García-Castellón y Aguirre, el binomio con toga contra la amnistía

MadridManuel García-Castellón no está solo. En la cruzada que el magistrado que persigue al Tsunami Democrático ha iniciado contra la ley de amnistía se ha sumado el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona y encargado de la investigación de caso Volhov. Este lunes debe prorrogado seis meses la instrucción sobre la trama rusa del Proceso, con el posible objetivo de terminar viendo un presunto delito de alta traición, excluido explícitamente de la norma que este martes se vota en el Congreso. García-Castellón y Aguirre han compartido documentación sobre las causas que investigan –la parte de Volhov que afectaba al Tsunami Democrático pasó a la Audiencia Nacional–, ahora se mueven ambos para torpedear la amnistía y también les relaciona su papel en la operación Cataluña. Aguirre por su proactividad y García-Castellón por su pasividad a la hora de investigarla.

La guerra sucia contra el Proceso no sólo tuvo políticos, policías, empresarios, confidentes y periodistas conjurados, sino también jueces. El excomisario José Manuel Villarejo especulaba sobre qué magistrados de la Audiencia Nacional era conveniente que se ocuparan del caso Pujol –y cuáles no–, pero también mantenía contacto directo con jueces para buscar paños sucios de personas supuestamente vinculadas al soberanismo y airearlo los. Es el caso de Aguirre: las agendas de Villarejo reflejan varias reuniones o conversaciones con ese juez canario de 65 años que desde 1988 es el titular del juzgado número 1 de Barcelona, ​​el más veterano.

"Aguirre con ganas de seguir imputando", anotaba el excomisario en su agenda el 8 de octubre de 2014 después de haber hablado con el entonces número 2 del ministerio del Interior Francisco Martínez, uno de los sospechosos de haber orquestado la operación Cataluña. Junto a esta nota aparecen menciones a Xavier Trias, Joaquín Nadal, Manuel Bustos –acabó siendo confidente de Villarejo– y también al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. Tal y como se ha recordado en los últimos días, este juez quiso implicar a Trapero en el caso Macedonia sobre tráfico de drogas y el exjefe de la policía catalana dijo que denunciaría a los tribunales la conspiración contra él.

No es la única ocasión en la que Aguirre aparece en las conversaciones que rodean a las cloacas del Estado. En el libro King Corp. El imperio jamás contado de Juan Carlos I (Libros del KO, 2023), los periodistas José María del Olmo y David Fernández recogen una derivada del caso Macedonia que pudo salpicar a la exmonarca. El juez Aguirre sospechaba que el principal investigado, el empresario Manuel Gutiérrez Carbajo, también confidente de varios cuerpos policiales del Estado, regalaba relojes a agentes a cambio de su silencio sobre supuestos movimientos turbios. Esto condujo a la investigación hacia la joyería Rabat de Barcelona ya descubrir que, según se explica en el libro, Juan Carlos era cliente. El emérito habría comprado productos que eran inalcanzables con su asignación de los presupuestos del Estado y también se habría beneficiado de relojes pagados por el empresario José Mestre, con el que tenía buena relación. Según Olmo y Fernández, esta información llegó al despacho del entonces ministro Jorge Fernández Díaz, que movió hilos para que esta línea de investigación cayera de la instrucción que pilotaba el juez Aguirre.

Años atrás, en la década de los 90, había llevado el caso Grand Tibidabo, que tuvo como principales investigados al financiero Javier de la Rosa –posteriormente, confidente de Villarejo contra los Pujol– y Manuel Prado y Colón de Carvajal, muy cercano a Juan Carlos I. Recientemente, ha tomado el relevo de la instrucción del caso Negreira.

Además, en su trayectoria también destaca la causa sobre presunta corrupción en subvenciones de la Diputación de Barcelona entre 2011 y 2015 que se abrió en 2016 y que en 2018 provocó la operación Estela, una ola detenciones de una treintena de personas. Allí ya se investigaba Víctor Terradellas, fundador de Catmón, entidad vinculada a Convergència.

Precisamente, según las agendas de Villarejo, el 7 de octubre de 2014 el excomisario también habló con Aguirre sobre la Diputación de Barcelona. En un apunte (ver imagen) se puede leer "Diputación-corrupciones" y "Rusiñol-Diputación". Al día siguiente, a Francisco Martínez (ex número 2 de Fernández Díaz) le explica alguna cuestión sobre Rusiñol –al que no se ha identificado–"financiador de Diputación" y, según las notas, seguidamente habla de un "porcentaje en la Asamblea de Catalán“. Las notas no aportan más información al respecto y, por tanto, no se puede inferir que estén relacionadas con el caso sobre la Diputación de Barcelona que, posteriormente, acabó originando el caso Volhov.

García-Castellón, del terrorismo de ETA en el Tsunami

Por su parte, García-Castellón no figura en las agendas de Villarejo, pero su relación con la operación Catalunya tiene que ver con su negativa a investigarla. No han sido pocos los intentos de los afectados por que el magistrado que se ocupa de la macrocausa Tándem sobre el excomisario también indague en esta pata de las maniobras irregulares de Villarejo. Nunca lo han logrado. El juez se ha escudado en muchas ocasiones en el argumento de que la guerra sucia contra el Proceso no estaba relacionada. Hace pocos días, respondió a una petición de Jordi Pujol Ferrussola de personarse en Tándem por las maniobras de la policía patriótica contra la Banca Privada de Andorra para que facilitara los datos fiscales de su familia. Pero García-Castellón lo rechazó e instó al solicitante a personarse en la causa que ya está abierta en los juzgados del Principado de Andorra. Ahora el empresario Javier Pérez Dolset también reclama al magistrado que investigue la operación Catalunya.

García-Castellón aterrizó en la Audiencia Nacional en 1993 y dilucidó casos como Banesto, el asesinato de Carrero Blanco y el atentado contra José María Aznar. Después pasó una etapa de juez de enlace de España en París y Roma y en 2017 regresó a la Audiencia Nacional, donde ha instruido casos de corrupción del PP como Púnica o Lezo, y recientemente el caso Kitchen y las dos causas por terrorismo contra los CDR y Tsunami Democrático.