¿Quiénes son los jueces que se oponen a la amnistía?

MadridLa oposición a la ley de amnistía cuando está en manos de los tribunales tiene nombres y apellidos. ¿Quiénes son los magistrados que firman las resoluciones que ponen trabas a la aplicación de la norma?

Manuel Marchena

Manuel Marchena (Las Palmas de Gran Canaria, 1959) es el ponente del auto del Tribunal Supremo que rechaza que se pueda amnistiar la malversación. Una decisión que mantiene intactas, de momento, las penas de inhabilitación que todavía tienen en vigor Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas que fueron condenados por ese delito. Marchena es justamente el presidente del tribunal que dictó la sentencia del Proceso en el 2019 y se convirtió en uno de los protagonistas mediáticos del juicio del 1-O.

Desde noviembre de 2014, Marchena preside la sala penal del Supremo, cargo que tomó a su rival Cándido Conde-Pumpido, ahora presidente del Tribunal Constitucional, que revisará su decisión sobre la amnistía. En 2018 fue candidato a ascender a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo. Una aspiración que se vio truncada por el mensaje del entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, que decía que los populares podrían "controlar por la puerta trasera" la sala segunda del Supremo (la penal) si se escogía a Marchena . Esto le llevó a renunciar. El magistrado accedió a la sala penal como magistrado en el 2007, pero empezó en el alto tribunal como fiscal de sala en el 2004 y fue el más joven de la historia al acceder a ese cargo.

Pablo Llarena

El nombre de Pablo Llarena (Burgos, 1963) va ligado inevitablemente al imaginario de quien ha seguido la batalla judicial del Proceso al de Carles Puigdemont. El instructor de la causa del 1-O ha intentado en numerosas ocasiones conseguir su detención (y la del resto de exiliados) durante los últimos años y, pese a la amnistía, ha decidido mantener la orden de detención en el Estado contra el expresidente de la Generalitat. Llarena es magistrado del Supremo desde enero de 2016. Previamente había ejercido el grueso de su actividad profesional justamente en Cataluña.

Tras aprobar la oposición en 1989, como número 1 de su promoción, pasó brevemente por Torrelavega (Cantabria) y Burgos hasta aterrizar en Barcelona, ​​donde se hizo cargo de uno de los tres juzgados que se inauguraron coincidiendo con los Juegos Olímpicos. En 1998 ingresó en la Audiencia de Barcelona y llegó a ser presidente entre 2011 y 2016. Vinculado a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), conservadora y mayoritaria, ejerció de profesor de la Escuela Judicial que presidió su esposa, Gema Espinosa, ahora designada nueva vocal del CGPJ.

Manuel García-Castellón

Manuel García-Castellón (Valladolid, 1952) está a punto de jubilarse y no podrá añadir a su currículum el hecho de haber logrado bloquear la aplicación de la amnistía en Puigdemont y otros dirigentes independentistas como Marta Rovira, secretaria general de 'ERC. No será porque no lo haya intentado como instructor de Tsunami Democrático en la Audiencia Nacional. En los últimos meses, García-Castellón ha tratado de torpedear la norma, incluso antes de que se aprobara, con diversas iniciativas judiciales que finalmente han quedado en papel mojado por el error procesal que cometió en el 2021 y que ha desmontado toda la investigación. Hasta poco antes de su archivo, el magistrado seguía defendiendo públicamente que los hechos eran terrorismo, a pesar de los reveses de Suiza.

Es uno de los nombres que el independentismo y la izquierda española vinculan al lawfare. Adscrito también a la conservadora APM, se le atribuye una afinidad con el PP y Vox. Como magistrado de la AN, donde aterrizó por primera vez en 1993, ha instruido numerosos casos mediáticos. Más allá de la investigación sobre el independentismo, también generó polémica propiciando la salida de la cárcel del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González bajándole la fianza en el caso Lezo o descartando imputar al ex número 2 de los populares María Dolores de Cospedal en el del espionaje en Bárcenas.

Joaquín Aguirre

Joaquín Aguirre (Canarias, 1958) es un veterano en los juzgados de Barcelona. Desde 1988 es el titular del juzgado de instrucción 1 de la capital catalana, desde donde pilota la investigación del caso Volhov, que ha ampliado para acusar a Puigdemont de alta traición, un delito no amnistiable. En unos audios que se han hecho públicos recientemente, Aguirre se alababa hace unos meses de estar frenando la ley de amnistía con sus movimientos en esta causa. A este juez se le vincula con las cloacas del Estado. Aparece en la agenda de José Manuel Villarejo, con quien se habría reunido en el 2014 y al que el excomisario de la Policía Nacional atribuía "ganas de seguir imputando". Unas anotaciones hechas en unas páginas en las que hay nombres relacionados con la operación Catalunya.

También se le conoce por haber tratado de implicar a Josep Lluís Trapero en el caso Macedonia sobre tráfico de drogas, un movimiento que el exjefe de la policía catalana dijo que denunciaría a los tribunales por considerarlo una conspiración.

Jesús María Barrientos

Jesús María Barrientos (León, 1958) es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desde 2016 y está afincado en Barcelona desde 1985. Accedió al cargo un año y medio antes del 1-O y ya entonces se le consideraba muy crítico con el independentismo. También lo ha sido con la amnistía. En la entrega de los despachos judiciales de este año, a finales de febrero, afirmó que "una ley que privilegia sólo a unos pocos no puede ser un elemento de pacificación". Esta semana, cuando ha tenido que dirimir sobre su aplicación, Barrientos ha planteado presentar una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o un recurso de inconstitucionalidad en el TC, lo que paraliza que sean amnistiados los excargos del Gobierno Josep Maria Jové, Lluís Salvadó y Natàlia Garriga.