Felizmente, aunque esto no sea una garantía, a la espera de lo que decidan los Manuel Marchena y Pablo Llarena de turno, la Fiscalía ha decidido pedir la amnistía total para Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Lluís Puig, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados o procesados por malversación, después de que la Junta de Fiscales de Sala haya secundado la posición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (19 a favor y 17 en contra), aunque éste último podría haberlo acabado imponiendo. Esto enmienda la postura delirante de los cuatro jinetes del apocalipsis del Proceso, revestidos de fiscales, que han quedado apartados de la causa. Estos destacados exponentes de la fiscalía iliberal española, como el artículo 1.4 de la ley de amnistía determina que no existe enriquecimiento por el hecho de destinar fondos públicos a los actos de reivindicación de la independencia o dirigidos a promover consultas –porque es obvio que en esto no podía haber ningún ánimo de obtener un beneficio personal patrimonial–, cegados por su fanatismo vengativo interpretaron lo contrario.
Pero su argumento no era tributario de un problema de comprensión lectora o de la compleja hermenéutica jurídica del precepto, dado que cualquier alumno de la selectividad de ese año habría superado la prueba con elementales conocimientos gramaticales. El argumento pseudojurídico y malintencionado de los ínclitos fiscales Zaragoza, Madrigal, Moreno y Cadena, a la altura de los peores delirios de García-Castellón con el terrorismo del Tsunami, era que los procesados y condenados, beneficiarios de la amnistía, no se van limitar a consentir que otros sustrajeran caudales públicos (malversación pasiva), sino que fueron ellos mismos quienes los tomaron para ejecutar “un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de independencia” y que esto les habría reportado un beneficio propio.
A partir de ahí, ahora quienes tienen la palabra son los jueces, que ya hemos visto cómo entienden el sometimiento al imperio de la ley que les impone la Constitución. Ahora bien, si finalmente los magistrados del Supremo no hacen caso a la Fiscalía, pero tampoco expresan dudas sobre la aplicación de la ley y deciden directamente no aplicarla, como se especula estos días, tendremos un problema mayúsculo. Si, como mal menor, no plantean una cuestión prejudicial en el TJUE, partiendo del hecho de que se pueden ver afectados fondos europeos, ni tampoco una cuestión de inconstitucionalidad en el TC, con el pretexto de que tienen dudas sobre cómo aplicar la ley, se estará emprendiendo un camino aún más largo que el que los propios jueces conservadores querían hacer cuando desde hace semanas hacían correr manuales y formularios para hincharse a presentar prejudiciales con el único empeño de dilatar el disfrute de los beneficios de la ley. En este caso habrá que agotar los recursos internos, incluido un recurso de amparo en el TC, y finalmente acudir a la justicia europea, salvo que el propio TC se pronuncie con relativa celeridad sobre la constitucionalidad de la ley a partir del recurso que el PP interponga (aún tiene tres meses para hacerlo).
Esta particular forma de contravenir la decisión del legislador, del gobierno y de la Fiscalía –una conjunción astral inédita, por cierto–, denotaría aún más el autoritarismo reaccionario de la derecha judicial española, que se situaría fuera de la razón más elemental y de los pronunciamientos de la mayoría de instancias jurisdiccionales y consultivas europeas y globales, poniendo de relieve, una vez más, su falta de imparcialidad y su hostilidad insoportable. Llegado el caso, los actores políticos, que son los que hacen los acuerdos y las leyes, estarán obligados a desplegar todos los esfuerzos, ya no por blindar la ley como hasta ahora, sino por mostrar algo más de audacia, sobre todo el PSOE , apartarse del todo de los intereses y de las prácticas de lawfare de la cúpula judicial, y dejar de querer pactar la reforma del gobierno del poder judicial con la derecha y la ultraderecha neofranquista.
No conocemos el detalle de la propuesta-ultimátum de Pedro Sánchez de reformar la ley orgánica del poder judicial para, sin cambiar las mayorías, sustraer a este órgano capital la potestad de nombrar a los magistrados que acuden al Tribunal Supremo ya los Tribunales Superiores de Justicia. Poco se ha dicho, pero no hay ninguna norma de la UE que obligue a que los miembros de los consejos de justicia sean elegidos por sus homólogos. Los estándares europeos pasan por una recomendación de 2010 del comité de ministros del Consejo de Europa, en el sentido de que no menos de la mitad de sus miembros sean jueces elegidos por sus iguales. Esta recomendación ha sido acogida por la Comisión de Venecia y el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), pero el reglamento de condicionalidad de la UE, que enumera los principios que concretan el estado de derecho, no contiene ninguna previsión al respecto . Incluso, el PP aprobó en el 2013 una reforma de la ley en el sentido contrario: mantuvo en manos del Parlamento español la elección de los 20 vocales y nadie de la UE ni ninguna asociación profesional se lo reprochó a Mariano Rajoy . Ahora toca que la mayoría política de la actual legislatura ponga fin a la hegemonía asfixiante de la derecha en el poder judicial.
