, la mayoría del pleno se daría la vuelta: de 7 a 5 a favor de los progresistas pasaría a 5 a 4 a favor de los conservadores. Es decir, que para Feijóo la legitimidad de la sentencia que se dicte va ligada a que la mayoría que se pueda imponer sea conservadora y que, con alta probabilidad, declarara inconstitucional la ley de amnistía. Planteamientos así indignan en el PSOE, porque en la esfera mediática se ha instalado un relato que criminaliza la supuesta "colonización" de las instituciones por parte de Pedro Sánchez –José Luis Escrivá ha dado el salto de ministro a gobernador del Banco de España–y, en cambio, cuando lo hace el PP nadie se pone las manos en la cabeza. Sea como fuere, estas peticiones de recusación no van a prosperar, tal y como apuntan fuentes del TC, porque el bloque progresista tiene en su mano rechazarlas. Quien sí ha anunciado que se abstiene es Campo, que firmó los indultos del Proceso cuyos informes decían que una amnistía era "claramente inconstitucional".

El PP, pues, no quiere renunciar a uno de sus principales activos en la ofensiva contra la amnistía. De momento nadie ha planteado que Macías deba apartarse de las deliberaciones sobre esta cuestión –debería hacerlo alguna de las partes, como la Fiscalía–, pero de todas formas dentro del grupo progresista del TC tampoco predominan opiniones partidarias de tensar aún más el clima con el bloque conservador. Fuentes del organismo explican que el clima se ha enrarecido desde la sentencia de los ERE, en la que el bloque mayoritario se impuso a los magistrados afines al PP por tumbar las condenas del Tribunal Supremo a los expresidentes y exconsejeros socialistas de la Junta de Andalucía. Ya auguran que ahora con la amnistía las relaciones no van a mejorar.

Primer caso: un activista de Girona

El pleno que comienza este próximo martes en el TC servirá para medir la temperatura. Ya está sobre la mesa el primer caso: la cuestión de inconstitucionalidad que el Supremo planteó por una causa sobre desórdenes públicos a un activista de Girona durante las protestas postsentencia. Lo que se analizará será simplemente la admisión a trámite, y el fondo tardará entre seis meses y un año, según calculan en el Constitucional. Su presidente, Conde-Pumpido, ya hizo una advertencia el viernes en el acto de toma de posesión de Macías como nuevo magistrado: pidió "respeto político e institucional a las decisiones y la independencia" de la institución, y también avisar de que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones" que adopte el TC. Por tanto, también el Supremo. Entre el público le escuchaba el magistrado que no quiere amnistiar a Carles Puigdemont, Pablo Llarena, amigo personal de Macías.

En actos como los que ha habido esta semana, ya fuera de las cámaras, pueden constatarse las divisiones, afiliaciones y afinidades. No hay más que ver que miembros conservadores y progresistas de la judicatura no suelen mezclarse a la hora de hacer la tertulia posterior. Menos disimulada fue la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en el acto de apertura del año judicial en el Supremo. Sorprendentemente acudió –lo habitual es que solo vaya el ministro de Justicia en representación del gobierno español– y se marchó después de fotografiarse con los nuevos vocales del CGPJ que impulsó Sumar.