La apertura del año judicial es uno de esos actos de pompa y circunstancia en los que España muestra sus mejores galas y su escenografía más solemne, cargada de medallas, puñetas y oscuridades del Siglo de Oro. La pátina abarrocada va adherida a la idea de que brilla con más fuerza en estas ocasiones, y que no es tanto la de una justicia comprometida con los valores de la democracia como la de la indisoluble unidad de España, personificada en la figura del jefe de estado, el rey Felipe VI.

Para entender lo que va de la victoria independentista del Primero de Octubre de 2017 hasta su (relativa) derrota en las elecciones catalanas del 12 de mayo de 2024, hay que considerar, en primer lugar, el papel de la represión ejercida por el Estado. Con el referéndum el Estado vio realmente amenazada su integridad, y ahora gallea de haber sabido revertir la situación. Sin embargo, la lógica de la represión pone el acento en nuestro miedo. Y miedo ha habido. Ahora bien, el miedo no lo explica todo.

La dimisión de Carlos Lesmes ha abierto rápidamente el debate sobre quién tiene que sustituirlo. El todavía presidente del Consejo General del Poder Judicial encargó un informe al gabinete técnico del órgano de gobierno de los jueces, que propuso que el presidente de la sala primera y vicepresidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, ocupara los cargos de presidente del CGPJ y del Supremo. Inicialmente, el propio Lesmes había señalado una bicefalia: Marín presidente del Supremo; y el vocal de más edad del CGPJ, Rafael Mozo, presidente de esta institución. Lo avala un informe de 2019 de los letrados del CGPJ, y ahora algunos vocales defienden esta vía. De hecho, han pedido que en el pleno de este jueves se vote quién tiene que relevar a Lesmes. Fuentes consultadas por Europa Press alertan de que si hay un pulso por esta cuestión, podría acabar judicializado en la sala de lo contencioso administrativo del Supremo y se abriría una "crisis constitucional sin precedentes".

Finalmente ha cumplido la amenaza. El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha anunciado este domingo que formalizará su dimisión al frente del órgano de gobierno de los jueces este mismo lunes. En la apertura del año judicial, el 7 de septiembre, y con el CGPJ con el mandato caducado desde hace casi cuatro años, Lesmes ya advirtió de que, si el bloqueo para renovar el órgano de gobierno de los jueces se mantenía, abandonaría el cargo. El anuncio ha provocado la rápida reacción del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que ha citado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a una reunión este lunes a las 10.30 h en la Moncloa.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha anunciado este viernes que ya prepara su dimisión. Amenazó hace solo dos semanas con que, si el bloqueo para renovar el órgano de gobierno de los jueces se mantenía, abandonaría el cargo. Los días han pasado y no ha habido ningún movimiento entre el PP y el PSOE para abordar esta renovación y, por eso, el CGPJ ha emitido un comunicado en el que informa de que Lesmes explicará la semana que viene a los vocales del órgano su "eventual sustitución" como presidente.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aplaza sine die la renovación del Tribunal Constitucional (TC) y el pleno del órgano de gobierno de los jueces que tenía que servir para elegir a los dos candidatos para ocupar dos de las plazas que están caducadas ha acabado, como era de prever, sin designar ningún nombre. El bloque conservador había prometido no bloquear los nombramientos, pero pedía a cambio "respetar los tiempos de la decisión" del órgano de los jueces. Esto, en la práctica, quería decir que no garantizaban facilitar los nombramientos de los dos candidatos que les corresponden antes del 13 de septiembre, como les había pedido el Gobierno español. Lo que ha hecho, pues, el pleno de esta mañana, que ha durado más de cuatro horas, ha sido fijar las reglas para designar los dos nombres. Se ha acordado, así, dejar sin plazo la convocatoria de un pleno que sirva para hacer estos nombramientos.

Se ha convertido casi en una tradición que el presidente del CGPJ y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, aproveche su discurso en la apertura del año judicial para criticar a otros poderes del Estado, como por ejemplo el legislativo o el ejecutivo. Si el año pasado ya cargó contra los indultos a los líderes independentistas, este año ha sido el turno de la "desjudicialización" que se negocia en la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español. Según Lesmes, lo que se busca es la "impunidad", y defiende que los tribunales no han provocado "conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad". La realidad, sin embargo, es muy diferente. Quizás en origen el conflicto político entre Catalunya y España no haya sido provocado directamente por los tribunales, pero no hay duda de que lo han agravado con actuaciones desproporcionadas que ahora son un obstáculo para la recuperación de una cierta normalidad.

Ultimátum de Carlos Lesmes para que se renueve con urgencia el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Si Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo no llegan a un acuerdo en las próximas semanas, se plantea dimitir para presionar todavía más a los líderes de PSOE y PP, las dos fuerzas llamadas a desbloquear los casi cuatro años de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces. En su noveno discurso en el tradicional acto de apertura del año judicial, el presidente del Tribunal Supremo ha elevado el tono ante la situación "insostenible" que vive el alta judicatura española: el CGPJ con el mandato caducado desde 2018, el Tribunal Constitucional pendiente de renovarse, el Supremo con dificultades para funcionar debido a las vacantes pendientes de cubrir y 49 de 116 presidencias de tribunales de todo el Estado ocupadas por jueces que no son los titulares.

Duro discurso del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, contra las negociaciones entre el gobierno español y el catalán en el marco de la mesa de diálogo. En el acto de apertura del año judicial, ha cargado contra la "desjudicialización" del Procés. "Se habla, sin ningún tipo de contemplación, de la necesidad de huir de los jueces que garantizan la aplicación de la ley como fórmula de solución pacífica y ordenada de las controversias, como si fueran ellos los que hubieran provocado los conflictos con sus actuaciones en defensa de la legalidad", ha pronunciado el también presidente del Tribunal Supremo.

Tensión en el mundo judicial por la renovación del Tribunal Constitucional. El diario El Mundo publica este lunes que el PSOE no apoyaría una hipotética candidatura de Carlos Lesmes para obtener una plaza en el tribunal de garantías en un futuro si ahora no procede al nombramiento de los dos magistrados que le corresponden en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No sé si alguien del Gobierno español ha dicho esto. Si alguien lo ha dicho, ha mentido. No quiero ser candidato al Tribunal Constitucional. Lo saben perfectamente porque lo he puesto de manifiesto. Quien diga lo contrario miente interesadamente", ha subrayado el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo en declaraciones a los medios. Lesmes ha querido salir al encuentro de las especulaciones después del acto protocolario de toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que se ha celebrado en la sede del alto tribunal español.

Un año después de la tormenta, calma y reafirmación. Monarquía y judicatura se han reencontrado este lunes en Barcelona en la ceremonia de entrega de los despachos judiciales. Un acto, el segundo más importante del año judicial, que el curso pasado puso a los jueces en pie de guerra por el veto de la Moncloa a la visita de Felipe VI en Catalunya, cuando faltaban pocos días para la inhabilitación del president Quim Torra. La cita en L'Auditori, que ha acabado con los magistrados gritando de nuevo el inédito "¡Viva el rey!" que en septiembre de 2020 ya sonó en la capital catalana, ha estado llena de elogios entre el monarca y el poder judicial. Ambas partes han reivindicado la independencia de los jueces respecto del poder político y el ejecutivo.

Carlos Lesmes dedicó gran parte de su discurso en el acto de apertura del año judicial el pasado lunes 6 de septiembre a alardear con la independencia judicial. Pero el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se convirtió en el principal agresor de esa independencia. ¿Exageración? Veamos. 

Cuando estudiaba Derecho, nos contaban en clase la leyenda del poderoso emperador Federico el grande de Prusia y un humilde molinero. Dice la leyenda que el molino afeaba las vistas del palacio del emperador, que quiso comprarle el molino al molinero. Pero el molinero, amablemente, rehusó la oferta. Contrariado, Federico lo amenazó con derribarlo por las bravas, a lo que el molinero respondió que, en tal caso, se vería obligado a denunciarlo. El emperador le preguntó cómo alguien de tan baja condición se atrevería a desafiarlo con un pleito. El molinero contestó: porque todavía hay jueces en Berlín.

Al presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, no le gustó que Pedro Sánchez justificara los indultos de los presos políticos con el argumento de que “los valores constitucionales eran la concordia y la mutua comprensión y no la venganza o la revancha”. Esto lo dijo el presidente español hace tres meses y medio. Y como a Lesmes no le gustó, se lo guardó, y ayer, ante el rey, le contestó: “Sirva de ejemplo lo ocurrido recientemente con ocasión del ejercicio de la prerrogativa de gracia de la que se están beneficiando determinados dirigentes políticos condenados por este TS. Cuando se ha llegado a contraponer para explicar la indulgencia la concordia ante el resentimiento, como si la acción de la justicia al aplicar la ley que a todos nos debemos fuera un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones diferentes previstas por las normas. Nada más alejado de la realidad. La función de los jueces y magistrados juzgando y haciendo ejecutar lo que es juzgado no se corresponde de ninguna forma con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor”.

"La acción de la justicia no es un obstáculo para la convivencia". Esta frase pronunciada ayer por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, iba dirigida especialmente a Pedro Sánchez y su decisión de indultar a los presos políticos catalanes, que fue justificada por el ministerio de Justicia en términos de mejorar la convivencia entre españoles. De entrada hay que decir que choca que un órgano tan celoso de su independencia, y que tolera muy mal las críticas que le llegan desde otros poderes del Estado, haga exactamente lo mismo con el poder ejecutivo. La separación de poderes se basa en el hecho de que cada poder actúa de forma independiente, según la clásica teoría de Montesquieu, porque así se consigue un equilibrio democrático y ninguno de ellos obtiene la preeminencia. Y si la legislación española (aquí y en la mayoría de países de nuestro entorno) prevé la potestad del indulto para los gobiernos, es porque se considera que a veces la acción de la justicia puede resultar contraproducente y también convertirse en un "obstáculo para la convivencia".

La cifra de 1.000 días de mandato caducado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es simbólica pero sirve para poner en contexto un bloqueo generalizado en múltiples órganos, tanto en España como en Catalunya, que hacen evidente la incapacidad de los partidos de llegar a acuerdos. El nuevo curso político en el Estado arranca con la asignatura pendiente de renovar el CGPJ y se prevé que su presidente, Carlos Lesmes, levante el tono en el acto de apertura del año judicial. Será el tercer discurso consecutivo en el que inste las Cortes a desbloquear de una vez una situación que en 2020 ya calificó de “anomalía”. Con el PP enfrentado al PSOE, el escenario no es propicio.

Como era previsible, el Tribunal Supremo ha emitido un informe contrario a la concesión de los indultos a los presos del Procés. Pero no por esperado resultan menos inquietantes los argumentos que usa la sala segunda en un documento que respira espíritu de venganza y que se alinea claramente con las tesis contra el gobierno de Pedro Sánchez. El Supremo insiste a lo largo del informe en la carencia de arrepentimiento de los condenados y en su riesgo de reincidencia, es decir, pretenden la humillación de las personas a quien condenaron a largas penas de prisión por un delito, el de sedición, que es anacrónico y no se ajusta a la realidad de los hechos que se vivieron en octubre de 2017. Pretenden aniquilar la disidencia.

El Poder Judicial reacciona al clima de indulto a los presos políticos que ha generado Pedro Sánchez. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha asegurado en un acto organizado por el Colegio de Abogados de Madrid que el indulto como "medida de concordia puede ser entendido e incluso aceptado". "Un indulto cuando no hay concordia es difícil de aceptar", ha añadido, dando a entender que, según su criterio, no se da el contexto que dibuja el presidente del gobierno español. La derecha política ha insistido en los últimos días que los presos políticos no han mostrado arrepentimiento, sino que han entonado el "lo volveremos a hacer", interpretando así que no contribuyen a ese escenario de "concordia" al que se han referido Sánchez y Lesmes.

Los movimientos en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la reforma de la ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos habrán quedado solo en un intento, a pesar de que evidencian la división entre bloques y la contemporización del presidente, Carlos Lesmes, que hace equilibrios pensando en su futuro. El pleno ha rechazado este miércoles presentar un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) que, si hubiera salido adelante, plantearía que el Congreso y el Senado habrían desposeído de competencias al CGPJ con la nueva normativa, especialmente por la prohibición de hacer nombramientos mientras esté en funciones.

Cinco vocales del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial han forzado que este jueves el pleno debata llevar a Europa la reforma de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ) impulsada por PSOE y Unidas Podemos que recorta sus competencias. El cambio principal es que el órgano de gobierno de los jueces en funciones no puede seguir haciendo nombramientos en plazas vacantes. El movimiento de estos integrantes del CGPJ llega una semana después de que tres de las cuatro asociaciones judiciales enviaran un escrito a la Comisión Europea advirtiendo de la posibilidad de que se produzca una "violación grave del estado de derecho en España".