El gobierno español aprobará el viernes medidas extraordinarias por la guerra en Irán

MadridEl gobierno español se reunirá el viernes en un consejo de ministres extraordinario para hacer frente a los efectos económicos de la guerra en Irán y aprobar un paquete de medidas. Fuentes de la Moncloa explican que el plan de respuesta para la guerra en Oriente Medio incluirá decisiones coyunturales y estructurales, tal como ha confirmado la misma vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. No serán, sin embargo, de entrada medidas generalizadas como se hizo con la guerra de Ucrania en los carburantes, sino que se priorizarán los sectores económicos más afectados y también los "más vulnerables".

A este mismo lunes está previsto que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y también el de Agricultura, Luis Planas, se reúnan con representantes de la industria alimentaria, de los sectores fertilizados y de la alimentación animal para abordar precisamente las medidas necesarias para este ámbito económico, uno de los más afectados por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que bloquea el estrecho de Ormuz como respuesta. Las medidas no serán solo por el aumento del precio del combustible sino también por la paralización del comercio de fertilizantes, con un impacto muy relevante por el conflicto.

En una atención a los medios de comunicación antes de participar en la XVIII Conferencia Cesce 2026 de Madrid, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha remarcado que el gobierno está trabajando con la máxima celeridad posible para definir estas medidas "con rigor": "Queremos el mayor consenso posible", ha dicho.

Las medidas

Por ahora, el ministro ha descartado aprobar una reducción del IVA a los alimentos y optará por centrarse en los combustibles que es donde se está produciendo la crisis más grave por el bloqueo del estrecho de Ormuz, donde transita el 20% del petróleo mundial. Ahora bien, hace unos días el gobierno español rebajaba la posibilidad de tomar medidas como las bonificaciones que en el año 2022 se aplicaron de forma generalizada para toda la población en el precio de los combustibles a raíz de la guerra de Ucrania (el descuento de 20 céntimos) y se decanta por tomar medidas fiscales o ayudas para la compra de combustible por los sectores de transporte de mercancías o agroalimentarios.

Ahora bien, el decreto ley que apruebe el gobierno español debe ser consensuado con los socios de Sumar –que habían flirteado con la idea de incorporar las medidas antidesahucios que ya ha tumbado dos veces el Congreso– y también con los socios parlamentarios, algunos de los cuales como Podemos le reclama que intervenga directamente en los precios de mercado de la vivienda, alimentos o nacionalice Repsol.

En cambio, al otro lado del arco parlamentario, Junts ya presentó sus condiciones: reducción del IVA al 5% para los suministros energéticos esenciales; una deflactación del IRPF; que la administración asuma el pago de las rentas de las familias vulnerables que están a punto de sufrir un desahucio –y no que se suspenda el pago de las rentas afectando al poder adquisitivo de los propietarios–; establecer el 0% de IVA para la compra de vivienda en los menores de 35 años, o suprimir el carácter general del gravamen del 7% sobre el valor de la producción de energía eléctrica para que se reduzca la factura. A su vez, el PNB pide recuperar la excepción ibérica para limitar el precio del gas, las ayudas a los suministros para las familias más vulnerables y la bonificación del precio del combustible para algunos sectores.

De hecho, el ejecutivo español se toma tiempo para acabar de perfilar las medidas, ya que convoca de forma extraordinaria el consejo de ministros el viernes en lugar de aprobar el paquete de medidas ya mañana martes, en la reunión ordinaria del gobierno de esta semana como había anunciado la semana pasada la vicepresidenta segunda española, Yolanda Díaz (Sumar).