El TC de mayoría progresista tumba las condenas por el caso de corrupción más importante del PSOE

MadridEl Tribunal Constitucional (TC) tumba las condenas de los ERE de Andalucía, el caso más importante de corrupción vinculado al PSOE. La polémica decisión se produce en una semana marcada por la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a los líderes del Proceso por el delito de malversación, el mismo por el que quedan exonerados –por el momento– hasta cuatro exconsejeros de la Junta de Andalucía y un alto cargo. El órgano de garantías, presidido por el cuestionado por la derecha Cándido Conde-Pumpido, también deberá revisar próximamente las resoluciones sobre la amnistía de los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena, tal y como ha hecho ahora con las sentencias de los ERE de la sala segunda del alto tribunal. El choque entre un tribunal supuestamente dominado por el PSOE –el TC– y el otro por el PP –el Supremo– es de importantes magnitudes.

El pleno del TC, absolutamente dividido, ha estimado parcialmente este miércoles los recursos que habían presentado el exconseller de Empleo Antonio Fernández García, la persona que tenía una mayor condena, de 7 años y 11 meses de cárcel, por prevaricación y malversación; el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo; el del exconseller de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román, y el del exconseller de Innovación Francisco Vallejo. Aguayo y Vallejo ya han sido puestos en libertad este miércoles.

Ahora bien, ordena a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia respetando los derechos fundamentales vulnerados, por lo que es posible una nueva condena. Este martes ya había dado la razón a Miguel Ángel Serrano, director general de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) –la encargada de pagar las ayudas de los ERE– y que ya ha sido puesto en libertad. Hace dos semanas el TC ya había estimado el recurso de la exministra Magdalena Álvarez, pero solo estaba condenada por prevaricación, un delito que no comporta cárcel.

El 19 de noviembre de 2019 se conoció la sentencia condenatoria a 19 personas, entre ellas los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán; éste a seis años de cárcel por malversación, aunque la pena quedó suspendida a raíz del cáncer que sufre. De hecho, ambos también esperan ahora la exoneración de la pena por las últimas decisiones del Constitucional. La Audiencia de Sevilla consideró probado un sistema fraudulento de concesión de ayudas sociolaborales empresas en crisis entre los años 2000 y 2011, posible gracias a la flexibilización de los controles. La Fiscalía apuntaba a unos pagos arbitrarios de hasta 680 millones, pero el tribunal detectó desviaciones fraudulentas por valor de casi 150 millones. Casi tres años después, el Supremo confirmó prácticamente todas las penas, aunque ya se constató la disparidad de criterios: la sentencia salió adelante con los votos de los conservadores Eduardo de Porres, Juan Ramón Berdugo y Carmen Lamela, mientras emitieron un voto particular las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo.

Dardos al Supremo

La encargada en el TC de redactar las sentencias exculpatorias ha sido la vicepresidenta la institución, la granadina Inmaculada Montalbán. En la sentencia, que aún debe darse a conocer por completo en los próximos días, advierte que no se pueden considerar delictivas las actuaciones que se hicieron en estricto cumplimiento de los anteproyectos y proyectos de presupuestos elaborados por el poder ejecutivo y aprobados por el poder legislativo . "No pueden someterse a un control judicial de su legalidad y una vez aprobados el único juicio posible es su constitucionalidad", defiende Montalbán. "Los órganos judiciales no pueden interferir en las relaciones institucionales entre el Parlamento y el poder ejecutivo, a riesgo de infringir el principio de separación de poderes", afirma con contundencia.

Dada la presunción de legalidad de los proyectos de presupuestos, la mayoría del TC cree que se vulnera el derecho a la legalidad penal, porque los acusados ​​no podían prever que estuvieran cometiendo un delito. El tribunal subraya que "no se les podía exigir que impidieran actos que tenían cobertura en la ley". Aunque el nuevo sistema de presupuestos establecido en 2002 tenía por objeto eludir la normativa de subvenciones, admiten los magistrados del TC, no se puede pedir que los implicados actuaran contra esta norma aprobada por el Parlamento andaluz, argumentan. Ahora bien, hubo actas de disposición de fondos que no estaban contempladas en el llamado programa 3.1 L de las leyes de presupuestos que, estos sí, podrían ser delictivos, apunta el tribunal. En cuanto a otras reclamaciones, el TC en algunos casos considera vulnerada la presunción de inocencia, aunque en este punto ha discrepado a la magistrada María Luisa Segoviano.

Los votos particulares

La interpretación de la mayoría progresista –muy poco habitual, según fuentes jurídicas consultadas por el ARA– ha contado con los votos particulares de los conservadores César Tolosa, Ricardo Enríquez, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. La discrepancia de éste último es especialmente contundente. "Las sentencias, al descubrir con la linterna de Diógenes el argumento de la saludífera ley de presupuestos que todo lo ampara, […] desconocen los principios constitucionales rectores de la actuación de las administraciones públicas", destaca. "Creen un espacio de impunidad en el que determinados gobernantes disfrutan de un escudo protector que repele cualquier control o fiscalización", añade Arnaldo, quien señala el contraste entre la "protección reforzada" que la Unión Europea atribuye al delito de malversación y la respuesta que ha dado el TC a "uno de los casos más graves de corrupción política institucionalizada en España".

En el plano político, el secretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha abierto las puertas del partido a los ex altos cargos que han quedado exonerados, a la espera de una nueva resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla. Desde el PP, la secretaria general, Cuca Gamarra, ha advertido de que la decisión "sorprende a la sociedad" y ofrece "dudas" sobre la labor del TC. Esta semana el líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, ya había puesto en cuestión la "imparcialidad" del órgano. La batalla continuará con la amnistía.