Juntos encarrila en el Congreso la ley contra la multirreincidencia con el apoyo de PSOE y PP
El movimiento se produce dos días después de que Sánchez expresara la voluntad de "reiniciar" la relación con los de Puigdemont
MadridDos días después de que Pedro Sánchez asumiera los "incumplimientos" con Junts y expresara públicamente la voluntad de "reiniciar" la relación con los de Carles Puigdemont, los junteros han encauzado una de sus reivindicaciones parlamentarias. Los socialistas se han avenido ahora a desbloquear en el Congreso la ley de multirreincidencia de Junts después de más de un año en un cajón. Se trata de uno de los compromisos pendientes que el presidente del gobierno español ya avanzó que sacaría del congelador. Aunque a finales de octubre Junts acogió las palabras de Sánchez con desconfianza, finalmente los socialistas sí se han movido. Ahora bien, la lista de temas que aún quedan en el tintero para que los de Puigdemont dé marcha atrás en la decisión de romper es aún larga y contiene asuntos de una materialización más compleja que la de la norma para penalizar más a los hurtos.
En el caso de la ley de multirreincidencia, el PSOE se desligó de las formaciones de izquierdas de la mayoría plurinacional y se situó al lado no sólo de Junts sino que también del PP. En la votación de la toma en consideración de la norma, en septiembre del 2024, la iniciativa ya contó con los votos tanto del PSOE como del PP, que tiene una ley propia contra la multirreincidencia en tramitación y justifica el apoyo a la de Junts por haber introducido parte de su propuesta. Los junteros han acordado modificaciones en la norma tanto con los socialistas como con los populares y ninguno de los dos partidos estatales ha bajado del carro por la presencia del otro. Sin embargo, en plena ofensiva contra Sánchez por los casos judiciales que le persiguen ya las puertas del inicio de la campaña electoral en Extremadura, fuentes populares subrayaron que en ningún caso se ha tratado de un "acuerdo a tres" con los socialistas.
En todo caso, los cambios introducidos han obtenido el aval de las tres formaciones, además del de Vox y PNV. En una reunión este jueves, todos ellos han aprobado el informe de la ponencia de la norma, que es un primer paso a la espera de cerrar los últimos flecos en la comisión de Justicia, prevista la próxima semana. Desde Junts celebran que el cuerpo principal del texto y la filosofía de su proposición de ley ha quedado preservada y cuenta ya con la mayoría necesaria. El compromiso es que se vote en el primer pleno del próximo año, que se espera que sea la primera semana de febrero. El PSOE aprieta así el acelerador para que salga adelante una de las exigencias de Junts pese a las reticencias que genera en el resto del bloque que lo sostiene. EH Bildu y Podemos ya se han posicionado frontalmente en contra mientras que ERC, de momento, se reserva el sentido del voto y pide tiempo para estudiar a fondo la propuesta. Sumar tampoco le ha aclarado.
El endurecimiento de penas
El texto de Junts propone castigar con entre uno y tres años de cárcel el robo de "dispositivos móviles informáticos o de comunicación, o dispositivos electrónicos o tecnológicos". Se añade así esta tipología de hurto al tipo agravado, que actualmente no está recogida en el Código Penal. Además, en el caso de hurtos considerados leves –cuantías inferiores a 400 euros– y castigados únicamente con multa, cuando se hayan cometido más de tres también serían castigados con prisión. Juntos plantea así eliminar el requisito aplicado actualmente de que la cantidad acumulada de las infracciones deba superar los 400 euros. Las modificaciones introducidas en seis enmiendas transaccionales –cuatro pactadas entre Junts y el PP y dos entre Junts y el PSOE– son principalmente matices y algún elemento nuevo.
El PP ha añadido, por ejemplo, que se castigará el hurto de móviles con prisión con tal que sean "susceptibles de contener datos o información de carácter personal". Quedan excluidos los que se encuentren a la venta en establecimientos comerciales. A iniciativa de los populares, también se endurece la penalización de las estafas. Si hasta ahora el Código Penal sólo contempla multas cuando la cantidad estafada no supera los 400 euros, la nueva redacción sigue los mismos pasos que con los hurtos. Cuando el culpable ya haya sido condenado "por lo menos por tres delitos de la misma naturaleza" podrá ser condenado a penas de entre seis meses a tres años de cárcel. El acuerdo de Juntos con el PSOE, por su parte, introduce la posibilidad de aplicar la prohibición cautelar de residir o acudir a un determinado lugar, barrio, municipio, provincia o comunidad autónoma mientras se investigue un delito, para proteger a la víctima o evitar la reiteración delictiva.