Junts mantiene que Puigdemont volverá por la investidura pese a la decisión del Supremo
Manuel Marchena no extingue la condena por malversación contra Oriol Junqueras
MadridPuerta del Tribunal Supremo a la amnistía: no la aplica por el delito de malversación y mantiene las órdenes españolas de detención contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. El juez instructor Pablo Llarena sí levanta la de Marta Rovira porque a la secretaria general de ERC solo le afecta el delito de desobediencia. El alto tribunal tampoco extingue las condenas de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa por el delito de malversación y cuestiona la ley en su conjunto. Por eso, promueve una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la posibilidad de aplicarla por el delito de desobediencia. El expresidente ha reaccionado a X a la noticia con el mensaje "La Toga Nostra", comparando al Supremo con la mafia siciliana y el secretario general de Junts, Jordi Turull, aseguró que Puigdemont mantiene su compromiso de volver "para el debate de investidura" pese a la decisión : "Es una persona de palabra", ha dicho.
El auto de Marchena es una especie de bofetada a todas las veces que miembros del gobierno español han repetido que la ley de amnistía era "impecable". El presidente de la sala segunda del Supremo destaca la "visible distancia entre la redacción inicial y la que finalmente ha sido publicada" y señala que sus impulsores no hayan sabido trasladar al texto lo que realmente pretendían. "Debe existir una coherencia precisa, exacta, que sea un fiel reflejo del solvente dominio de las categorías conceptuales que son propias de la dogmática penal", subraya Marchena. En este sentido, recuerda que la Comisión de Venecia ya alertó sobre esa "precipitación" y "falta de claridad". Además, critica la "condescendiente tibieza del legislador español ante los malversadores condenados con sentencia firme".
Sin embargo, los jueces del Supremo se agarran a las excepciones –introducidas durante la fase de enmiendas al Congreso– que la ley de amnistía plantea para el delito de malversación: que haya habido un beneficio personal de carácter patrimonial y que la desviación de fondos afecte a los intereses financieros de la Unión Europea. Consideran que ambas cosas ocurrieron con la organización del referendo y, por tanto, que la norma pactada por el PSOE, Junts y ERC no es aplicable en esta causa judicial. Es el mismo criterio que ya habían expuesto los fiscales del Supremo apartados por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Así pues, las órdenes de detención asociadas al delito de malversación que todavía pesan sobre los exiliados se mantienen vigentes. Si Puigdemont volviera a Catalunya, sería detenido y puesto a disposición de Llarena. ¿Qué caminos se abren a partir de ahora? La resolución del magistrado instructor puede recurrirse al propio Supremo, aunque viendo lo que ha decidido la sala es difícil que un recurso prospere, y después se podría presentar otro recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Ferrer rompe la unanimidad
Más allá de la implacabilidad del Supremo, la decisión del tribunal que juzgó al 1-O cuenta por primera vez con una opinión discrepante. La progresista Ana Ferrer se desmarca de la unanimidad que reinó desde el juicio y emite un voto particular. En cuanto a la posible afectación a los intereses financieros de la UE, la magistrada es partidaria de trasladar una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En cambio, discrepa radicalmente con la interpretación de sus colegas sobre el enriquecimiento personal. "La única interpretación razonable es entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista es precisamente lo que la ley quiere amnistiar. Excluye sólo los casos en los que se hubieran producido desviaciones hacia supuestos de corrupción personal. Es decir, que aprovechando la derivación de fondos a favor del proyecto político independentista, algunos de los actores hubieran procurado un crecimiento patrimonial", dice en su voto particular. "La interpretación de la sala es contraria a cualquier orientación pro reo, que pese a la excepcionalidad de la amnistía, siempre debe conjugarse cuando se trata de leyes penales", añade. Ferrer avisa del riesgo de que se vulnere el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
En cambio, los otros cinco magistrados –todos de talante conservador– liderados por Marchena exponen una tesis muy distinta. "El castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por quedarse con las cosas de otro, sino por tomar a otro las cosas –argumentan–. Destinaron aquel [patrimonio público] a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos dejan de tener una vertiente particular o sectaria. Fondos públicos puestos al servicio de sus finalidades que eran también particulares, aunque compartidas por un mayor o menor número de personas", continúan.
En cuanto a la afectación a los intereses de la UE, estos magistrados ven "evidentes las consecuencias de lo que podía representar la descomposición territorial de España y la consiguiente ruptura de los límites territoriales y políticos de la Unión". "La reciente experiencia advierte de las radicales consecuencias presupuestarias que la desconexión de un estado con la UE –nuestro particular Brexit habría afectado sólo a una parte del territorio nacional– ha implicado en el equilibrio financiero comunitario", añaden.
"Golpe de toga al Estado"
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha trasladado la posición del partido a la decisión del tribunal, más allá del escueto mensaje de Puigdemont. En una rueda de prensa criticó la decisión del Supremo y aseguró que "estamos ante un golpe de toga al Estado" y anunció que se interpondrán recursos al TC ante una decisión que considera "política" y que "vulnera a las normas elementales de la democracia". Asimismo, ha garantizado que el expresidente volverá por el debate de investidura y ha acusado al tribunal de "justiciero" y de alinearse con Vox contra la separación de poderes reescribiendo la ley pese a la voluntad del poder legislativo. Así, ha ligado la decisión al "activismo" judicial, como el de Joaquín Aguirre, de quien Diario Red ha publicado audios en los que se atribuye la voluntad de "torpedear" la ley.
Una muestra de "debilidad"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó la decisión del Supremo para criticar la "debilidad" del gobierno de Pedro Sánchez y su subordinación a sus socios. "El gobierno sólo ha tenido mayoría para aprobar una ley y, por lo visto, ni siquiera supieron hacerla", ha aseverado en un acto en Salamanca. Ante los presidentes autonómicos del PP, Feijóo remarcó que él lidera "el único partido de estado que queda". Fuentes del PSOE mostraron su discrepancia con la interpretación del Supremo, aunque mantienen su "confianza absoluta" en la aplicación de las leyes. En esta línea, la portavoz de ERC, Raquel Sans, ha advertido al Supremo de que "la amnistía es una ley aprobada que debe aplicarse". En rueda de prensa desde la sede del partido, Sans ha dicho que no supone "ninguna sorpresa" pero que la ley "tendrán que acabar aplicándola" pese a que le intenten "torpedear".
