El Constitucional tardará entre seis meses y un año en resolver sobre la amnistía

MadridLa ley de amnistía pretendía ser un instrumento ágil para acabar con la persecución judicial de muchos cargos y activistas independentistas. Por eso se fijó un plazo de aplicación máximo de dos meses, que evidentemente ya no se ha cumplido en la mayoría de los casos. Los tribunales, empezando por el Supremo y la Audiencia Nacional, retuercen los plazos planteando recursos en Europa y también en el Tribunal Constitucional (TC). Y este último, según fondos jurídicas consultadas por el ARA, no resolverá hasta dentro de seis meses o un año. El próximo martes el tribunal de garantías decidirá la admisión a trámite sobre el primer caso que ha llegado: la cuestión de inconstitucionalidad que ha planteado el Supremo por el caso de un manifestante encausado por desórdenes públicos. Llegarán más, y el PP también se ha sumado con un recurso de inconstitucionalidad registrado este mismo jueves.

En el Supremo ya avisan de que no tienen prisa por pasar la pelota en el tejado del TC. Llarena está por resolver el recurso que el expresidente Carles Puigdemont presentó contra la decisión de no aplicarle la amnistía. Lo hará la próxima semana o la otra a lo sumo. Fuentes del alto tribunal niegan que esté fuera de plazo, tal y como criticaba la defensa del diputado de Junts, que incluso presentó una queja ante el CGPJ. La ofensiva de Puigdemont y su abogado, Gonzalo Boye, contra la supuesta dilación del Supremo indignó a los magistrados y ven estas acusaciones una "infamia".

A la espera de que la amnistía llegue al TC, un ciudadano particular ha presentado una petición de indulto para levantar la pena de inhabilitación a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, que todavía les impide concurrir como candidatos a las elecciones u ocupar cargos públicos. El Supremo les negó la amnistía por el delito de malversación. Según ha avanzado El Mundo y confirman a este diario fuentes jurídicas, el ministerio de Justicia tiene sobre la mesa este segundo indulto y solicitó al Supremo, el tribunal sentenciador, un informe para que se pronuncie sobre la posibilidad de aceptar la petición. Las mismas fuentes no apuntan en qué dirección va a resolver el ministerio de Justicia.

En la anterior petición de indulto, que comportó la salida de prisión de Junqueras, el gobierno español resolvió a favor parcialmente —levantó la cárcel, pero no la inhabilitación—, a pesar de que el Supremo se ahí. había opuesto en su informe, que no es vinculante. Fuentes cercanas al expresidente de ERC aseguran que nada tienen que ver con esta petición y que nadie les ha consultado sobre el tema. De hecho, la iniciativa de este ciudadano también incluye al secretario general de Junts, Jordi Turull, ya los exconsejeros republicanos condenados por el 1-O Raül Romeva y Dolors Bassa.

El mismo día que ha trascendido que el ministerio pilotado por el socialista Félix Bolaños ha activado los primeros trámites de un hipotético indulto a los políticos independentistas a los que no se les ha aplicado la amnistía, el PP ha formalizado el anunciado recurso de inconstitucionalidad contra la norma. Sin facilitar el texto del recurso a los medios, el PP ha anunciado que ha dado el paso por "obligación moral". "Siempre hemos defendido que era inconstitucional e inmoral", ha dicho la número dos del PP, Cuca Gamarra, en declaraciones difundidas por el partido.

Inicio del camino

El plazo para recurrir al TC termina el próximo miércoles, cuando hará tres meses de la publicación oficial de la ley y, aparte de los grupos parlamentarios populares, con más de 50 diputados y senadores (el requisito para acudir al Tribunal Constitucional), también recorrerán la norma las autonomías gobernadas por el PP. El partido pide además que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, y dos magistrados progresistas (Juan Carlos Campo y Laura Díez) se aparten de la deliberación. El PP ha dado el paso coincidiendo con el acto de apertura del año judicial, que ha estado marcado justamente por la aplicación de esta ley.

Fuentes del TC informan que ya han recibido el recurso de los populares y que el pleno prevé debatir su admisión a trámite el martes 24 de septiembre. El ponente del recurso será el magistrado catalán José María Macías, recientemente designado a propuesta de los populares, y amigo íntimo del magistrado instructor del Proceso en el Supremo, Pablo Llarena, quien ha rechazado aplicar la norma a Carles Puigdemont. El PP no le ha recusado, pero su oposición furibunda a la amnistía que practicó desde el Consejo General del Poder Judicial cuando era vocal también le deja contaminado y habrá que ver si alguien reclama que se aparte.