Los sueldos no siempre dan para vivir sin ahogos. De hecho, hace tiempo que se utiliza el término "trabajadores pobres", es decir, trabajadores que, a pesar de tener un empleo, no llegan a fin de mes. Y el hecho es que para poder tener una vida "digna" o sin asfixia en el área metropolitana de Barcelona se deben ganar al menos 1.891 euros brutos al mes en 12 pagas, pero son más en la capital catalana (2.020 euros) que en su área metropolitana (1.772 euros). Además, los diferentes tipos de familias también requieren cantidades diferentes. Por ejemplo, una pareja con dos hijos, 2.326 euros; y una familia monoparental, 2.680 euros, ya que depende de un único sueldo, en ambos casos en el área metropolitana. Son conclusiones del estudio Salario de vida 2026 elaborado por las consultoras de evaluación de políticas públicas KSNET y de estrategia y gestión pública Daleph, que forman parte de la red internacional Global Living Wage Movement.

La crisis económica de 2008 terminó, al menos teóricamente, en 2013. Fue el último año en que la economía española registró un crecimiento negativo. Las consecuencias de la recesión todavía perduran hoy en día, y se agravan por el encarecimiento más reciente de un grupo muy determinado de productos de la cesta de la compra. Son fundamentalmente dos: la vivienda y la alimentación, según deja claro la Generalitat en el Informe Social 2025.

El próximo miércoles estamos llamados a una huelga general para reclamar mejores salarios, una vivienda asequible y medidas contra el encarecimiento de la vida. Y esto en un momento en que Cataluña registra una de las tasas de paro más bajas desde 2008, el salario mínimo ha aumentado casi un 66% desde 2018 y la pobreza monetaria se ha reducido en los últimos años. Y, sin embargo, muchas familias siguen teniendo dificultades para llegar a fin de mes. ¿Cómo se explica?

La manera de enfocar el turismo empieza a virar también en Bruselas. Si hasta ahora las incipientes directrices europeas giraban alrededor de la competitividad y la resiliencia del sector, ahora el ejecutivo comunitario habla de “presión creciente” sobre determinados destinos que tienen dificultades para gestionar la afluencia, sobre todo en verano, y señala los salarios bajos como un problema generalizado.

Mi artículo anterior partía de la idea de que lo que hace más intratable el problema de la vivienda es que se procura desvincularlo de su causa principal, que no es sino la inmigración. La integración de la inmigración, por otra parte, es el principal problema que tenemos planteado a largo plazo, y está íntimamente vinculado a la solución que demos a su acceso a la vivienda.

El gobierno español ha garantizado este martes a los sindicatos CSIF, CCOO y UGT que el sueldo de los empleados públicos subirá un 4,5% a partir del 1 de enero de 2027, tal como pactaron las dos partes en el acuerdo marco que firmaron el mes de noviembre del año pasado. Así lo han comunicado los tres sindicatos después de reunirse con el ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública en el marco de la comisión de seguimiento de este acuerdo, en el cual se preveía una subida global del salario de los más de tres millones de empleados públicos del 11% para el periodo 2025-2028.

La plataforma Nos Cuesta la Vida, el Sindicato de Inquilinas y la Mesa Sindical de Cataluña –un espacio de coordinación que agrupa diversos sindicatos alternativos como la CGT– han anunciado que la manifestación central de la huelga de 24 horas por la vivienda y los salarios del 11 de noviembre tendrá lugar en Jardinets de Gràcia, en Barcelona, a las 17.30 horas. Tal como explican fuentes sindicales, antes del anuncio la propuesta no había sido trasladada previamente a los sindicatos mayoritarios, si bien, según apuntan, CCOO ya ha decidido convocar en el mismo punto, y todo hace pensar que UGT decidirá lo mismo.

La economía española se mantiene a la cabeza de los países avanzados en crecimiento, con una previsión del 2,6% este año según el Banco de España y del 2,5% según el Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero la inflación, también alertan, se come el poder adquisitivo de unos salarios que no dan para comprar o alquilar una casa. La remuneración de los asalariados ha ganado peso en la economía española, pero lo empieza a perder en favor de los beneficios de algunos sectores empresariales. Los trabajadores perciben que con cada euro compran cada vez menos cosas, o que necesitan más para adquirir lo mismo. Hay una realidad palpable, la subida de los precios, que ha estancado la aportación de los salarios al conjunto de la riqueza este año, y un elemento psicológico, según los expertos consultados, que hace que muchos se pregunten: "Ahora que va bien la economía, ¿cuándo me toca a mí?"

Los sindicatos mayoritarios piden subir el salario mínimo interprofesional (SMI) al menos un 7% de cara al 2027 y situarlo así por encima de los 1.300 euros al mes. En una rueda de prensa conjunta de la UGT y CCOO en Madrid, las dos organizaciones han defendido un incremento que llevaría a actualizar el umbral, como mínimo, hasta los 1.306 euros brutos en 14 pagas, o 1.524 euros en doce. Actualmente el salario mínimo en el Estado es de 1.221 euros brutos en catorce pagas, lo que equivale a 1.424 euros en doce mensualidades.

A partir de este lunes, las empresas deben informar a sus trabajadores de manera transparente de una serie de condiciones laborales. Concretamente, las compañías deben dejar por escrito en los contratos laborales la existencia de sistemas algorítmicos o automatizados que intervengan en la toma de decisiones sobre las condiciones de trabajo de los empleados.

La crisis de la vivienda continúa agravándose. Mientras los desahucios adoptan nombre propio, la ciudadanía parece decir basta y los políticos buscan recetas a contrarreloj, los datos no hacen más que constatar la gravedad del problema: el precio de la vivienda se aleja cada vez más de los salarios y de la capacidad de ahorro de las familias.

Pimec ha celebrado su cita anual en plena crisis de la vivienda. Y el presidente de la organización patronal, Antoni Cañete, ha aprovechado la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la ministra de la Seguridad Social y portavoz del gobierno español, Elma Saiz, para avisar del riesgo de la crisis de la vivienda para la competitividad.

"Hoy damos un paso más en la lucha contra la precariedad laboral en nuestro país". El consejo de ministros ha aprobado este martes la transposición de una normativa europea que garantizará que los trabajadores tengan un acceso más "transparente" a sus condiciones laborales. Tal como ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la norma permitirá combatir la precariedad garantizando un acceso “adecuado y desde el primer momento” a las características esenciales de la relación laboral.

El coste por hora trabajada en España subió un 4,8% en el segundo trimestre respecto al mismo periodo del 2025, una tasa seis décimas inferior a la del trimestre previo, según los datos provisionales del Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA) publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el repunte del periodo abril-junio del 2026, el coste laboral encadena 20 trimestres de subidas interanuales; es decir, cinco años consecutivos de incrementos.

Los salarios y las pensiones avanzan por caminos diferentes. La divergencia es "absolutamente estratégica" para la evolución de la economía y de la cohesión social, asegura Jordi Garcia, catedrático de derecho del trabajo de la Universitat de Barcelona (UB). Este agosto los jubilados han cobrado de media 1.574,9 euros, un 4,5% más que hace un año, según ha publicado la Seguridad Social. Ahora bien, los precios de julio subieron un 3,5% respecto a 2025, a la espera de conocer cuánto se ha encarecido el coste de la vida este mes (a partir de los datos del IPC, el índice de precios de consumo, que publica el INE).

España es una de las economías avanzadas donde más han caído los salarios reales en los últimos cinco años. En concreto, el poder adquisitivo ajustado a la inflación se ha reducido un 2% en este tiempo y, tal como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), no se espera que repunte ni este 2026 ni de cara al 2027. Ahora bien, en términos interanuales, durante el primer trimestre de este año los salarios reales crecieron un 2% en territorio español.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha retirado in extremis de la orden del día del pleno de este viernes una propuesta de "complemento de productividad" en materia salarial. El complemento iba dirigido a 800 funcionarios del Ayuntamiento que ostentan la categoría de “comandamiento”, una posición que se caracteriza por organizar y tener a cargo otros trabajadores y trabajadoras municipales. "No solo gestionan procesos, sino que también articulan la organización", asegura el documento que detalla las características de este nuevo complemento. El objetivo, según el consistorio, es hacer valer el trabajo de los 800 mandos y podría suponer un incremento de hasta el 5% del sueldo base, independientemente de lo que cobrara anteriormente el trabajador.

Todos los avances y nuevas tecnologías generan inquietud y miedo. Lo hemos visto a lo largo de la historia. Y es lo que está pasando con la inteligencia artificial (IA). Hay muchos estudios que apuntan la pérdida de cientos o miles de puestos de trabajo, y el potencial de esta nueva tecnología aún está en sus inicios. Pero ya hemos visto muchos titulares como el del semanario The Economist de hace unos días, "El apocalipsis del trabajo". No se puede negar el impacto que puede tener, y no solo en las tareas repetitivas y de poco valor añadido.

La Generalitat, las patronales del sector social y los sindicatos CCOO y UGT han firmado este miércoles un acuerdo para llegar a la plena equiparación salarial de los 120.000 profesionales que trabajan en los ámbitos de residencias geriátricas, discapacidad, infancia, drogodependencia y salud mental. El pacto establece subidas graduales de salario hasta 2030, año en el que se espera que los trabajadores contratados por empresas privadas tengan el mismo sueldo que los que están bajo un convenio de la administración. Para conseguirlo, el departamento de Derechos Sociales e Inclusión instaurará un nuevo sistema de financiación de las empresas en el que se condiciona un incremento de la tarifa pública a un aumento efectivo de las nóminas.

Las perspectivas económicas todavía nos son favorables. A pesar del escollo de la última EPA, con un incremento súbito y alto del paro que nos devuelve al liderazgo en esta lacra en el mundo desarrollado, Cataluña continúa creciendo, y por encima del entorno. Pero el viento de cola no es garantía de progreso. El riesgo es haber consumido años muy buenos con demasiada complacencia y no haber hecho suficientemente bien los deberes. Quizá porque algunos debates incomodan demasiado, pero tarde o temprano tendremos que afrontarlos: trabajar o no trabajar, derechos o deberes, salarios más altos o productividad, tecnología u ocupación.