1. Irresponsabilidad. Las comunidades autónomas del PP, con Ayuso como abanderada, siempre un paso por delante de Feijóo, Vox y el socialista manchego García-Page, abanderado del neofelipismo, llevan la amnistía al Constitucional. La impotencia política trasladada a los tribunales. Un ejercicio más de politización de las instituciones que deberían ser neutrales: parad lo que nosotros no hemos podido evitar. Y tan descaradamente que presentan recusaciones contra los miembros del Constitucional que consideran que no son de su cuerda. Solo faltaría darles la sentencia escrita. Triste ejercicio que no hace más que confirmar la politización de las instituciones españolas en los altos niveles. Ahí donde no llega, la derecha traspasa el trabajo a quienes considera afines. Patética idea de la separación de poderes y funciones.
Al PP se le hace largo el paso por la oposición. Y todavía no se ha dado cuenta de que ha pagado cara la decisión de Rajoy de transferir el conflicto catalán a la justicia. Un caso insólito de irresponsabilidad: no hizo una sola acción política de diálogo o de aproximación desde que en el 2012 Artur Mas llamó a su puerta en busca de vías políticas para encauzar la situación. Hasta que todo estalló en 2017. Aprovechó entonces la buena relación entre la vicepresidenta Sáenz de Santamaría –actualmente alejada de la política– y el presidente del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, para lavarse las manos y transferir el conflicto al poder judicial. Un ejercicio de irresponsabilidad que hizo emerger el elevado grado de politización de los tribunales, que no dice nada bueno de la calidad de las instituciones españolas.
Paralelamente, el independentismo, en fase de pérdida del sentido de la realidad, llegó mucho más allá de lo que permitían sus fuerzas y con la abortada proclamación de independencia se entró en una pendiente difícil de detener. Todo podía haber sido de otra manera si unos y otros hubieran sabido sentarse a la mesa. Pero las instituciones españolas cerraron sus puertas una tras otra. Las bajas pasiones pudieron más que el cálculo racional. Y si la derecha quedó satisfecha con el balance represivo, en el que el PSOE la acompañó en todo momento, Pedro Sánchez supo captar, sin embargo, que no toda la sociedad española estaba por resolver un problema por la vía violenta. Y que tarde o temprano había que volver a la política. Rajoy, si imaginaba que con él se había impuesto la razón y el orden, quedó con la boca abierta cuando Sánchez dio un paso adelante y lo dejó fuera de juego. En democracia, ojo cuando se pretende resolver los problemas políticos estrictamente por la vía judicial. Al mismo tiempo, el independentismo, atrapado en el delirio nihilista, inició un lento regreso al principio de realidad, que ha ido incluso más allá de lo que podían imaginarse: perder el Govern de la Generalitat.
2. Acelerar. En ese contexto, la ley de amnistía tenía y tiene todo el sentido. Y lo que hace falta es acelerar su aplicación, lo contrario de lo que buscan PP y compañía. Pero la irritación contra un gesto pacificador que reconoce el carácter político del conflicto ha crecido. Y mientras parte de la judicatura ha optado por entretener la jugada frenando la aplicación de la amnistía, Sánchez seguía apuntando a la vía negociadora para intentar ir recuperando la normalidad, ahora ya con el independentismo lejos de la fase épica. Pero la derecha está cansada de esperar. La estrategia de Feijóo, la demagogia reactiva contra cualquier iniciativa de Sánchez, no acaba de cuajar. El caso es que con la amnistía varada en los juzgados, en un momento en el que hay espacio político para avanzar en la pacificación, las comunidades del PP y el inefable Page –un socialista que parece seguir la vía González del resentimiento, que está llevando al expresidente y a muchos de los suyos al vecindario de la extrema derecha– van a por todas y utilizan descaradamente los tribunales.
Es evidente que la política tiene la confrontación en su base: te saco a ti para ponerme yo. Pero los dirigentes políticos tienen la responsabilidad de favorecer la convivencia y el entendimiento. Y la dogmática irritación de la derecha contra cualquier intento del gobierno para buscar vías que generen diálogo, cooperación y reformas es una lógica que va contra los principios elementales de la democracia: el respeto y el reconocimiento del otro. ¿Acaso el frente contra la amnistía anticipa una vía española hacia el autoritarismo posdemocrático?
