El presidente del TSJC carga contra la amnistía: "Una ley que privilegia sólo a unos pocos no puede ser un elemento de pacificación"

BarcelonaSi hace un par de semanas Felipe VI y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cerraban filas con el mundo judicial desde Barcleona ante las acusaciones de lawfare, hoy ha sido el turno del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Jesús María Barrientos. Lo ha hecho este lunes en un duro discurso contra la amnistía en el acto de entrega de los despachos judiciales a los 44 jueces recién salidos de la Escola Judicial que se quedarán en juzgados de Catalunya.

"Una ley que privilegia sólo a unos pocos nunca podrá ser esgrimida como un elemento de pacificación, sino de discordia, como se evidencia con los debates académicos en torno a la llamada ley de amnistía", ha asegurado desde la tribuna del TSJC. Lo ha dicho ante la plana mayor de las autoridades judiciales en Catalunya y de la consejera de Justicia, Gemma Ubasart. El magistrado se ha revuelto así contra el argumento de los socialistas de que la amnistía pretende la "normalización institucional, política y social en Catalunya" –este es, de hecho, el nombre completo de la ley registrada en el Congreso.

Una ley "en beneficio exclusivo de algunos"

Mientras el PSOE y Junts continúan las negociaciones sobre el olvido judicial del Proceso a contrarreloj, Barrientos ha advertido a los nuevos jueces de que tendrán que aplicar la ley a todos por igual, también a los que se escudan "detrás de los votos" para esquivar responsabilidades. "La ley, o es general o no es ley", ha sentenciado el presidente del tribunal. Precisamente el TSJC es uno de los órganos que tendrán que hacer efectiva la amnistía cuando entre en vigor para dejar sin efecto causas como la que está en marcha contra el líder de ERC en el Parlament, Josep Maria Jové; el exdiputado Lluís Salvadó, y la consejera de Cultura, Natàlia Garriga.

Aunque admitió que es el poder legislativo quien debe aprobar las leyes, Barrientos cargó contra las normas que se aprueban "en beneficio exclusivo de algunos" y que son una excepción a la aplicación del ordenamiento jurídico que sigue vigente para el resto de ciudadanos. "El juez debe ser quien garantice el sometimiento de todos, también de las instituciones, a la legalidad constitucional", ha dicho. Esto es, según ha defendido, lo que garantiza la convivencia en una democracia.